Engaños

Es lícito y hasta deseable que los gobiernos divulguen los resultados de su quehacer en favor de los ciudadanos. Eso les acarrea una imagen de cumplimiento, contribuye a la reafirmación de consensos sobre la obra de gobierno y les proporciona una buena dosis de legitimidad.

Alcanzar estos beneficios con base en mentiras o mediante la repetición machacona de medias verdades --a la manera de Goebbels-- resulta, en cambio, ilegal, inmoral y puede que hasta engorde.

Esto último es lo que hace el señor Felipe Calderón con el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo. En términos llanos, se trata del tardío plan anticrisis con el que su administración intenta paliar la actual turbulencia económica.

Veamos: el jueves pasado los concesionarios de radio y televisión anunciaron en la Secretaría de Gobernación que otorgarán espacios en sus respectivos medios para promocionar los compromisos incluidos en ese plan.

En efecto, desde entonces desataron una campaña mediática en la que se difunde una y otra vez que la gasolina no subirá el resto del año, que el gas doméstico bajará 10 por ciento y no más, porque no más sustancia hay en el tal acuerdo.

Esa publicidad es, no obstante, mentirosa porque en los estados del norte del país, el publicitado congelamiento en el precio de la gasolina no se aplica. Allá los gasolinazos siguen como si nada. Pero eso lo ocultó tramposamente el señor Calderón al anunciar su plan en cadena nacional el pasado 6 de enero.

La reducción en el gas LP, ese que "usted usa en su cocina" es de apenas 67 centavos diarios al mes, si se considera que el precio del tanque rondaba los 201 pesos antes del descuento.

Aparte el engaño que se difunde, lo objetable es la pretensión gubernamental y de los poderes fácticos, entre los cuales figuran los empresarios de la comunicación, de ocultar o cambiar la realidad a punta de propaganda. No es nuevo. Pero asombra que ante una situación económica tan difícil, y cuyos filos son tan evidentes, la respuesta sea atiborrar los medios con la difusión de unas medidas inocuas, como si ello obrara en beneficio de la población.

Se sabe que no es así, pero el gobierno, como siempre, prefiere salvarse a sí mismo que a sus ciudadanos, mediante campañas propagandísticas, como si se estuviera ante un problema de imagen, aunque el tema, como veremos, tiene una dimensión político-electoral.

El asunto tiene otra arista acaso más grave, porque ilustra el contubernio entre autoridades y los empresarios de los medios de comunicación para beneficiarse a sí mismos y, de paso, quebrantar la ley.

En la referida reunión del Palacio de Covián, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció dar la consabida "certeza jurídica" a la industria de radio y televisión, por lo cual destacó el acuerdo presidencial para lograr la conversión tecnológica AM-FM y anunció la autorización de un primer paquete de 130 refrendos otorgados a radiodifusores.

El investigador de medios de comunicación, Gabriel Sosa Platas ha advertido que en el punto de los refrendos (renovación que se otorga a los dueños de medios de la concesión para explotar el espectro radioeléctrico) el gobierno estaría preparando una propuesta para solventar en favor de los actuales poseedores el asunto de las concesiones vencidas.

El tema es delicado porque, como recuerda Sosa Platas, en la sentencia contra las reformas de 2006 --la llamada Ley Televisa-- la Corte estableció la licitación pública y el pago de una contraprestación al Estado como condiciones para otorgar dichos refrendos.

La sociedad habrá de estar pendiente de que no se tuerza la ley en aras de compromisos como los que se delinearon en la reunión del viernes en la secretaría de Gobernación.

El oficioso ofrecimiento de los concesionarios de radio y televisión al gobierno en cuanto a difundir su plan anticrisis podría constituir un modo encubierto de brindar apoyos electorales pues, en los hechos, se trata de una intensa campaña propagandística que (oh coincidencia!!) tiene lugar en un año en el que estarán en juego seis gubernaturas y 500 curules de la Cámara de Diputados.

Y debe recordárse que, de acuerdo con las nuevas disposiciones, ningún particular puede contratar anuncios que impliquen proselitismo en favor de candidatos. No es ese el caso, se dirá, pero subrepticiamente, al difundir en forma masiva y repetida los supuestos afanes del gobierno en favor de la población, se consigue el efecto colateral, de apoyar, por asociación de ideas, a los candidatos de Acción Nacional.

Tenemos, así, una escopeta que no mata dos, sino hasta tres pájaron con un sólo tiro: difundo tu plan anticrisis, te apoyo electoralmente sin que se nos acuse de violar la ley y tu nos refrendas las concesiones buscando también subterfugios para evadir la ley.

Es lo que se conoce como una negociación ganar-ganar, donde el único que pierde es el Estado de derecho y, por supuesto, la población. Veremos.