¿Saben ustedes por qué el actual gobierno mexicano no podrá contra la delincuencia organizada o de cualquier tipo? Simple: porque carece de un plan.
El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal es una auténtica burla al sentido común. De su eficacia mejor ni hablemos.
El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008. Así que pronto cumplirá un año de inoperancia. Veamos por qué:
El objetivo sectorial 2 propone “Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades”.
No está mal. Se ha demostrado que además de las condiciones sociales el incremento en los delitos se debe a la certeza de que quien delinque jamás será aprehendido y menos castigado.
Sólo que cuando el ciudadano espera que el Programa explique cómo lo hará y en qué proporción cuantificable, se encuentra que para alcanzar ese objetivo --en realidad son tres (error metodológico)— se aplicará la estrategia Limpiemos México, la cual incluye los programas Escuela segura, Salud sólo sin drogas y Rescate de espacios públicos, en las poblaciones con mayor índice delictivo.
Como líneas de acción establece transferir a esas ciudades los programas de prevención del delito y participación ciudadana, los cuales nadie sabe dónde han demostrado su eficacia para presentarlos ahora como la panacea en otras poblaciones.
Dos líneas de acción adicionales consisten en consolidar consejos ciudadanos estatales y municipales, así como capacitar al personal policial en materia de derechos humanos y atención a víctimas por tipo de delito con el objeto de generar una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos.
La segunda estrategia para combatir la impunidad y disminuir la incidencia delictiva radica en eliminar la discriminación por motivos de género con el fin de que los hombres y mujeres policías alcancen un desarrollo pleno y ejerzan sus derechos por igual. O sea, ¿qué tiene qué ver una cosa con la otra?
Véanse, además, los indicadores, es decir, las unidades cuantificables que permiten medir el cumplimiento o no de un objetivo.
Los indicadores son la población nacional beneficiada por Limpiemos México, la cual se espera que sea 75 por ciento para 2012; el número de redes ciudadanas fortalecidas por la estrategia mencionada y el porcentaje de personal operativo capacitado en derechos humanos y atención a víctimas del delito.
¿En verdad alguien espera reducir el número de delitos impunes o los que se producirán en los próximos años con sólo evitar la discriminación de género entre policías, o capacitando a los uniformados en derechos humanos?
Si el objetivo es “combatir” la impunidad y reducir los delitos, resulta obvio que los indicadores deberían ser en qué porcentaje se abatirán en 2012 los hechos delictivos sin castigo y en qué porcentaje disminuirán los que se perpetran actualmente. Nada de eso se compromete en el documento. ¿Puede el lector imaginar una forma más flagrante y cínica de evadir un compromiso gubernamental?
Los otros cinco objetivos del programa son igualmente endebles y absurdos. Alejados de las necesidades y reclamos de la población.
El señor Felipe Calderón aprobó y ordenó publicar este adefesio. Su rúbrica figura al calce. Debería responder por esto. También el secretario Genaro García Luna.
Ambos debían estar al tanto de que su inoperancia se traduce en asaltos callejeros, en robos patrimoniales; en secuestros y muertes.
Inició recién el segundo tercio del actual mandato presidencial. Están a tiempo de retirar y corregir esta malformación programática y traducirla en hechos duros más que en propaganda. A menos que estemos, otra vez, no ante una recta intención de solucionar un problema, sino sólo ante la necesidad de administrarlo. Tendremos ocasión de saberlo.
Más que carecer de un plan, la falta de éxito del gobierno en el combate al crimen organizado tiene su origen en que no le interesa tener un verdadero programa para perseguir y castigar a los delincuentes, bastaría con aplicar la Ley.
ResponderEliminarSe trata de un problema de voluntad o peor aún, de colusión con las bandas delictivas, a todos los niveles: policías, locales y federales; regidores; presidentes municipales; jueces; procuradores (locales y federales); gobernadores; y bueno, en tiempos pasados, parientes, amigos y puede ser que hasta primeros mandatarios (por decirlo eufemísticamente).
Por supuesto, habrá quien pida pruebas de esto que aquí se asienta: están las pruebas en múltiples juicios y demandas y señalamientos hechos tanto en México como en Estados Unidos. Acusaciones que han prosperado en algunos casos, y en muchos otros se han quedado en el pepel periódico o en el de cientos de expedientes archivados en instancias judiciales de diversos niveles. Se trata, pues, de un problema de corrupción.