Mentar uno la zoga en la casa del ahorcado suele tenerse por gran desconsideración. Eso fue lo que le pasó ayer al depuesto, vía un golpe de Estado, presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien concluyó su visita oficial a nuestro país.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
jueves, 6 de agosto de 2009
miércoles, 5 de agosto de 2009
Zelaya en México: las manos vacías
El depuesto presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, emprendió un periplo latinoamericano que inició ayer en México y que continuará en Brasil, con miras a impulsar acciones que revitalicen la presión continental sobre la asonada oligárquico-militar que lo derrocó y que impuso en el gobierno de su país a Roberto Micheletti.
El presidente Zelaya fue recibido ayer en Los Pinos por el señor Felipe Calderón y este miércoles estará en el Senado de la república y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Más allá de las formas y la corrección diplomáticas y de los discursos protocolarios, Zelaya se irá de México con las manos vacías.
En su discurso de ayer, Calderón insistió en que todo el asunto debe resolverse con base en el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador oficial en el conflicto.
Si se considera que ese Acuerdo ha sido desestimado por diversos analistas y por el propio presidente Zelaya, quienes lo consideran ambiguo y complaciente con los golpistas, y si se añade a lo anterior que la actuación de Arias ha empezado a ser vista con recelo por lo que ya se considera una traición y defección de los principios democráticos que inspiraron su misión, entonces tenemos que el pronunciamiento de Calderón equivale a nada.
En vez de pronunciarse por una rectificación del llamado Acuerdo de San José --el cual ofrece a los golpistas ventajas y concesiones, como su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión de la consulta que el manadatario hondureño pretendía organizar sobre la reelección-- el gobierno de México se adscribe a la formalidad de un documento que, se sabe, no será eficaz, por inaceptable para una de las partes, para que Honduras retorne a la normalidad democrática.
En lugar de asumir una clara e inequívoca postura encaminada a la resolución del conflicto, la diplomacia mexicana se adscribe al bando de quienes tienen secuestrada la negociación: Washington, a través de su parapeto Oscar Arias.
No en balde el presidente Zelaya ha dicho que si hubiera voluntad política, la presión estadounidense --retirar de Honduras a su embajador y suspender todos los programas de asistencia-- podría acabar con el problema en unas horas.
Pero la secretaria de Estado Hillary Clinton y el ala dura del aparato institucional de ese país parecen ver en este episodio golpista una oportunidad de intervención contra los procesos de integración latinoamericana.
Acaso por ello, en una declaración que excede sus atribuciones y revela su inclinación hacia el stablishment estadounidense, el supuesto mediador neutral, Oscar Arias, criticó la adscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Así, en Honduras asistimos a una simulación internacional que condena el golpe de Estado en abstracto --como algo políticamente incorrecto en un mundo global al que la democracia le es más funcional-- pero que en el fondo se tolera por haberse dado en un país --Honduras-- al que se ve más cerca de mecanismos de integración latinoamericana, como el Alba y más lejos del polo conservador del Plan Puebla-Panamá/Iniciativa Mérida, al cual está adscrito el derechista gobierno mexicano.
Por eso, la visita a México no podía tener para Zelaya efectos políticos concretos para el pueblo hondureño que lucha en su país contra la imposición, como quedó acreditado en el discurso de Calderón. Veremos cómo le va en Brasil.
El presidente Zelaya fue recibido ayer en Los Pinos por el señor Felipe Calderón y este miércoles estará en el Senado de la república y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Más allá de las formas y la corrección diplomáticas y de los discursos protocolarios, Zelaya se irá de México con las manos vacías.
En su discurso de ayer, Calderón insistió en que todo el asunto debe resolverse con base en el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador oficial en el conflicto.
Si se considera que ese Acuerdo ha sido desestimado por diversos analistas y por el propio presidente Zelaya, quienes lo consideran ambiguo y complaciente con los golpistas, y si se añade a lo anterior que la actuación de Arias ha empezado a ser vista con recelo por lo que ya se considera una traición y defección de los principios democráticos que inspiraron su misión, entonces tenemos que el pronunciamiento de Calderón equivale a nada.
En vez de pronunciarse por una rectificación del llamado Acuerdo de San José --el cual ofrece a los golpistas ventajas y concesiones, como su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión de la consulta que el manadatario hondureño pretendía organizar sobre la reelección-- el gobierno de México se adscribe a la formalidad de un documento que, se sabe, no será eficaz, por inaceptable para una de las partes, para que Honduras retorne a la normalidad democrática.
En lugar de asumir una clara e inequívoca postura encaminada a la resolución del conflicto, la diplomacia mexicana se adscribe al bando de quienes tienen secuestrada la negociación: Washington, a través de su parapeto Oscar Arias.
No en balde el presidente Zelaya ha dicho que si hubiera voluntad política, la presión estadounidense --retirar de Honduras a su embajador y suspender todos los programas de asistencia-- podría acabar con el problema en unas horas.
Pero la secretaria de Estado Hillary Clinton y el ala dura del aparato institucional de ese país parecen ver en este episodio golpista una oportunidad de intervención contra los procesos de integración latinoamericana.
Acaso por ello, en una declaración que excede sus atribuciones y revela su inclinación hacia el stablishment estadounidense, el supuesto mediador neutral, Oscar Arias, criticó la adscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Así, en Honduras asistimos a una simulación internacional que condena el golpe de Estado en abstracto --como algo políticamente incorrecto en un mundo global al que la democracia le es más funcional-- pero que en el fondo se tolera por haberse dado en un país --Honduras-- al que se ve más cerca de mecanismos de integración latinoamericana, como el Alba y más lejos del polo conservador del Plan Puebla-Panamá/Iniciativa Mérida, al cual está adscrito el derechista gobierno mexicano.
Por eso, la visita a México no podía tener para Zelaya efectos políticos concretos para el pueblo hondureño que lucha en su país contra la imposición, como quedó acreditado en el discurso de Calderón. Veremos cómo le va en Brasil.
lunes, 3 de agosto de 2009
Inoperancia económica
Los signos de la debacle económica de México están por todos lados. Los de la inacción gubernamental, también.
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
viernes, 24 de julio de 2009
Narcotráfico: el poder oculto
Las bravuconerías del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, son sólo fuegos de artificio mientras no se ataquen las verdaderas redes de poder del narcotráfico.
El atildado secretario "retó", parapetado en la comodidad de su oficina, a que los narcotraficantes se enfrenten a la autoridad y no ataquen a la población civil, cómo si ese fuera el tema principal en la batida gubernamental contra el crimen organizado.
Gómez Mont, como su jefe el señor Calderón, cree que estamos ante un pleito callejero que se resolverá a balazos o a golpes. Digamos entre paréntesis que el cabecilla de cualquier pandilla callejera tiene más autoridad moral que nuestro impoluto secretario, pues él mismo participa en la refriega y no lanza retos para que otros se maten en su nombre.
Semejante visión del problema es la que impide avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Veamos: en una entrega anterior (Vamos ganando) dijimos que si bien todos los días se informa de la captura de un narcotráficante importante, el poder de los cárteles no disminuye.
Un reporte reciente del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) viene a confirmar esa aseveración: en los últimos seis años creció 78 por ciento el número de adictos, lo cual refleja que la campaña "para que la droga no llegue a tus hijos" no es más que un eslogan publicitario, pues pese a las cifras récord en decomisos de drogas, cada vez son más los consumidores de estupefacientes.
Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la Organización de Naciones Unidas, explica el fenómeno diciendo que el problema no se acabará mientras el Estado mexicano no investigue las redes patrimoniales y políticas de los cárteles.
"Estamos enfrentando a grupos criminales que se esconden detrás de empresas donde están involucrados políticos y empresarios famosos a los que no se les confisca el dinero ilícito".
El funcionario, que ha estudiado las mafias criminales en 107 países, señaló en una entrevista con Alberto Torres e Isaías Pérez, reporteros de El Universal, que los hombres clave de los cárteles que el gobierno dice capturar no son el verdadero "jefe".
"Los directorios visibles sólo son pantallas. Los verdaderos jefes no siempre están visibles y ellos --por lo regular Consejos directivos-- son los que planean la estrategia de esas mafias". Los que vemos son personal operativo.
Quienes conforman las auténticas cúpulas criminales "son personajes que han ido a escuelas de negocios, a Harvard, a Londres".
Para el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo, del ITAM, lo que se requiere en México es un pacto político de los partidos y que se realicen las investigaciones patrimoniales que desnuden las redes de complicidad entre empresarios, políticos y narcotraficantes.
Mientras sólo se combata con soldados y policías a los cárteles, añade el experto, el problema no acabará, porque mientras eso sucede, el poder económico de las mafias sigue acrecentándose.
Ana Laura Magaloni, especialista en derecho penal y políticas de control del crimen, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo al periódico Reforma algo similar:
"El decomiso de drogas no es el indicador más exacto para medir el éxito del combate al narcotráfico. El decomiso lo que genera es un aumento en el precio de los estupefacientes. Así se compensan las pérdidas.
"Tendríamos que revisar casos de lavado de dinero para empezar a medir con más precisión el éxito...es más importante desmantelar redes que permiten el flujo de drogas y eso se combate en el lavado de dinero y persiguiendo la corrupción política".
He ahí, más allá de bravuconerías, la verdadera dimensión de la tarea. Lo demás es, como dijimos, fuegos de artificio para entretener a la galería.
¡Hasta la próxima!
El atildado secretario "retó", parapetado en la comodidad de su oficina, a que los narcotraficantes se enfrenten a la autoridad y no ataquen a la población civil, cómo si ese fuera el tema principal en la batida gubernamental contra el crimen organizado.
Gómez Mont, como su jefe el señor Calderón, cree que estamos ante un pleito callejero que se resolverá a balazos o a golpes. Digamos entre paréntesis que el cabecilla de cualquier pandilla callejera tiene más autoridad moral que nuestro impoluto secretario, pues él mismo participa en la refriega y no lanza retos para que otros se maten en su nombre.
Semejante visión del problema es la que impide avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Veamos: en una entrega anterior (Vamos ganando) dijimos que si bien todos los días se informa de la captura de un narcotráficante importante, el poder de los cárteles no disminuye.
Un reporte reciente del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) viene a confirmar esa aseveración: en los últimos seis años creció 78 por ciento el número de adictos, lo cual refleja que la campaña "para que la droga no llegue a tus hijos" no es más que un eslogan publicitario, pues pese a las cifras récord en decomisos de drogas, cada vez son más los consumidores de estupefacientes.
Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la Organización de Naciones Unidas, explica el fenómeno diciendo que el problema no se acabará mientras el Estado mexicano no investigue las redes patrimoniales y políticas de los cárteles.
"Estamos enfrentando a grupos criminales que se esconden detrás de empresas donde están involucrados políticos y empresarios famosos a los que no se les confisca el dinero ilícito".
El funcionario, que ha estudiado las mafias criminales en 107 países, señaló en una entrevista con Alberto Torres e Isaías Pérez, reporteros de El Universal, que los hombres clave de los cárteles que el gobierno dice capturar no son el verdadero "jefe".
"Los directorios visibles sólo son pantallas. Los verdaderos jefes no siempre están visibles y ellos --por lo regular Consejos directivos-- son los que planean la estrategia de esas mafias". Los que vemos son personal operativo.
Quienes conforman las auténticas cúpulas criminales "son personajes que han ido a escuelas de negocios, a Harvard, a Londres".
Para el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo, del ITAM, lo que se requiere en México es un pacto político de los partidos y que se realicen las investigaciones patrimoniales que desnuden las redes de complicidad entre empresarios, políticos y narcotraficantes.
Mientras sólo se combata con soldados y policías a los cárteles, añade el experto, el problema no acabará, porque mientras eso sucede, el poder económico de las mafias sigue acrecentándose.
Ana Laura Magaloni, especialista en derecho penal y políticas de control del crimen, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo al periódico Reforma algo similar:
"El decomiso de drogas no es el indicador más exacto para medir el éxito del combate al narcotráfico. El decomiso lo que genera es un aumento en el precio de los estupefacientes. Así se compensan las pérdidas.
"Tendríamos que revisar casos de lavado de dinero para empezar a medir con más precisión el éxito...es más importante desmantelar redes que permiten el flujo de drogas y eso se combate en el lavado de dinero y persiguiendo la corrupción política".
He ahí, más allá de bravuconerías, la verdadera dimensión de la tarea. Lo demás es, como dijimos, fuegos de artificio para entretener a la galería.
¡Hasta la próxima!
jueves, 23 de julio de 2009
Calderón o el desplome
Los desastrosos resultados del señor Felipe Calderón como titular ("haiga sido como haiga sido") del poder Ejecutivo conducen de nuevo a plantearse la necesidad de revisar --para cambiarlo-- el sistema político presidencialista que nos rige.
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)