El lector atento habrá notado que en cada acto en los que se presentaron las reformas educativa, de telecomunicaciones y financiera, se aseguró que los cambios propuestos permitirán al Estado recuperar el control sobre esos sectores clave.
Lo que se omite señalar es que la tal rectoría se perdió al adoptar los gobiernos priistas, desde 1982 --luego secundados por la docena trágica del PAN-- el modelo económico neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-Banco Mundial (BM), mediante el llamado Consenso de Washington.
Como se sabe, las tesis neoliberales en boga están en contra de cualquier forma de intervención del gobierno en la economía. Al proclamar el retorno del Estado al control de sectores clave de la actividad económica ¿Enrique Peña Nieto se está apartando del modelo neoliberal para regresar al Estado interventor como forma de compensar los desequilibrios sociales generados por el Mercado?
Desde luego que no. De lo que se trata en realidad es de recuperar el control corporativo de sectores como el educativo, para impulsar cambios legales que legitimen el actual proceso de acumulación capitalista y establecer nuevos esquemas para la connivencia entre la clase política y los hombres del dinero señalados genéricamente como poderes fácticos.
Para consumo del público mexicano, el discurso de que se recupera la rectoría del Estado trata de crear la falsa percepción de que Peña Nieto y su gobierno están al mando y aplican directrices que en realidad se diseñan en los centros del poder financiero internacional, cuyos organismos se encargan de legitimar mediante un discurso de neutralidad técnica que están lejos de practicar, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Un reiterado y reciente ejemplo de cómo desde el exterior se dictan mandatos disfrazados de "sugerencias" que luego --coincidencias del destino-- resultan similares a las reformas que aquí se nos proponen, lo acaba de dar precisamente la OCDE.
Dice el organismo en su evaluación sobre México que realiza cada 18 meses, que en virtud de nuestro "mediocre" desempeño económico de la última década, se requiere la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, y la aplicación de un impuesto al consumo de bienes básicos que hoy están excentos (se refiere a gravar con IVA alimentos y medicinas, algo para lo que el PRI ya está listo, pues modificó su Programa de acción donde antes se manifestaba en contra de esto, pero ahora lo favorece).
Como se ve, no se trata de gobernar o legislar para poner los sectores clave de la economía al servicio del desarrollo propio (que eso sería efectivamente recuperar la rectoría del Estado), sino de hacerlo para cumplir con lo que desde afuera se "sugiere", de modo que se abran mayores espacios de rentabilidad para el capital financiero internacional y sus socios locales, no para beneficio del país.
Un ejemplo adicional de cómo se gobierna mirando más al interés del exterior que al propio, lo dio el ex gobernador del Banco de México y actual presidente de Banorte, Guillermo Ortiz. Preguntado por una periodista de radio sobre la conveniencia de gravar los capitales especulativos que llegan al país atraídos por las altas tasas de interés que se pagan aquí, rechazó tal posibilidad.
Pese a que el monto de esos capitales está sobrevalorando el peso, con lo que se afectan las exportaciones y las remesas que envían los connacionales de EUA (pues al cambiar sus dólares por pesos el dinero se les reduce), pese a esas afectaciones, Ortiz considera que si se les aplicara un impuesto, se enviaría una mala señal a los mercados financieros internacionales.
Es decir, si México impusiera un gravamen a esos capitales que no producen nada al país y sólo vienen por las ganancias que obtienen, significaría que el gobierno está interviniendo en el mercado, lo cual es inaceptable para el sistema.
¿Es eso tener la rectoría sobre nuestros sectores económicos clave, como lo pregona la propaganda gubernamental? Júzguelo el lector.
