El episodio del tal Juanito y la reacción de los medios de comunicación (uno de los poderes fácticos que tienen secuestrado este país) constituye una gran lección de Ciencia Política hasta para quien no quiera verla.
Se trata de uno de esos raros casos en nuestro país en que se impone la voluntad popular; es decir, estamos ante un triunfo de la democracia real sobre la democracia formal. Veamos:
El pueblo de Iztapalapa votó mayoritariamente por Clara Brugada como candidata a Delegada en la elección interna del Partido de la Revolución Democrática. Ese es un hecho real. Luego, mediante triquiñuelas que ya han sido ampliamente documentadas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó ese fallo popular e impuso como candidata a Silvia Oliva.
Y lo hizo de tal modo, que en las boletas electorales aparecería, sin embargo, el nombre de Brugada. Si esta ganaba la elección, la delegada sería Silvia Oliva ¿puede imaginarse el lector una situación más absurda? A los adoradores de la "legalidad" no les pareció así, puesto que sus intereses quedaban bien servidos.
Vino entonces el acuerdo popular: Se votaría por otro candidato para que éste, al ganar, dejara el cargo a quien el pueblo quería en la Delegación. Mediante una intensa campaña que incluyó mítines y comunicaciones de boca en boca, de vecino a vecino, en una impresionante avalancha de comunicación espontánea, todos los habitantes de la demarcación se volcaron el 5 de julio en las urnas para hacer valer su voluntad original. Y ganaron. Eso es democracia real.
¿No es eso el genuino espíritu de la democracia que dicen defender los "adoradores de la legalidad"? ¿No es eso ser un pueblo democrático, como se presume que lo es México en todos los foros internacionales y en el discurso oficial? Pues bien, el pueblo de Iztapalapa dijo su palabra. Se expresó en las urnas. Hizo valer la definición formal de democracia, pero la llenó de contenido real: el gobierno del pueblo por el pueblo.
¿Puede alguien de los que impugnan y critican este episodio citar puntualmente alguna ley que se haya violado en este affair? Ningún columnista o articulista o medio de comunicación ha sido capaz de citar una sola ley que se haya violado porque no lo hay, no existe. Su descalificación es política o, para mejor decir, ideológica.
¿Se faltó el respeto a la sociedad? No, puesto que la sociedad directamente interesada fue la que impuso su voluntad soberana. De nuevo estamos ante un irrestricto cumplimiento de los postulados constitucionales: La soberanía --cito de memoria-- reside originaria y esencialmente en el pueblo y éste puede adoptar en todo tiempo y lugar la forma de gobierno que determine.
¿Se burló la voluntad popular expresada en las urnas? Nunca, al contrario: quienes votaron sabían que votar por Juanito era elegir a Brugada. Si ésta no hubiera concitado la adhesión popular jamás habría ganado.
¿Se manipuló la ley y las instituciones? Sí, en efecto, pero lo hicieron quienes las tienen secuestradas y quisieron usarlas, una vez más, para atropellar la voluntad popular.
¿Que se ofendió la dignidad de Juanito al ser utilizado como mero instrumento? Jamás! En uso de su libertad aceptó el acuerdo. Ahí están incluso las entrevistas iniciales que concedió a los medios que desde el principio trataron de marearlo. En todo caso, él mismo se mostró indigno al no honrar su palabra.
Acostumbrado a pasar por encima de la voluntad popular, todo el andamiaje dizque institucional ha querido hacer pasar el episodio ante la opinión pública nacional como un "capricho de camarillas" como un "acuerdo copular", como una manipulación del mesías o del cacique, como llaman a Andrés Manuel López Obrador.
Y, en concordancia con eso, ordenaron a sus columnistas, articulistas y medios de comunicación una consigna: golpear a Marcelo Ebrard sugiriendo que es "el pelele de Andrés Manuel" y toda una suerte de frases insidiosas: "Ahora ya se sabe quien manda".
Sabedores de las aspiraciones presidenciales del gobernante capitalino, pretenden disminuirlo y, de paso, apresurar su rompimiento con el tabasqueño. En eso están. Esa es su consigna: la división, tanto de los líderes opositores como del propio pueblo.
Quienes ahora se rasgan las vestiduras y se dicen defensores de las causa populares y de la legalidad democrática, desdeñan que fue el pueblo de Iztapalapa el verdadero elector. Con eso se han topado, ni más ni menos.
Así, la gran pregunta que nadie se plantea es la siguiente: ¿Puede el "orden legal", construido a modo para servir a los intereses de clase de los grupos en el poder, estar en contra de la auténtica voluntad popular? Si es así, como lo ha demostrado el caso Iztapalapa ¿tiene ese mismo pueblo no sólo el deber sino las facultades para cambiarlo?
Los habitantes de esa Delegación demostraron que sí. Esa es la gran lección política de este fin de año.
¡Hasta la próxima!
