La creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Pro-víctima) constituye la expresión más acabada de la simulación gubernamental.
No es que quienes han sido víctimas de la delincuencia o de las propias fuerzas armadas encargadas de combatirla no necesiten atención y procuración de justicia, lo que digo es que no lo conseguirán mediante una entidad oficial que nace marcada por la simulación y el oportunismo y animada más con un propósito propagandístico que por una genuina preocupación por quienes han perdido seres queridos a manos de la delincuencia o de los propios cuerpos del gobierno.
Pro-víctima es una simulación porque está enfocado a los efectos y no a las causas que han provocado la proliferación de víctimas a lo largo y ancho de la ensangrentada geografía nacional. El mensaje que Felipe Calderón envía a la sociedad al crear este nuevo órgano burocrático no puede ser más ominoso: seguirá habiendo víctimas porque continuará la militarización del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.
Lo cosmético de la medida queda subrayado por el hecho de ser una instancia que nace apresuradamente, sin presupuesto asignado, con instalaciones inacabadas y con una junta de gobierno en la que figuran personajes como Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, favorecedores de la política calderonista que produce las millares de víctimas a las que ahora --sólo ahora-- se pretende "atender".
Digo "sólo ahora" porque apenas en junio de este año la Procuraduría General de la República (PGR) envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe sobre avances y resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo 2006-2011.
Allí, el mismo gobierno que hoy se dice "preocupado" por quienes han perdido amigos o familiares, negaba que hubiera víctimas: "Se estima --dice el informe-- que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011".
Los afanes de hoy son, por ello, una respuesta oportunista a los planteamientos formulados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, quien ha descalificado la medida.
Por lo demás, seguirá intacta la estrategia fallida y el modelo económico aplicado dogmáticamente el cual genera la criminalidad, cuyo combate ha quebrantado el todo el país el llamado Estado de Derecho, provocado desapariciones forzadas por parte de las propias fuerzas gubernamentales y ha provocado, además, afectaciones a la economía del orden de los 210 mil millones de pesos que equivalen a 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto, según datos del INEGI.
La escandalosa impunidad que alienta toda esta situación tampoco ha sido combatida por el Eliot Ness mexicano (Obama dixit), pues según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, difundida el mes pasado por el INEGI, de los casi 18 millones de delitos denunciados, en 81 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió, no se inició averiguación previa o está en trámite.
Todo lo cual revela la incapacidad, actitud omisa y la corrupción de las "autoridades" que priva en los tres órdenes de gobierno.
Por todo ello Pro-víctima no es más que una maniobra propagandística de Felipe Calderón a quien debiera recordársele que la principal responsabilidad constitucional de un gobierno legalmente constituido --aunque el suyo no cumple cabalmente este supuesto-- es garantizar la seguridad de los ciudadanos y no abrir ventanillas para atender a los danmificados por esta responsabilidad tan impunemente incumplida.
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