PAN: la transición perdida

Cuando casi todo mundo vacacionaba a cuenta de la semana santa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, vino a recordarnos la catástrofe que para el país significó en todos los ámbitos de la vida pública el gobierno panista de Vicente Fox.

Al concluir la fiscalización de la cuenta pública de 2006, último año de gobierno del político guanajuatense, la dependencia concluye que ha sido la administración con el peor desempeño en los últimos 18 años (tres sexenios), pues en el periodo 2000-2006 la economía creció apenas 2.3 por ciento al año (con Ernesto Zedillo creció 3.5 por ciento, pese a la crisis de 1994-1995); en competitividad en el mundo México pasó del lugar 42 al 64 y sólo se generaron 224 mil empleos anuales, mientras que su antecesor creó 600 mil puestos de trabajo cada año.

En ese informe figuran otras cifras que dan cuenta del errático y hasta presuntamente corrupto manejo de las finanzas públicas, pues el último año de esa malhadada administración panista, el gobierno contó con 310 mil millones de pesos adicionales debido a los excedentes por ingresos petroleros, de los cuales hasta ahora no hay indicios de que se hayan aplicado en algún rubro.

Esos datos son, en sí mismos, demoledores, pero además tienen la virtud de centrar la atención en tres cuestiones a menudo soslayadas en el debate político actual: primero, que en México el cacareado proceso de transición democrática no fue tal; segundo, cómo combatir la impunidad de los gobernantes fallidos y tercero, la necesidad de revisar los sistemas de información y fiscalización institucional, pues son lentos y evitan que la sociedad adopte a tiempo las medidas correctivas pertinentes.

Un auténtico proceso de transición a la democracia requiere de varias condiciones, ante todo, de una reforma del Estado que garantice transparencia, una efectiva rendición de cuentas, no la contrahechura en que se ha convertido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Un dato demuestra la simulación de la pretendida política de transparencia: en el actual sexenio aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados por el gobierno. Al cierre de la gestión de Fox había tres millones 839 mil 296 documentos a cuyo contenido la ciudadanía no podía tener acceso, los cuales se incrementaron a cinco millones 935 mil 808 durante la presente administración, según datos del Índice de Expedientes Reservados del IFAI.

Otra condición para una real transición democrática es la necesidad de un nuevo orden político, que incluya eliminar todo el andamiaje institucional diseñado para alentar la corrupción, el encubrimiento, el tráfico de influencias, la opacidad y la ineficiencia en el quehacer gubernamental.

Eso, como se sabe, no ha sido una prioridad en los gobiernos federales panistas, quienes han pretendido vender, con relativo éxito, la falsa idea de que la alternancia en el poder es en sí misma, un proceso de transición democrática.

El segundo aspecto, el de la impunidad, tiene que ver con ese entramado institucional que le permite al señor Felipe Calderón mantener lejos de la justicia y protegido a su antecesor, pero aún peor, la falta de mecanismos para que la propia sociedad pueda llevar ante los tribunales a los gobernantes cuyas fallas atentan contra el desarrollo del país.

Paralelo a lo anterior, es preciso que los mecanismos de fiscalización sean más ágiles, pues no es posible que después de casi tres años, apenas vengamos a enterarnos de los datos duros que configuraron el auténtico fraude a la nación que representó la presidencia foxista.

Eso demuestra la urgencia de legislar en asuntos como la revocación del mandato, pues con una figura legal como esa y con información oportuna, se evitaría, a tiempo, mantener en el poder a quienes hunden al país.

En las próximas elecciones del 5 de julio, el PAN se ha propuesto obtener una mayoría legislativa que le permita imponer leyes que, como en el caso de la reforma petrolera, están claramente en contra del interés nacional.

Los datos que ahora reveló la ASF, deberán ser tomados en cuenta por los electores para decidir si extienden un nuevo cheque en blanco y le otorgan esa mayoría a gobernantes que han ofrecido tan magros y lamentables resultados.

¡Hasta la próxima!