EUA, espionaje masivo

Nadie puede tenerlo todo y menos al mismo tiempo. Es la consigna que por estos días enarbola el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la que pretende capear el temporal desatado tras las revelaciones de que su gobierno espía las comunicaciones telefónicas y la actividad en redes sociales (Apple, Facebook, Twitter, Yahoo, Youtube) de sus ciudadanos y de millones en el mundo, mediante el programa secreto PRISM.

"No se puede tener 100% de seguridad y cero inconvenientes", dijo Obama en lo que claramente es una justificación ante la abierta violación a las garantías de libertad de expresión y privacidad proclamadas en la Constitución que juró cumplir.

Todos los hombres del Presidente hacen esfuerzos por conducir el debate a un terreno de costo-beneficio: la libertad depende de un estado de vigilancia secreto, dicen. El mensaje admite sin ambages que la sobrevivencia del Poder lo justifica todo. Que está por encima de lo que ellos --ahora lo sabemos-- consideran entelequias, como la libertad y la privacidad.

Que el Leviatán --que según Hobbes acordamos crear los hombres para nuestra protección-- nos ha arrebatado el poder de decidir sobre su conformación y características y ahora es él quien nos controla. Que se ha convertido en un fin en sí mismo que vigila, espía y se protege de los sujetos a los que debería resguardar.

En efecto, la justificación de que se espía para proteger a la población contra actos terroristas es sólo la apariencia que ofrece el poder para encubrir el hecho capital de que todos somos considerados una amenaza potencial para sus intereses que, obviamente, ya no son los nuestros.

Glenn Greenwald, uno de los periodistas de The Guardian que divulgó la información sobre los programas de espionaje de comunicaciones, proporcionada por Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EUA, colocó el asunto en sus justos términos:

La manera en que deben funcionar las cosas es que nosotros deberíamos saber casi todo lo que ellos hacen: por eso se llaman servidores públicos. Ellos deberían saber casi nada de lo que nosotros hacemos: por eso nos llamamos individuos privados. Esta dinámica ha sido radicalmente revertida. Ahora ellos saben todo lo que hacemos...Mientras nosotros sabemos cada vez menos lo que ellos hacen.

 En un intento por minimizar el alcance de los programas secretos de espionaje contra la población, el ex vicepresidente republicano Dick Cheney dijo que no se trata de obtener información sobre lo que hace la tía Fanny o quien quiera que sea. "Así no funcionan las cosas".

Así es, pero para interceptar un mensaje con material relevante en terminos de "inteligencia", se tienen que revisar 10 mensajes donde pueden enterarse acerca de lo que cree, siente o critica la ya no tan insignificante tía.

En todo caso, los doloridos familiares de las víctimas  y los sobrevivientes del atentado del mes pasado en Bostón, se estarán preguntando por el verdadero sentido de espiar ciudadanos dizque para protegerlos cuando no se es capaz de evitar que dos casi adolescentes estallen explosivos en una concentración pública a plena luz del día.

Además de poner en evidencia el vasto e intrusivo sistema de espionaje de que se vale Estados Unidos para perpetrar su dominio económico, ideológico y militar, Edward Snowden, el joven de 29 años responsable de la filtración hizo algo más: desnudó nuevamente el hipócrita discurso estadounidense que proclama los valores de la democracia y del mundo libre, que incluyen el valor y la iniciativa personal que se requieren para cambiar al mundo.

Snowden cumplió con eso, pero ya lo buscan para castigarlo. La muy publicitada y políticamente correcta ideología estadounidenses de la superación personal insta a la gente a "tomar acción" para lograr "que las cosas sucedan".

Eso es exactamente lo que hizo el ahora perseguido: "Aprendí --dijo-- que no puedes esperar a que alguien más actúe. Había estado buscando líderes, pero me di cuenta que el liderazgo tiene que ver con quién es el primero en actuar".

El ex asistente técnico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la contratista militar privada Booz Allen Hamilton hizo su trabajo. El resto, como él mismo ha dicho, corresponde a la sociedad: "Ahora tiene el poder de decidir por sí misma si está dispuesta a sacrificar su privacidad al estado de vigilancia". Veremos.

Calderón: cinco años; gobierno sin sociedad

En el siglo de las tecnologías de la información y la comunicación una verdad política sigue vigente: sin base social ningún gobierno puede ir muy lejos.

Eso le ha sucedido a Felipe Calderón. Al cumplirse el 5o año desde que se hizo de la presidencia de la República, lo único claro es que ha sido una administración aislada de la sociedad y sin consenso dentro de ésta.

Más allá de las encuestas según las cuales conserva una aceptación por encima del 50 por ciento, está el hecho palmariamente incontrastable de que Calderón no ganó ninguna elección importante desde que fue encumbrado en el poder.

Los ciudadanos lo han rechazado a él, a su partido y a sus candidatos cada vez que en estos años han sido convocados a las urnas. Y todo indica que se aprestan a hacerlo de nuevo en 2012.

Sólo pudo rescatar algo en 2010 en aquellas entidades en que compitió aliado con el PRD, mediante alianzas encaminadas únicamente a ganar posiciones de poder político, no a mejorar las condiciones de vida de la población.

Lo que el michoacano nunca entendió es el hecho político capital, sabido por todos los dictadores, de que para cumplir sus designios deben contar con una mínima base social que los apoye y sostenga. Salvo los grupos de poder y el entramado de intereses económico-corporativo-empresarial que favoreció su ascenso, el panista nunca contó con bases sociales capaces de producir la sinergia necesaria para cumplir con un programa de gobierno o cuando menos para apoyar sus acciones bélicas.

Este aislamiento fue tempranamente identificado por los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, quienes resumieron el hecho en aquella consigna coreada durante las protestas por el fraude electoral de 2006. Decían:

"¡Este es el pueblo
de López Obrador;
cuál es el tuyo, espurio Calderón!"

Parapetado desde el principio detrás de los generales del ejército y la marina, y acaso él mismo consciente del déficit de ilegitimidad que lo acuciaba, Calderón optó por una estrategia que le garantizara la permanencia en el poder mediante la disuasión de cualquier intento de rebelión por parte de la amplia franja social convencida de que se robó la presidencia.

Por eso sacó al ejèrcito a las calles. La maniobra fue favorecida por una coyuntura internacional impuesta por Estados Unidos, consistente en un hipócrita combate al terrorismo y al crimen organizado (que incluía las bandas de narcotraficantes).

Puede decirse que Calderón se mantuvo en el poder del mismo modo como llegó: de facto. Porque en realidad, como han sugerido varios analistas, su gobierno terminó en 2009 cuando perdió la mayoría en el Congreso.

La derrota electoral de ese año resultó estrepitosa no sólo por el resultado, sino por su carácter simbólico. Recuérdese como desde entonces la campaña del panismo dictada por Calderón y aplicada por el presidente formal de ese partido, Germán Martínez, se basó en el lema "para que la droga no llegue a tus hijos" y en pretender que quienes no apoyaran esa guerra, estaban del lado de los delincuentes. Insistió además en asociar la imagen del PRI como favorecedor de acuerdos con el crimen organizado.

El mensaje de las urnas fue claro: nadie creyó esas patrañas y constituyó un tácito rechazo a esa política guerrera que cada vez fue mostrando su debilidad, su falta de estrategia, su ineficacia, lo que se tradujo en un país ensangrentado por asesinatos, levantones, secuestros, narcofosas, ejecusiones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violación de garantías y derechos humanos de la población.

La más reciente manifestación de rechazo a su gobierno fue la derrota de su hermana Luisa María Calderón en su intento por ganar la gubernatura de su natal Michoacán. Allí los electores volvieron a decirle ¡NO! a Calderón.

Todo ello ha configurado una curiosa paradoja: el panista militarizó al país, lo cubrió de violencia y de sangre para mantenerse en el poder, pero la asonada que lo ha derrocado gradualmente se produjo en las urnas, de manera pacífica.

Hoy se le ve recorriendo el país defendiendo él solo su estrategia. No hay día en que no se le escuche repetir que los violentos son los otros, que su estrategia es la correcta, que pudo haber cometido errores,. pero que seguirá combatiendo. Que el problema fue que se dejó crecer al crimen por la complacencia de los priistas.

Pero su discurso es refutado, también cada día, por los hechos y por sus "aliados". Revelaciones recientes dan cuenta de cómo ese combate es en realidad una impostura por parte de Estados Unidos, pues detrás de ello se realizan jugosos negocios como la venta de armas (Operación rápido y furioso) a los propios grupos que se dice combatir e incluso operaciones de lavado de dinero favorecidas por la propia DEA, como reveló hace unas semanas The New York Times.

Todo ello aderezado por la creciente sospecha de que se combate a los cárteles con excepción del de Sinaloa comandado por Joaquín el chapo Guzmán, un poderoso narcotraficante fugado de las cárceles mexicanas durante la administración del también panista Vicente Fox.

Sin bases sociales que sirvan de caja de resonancia a sus tesis discursivas, Calderón insiste ahora en alertar que, como ocurrió en las elecciones de Michoacán, el narcotráfico controlador de vastas regiones del país puede influir en el resultado de los comicios.

Esa nueva estrategia discursiva muestra a un Calderón tan desesperado que parece no advertir que es un reconocimiento explícito de que nunca logró rescatar de los criminales el control que ejercen sobre vastas regiones del país, como hasta hace poco insistía en afirmar la --ahora se sabe-- falsamente triunfalista propaganda gubernamental.

"Estamos debilitando las estructuras del crimen organizado", dicen los espots del gobierno ahora desautorizados por el propio gobernante. Todavía ahora se insiste en que se sigue capturando a los 37 capos más buscados. El mensaje que envía ahora Calderón es que ya pueden capturar a todos, pero eso no significa ningún triunfo mientras esas bandas puedan controlar regiones e influir en el curso de los comicios.

No sin razón, muchos analistas han visto ese discurso como un peligroso intento por socavar desde ahora las elecciones presidenciales de 2012 o, en un caso de extrema temeridad, evitarlas y así mantener a su partido en el poder ante la inminencia de perderlo, dada la debilidad de los candidatos de casa, afectados adicionalmente por el rechazo popular al gobierno calderonista.

Calderón puede jugar todavía esa última carta, pero, de nuevo, su problema es que no tiene apoyos sociales que le dén viabilidad. A menos que de plano se anime a romper el orden constitucional también en este terreno. Veremos.

Presupuesto: la guerra, prioridad

El paquete económico para 2012 integrado por los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica confirman que la prioridad de la facción del grupo en el poder, encabezada por Felipe Calderón, seguirá siendo la misma estrategia guerrera en el llamado "combate" al crimen organizado.

Si ya en reuniones con distintos grupos de la sociedad civil el michoacano ha defendido su "estrategia" militar --criticada por no haber logrado lo que decía que se proponía (reducir el consumo de estupefacientes y terminar con los cárteles de la droga), y en cambio haber sumido al país en un baño de sangre y en inseguridad que se traduce en asesinatos, levantones, secuestros, desapariciones forzadas contra la propia sociedad, delitos que no sólo cometen criminales, sino las fuerzas públicas encargadas de combatirlos y de "proteger" a la población-- con el PEF propuesto confirma su desdén por cualquier otra estrategia que no sea la suya.

De acuerdo con el documento, el gobierno ejercería un presupuesto de tres billones 647 mil 907 millones, 2.5 por ciento superior al de 2011. De ese monto, 147 mil 270 millones de pesos se destinarán a seguridad, lo que representa un incremento de 10.7 por ciento respecto de 2011.

En cambio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dispondrá sólo de 27 mil 477 millones de pesos, un raquítico aumento, respecto del de seguridad, de apenas 3.5 por ciento en relación con este año. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibirá, a su vez, 11 mil 632 millones de pesos, que equivalen a 3.4 por ciento de aumento.

En suma, el incremento en el gasto destinado a seguridad pública y militar --de aprobarlo el Congreso en los términos propuestos por Calderón-- sería de 21 mil 982 millones, cantidad que casi duplica el aumento que se pretende otorgar a todo el sector educativo (UNAM, IPN, UAM, Investigación científica y tecnológica, el subsector cultura y la promoción del deporte), pues éste sólo dispondrá en conjunto de 12 mil 626 millones 682 mil 150 pesos más respecto de este año.

Así, el proyecto de PEF para 2012 es una nueva evidencia incontrastable de que el actual grupo en el poder gobierna de espaldas a una sociedad que en diversos tonos se ha expresado en favor de la paz y por el cambio en la estrategia gubernamental.

El mensaje que se envía con este presupuesto resulta ominoso en tanto que confirma el talante dictatorial de un gobierno que de este modo añade otra prenda de ilegitimidad a la que ya ostenta desde su origen.

Los desfiguros del combate a la delincuencia

¿Saben ustedes por qué el actual gobierno mexicano no podrá contra la delincuencia organizada o de cualquier tipo? Simple: porque carece de un plan.

El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal es una auténtica burla al sentido común. De su eficacia mejor ni hablemos.

El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008. Así que pronto cumplirá un año de inoperancia. Veamos por qué:

El objetivo sectorial 2 propone “Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades”.

No está mal. Se ha demostrado que además de las condiciones sociales el incremento en los delitos se debe a la certeza de que quien delinque jamás será aprehendido y menos castigado.

Sólo que cuando el ciudadano espera que el Programa explique cómo lo hará y en qué proporción cuantificable, se encuentra que para alcanzar ese objetivo --en realidad son tres (error metodológico)— se aplicará la estrategia Limpiemos México, la cual incluye los programas Escuela segura, Salud sólo sin drogas y Rescate de espacios públicos, en las poblaciones con mayor índice delictivo.

Como líneas de acción establece transferir a esas ciudades los programas de prevención del delito y participación ciudadana, los cuales nadie sabe dónde han demostrado su eficacia para presentarlos ahora como la panacea en otras poblaciones.

Dos líneas de acción adicionales consisten en consolidar consejos ciudadanos estatales y municipales, así como capacitar al personal policial en materia de derechos humanos y atención a víctimas por tipo de delito con el objeto de generar una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos.

La segunda estrategia para combatir la impunidad y disminuir la incidencia delictiva radica en eliminar la discriminación por motivos de género con el fin de que los hombres y mujeres policías alcancen un desarrollo pleno y ejerzan sus derechos por igual. O sea, ¿qué tiene qué ver una cosa con la otra?

Véanse, además, los indicadores, es decir, las unidades cuantificables que permiten medir el cumplimiento o no de un objetivo.

Los indicadores son la población nacional beneficiada por Limpiemos México, la cual se espera que sea 75 por ciento para 2012; el número de redes ciudadanas fortalecidas por la estrategia mencionada y el porcentaje de personal operativo capacitado en derechos humanos y atención a víctimas del delito.

¿En verdad alguien espera reducir el número de delitos impunes o los que se producirán en los próximos años con sólo evitar la discriminación de género entre policías, o capacitando a los uniformados en derechos humanos?

Si el objetivo es “combatir” la impunidad y reducir los delitos, resulta obvio que los indicadores deberían ser en qué porcentaje se abatirán en 2012 los hechos delictivos sin castigo y en qué porcentaje disminuirán los que se perpetran actualmente. Nada de eso se compromete en el documento. ¿Puede el lector imaginar una forma más flagrante y cínica de evadir un compromiso gubernamental?

Los otros cinco objetivos del programa son igualmente endebles y absurdos. Alejados de las necesidades y reclamos de la población.

El señor Felipe Calderón aprobó y ordenó publicar este adefesio. Su rúbrica figura al calce. Debería responder por esto. También el secretario Genaro García Luna.

Ambos debían estar al tanto de que su inoperancia se traduce en asaltos callejeros, en robos patrimoniales; en secuestros y muertes.

Inició recién el segundo tercio del actual mandato presidencial. Están a tiempo de retirar y corregir esta malformación programática y traducirla en hechos duros más que en propaganda. A menos que estemos, otra vez, no ante una recta intención de solucionar un problema, sino sólo ante la necesidad de administrarlo. Tendremos ocasión de saberlo.