El alcoholímetro es otro ejemplo de cómo una buena idea deviene corrupción. Pensados para evitar accidentes provocados por la excesiva ingesta de alcohol, lo cual en un segundo puede causar una tragedia sólo por la infausta circunstancia de coincidir un conductor sobrio con otro que no lo esté, se han convertido, sin embargo en otra fuente de corrupción y extorsión policiaca.
Y demuestran, además, el carácter represivo del gobierno con la ciudadanía, el cual contrasta con el ánimo paquidérmico con que la autoridad enfrenta a los verdaderos delincuentes.
Se ha dicho ya que el arresto inconmutable por 36 horas de un conductor pillado en falta es excesivo y que México es la única capital mundial en la que el castigo se produce a la primera infracción.
Ciudadanos hay que han propuesto detener al conductor hasta que un familiar acuda por él al retén para pagar una multa y conducir al infractor a casa. Y sólo en caso de que nadie acudiera en un tiempo perentorio entonces sí proceder al arresto.
Ni esa ni otras propuestas igualmente atendibles han sido consideradas por el Gobierno de la Ciudad, porque de lo que se trata en realidad es de castigar y extorsionar al ciudadano. Hay otras faltas igualmente peligrosas que sin embargo la autoridad tolera y que producen accidentes tan graves como los que puede provocar un conductor ebrio.
Taxistas y peseros que se detienen inopinadamente enmedio del arroyo vehicular; peseros, camiones urbanos y foráneos de pasajeros que no sólo circulan por carriles de alta velocidad en avenidas prohibidas para ellos, sino que incluso se detienen a subir y bajar pasaje poniéndo en grave riesgo la vida de los demás conductores, ante la mirada complaciente de patrulleros.
Si a los propietarios de esas unidades se les revocara la concesión a la primera falta, siguiendo el esquema de cero tolerancia que se aplica a los particulares, mucho se aliviaría el desorden vial que padecemos. Pero allí el gobierno de Marcelo Ebrard, a través de la policía capitalina aplica una doble vara.
Ahora se anuncia que en los puntos de revisión del programa Conduce sin alcohol se instalarán juzgados cívicos móviles que agilizarán el proceso de sanción, contra aquellos conductores que resulten positivos en la prueba.
Lo dicho, se trata de castigar, no de servir a la ciudadanía. Si tal fuera la idea, también se habilitarían permanentemente ministerios públicos móviles junto a las patrullas de policía. De este modo, se facilitaría al ciudadano levantar de inmediato el acta correspondiente, cuando fuera objeto de un robo en la vía pública o en algún establecimiento, como las gasolineras, donde es frecuente el contubernio de los despachadores con bandas de asaltantes.
De ese modo se agilizaría todo el proceso penal. Pues en las condiciones actuales encontrar una patrulla después de un asalto sólo sirve para que le sugieran a uno acudir a una oficina del MP que no siempre están a la mano y en la que seguramente se perderán varias horas. La mayoría no hará esa gestión y así se pierden pistas vitales sobre la actuación de los delincuentes.
Con MP móviles, las denuncias serían inmediatas, el ciudadano no perdería el tiempo, la policía judicial podría investigar cualquier ilícito casi en tiempo real y se tendrían indicios más aproximados del mapa delincuencial de la ciudad.
Pero no. Cuando se trata de perseguir delincuentes, la policía no repara en trámites burocráticos; en cambio, para castigar a los ciudadanos de inmediato se adoptan medidas expeditas, como los juzgados móviles que ahora se anuncian.
Romo Trujano
Por cierto, acaban de liberar a José Luis Romo Trujano, el joven que en marzo de 2009 quiso evadir el alcoholímetro y al hacerlo atropelló y mató a un policía y derrumbó la estatua de Juan Pablo II.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal decidieron reclasificar el delito de homicidio calificado por el de homicidio culposo agravado, el cual no es considerado grave y permite al inculpado quedar libre bajo fianza.
El razonamiento de los juzgadores resulta inadmisible: sostienen que si bien el joven asesinó a un policía, su intención original no era el homicidio sino escapar del alcoholímetro. Puede ser que así hubiera sido originalmente, pero el uniformado se colocó delante del automóvil y le indicó que se detuviera, el conductor tuvo tiempo de mirarlo y decidió arrollarlo.
Lo único que faltó a la tal resolución fue achacar al policía fallecido la culpa de su muerte y hacer pagar a su familia una indemnización a Romo Trujano por los meses que permaneció en la cárcel a causa de la imprudencia del uniformado.
¡Hasta la próxima!
