La mencionada reforma --que aún se procesa en el Senado de la República, como cámara revisora-- niega a pueblos y comunidades indígenas la posibilidad de solicitar concesiones de radio y televisión.
La propuesta de reforma al artículo 28 constitucional, rechazada en bloque por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, señalaba que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, "de los pueblos y comunidades indígenas", social y privado, y se sujetarán, según sus fines, a los principios establecidos en los artículos segundo, tercero, sexto y séptimo constitucionales.
Apuntaba que las concesiones se otorgarían mediante licitación pública, y que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador será meramente económico. Al obstaculizar esta propuesta de modificación, esos partidos recurrieron a un argumento insólito: dijeron que permitir a esos pueblos el uso de los medios de radiodifusión, les proporcionaría instrumentos de comunicación que podrían utilizar para alentar la subversión o rebeldía.
Más que un argumento, la aseveración parece una confesión de parte: el reconocimiento de que quienes usufructan las concesiones de radio y televisión concentran un enorme poder. Tanto, que si se difundieran contenidos alejados del mercantilismo, que dén cabida a nuevas ideas, enfoques y concepciones acerca del actual estado de cosas, podrían socavarse los valores del conservadurismo, y eso equivaldría a subvertir el orden establecido.
El miedo, dicen, no anda en burro, y ese temor a la democratización de los medios es el temor a perder el control y la hegemonía sobre unos instrumentos básicos para el sistema de dominación. Así, se proclama que habrá dos nuevas cadenas de televisión y todos se congratulan y felicitan porque ello --aseguran-- rompe el monopolio de Televisa y TV Azteca. Habrá, en efecto, más canales de televisión, no necesariamente más alternativas, porque se trata de proyectos comerciales que ofrecerán el mismo modelo de entretenimiento y distracción que conocemos. No entrañan ningún peligro.
En cambio, se niega ese derecho a los pueblos y comunidades indígenas, acaso porque se sabe que la cosmovisión multicultural y multiétnica se encuentra en las antípodas del establishment. Son dos mundos confrontados, pese a la retórica de la unidad nacional, porque imperan allí condiciones de abandono, explotación y exclusión que constituyen un germen de explosividad social que puede potencializarse con el uso de medios de comunicación autónomos y autogestivos.
Con frecuencia se niega el papel de los medios de comunicación como aparatos ideológicos. El argumento esgrimido para excluir a las comunidades de la posibilidad de obtenerlos en concesión confirma que en efecto lo son. Y lo saben quienes lo niegan.
