¿Qué hizo posible a Calderón?

Fiel a su mesianismo o, si se prefiere, a su torcida involución psicológica que lo condujo de más en más a sentirse y verse como un elegido, Felipe Calderón explica su paso por la presidencia de México como un designio divino.

En efecto, la semana pasada formuló en su natal Michoacán la siguiente declaración de fe:

"Yo asumo que a uno le toca vivir el momento que le toca vivir por alguna razón, que Dios sabe por qué pone a determinadas personas frente a determinadas circunstancias".

Ya habrá tiempo de analizar qué tiene el pueblo de México que así ha llevado a la conducción del país en los últimos doce años, primero a un locuaz ignorante, después a un místico de la violencia y la crueldad como forma de redimir culpas históricas de la nacionalidad, y ahora a un iletrado sin más idea que el rollo neoliberal repetido mecánicamente por convenir a los intereses a los que sirve.

¿Qué hizo posible un gobierno como el de Calderón? No desde luego su explicación teológica. Algo más simple: el entramado de instituciones e intereses nacionales y extranjeros que conforman el grupo hegemónico en el poder.

Intereses mediáticos, económicos, financieros, políticos --incluidos los de la presunta izquierda-- y hasta criminales, organizados para ejercer su dominio mediante la exclusión sistemática de los grupos sociales dominados, de modo que éstos encuentren inaccesible e infranqueable la ruta hacia un cambio en las relaciones asimétricas de poder que prevalecen.

Del lado de la sociedad, lo que permitió está que seguramente pasará a los anales como una aberración histórica que viene a confirmar aquello de que el triunfo de la derecha es moralmente imposible, se explica por la existencia de una población poco educada, empobrecida, esencialmente conservadora y tímida; dominada por un sentido fatalista de la historia, que le dicata frases asumidas como verdades inmutables que hacen ociosa cualquier clase de resistencia: "contra el gobierno nada se puede", que recuerda aquella del famoso tango gardeliano: "Contra el destino nadie la talla".

Este conjunto de factores --perfectamente históricos-- ha hecho posible que en el México del siglo XXI se haya producido un "gobierno" como el de Calderón. Lo que sin embargo más llama la atención es la falta de respuesta social, la incapacidad para detener a una administración que bañó de sangre al país, que enlutó a miles de familias sumiéndolas en el más atroz de los sufrimientos por la pérdida, desmembramiento, tortura, levantamiento o asesinato --que todas esas variedades macabras se dieron-- de sus seres queridos.

La pasividad y permisividad de la sociedad ante la muerte o exterminio de sus semejantes es acaso el signo más preocupante de todo este asunto, pues conduce a pensar que si ni ante el peligro extremo se reacciona como forma mínima de autodefensa, no lo haremos ante nada.

Todo el aparato crítico desplegado, a la postre no resultó sino testimonial porque no alcanzó para detener la masacre de miles. Los mecanismos institucionales tampoco resultaron eficaces fundamentalmente por la traición del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En efecto, ya desde 2009, en las elecciones legislativas intermedias la población derrotó en las urnas la malhadada y desorganizada estrategia bélica, al arrebatarle al Partido Acción Nacional (PAN) la mayoría en el Congreso para cedérsela al PRI.

Y sin embargo, este partido traicionó el mandato de las urnas, pues continuó autorizando cada año crecientes partidas presupuestales para una guerra dirigida más al exterminio y control social que al combate al crimen organizado, como puede corroborarse a la luz de los nulos resultados.

Como ha documentado Mayolo Medina, presidente de la Fundación para el Estudio de la Seguridad y la Gobernanza, en los últimos 11 años (2001-2011) el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública federal aumentó 668.1 por ciento (de 5.2 a 40.5 mil millones de pesos).

De todo ello habrá que extraer las lecciones pertinentes y la más inmediata es encaminar la lucha política por la vía de la organización social al margen de las instituciones formales de representación que hoy se encuentran cooptadas y reguladas por los grupos hegemónicos que las utilizan para llevar a cabo los procesos de legitimación y canalización de sus propios intereses.

Y esto es clave porque sin ello la dominación política no duraría ni un día. De ahí tiene que partir un programa de organización política de la sociedad.

Pro Víctima: Propaganda y simulación

La creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Pro-víctima) constituye la expresión más acabada de la simulación gubernamental.

No es que quienes han sido víctimas de la delincuencia o de las propias fuerzas armadas encargadas de combatirla no necesiten atención y procuración de justicia, lo que digo es que no lo conseguirán mediante una entidad oficial que nace marcada por la simulación y el oportunismo y animada más con un propósito propagandístico que por una genuina preocupación por quienes han perdido seres queridos a manos de la delincuencia o de los propios cuerpos del gobierno.

Pro-víctima es una simulación porque está enfocado a los efectos y no a las causas que han provocado la proliferación de víctimas a lo largo y ancho de la ensangrentada geografía nacional. El mensaje que Felipe Calderón envía a la sociedad al crear este nuevo órgano burocrático no puede ser más ominoso: seguirá habiendo víctimas porque continuará la militarización del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.

Lo cosmético de la medida queda subrayado por el hecho de ser una instancia que nace apresuradamente, sin presupuesto asignado, con instalaciones inacabadas y con una junta de gobierno en la que figuran personajes como Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, favorecedores de la política calderonista que produce las millares de víctimas a las que ahora --sólo ahora-- se pretende "atender".

Digo "sólo ahora" porque apenas en junio de este año la Procuraduría General de la República (PGR) envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe sobre avances y resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo 2006-2011.

Allí, el mismo gobierno que hoy se dice "preocupado" por quienes han perdido amigos o familiares, negaba que hubiera víctimas: "Se estima --dice el informe-- que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011".

Los afanes de hoy son, por ello, una respuesta oportunista a los planteamientos formulados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, quien ha descalificado la medida.

Por lo demás, seguirá intacta la estrategia fallida y el modelo económico aplicado dogmáticamente el cual genera la criminalidad, cuyo combate ha quebrantado el todo el país el llamado Estado de Derecho, provocado desapariciones forzadas por parte de las propias fuerzas gubernamentales y ha provocado, además, afectaciones a la economía del orden de los 210 mil millones de pesos que equivalen a 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto, según datos del INEGI.

La escandalosa impunidad que alienta toda esta situación tampoco ha sido combatida por el Eliot Ness mexicano (Obama dixit), pues según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, difundida el mes pasado por el INEGI, de los casi 18 millones de delitos denunciados, en 81 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió, no se inició averiguación previa o está en trámite.

Todo lo cual revela la incapacidad, actitud omisa y la corrupción de las "autoridades" que priva en los tres órdenes de gobierno.

Por todo ello Pro-víctima no es más que una maniobra propagandística de Felipe Calderón a quien debiera recordársele que la principal responsabilidad constitucional de un gobierno legalmente constituido --aunque el suyo no cumple cabalmente este supuesto-- es garantizar la seguridad de los ciudadanos y no abrir ventanillas para atender a los danmificados por esta responsabilidad tan impunemente incumplida.

Pacto por la paz con justicia y dignidad (Síntesis)

Foto: Yadin Xolalpa/El Universal

 I. RAZONES Y URGENCIA

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión Aquí impera la muerte lenta causada por la miseria la pobreza el desempleo la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.

La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.

Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio.

Sólo en el mes pasado en abril se contabilizaron mil 427 asesinatos considerando los cuerpos hallados en las narcofosas Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país más de 230 mil personas desplazadas 10 mil huérfanos la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial 10 mil secuestros de migrantes más de 30 alcaldes asesinados.

Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.

La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país 98 3 de los delitos quedan impunes Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

II. VISIÓN COMÚN CON EXIGENCIAS MÍNIMAS Y COMPROMISOS

1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas

Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.

A.- Se deben esclarecer y resolver los asesinatos las desapariciones los secuestros las fosas clandestinas la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B.- Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materia les de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad entre ellos la familia Reyes Marisela Escobedo y su hija Rubí Bety Cariño y Jirí Jaakola las niñas y niños de la guardería ABC la familia Le Barón los jóvenes de Villas de Salvárcar los jóvenes de Morelos.

C.- Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana

A.- Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

B(I).- Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B(II).- Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad

A.- Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B.- Exigimos que en máximo 6 meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción delitos del orden común y de crimen organizado.

4 Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

A.- La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico los secuestros la trata de personas la extorsión la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con fa Unidad Federal de Inteligencia Financiera que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B.- Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social

A.- La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación salud cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta estrategia Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

B.- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria media superior y superior un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria EMS y superior de escuelas públicas así como recursos para proyectos culturales deportivos productivos y sociales realizados por los propios Jóvenes y sus organizaciones como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios comunidades y unidades habitacionales.

6 Exigimos democracia participativa

Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular las candidaturas independientes la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura no sólo a la competencia sino al fortalecimiento de los medios públicos.

Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece la consulta popular la iniciativa legislativa las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

III PARA INICIAR EL CAMINO

Proponemos dos momentos para lograr esto:

-Un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y;

-En un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.

El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.

Durante este periodo hasta el 10 de junio las Comisiones con las aportaciones del resto de la sociedad civil irán especifican do con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia.

Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades barrios colonias lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y acción colectiva nacional permanentes.

Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero.

Cárceles, psicología y violencia

Foto AP

El asunto ya es preocupante. Y más que en el ámbito político quizá deba ser sometido a consideraciones psicológicas. Me refiero a la obsesión de Felipe Calderón por la guerra. Su febril imaginación en este terreno lo ha conducido a pergueñar dos iniciativas de ley que, más que de un estadista o ya por lo menos de un hombre de Estado, nos hablan de un sujeto acosado por pulsiones vengativas.
Me refiero a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecusión de Sanciones, propuesta a la Cámara de Diputados.

Calderón plantea definir prisiones con seis niveles de seguridad, que van desde la mínima hasta las de máxima y súper máxima seguridad. En estas últimas, los reos sentenciados por delitos federales (delincuencia organizada) serán sometidos a vigilancia permanente, aislamiento, suspensión de estímulos y visitas sólo por medios electrónicos.

Las puerta de estas celdas tendrán un sistema electrónico de apertura y cierre desde un centro de control, módulos y estancias unitarios donde los sentenciados no conviven con otros reos; puertas dobles, de apertura una a la vez y a control remoto, y dispositivos con sensores y detectores de movimiento.

Es posible imaginar a Calderón urgiendo a sus asesores a diseñar cárceles semejantes dominado por la excitación que le produjera el haber leído las condiciones infrahumanas en que permanece recluido  el soldado Bradley Manning, acusado por el gobierno de Barack Obama de haber entregado a Julián Assange los 250 mil cables diplomáticos secretos difundidos por Wikileaks.

O después de haber leído alguna descripción de las cárceles estadounidenses de máxima seguridad, pues no otro ha sido el modelo que para todo sigue el michoacano en materia de vigilancia y castigo, aunque en México con los deplorables resultados ya conocidos.

Se trata, como ha dicho el legislador priista Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, de una medida desesperada ante la incapacidad gubernamental por los índices de violencia que padecemos, pero que de ningún modo inhibirá la comisión de delitos (La Jornada 16/IV/11, p. 12)).

El perredista Arturo Santana dijo en esa misma nota al reportero Roberto Garduño que la propuesta "se me hace muy de reality show", e ironizó: "¿Después de las cárceles de súper máxima seguridad cuáles van a seguir?". Quiza las de ultra mega máxima seguridad, respondemos nosotros.

La iniciativa de crear este tipo de cárceles corrobora meridianamente lo que ha expresado Javier Sicilia: "Calderón sólo tiene imaginación para la violencia".

Narcotráfico ¿Quién paga la guerra?

Las cifras del gasto en seguridad dadas a conocer este sábado en Washington por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, resultan alarmantes y reflejan la insensatez y el grave daño que causan al país las políticas aplicadas por Felipe Calderón Hinojosa.

El funcionario reveló que ese gasto asciende a 200 mil millones de pesos anuales, con lo que supera el presupuesto combinado para educación media superior y superior, que este año es de apenas 146 mil 300 millones de pesos.

Además es seis veces mayor que los recursos destinados al programa de desarrollo humano Oportunidades, orientado a combatir la pobreza extrema en el país, el cual tiene asignados para el presente ejercicio 35 mil 355 millones de pesos.

Ello significa que por cada peso destinado a combatir la pobreza, se gastan 5.6 pesos en la guerra contra el crimen organizado.

En la conferencia de prensa ofrecida por Cordero --en el marco de la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que concluyó este sábado en la capital estadounidense (La Jornada, 16 de abril/2011/Roberto González Amador), el funcionario calderonista reconoció, además, que los recursos con que se financia el combate a la delincuencia no provienen de préstamos externos, sino de los propios contribuyentes.

Muy orondo, dijo que la administración de Calderón ha hecho dos reformas fiscales que aumentaron la recaudación tributaria en casi 1.4 puntos del producto interno bruto, que equivalen a unos 190 mil millones de pesos.

Eso significa que el famoso hoyo fiscal de 300 mil millones de pesos que se esgrimió en 2009 para aumentar los impuestos a los mexicanos en plena crisis económica, en realidad nunca existió, y que esos recursos de que ahora se ufana el secretario de Hacienda se requerían en realidad para financiar la guerra del michoacano instalado en Los Pinos.

Así, estamos ante un manejo inadmisible e irresponsable de los recursos públicos por al menos dos razones:

1. Porque se aumentaron los impuestos a una población afectada por la crisis económica  de 2008, de la que según el Banco Mundial México ha sido el último país latinoamericano en superar y eso a medias. Esa cascada de impuestos --que incluyó el aumento mensual en el precio de las gasolinas y el gas doméstico desde hace más de un año, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta-- es dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos y que Calderón emplea no para la reactivación del desarrollo económico, sino para una guerra fallida por la torpeza e ineficacia de la estrartegia gubernamental.

2. Porque además del saldo sangriento que representan las más de 40 mil muertes y que está pagando la sociedad mexicana, la insuficiente inversión en educación, salud y desarrollo humano está comprometiendo el desarrollo del país a largo plazo.

Es decir, el daño causado por Calderón al distraer recursos para su guerra afecta tanto el presente como el futuro del país, con un agravante mayúsculo: al rezagar la inversión que se requiere en educación y combate a la pobreza y el desempleo, se mantienen latentes dos de las causas que precisamente --como lo reconoció esta semana el Banco Mundial en su Informe sobre Desarrollo Humano 2011-- incuban la delincuencia y la violencia que con tanto ardor se dice combatir.

Con todo ello los mexicanos vivimos una cruel paradoja: somos víctimas de la violencia que nosotros pagamos con nuestros impuestos. En otras palabras: pagamos impuestos para que nos maten.

Por estas razones el grito de ¡Ya basta! no puede tener --como él quisiera en su intento por salvarse a sí mismo-- otro destinatario que el propio Felipe Calderón.

¡Que no se nos olvide!

¡Ya Basta! Imágenes de Cuernavaca

Fotos: Leonora González

Marcha: ¡Ni un muerto más!

Ya basta

En México, los ciudadanos de este país necesitamos con urgencia un mecanismo legal, político --llámese revocación del mandato, plebiscito o asamblea popular-- que permita reorientar en cualquier momento la acción gubernamental. El empecinamiento o fascinación malsana de Felipe Calderón por la guerra, por el derramamiento de sangre, por la violencia atroz en que ha sumido al país hacen necesario ese instrumento en manos del pueblo.

Se han discutido ya con suficiencia las motivaciones políticas del michoacano para iniciar y mantener el actual estado de shock, como elemento de control social, incluido el hecho de su sujeción a los designios de Washington en detrimento de nuestra soberanía.

Digamos de paso que el desencuentro coyuntural entre Calderón y la administración Obama --provocado en buena medida por las revelaciones de Wikileaks-- parece superado. Ayer mismo, Michele Leonhart, directora de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), regresó al discurso previo al diferendo:

Calificó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, como "el mayor combatiente del narcotráfico en México"; reafirmó el objetivo transexenal de Washington de que esta guerra "debe ir más allá de un gobierno" y confirmó el discurso calderonista de que la violencia "es señal del éxito en la lucha contra los cárteles.

Con tales declaraciones, EUA y Calderón (pues su discurso es coincidente) se colocan claramente del otro lado de la raya y contrapuestos a los miles de ciudadanos mexicanos que esta tarde se manifestarán en 48 ciudades del país y en por lo menos 13 ciudades del extranjero contra esa violencia a la que ellos, sin el menor rubor, consideran "un éxito".

Así, cada uno de los casi 40 mil muertos que ha cobrado esta guerra, cada familia enlutada, cada joven y cada niño (los hermanos Almanza, los jóvenes de Villas de Salvárcar, los estudiantes del Tec de Monterrey, el taxista y la madre que recogió a sus hijos del colegio en Acapulco para morir en un tiroteo, el propio Juan Sicilia), cuyas vida, cuyos proyectos, esperanzas y afanes han sido segados por la brutalidad y la estupidez asesina que nos asola, todos ellos, son, para los gobiernos de uno y otro lado de la frontera --ahora lo confirmamos-- la prueba del "éxito" de la estrategia dictada por EUA y seguida obsecuentemente por Felipe Calderón.     

Se trata de un cinismo desbordado e inhumano que no piensa detenerse, pues ayer mismo también, el jefe del Comando Norte, de Estados Unidos, almirante James Winnefeld, luego de elogiar la cooperación militar con México, sugirió (¿ordenó?) que el gobierno de Calderón "tendría que abrir en su frontera Sur otro frente de lucha contra el crimen organizado", pues el norte de Centroamérica, definió, "es la zona más peligrosa del mundo", si se excluyen las regiones de guerra activa.

Como no piensan detenerse, los ciudadanos tampoco deberíamos hacerlo. En el corto plazo tendríamos que conformar una organización que nos mantenga movilizados de aquí hasta que sea necesario con tal de detener este tsunami de sangre al que estamos expuestos.

Y la marcha de esta tarde podría ser el inicio. Como ha propuesto el propio Javier Sicilia, debería acordarse una marcha nacional similar el día 7 de cada mes. Pero no sólo. Esa organización debería pugnar por empujar reformas constitucionales que hagan imposible que esto se repita.

Esas reformas deben apuntar a terminar con el elitismo democrático, ese que es justificado por autores como Giovanni Sartori, para quien en las elecciones los ciudadanos lo único que hacemos es "decidir quien va a decidir" el rumbo de un país.

Según esa concepción, Calderón estaría en todo su derecho de haber decidido por sí mismo esta guerra, pues quienes lo eligieron --en caso de que en efecto "haigan" sido mayoría y ese 0.56% sea real-- le entregó esa facultad. Se trata, como digo, de un elitismo democrático inaceptable en esta época y cuya concepción tendríamos que modificar, por la vía de instrumentos como la revocación del mandato, cuando no se atiendan las directrices de la sociedad.

Para lograr lo anterior, tendría que recuperarse el artículo 39 de nuestra Constitución (la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo) y modificar el artículo 41, pues, como con acierto ha observado el doctor Juventino V. Castro y Castro, al señalar que el pueblo ejerce su soberanía a través de las autoridades federales y estatales, en los hechos lo que hace es arrebatarle la soberanía al pueblo para reducirlo a la calidad de "simple gobernado".

Sólo liberándonos de estas y otras añagazas legaloides, políticas, sociales y hasta mentales que nos agobian podremos modificar nuestro destino. Por lo pronto, esta tarde

¡TODOS A LA MARCHA!

Violencia

La violencia del llamado crimen organizado está en aumento y cada día apunta más arriba en la escala jerárquica del poder. Ya no sólo es la gendarmería la que es puesta en jaque. Ahora lo son también presidentes municipales, generales del ejército y hasta gobernadores.

La semana pasada, mediante cartulinas colocadas en lugares públicos, los maleantes fijaron un plazo de 48 horas al secretario de Seguridad Pública municipal en Ciudad Juárez, mayor del ejército Roberto Orduña Cruz, para que renunciara a su cargo o empezarían a matar agentes.

La renuncia se produjo tras la ejecusión de un agente de tránsito y un custodio, asesinados como muestra de que la amenaza empezaba a cumplirse con siniestra puntualidad.

El sábado pasado fue emboscado el convoy en el que viajaba el gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, quien en una insólita tentativa por minimizar el hecho, lo atribuyó a un "altercado vial", como si en un caso como ese pudieran dispararse al menos 30 casquillos de balas, como los encontrados en la escena del atentado.

Ayer, en fin, aparecieron nuevas cartulinas en aquella ciudad fronteriza. Ahora el amenazado fue el propio alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, a quien los anónimos amenazaron con cortarle la cabeza --y ya se sabe que por aquellos rumbos el asunto es literal-- "junto con tu familia, aunque esté en El Paso, Texas".

En otro dato que revela el deterioro de la situación, el gobierno de Estados Unidos emitió el viernes pasado una alerta para que los ciudadanos de ese país que viajen a México adopten precauciones ante el incremento de la violencia del narcotráfico y de la delincuencia común, particularmente en ciudades como Tijuana, Juárez y Chihuahua.

En medio de todo, el patético presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares ha creido conveniente introducir al debate electoral el tema del narcotráfico, mediante un discurso en el que para justificar el clima de terror que se vive hoy, achaca al PRI la culpa de todo por la pasividad que frente al problema habría observado durante los años que gobernó.

Esa visión, simplista y frívola, es la que sin embargo priva en los círculos del poder blanquiazul. Lo cierto es que el narcotráfico se reorganizó y fortaleció tras el fallido proceso mexicano de transición a la democracia.

Ese fue un momento clave y su conducción, en mala hora para el país, correspondió al conservador PAN, cuyo proyecto sólo consistía en hacerse del poder, pero no en emprender una reforma del Estado pactada con todas las fuerzas políticas, para desmantelar las estructuras de corrupción en que se fundaba el antiguo régimen.

El sexenio 2000-2006 debió ser de una auténtica transición que implicaba nuevos arreglos institucionales para reacomodar y ajustar a nuevas prácticas y consensos políticos a los factores de poder que quedaron a la deriva al desaparecer el férreo control corporativo priísta.

No hubo ni capacidad ni voluntad política para emprender esa colosal tarea. En tanto el crimen organizado, como se le llama genéricamente al contrabando, el narcotráfico, los secuestradores y la piratería, entre otros, encontró una ancha franja de acción que le permitió consolidar mercados, pertrechos y las posiciones que ya tenía dentro de las propias corporaciones federales encargadas, al menos formalmente, de combatirlo.

Esa inacción panista, desde luego favorecida por el contubernio priísta y de la fracción que hoy manda en el PRD, condujeron al país a la actual encrucijada. El momento clave fue el de la alternancia en la presidencia. Se perdió esa oportunidad histórica.

Ahora la guerra se está perdiendo. Eso lo sabe el señor Calderon quien ya considera que el próximo presidente podría ser un narco. Eso lo dijo la semana pasada el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos. Ahora se sabe que se lo escuchó decir al propio Calderon. Él sólo lo repitió.

El problema, como lo muestran los episodios narrados en la entrada de este artículo, es que quienes ahora comienzan a estar en jaque son los ejecutivos de los estados, es decir, los gobernadores, el segundo nivel en la escala de mando de la República. Después de ellos ya sólo queda el Presidente.