jueves, 28 de julio de 2011

Semar: desapariciones forzadas

La declaración formulada este martes por el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, respecto de que los criminales se valen de los defensores de derechos humanos para manchar el prestigio de la institución, obedece a una doble estrategia gubernamental:

a) debilitar la actuación de esos "incómodos" defensores en momentos en que más riesgos corren en virtud de los atropellos que cada vez con mayor frecuencia cometen las fuerzas armadas dentro del Estado policiaco-militar que se ha instaurado en el país; y, a la vez,

b) camuflajear esos atropellos haciéndolos pasar por acciones de los criminales que de ese modo pretenderían inculpar a las fuerzas armadas para desprestigiarlas e inhibir su acción.

En ambos casos, se trata de un discurso ominoso que, en realidad, lo que pretende es exculpar a los militares y marinos de los probados atropellos en que han incurrido y, de ese modo, cubrirlos con un inadmisible manto de impunidad.

La maniobra no es nueva. Ya el año pasado el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no convertirse en la "tonta útil" del crimen organizado.

El discurso del secretario de Marina se produce en momentos en que sobre esa corporación pesan graves acusaciones, como la desaparición de 15 personas, ocurrida entre el primero y el 23 de junio pasados, en Nuevo Laredo Tamaulipas.

Mediante un ilegal modus operandi --pues se realizó sin que mediaran órdenes de cateo o de aprehensión, los marinos irrumpieron con violencia el cinco de junio en por lo menos seis domicilios, de los que se llevaron a otras tantas personas, ante la angustia y el terror de esposas e hijos.

Desde entonces, los desgarrados familiares de José Fortino Martínez, José Cruz Días Camarillo, Diego Omar Guillén Martín, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García y Usiel Gómez Rivera, no han vuelto a saber de ellos. Están desaparecidos.

Además de ellos también se ha denunciado la desaparición, a manos del personal de la Armada, de Joel Díaz Espinosa, Alejandro Gil Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (padre e hijo). Los nombres que faltan para completar los 15 desaparecidos no fueron dados a conocer públicamente por el temos de sus familiares a sufrir represalias.

Quien sí las padeció fue Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, esposa de José Fortino Martínez, cuya casa fue baleada con unos 40 balazos de grueso calibre, luego de que denunció su caso en periódicos de circulación nacional.

La respuesta de la Secretaría de Marina (Semar) ha sido la típica de un culpable pillado en falta. Primero negó haber participado en tales aprehensiones, aduciendo que pudo tratarse de falsos marinos portando uniformes apócrifos de la Armada.

Luego, en un comunicado del 1 de julio reconoció que el pasado 5 de junio, en Nuevo Laredo Tamaulipas, su personal "tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas". Véase lo que dice la Semar:

"Al operar información de inteligencia que apuntaba a que en varios domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la delincuencia organizada y al reconocer dichos lugares el día 5 del actual, se reconoce que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas".

Del texto se desprende que:

1. La Marina reconoce que ese 5 de junio sí realizó un operativo en "varios domicilios". Es decir, no se trató de criminales vestidos de marinos, como se adujo en un principio  tratando de ocultar el hecho finalmente reconocido, y como pretende que ocurre siempre el secretario Saynez.

2. Reconoce que "tuvo contacto" con los hoy desaparecidos. Es decir, que entró en sus domicilios --en rigor se trató de un allanamiento-- pues explícitamente admite que ese contacto se produjo "al reconocer dichos lugares", es decir, los "varios domicilios" en los que, según su "información de inteligencia" (?)  había delincuentes.

3. Aunque no especifica que significa "tener contacto" con las víctimas, se entiendo que registraron sus nombres, los tuvieron frente a sí, pues de otro modo la Semar no sabría que se trata de las mismas personas cuyo paradero hoy se desconoce.

Ningún testimonio indica que los marinos "tuvieron contacto" con los desaparecidos, los dejaron en sus casas y después volvieron por ellos. En tal caso podría suponerse que tras el operativo oficial, criminales vestidos como marinos realizaron los secuestros para incriminar a aquellos. No fue así. Aquella noche sólo hubo un operativo y los marinos se llevaron sin más a las víctimas.

No obstante esas evidencias, en el comunicado de la Semar se afirma que: "Hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado y, menos aún,  privado ilícitamente de su libertad a estas personas".

Los familiares de algunos de los secuestrados siguieron al convoy de marinos y tienen fotos y videos que demuestran como, tras capturarlos, los mantuvieron por horas en el Hotel Santa Mónica. Y que luego los condujeron a un lienzo charro, ubicado a 50 kms de Nuevo Laredo, donde la Marina instaló un campamento en Hidalgo, Coahuila.

Otro dato que resulta llamativo es que en ese mismo comunicado del 1 de julio, la Semar dice respecto de los seis ciudadanos desaparecidos con los que "se tuvo contacto", que "debe señalarse que no se encontraron elementos que permitieran establecer su pertenencia a alguna célula criminal". ¿Y entonces? ¿No afirmaron que realizaron el operativo porque contaban con información de inteligencia? ¿Qué tipo de "información de inteligencia" utiliza la Marina que irrumpe ilegalmente en domicilios de quienes la propia dependencia reconoce después que son inocentes? ¿Esa es la seguridad que dicen brindar a los ciudadanos?

Como se ve, el secretario de Marina, Francisco Saynez, tiene mucho que explicar acerca de posibles crímenes cometidos por sus subordinados. En vez de hacerlo, y en un claro intento autoexculpatorio, pretende acusar a los defensores de derechos humanos, poniéndolos con ello en una riesgosa situación.

El tono y el contenido del discurso de Saynez envía un ominoso mensaje a la sociedad: el de la impunidad que cubre y cubrirá a los militares y marinos. Eso ya lo sabíamos, pero cada vez resulta más explícito. Y con todo eso, la Secretaría de Gobernación rechazó la petición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para que se forme una Comisión de la Verdad.

¿Para qué? dijo la dependencia, si no estamos en los años sesenta ni tenemos una dictadura. ¿No?