¿Tenía sentido toda la parafernalia y el gasto erogado para montar un tinglado en el que los concurrentes --delincuentes electorales todos ellos-- se comprometen a evitar conductas ilícitas tipificadas por la ley vigente en vez de simplemente aplicarla?
Se trata de lavarle la cara a un acuerdo cupular sin representación de la sociedad --pues los partidos han perdido legitimidad representativa-- firmado por unos políticos para llevar adelante programas de Ajuste Estructural encaminados a promover los negocios y la prosperidad de unos cuantos, a costa de las riquezas del país.
Asistimos entonces a la simulación de la simulación. Puesta en evidencia la ingenuidad de los opositores al creer que el gobierno y el PRI no utilizarían la llamada cruzada contra el hambre con fines electorales, como desde el principio se advirtió, ahora dizque lo forzaron a sentarse a firmar once compromisos adicionales con los que supuestamente se le atarán las manos para no seguir lucrando políticamente con los programas sociales en temporada de elecciones.
Comicios a los que se presentarán esos partidos indigentes, autollamados de oposición, no se sabe en calidad de qué frente a los electores, pues si ya todos "están a partir un piñón" con el gobierno, y de acuerdo en el mismo proyecto de país, entonces para qué buscar el poder cada uno por su lado.
Partidos "opositores" que se convencieron a sí mismos, ellos solitos, de seguir en un mecanismo de concertación de élites políticas, al que se aferran como una forma de garantizar su presencia pública y no quedar marginados o arrasados por la maquinaria gubernamental que con ellos o sin ellos podría llevar adelante el designio fondomonetarista de las reformas; adhesión que pretenden cobrar en su momento por migajas de poder habida cuenta de su ya sospechada debacle electoral en los comicios del próximo julio, dado su desdibujamiento ya no digamos ideológico sino como simples opositores en virtud de la magia pactista.
El PRD ha dado ya suficientes muestras de la forma en que se traiciona a sí mismo y de cómo racionaliza o justifica esos retrocesos con tal de seguir siendo parte de la cargada reformista del peñanietismo En ocasión de la recién aprobada reforma que redujo el arraigo de 80 a 40 días, el perredismo se pronunció inicialmente por la desaparición de esa figura que, en efecto, atenta contra los derechos humanos y el debido proceso de los acusados, pero terminó votando en favor sólo de la reducción del periodo.
Hubo de hacer publicar un desplegado para aclarar que aprobó la enmienda porque "se introdujeron elementos de control y vigilancia para proteger los derechos humanos de los indiciados".
Algo similar a lo ocurrido con la firma del llamado Adendum al Pacto por México: el gobierno se burla de ellos, los trampea, pero terminan plegándose en razón, según ellos, de los sacrosantos "altos intereses de la nación", o del gradualismo al que los obliga su condición subordinada.
Tanto ha tergiversado y envenenado ese Pacto la estructura política del país, que no sólo los partidos han perdido su perfil para conformar una masa informe, sino que la propia división de poderes parece naufragar ante el corporativismo pactista. Cosa de ver cómo la publicidad del Senado se ha plegado al Ejecutivo al utilizar como rúbrica de sus mensajes el mismo eslogan del gobierno: aquello de hacer leyes para mover a México.Así vamos.
