Con un aparato estatal volcado subrepticiamente en labores de organizaciòn y acarreo del voto, y una bien organizada maquinaria para la compra de voluntades y sufragios operando en su favor, aceitado todo con un gasto millonario en imagen pública, pago de encuestas a modo, redes sociales, logistica, acarreo de simpatizantes y reparto de todo tipo de bienes, todo está listo para la consumación del fraude.
Y sin embargo, se hablará de un ejercicio democrático en el que con su voto "libre" y secreto, los ciudadanos habrán ejercicio su derecho al sufragio. No está mal.
El Instituto Estatal Electoral, encargado de organizar y cuidar la legalidad de la elección, avalará el fraude, pues los consejeros "ciudadanos" que lo integran son todos afines al gobernador priista en la entidad, Enrique Peña Nieto. Nada dirán de la evidente y colosal compra previa de votos, ni sobre el rebase en los gastos de campaña que ameritarían la descalificación del candidato oficial.
Si acaso, las mediciones respectivas iniciarán después de la elección y sus resultados se conocerán por lo menos seis meses después, cuando se hayan legitimado, por la vía de los hechos consumados, los resultados y cuando los electores ya ni se acuerden del asunto.
En tanto, las quejas y recursos legales de impugnación que logren elevarse hasta el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se toparán con la presidenta de este órgano, María del Carmen Alanís, otra reconocida peñanietista, quien ya dio claras muestras de su condición subordinada al exonerar al gobernador mexiquense por la difusión nacional de espots promocionales que, de acuerdo con la ley, sólo debían difundirse en el estado.
Con todos esos elementos extralegales en su favor y con todos los flancos cubiertos (autoridades estatales, el árbitro electoral y la compra y coacción de voluntades vía la ilegal recolección y registro de credenciales) Eruviel Ávila será el gobernador.
Se habrá consumado así un monumental fraude electoral y nadie podrá legalmente demostrar lo contrario, pues ninguna autoridad estará dispuesta a dar curso legal y el debido proceso a las pruebas que logren presentarse.
Con todo, hay una forma fácil y sencilla en que los mexiquenses podrían quitarse de encima toda esta red de complicidades tejida para manipular su voto: ejerciendo masivamente su libertad individual y no cruzando su boleta por el candidato oficial.
Para eso se requiere de una ciudadanía que no esté dispuesta a ser parte de los actos de corrupción que luego reprocha; de una ciudadanía inmune a la manipulación de los medios de comunicación; de una ciudadanía dispuesta a romper con la lógica clientelar: votar por quien me ofrece satisfactores inmediatos y no por quien se compromete a respetar los derechos.
Se precisa de una ciudadanía informada, educada y capaz de reconocer a quienes jamás representarán sus intereses por estar al servicio de sus enemigos históricos; una ciudadanía interesada genuinamente en la política como algo que afecta su vida cotidiana aunque no lo parezca; una ciudadanía alejada del fatalismo que mira todo como algo natural y eterno, del tipo: "todos son iguales", "siempre ganan los mismos"; o del cinismo: "estos por lo menos reparten".
Veremos si los ciudadanos del estado de México tienen esos atributos.
