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jueves, 15 de noviembre de 2012

Comisión Nacional Anticorrupción

Circunspectos, protocolarios, con ademanes y gestos graves, como si de verdad se tratara de personalidades honorables que estuvieran haciendo un gran servicio a la patria, la dupla de priistas que controlan el Congreso --Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones-- recibieron ayer de Enrique Peña Nieto y sus hombres --Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong-- las iniciativas de reforma administrativa y anticorrupción.

Usuarios de redes sociales, donde puede afirmarse que está el pulso de la sociedad medianamente informada y crítica, han puesto ya en entredicho y con la sorna que amerita el caso, los alcances de la propuesta Comisión Nacional Anticorrupción, destacando la paradoja de que sean los priistas, arquetipo de las prácticas corruptas, quienes anuncien un órgano encargado de combatirlas.

Se trata, dijo Enrique Peña Nieto, de un órgano "estrictamente imparcial y profesional", lo que no dijo es que será "estrictamente autónomo" porque no es el caso. Se integrará con cinco comisionados elegidos por el presidente de la República, a quien, como se estila, deberán lealtad a partir de que le deben el cargo.

Lo notable del caso es la desfachatez con que se anuncia un esfuerzo que, incluidos sus propios promoventes, todos saben condenado al fracaso, porque, si acaso, la corrupción que se combatirá será la de ventanilla, pero quedará intocada aquella que se practica mediante el tráfico de influencias que tiene lugar en las altas. Allí donde las relaciones políticas  y la influencia de los poderes fácticos se traducen en jugosas concesiones o negocios, pues como reconoció hace unos días Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca:  las grandes empresas "como la mía podemos contratar muchos abogados, contadores y muchos cabilderos" para sobrevivir...".

Esos cabilderos y el derecho de picaporte que ejercen los grandes capitanes de empresa en los despachos gubernamentales clave, son la llave maestra que permite destrabar a discresión asuntos de interés económico que no siempre coinciden con los de la patria y sobre los que la nueva Comisión no tendrá ojos, como no los tuvieron antes la Contraloría General de la Federación, de Miguel de la Madrid, ni la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) de Ernesto Zedillo, ni la Secretaría de la Función Pública, encargada de disimular las corruptelas del panismo.

En ese contexto, las señales de simulación con que inicia un gobierno emanado de un proceso electoral manchado por las evidencias de corrupción, no pueden sino considerarse ominosas.