Operación Peña Nieto

Los enredos políticos protagonizados estos días por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) muestran la visión patrimonialista del poder que campea en nuestra clase política --esa que les permite disponer de los recursos públicos y ofrecerlos como moneda de cambio en acuerdos electorales--, pero sobre todo, han hecho evidente una cosa:

La vasta operación política puesta en marcha desde hace meses por el gran capital --con Televisa como cabeza visible de un conglomerado de empresas, capitales e intereses que conforman el verdadero bloque hegemónico de poder--  para ganar la presidencia en 2012, a través del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Poderes fácticos

PRI y PAN han sido cooptados por ese bloque y convertidos en los operadores políticos que procesan y gestionan los intereses del gran capital en la esfera pública. Si esa operación se concreta, lo que veremos es ni más ni menos que la sustitución de los poderes constitucionales por los poderes fácticos. Esa es la batalla de esta hora.

Los debates de los meses recientes constituyen las pequeñas batallas que ese bloque hegemónico está librando contra una parte de la sociedad, con el propósito de ir ganando posiciones para su proyecto de cara a lo que estiman que será su próximo gobierno.

El proyecto de la derecha

En ese marco deben situarse, por ejemplo, la alianza PRI-PAN para penalizar a las mujeres que abortan en 18 estados de la república; la férrea oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad --léase la Iglesia-- en contra de los derechos de la comunidad lésbico-gay; la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Calderón en contra de matrimonios entre personas del mismo sexo, acción con la que ha exhibido una interpretación ideológica y religiosa del artículo 4o. constitucional para torcer la interpretación de lo que debe ser una familia con lo cual ha hecho saber a esos sectores reaccionarios qué el gobierno está de su lado.

Otras muestras de ese proyecto de la derecha encaminado a sojuzgar aún más a la sociedad son las pretendidas reformas laboral, política y de seguridad nacional. La primera brinda todas las ventajas al capital para conculcar los derechos de huelga, de libre asociación y de estabilidad en el empleo.

La reforma política, en tanto, es una mascarada que se monta y alienta en el desprestigio de la política, no para dar más libertad y control a los ciudadanos, como engañosamente se afirma, sino para debilitar la división de poderes y eliminar los contrapesos que impiden una presidencia casi imperial, todo con el pretexto de que la pluralidad impide la gobernabilidad y los acuerdos para la modernización del país.

La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional enviada por Calderón al Congreso en abril del año pasado es otro flanco en la ofensiva de la derecha encaminada al control social y a la criminalización de los movimientos sociales disidentes.

Arropada en el pretexto de los peligros que entraña el narcotráfico y el crimen organizado, introdujo una figura jurídica denominada "Declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior", con el fin de permitir la participación de las fuerzas armadas y otras instancias de seguridad del Estado para enfrentar actos que afecten la seguridad interior, como la sublevación en una entidad federativa.

Aguilar Camín y los intelectuales

Como todo proyecto político, éste también tiene una veta intelectual, cuya función es darle legitimidad frente a la sociedad, mediante una operación ideológica que consiste en justificar las principales tesis: en este caso, la extinción de los monopolios --considerados no los privados, sino los servicios a cargo del Estado, como la educación y la salud-- y la subordinación económica hacia los Estados Unidos.

Ese trabajo ideológico habría sido encomendado por Carlos Salinas de Gortari --quien evidentemente juega en el equipo de Peña Nieto, como lo muestra la nueva evidencia que reveló el presidente del Senado, Carlos Navarrete, al acusar al ex presidente de interceder para que se reuniera con el mexiquense--  a Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros.

Quien quiera abundar en la lista, no tiene más que revisar la relación de "los abajo firmantes" que suscribieron esa entelequia titulada "No a la generación del No". Mediante ese documento, pero sobre todo, mediante el texto denominado "Un futuro para México", publicado inicialmente en la revista Nexos de noviembre y ahora convertido en libro, esos intelectuales orgánicos están presionando en favor del actual proyecto de la derecha.

Todo lo anterior constituye un bien organizado diseño encaminado a configurar un proyecto de gobierno que el grupo hegemónico ha decidido entregar para su administración a Enrique Peña Nieto. Eso es lo que representa el gobernador mexiquense.

En ese marco, el pacto que firmaron César Nava, Beatriz Paredes, Fernando Gómez Mont y el representante del mexiquense, es sólo una muestra de cómo se ha decidido arropar esa candidatura. Que fue mal operado y que dejó ver los hilos de la operación más general que está detrás, eso es algo que los priistas atribuyen a la inexperiencia y torpeza de los panistas.

En todo caso, Calderón y los suyos no se resignan a dejar el poder que les fue entregado merced a que la corrupción priista de fines de los 90 ponía en peligro la continuidad del proyecto hegemónico. Ahora es el michoacano y el panismo quienes ponen en riesgo ese diseño. Por eso los poderes fácticos han decidido que en 2012 debe ser sustituido y así será.

Pero el PRI no es monolítico y ahí otros grupos, como el del senador Manlio Fabio Beltrones están dispuestos a dar la pelea por ser ellos quienes den vida a la nueva etapa. Eso explica la corriente de opinión que quiere aprovechar el episodio del acuerdo descubierto para debilitar al grupo del Estado de México pidiendo la cabeza de Paredes, evidenciada como alfil del mexiquense. 

Así, con todo lo deleznable que el affair del acuerdo puso al descubierto, respecto del talante ético de los políticos involucrados, lo más grave para la República y sus libertades es la operación gansteril que está en marcha para mantener secuestrado al país y hacer del 2012 una elección decidida desde ahora.