PGR: víctimas legalmente inexistentes

 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y periodista Javier Sicilia, así como el resto de la sociedad debimos tomar nota del informe que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Comisión Permanente del Congreso sobre "Avances y resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo diciembre 2006-2011".

En ese documento, la procuradora Marisela Morales sostiene, más allá de discursos y palabrería, la postura oficial del gobierno: "Se estima que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011".

Semejanten afirmación equivale a negar legalmente las más de 40 mil muertes producidas hasta ahora por esa "estrategia". Se trata de una actitud negacionista que equipara al "gobierno" de Calderón con aquellos que aun hoy sostienen que el genocidio perpetrado por la Alemania nazi nunca ocurrió, no obstante los testimonios fehacientes de quienes sobrevivieron al holocausto.

La afirmación de la procuradora Morales --quien durante el diálogo en Chapultepec pudo mirar la cara, el dolor y la indignación de familiares de víctimas realmente existentes-- ilustra con meridiana claridad la perversidad y mala fe de un gobierno que hace como que dialoga y reconforta a familiares de víctimas a las que en realidad no reconoce legalmente. Y como tampoco hay daños materiales ni pérdidas económicas, nadie está en condiciones de demandar legalmente al gobierno indemnización de ningún tipo. Ese es el alcance último de esa negación.

Si políticamente  todos esos muertos, las desapariciones forzadas y los "levantados" eran considerados por Calderón "daños colaterales", ahora venimos a saber, por voz de la PGR, que para efectos legales ni siquiera existen.

Si nos atenemos al concepto de víctima (persona que ha sufrido el menoscabo de sus derechos esenciales, o sus familiares y descendientes, cuando la víctima directa no sea capaz de reclamar sus derechos por haber sido muerta), entonces lo que la PGR intenta decirnos al negar legalmente el estatus de víctimas a los caídos, es que todos ellos son miembros del crimen organizado, pues no habrían muerto injustamente ni se habrían violado sus derechos, pues habrían fallecido en el ejercicio de su actividad ilegal, lo cual, en los hechos, equivale, otra vez, a criminalizarlos.

¿Qué acuerdos vinculantes (legalmente obligatorios) puede establecer el Movimiento por la Paz o cualquier otro con un gobierno que, por principio de cuentas, no reconoce la existencia jurídica de aquellos por los que se exige justicia? Es pregunta.