Los signos de la debacle económica de México están por todos lados. Los de la inacción gubernamental, también.
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
lunes, 3 de agosto de 2009
viernes, 24 de julio de 2009
Narcotráfico: el poder oculto
Las bravuconerías del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, son sólo fuegos de artificio mientras no se ataquen las verdaderas redes de poder del narcotráfico.
El atildado secretario "retó", parapetado en la comodidad de su oficina, a que los narcotraficantes se enfrenten a la autoridad y no ataquen a la población civil, cómo si ese fuera el tema principal en la batida gubernamental contra el crimen organizado.
Gómez Mont, como su jefe el señor Calderón, cree que estamos ante un pleito callejero que se resolverá a balazos o a golpes. Digamos entre paréntesis que el cabecilla de cualquier pandilla callejera tiene más autoridad moral que nuestro impoluto secretario, pues él mismo participa en la refriega y no lanza retos para que otros se maten en su nombre.
Semejante visión del problema es la que impide avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Veamos: en una entrega anterior (Vamos ganando) dijimos que si bien todos los días se informa de la captura de un narcotráficante importante, el poder de los cárteles no disminuye.
Un reporte reciente del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) viene a confirmar esa aseveración: en los últimos seis años creció 78 por ciento el número de adictos, lo cual refleja que la campaña "para que la droga no llegue a tus hijos" no es más que un eslogan publicitario, pues pese a las cifras récord en decomisos de drogas, cada vez son más los consumidores de estupefacientes.
Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la Organización de Naciones Unidas, explica el fenómeno diciendo que el problema no se acabará mientras el Estado mexicano no investigue las redes patrimoniales y políticas de los cárteles.
"Estamos enfrentando a grupos criminales que se esconden detrás de empresas donde están involucrados políticos y empresarios famosos a los que no se les confisca el dinero ilícito".
El funcionario, que ha estudiado las mafias criminales en 107 países, señaló en una entrevista con Alberto Torres e Isaías Pérez, reporteros de El Universal, que los hombres clave de los cárteles que el gobierno dice capturar no son el verdadero "jefe".
"Los directorios visibles sólo son pantallas. Los verdaderos jefes no siempre están visibles y ellos --por lo regular Consejos directivos-- son los que planean la estrategia de esas mafias". Los que vemos son personal operativo.
Quienes conforman las auténticas cúpulas criminales "son personajes que han ido a escuelas de negocios, a Harvard, a Londres".
Para el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo, del ITAM, lo que se requiere en México es un pacto político de los partidos y que se realicen las investigaciones patrimoniales que desnuden las redes de complicidad entre empresarios, políticos y narcotraficantes.
Mientras sólo se combata con soldados y policías a los cárteles, añade el experto, el problema no acabará, porque mientras eso sucede, el poder económico de las mafias sigue acrecentándose.
Ana Laura Magaloni, especialista en derecho penal y políticas de control del crimen, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo al periódico Reforma algo similar:
"El decomiso de drogas no es el indicador más exacto para medir el éxito del combate al narcotráfico. El decomiso lo que genera es un aumento en el precio de los estupefacientes. Así se compensan las pérdidas.
"Tendríamos que revisar casos de lavado de dinero para empezar a medir con más precisión el éxito...es más importante desmantelar redes que permiten el flujo de drogas y eso se combate en el lavado de dinero y persiguiendo la corrupción política".
He ahí, más allá de bravuconerías, la verdadera dimensión de la tarea. Lo demás es, como dijimos, fuegos de artificio para entretener a la galería.
¡Hasta la próxima!
El atildado secretario "retó", parapetado en la comodidad de su oficina, a que los narcotraficantes se enfrenten a la autoridad y no ataquen a la población civil, cómo si ese fuera el tema principal en la batida gubernamental contra el crimen organizado.
Gómez Mont, como su jefe el señor Calderón, cree que estamos ante un pleito callejero que se resolverá a balazos o a golpes. Digamos entre paréntesis que el cabecilla de cualquier pandilla callejera tiene más autoridad moral que nuestro impoluto secretario, pues él mismo participa en la refriega y no lanza retos para que otros se maten en su nombre.
Semejante visión del problema es la que impide avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Veamos: en una entrega anterior (Vamos ganando) dijimos que si bien todos los días se informa de la captura de un narcotráficante importante, el poder de los cárteles no disminuye.
Un reporte reciente del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) viene a confirmar esa aseveración: en los últimos seis años creció 78 por ciento el número de adictos, lo cual refleja que la campaña "para que la droga no llegue a tus hijos" no es más que un eslogan publicitario, pues pese a las cifras récord en decomisos de drogas, cada vez son más los consumidores de estupefacientes.
Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la Organización de Naciones Unidas, explica el fenómeno diciendo que el problema no se acabará mientras el Estado mexicano no investigue las redes patrimoniales y políticas de los cárteles.
"Estamos enfrentando a grupos criminales que se esconden detrás de empresas donde están involucrados políticos y empresarios famosos a los que no se les confisca el dinero ilícito".
El funcionario, que ha estudiado las mafias criminales en 107 países, señaló en una entrevista con Alberto Torres e Isaías Pérez, reporteros de El Universal, que los hombres clave de los cárteles que el gobierno dice capturar no son el verdadero "jefe".
"Los directorios visibles sólo son pantallas. Los verdaderos jefes no siempre están visibles y ellos --por lo regular Consejos directivos-- son los que planean la estrategia de esas mafias". Los que vemos son personal operativo.
Quienes conforman las auténticas cúpulas criminales "son personajes que han ido a escuelas de negocios, a Harvard, a Londres".
Para el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo, del ITAM, lo que se requiere en México es un pacto político de los partidos y que se realicen las investigaciones patrimoniales que desnuden las redes de complicidad entre empresarios, políticos y narcotraficantes.
Mientras sólo se combata con soldados y policías a los cárteles, añade el experto, el problema no acabará, porque mientras eso sucede, el poder económico de las mafias sigue acrecentándose.
Ana Laura Magaloni, especialista en derecho penal y políticas de control del crimen, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo al periódico Reforma algo similar:
"El decomiso de drogas no es el indicador más exacto para medir el éxito del combate al narcotráfico. El decomiso lo que genera es un aumento en el precio de los estupefacientes. Así se compensan las pérdidas.
"Tendríamos que revisar casos de lavado de dinero para empezar a medir con más precisión el éxito...es más importante desmantelar redes que permiten el flujo de drogas y eso se combate en el lavado de dinero y persiguiendo la corrupción política".
He ahí, más allá de bravuconerías, la verdadera dimensión de la tarea. Lo demás es, como dijimos, fuegos de artificio para entretener a la galería.
¡Hasta la próxima!
jueves, 23 de julio de 2009
Calderón o el desplome
Los desastrosos resultados del señor Felipe Calderón como titular ("haiga sido como haiga sido") del poder Ejecutivo conducen de nuevo a plantearse la necesidad de revisar --para cambiarlo-- el sistema político presidencialista que nos rige.
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 22 de julio de 2009
Pobreza
Es difícil saber si el señor Felipe Calderón está realmente al tanto de cómo se han salido de control las principales variables del país: economía, seguridad, gobernabilidad.
Más difícil aún resulta encontrar un renglón de su "administración" en que haya conseguido un saldo favorable. Apenas el sábado pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), informó que desde que Calderón se impuso como Presidente, este país es más pobre y desigual.
Entre 2006 y 2008 el número de mexicanos en pobreza patrimonial --aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y transporte, aún cuando inviertan en ello todos sus ingresos-- pasó de 44.7 millones a 50.6 millones.
El análisis --realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 presentados por el INEGI el pasado 16 de julio-- señala que en los últimos dos años el número de personas con pobreza alimentaria --aquellos cuyos ingresos no les alcanza para adquirir una mínima canasta de alimentos-- pasó de 14.4 millones a 19.5 millones de personas.
En términos porcentuales la pobreza patrimonial aumentó de 42.6 a 47.4 por ciento de la población; en tanto, la pobreza alimentaria se incrementó de 13.8 a 18.2 por ciento de los mexicanos.
¿Qué significan estos resultados? Son una demostración palmaria de que, más allá de la ineptitud del actual grupo gobernante, el modelo económico que aplican --y la ideología consustancial al mismo-- resultan inoperantes.
Se trata de un modelo que al mismo tiempo que lucha contra la pobreza se encarga de fabricar pobres. Las políticas de desarrollo social de corte neoliberal que aplica la derecha en el poder no apuntan ni pretenden hacerlo, a cambiar las condiciones que permiten la reproducción de la pobreza.
En su atribulada defensa de la actual política social, el secretario del ramo, Ernesto Cordero Arroyo, dijo una serie de disparates (como pretender hacernos creer que "vamos por el camino correcto", pese a la evidencia en contrario), pero atinó a decir que salir de la pobreza depende más de la capacidad de la economía para generar empleos y no tanto de la política social, orientada a brindar oportunidades a los mexicanos más pobres.
Esto último es, por cierto, el defecto más grande de esa política. Se trata de un conjunto de programas de tipo asistencial e individual que no atienden los aspectos estructurales ni sociales del problema.
En vez de preguntarse por el tipo de estructura social que crea más pobres cada año, los gobiernos neoliberales, como el del derechista Acción Nacional sólo atinan a responder con acciones de corte caritativo, cuando lo que se requiere es transformar las bases del sistema.
Adicionalmente, las políticas de desarrollo social se han utilizado en este país no tanto para resolver el problema, sino como otra forma de control social de los pobres, cuya participación y organización real ha estado siempre cancelada.
En ese marco, ya podrán ir y venir discursos en los que el gobernante en turno presuma haber dispuesto de mayores y crecientes recursos para el combate a la pobreza (en la actual administración el gasto social pasó de 80 mil millones de pesos en 2006, a 208 mil millones en 2008), al final del día, el número de pobres habrá aumentado en vez de disminuir.
Se trata, así, de recursos públicos que pueden, en efecto, ayudar a algunas personas a paliar su condición de pobreza, pero no a salir de ella. En ese sentido, se trata de recursos desperdiciados en tanto se emplean en atenuar la pobreza, no en disminuirla y mucho menos en erradicarla. Para eso habría que dar un giro completo al modelo económico.
¡Hasta la próxima!
Más difícil aún resulta encontrar un renglón de su "administración" en que haya conseguido un saldo favorable. Apenas el sábado pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), informó que desde que Calderón se impuso como Presidente, este país es más pobre y desigual.
Entre 2006 y 2008 el número de mexicanos en pobreza patrimonial --aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y transporte, aún cuando inviertan en ello todos sus ingresos-- pasó de 44.7 millones a 50.6 millones.
El análisis --realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 presentados por el INEGI el pasado 16 de julio-- señala que en los últimos dos años el número de personas con pobreza alimentaria --aquellos cuyos ingresos no les alcanza para adquirir una mínima canasta de alimentos-- pasó de 14.4 millones a 19.5 millones de personas.
En términos porcentuales la pobreza patrimonial aumentó de 42.6 a 47.4 por ciento de la población; en tanto, la pobreza alimentaria se incrementó de 13.8 a 18.2 por ciento de los mexicanos.
¿Qué significan estos resultados? Son una demostración palmaria de que, más allá de la ineptitud del actual grupo gobernante, el modelo económico que aplican --y la ideología consustancial al mismo-- resultan inoperantes.
Se trata de un modelo que al mismo tiempo que lucha contra la pobreza se encarga de fabricar pobres. Las políticas de desarrollo social de corte neoliberal que aplica la derecha en el poder no apuntan ni pretenden hacerlo, a cambiar las condiciones que permiten la reproducción de la pobreza.
En su atribulada defensa de la actual política social, el secretario del ramo, Ernesto Cordero Arroyo, dijo una serie de disparates (como pretender hacernos creer que "vamos por el camino correcto", pese a la evidencia en contrario), pero atinó a decir que salir de la pobreza depende más de la capacidad de la economía para generar empleos y no tanto de la política social, orientada a brindar oportunidades a los mexicanos más pobres.
Esto último es, por cierto, el defecto más grande de esa política. Se trata de un conjunto de programas de tipo asistencial e individual que no atienden los aspectos estructurales ni sociales del problema.
En vez de preguntarse por el tipo de estructura social que crea más pobres cada año, los gobiernos neoliberales, como el del derechista Acción Nacional sólo atinan a responder con acciones de corte caritativo, cuando lo que se requiere es transformar las bases del sistema.
Adicionalmente, las políticas de desarrollo social se han utilizado en este país no tanto para resolver el problema, sino como otra forma de control social de los pobres, cuya participación y organización real ha estado siempre cancelada.
En ese marco, ya podrán ir y venir discursos en los que el gobernante en turno presuma haber dispuesto de mayores y crecientes recursos para el combate a la pobreza (en la actual administración el gasto social pasó de 80 mil millones de pesos en 2006, a 208 mil millones en 2008), al final del día, el número de pobres habrá aumentado en vez de disminuir.
Se trata, así, de recursos públicos que pueden, en efecto, ayudar a algunas personas a paliar su condición de pobreza, pero no a salir de ella. En ese sentido, se trata de recursos desperdiciados en tanto se emplean en atenuar la pobreza, no en disminuirla y mucho menos en erradicarla. Para eso habría que dar un giro completo al modelo económico.
¡Hasta la próxima!
jueves, 16 de julio de 2009
"Vamos ganando"
De qué lado está el caos y el descontrol en la guerra del señor Calderón contra el llamado crimen organizado, en su modalidadde narcotráfico, lo muestra el siguiente dato:
Mientras el Ejecutivo insistió el martes pasado en una comida con industriales de la vivienda que los ataques de las bandas criminales no lograrán intimidar al gobierno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Federal ordenó que se restrinjan los patrullajes carreteros en el país, ante la ola de ataques contra la policía Federal que, en los últimos días, ha dejado un saldo de 15 agentes muertos en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es en cualquier caso, pero sobre todo en el tema y la circunstancia presentes, una demostración palmaria de que en la guerra contra el narcotráfico, como en el resto de los asuntos públicos que afectan al país en esta hora, no hay ni estrategia, ni idea ni conducción.
Desde la madrugada del sábado pasado las fuerzas del gobierno han estado bajo fuego. A la violencia desatada en los estados señalados, han de añadirse 41 asesinatos en 10 estados, todos ellos atribuidos a la delincuencia organizada, que así ha mostrado su resolución y creciente poder de fuego.
Más allá de las afirmaciones de Calderón, según las cuales los recientes ataques obedecen al "caos" en que su administración ha metido a la delincuencia al capturar a presuntos cabecillas, la realidad es que sus resultados son más bien propagandísticos.
Cada vez que el gobierno federal captura a un miembro de algún cartel, se presenta al presunto delincuente como "uno de los principales" miembros de tal o cual organización. Se le presenta ya como el cerebro financiero, ya como el coordinador operativo y de logística o ya como el hombre clave en las relaciones internacionales de su grupo.
Han sido tantos "hombres clave" capturados que las tales organizaciones criminales deberían estar a punto de desaparecer y, en cambio, vemos que, como en el drama de José Zorrilla, "los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud" y hasta logran replegar la acción federal, como lo muestra el recién anunciado cese de los patrullajes carreteros que, como en el viejo chiste, no se sabe si se hace por miedo o por precaución.
En cambio, sigue ausente de la acción gubernamental un auténtico e integral plan contra las adicciones que incluya aspectos sociales, económicos y de salud para debilitar el eslabón más débil de la cadena que hace posible el trasiego de estupefacientes: el flanco de los consumidores que han caído en las manos de ese flagelo.
Mientras esos planes no se presenten, seguiremos con la guerra en los centros históricos de nuestras ciudades (Michoacán y Veracruz), en nuestras carreteras y calles. La droga, desde luego, seguirá llegando a "tus hijos".
¡Hasta la próxima!
Mientras el Ejecutivo insistió el martes pasado en una comida con industriales de la vivienda que los ataques de las bandas criminales no lograrán intimidar al gobierno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Federal ordenó que se restrinjan los patrullajes carreteros en el país, ante la ola de ataques contra la policía Federal que, en los últimos días, ha dejado un saldo de 15 agentes muertos en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es en cualquier caso, pero sobre todo en el tema y la circunstancia presentes, una demostración palmaria de que en la guerra contra el narcotráfico, como en el resto de los asuntos públicos que afectan al país en esta hora, no hay ni estrategia, ni idea ni conducción.
Desde la madrugada del sábado pasado las fuerzas del gobierno han estado bajo fuego. A la violencia desatada en los estados señalados, han de añadirse 41 asesinatos en 10 estados, todos ellos atribuidos a la delincuencia organizada, que así ha mostrado su resolución y creciente poder de fuego.
Más allá de las afirmaciones de Calderón, según las cuales los recientes ataques obedecen al "caos" en que su administración ha metido a la delincuencia al capturar a presuntos cabecillas, la realidad es que sus resultados son más bien propagandísticos.
Cada vez que el gobierno federal captura a un miembro de algún cartel, se presenta al presunto delincuente como "uno de los principales" miembros de tal o cual organización. Se le presenta ya como el cerebro financiero, ya como el coordinador operativo y de logística o ya como el hombre clave en las relaciones internacionales de su grupo.
Han sido tantos "hombres clave" capturados que las tales organizaciones criminales deberían estar a punto de desaparecer y, en cambio, vemos que, como en el drama de José Zorrilla, "los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud" y hasta logran replegar la acción federal, como lo muestra el recién anunciado cese de los patrullajes carreteros que, como en el viejo chiste, no se sabe si se hace por miedo o por precaución.
En cambio, sigue ausente de la acción gubernamental un auténtico e integral plan contra las adicciones que incluya aspectos sociales, económicos y de salud para debilitar el eslabón más débil de la cadena que hace posible el trasiego de estupefacientes: el flanco de los consumidores que han caído en las manos de ese flagelo.
Mientras esos planes no se presenten, seguiremos con la guerra en los centros históricos de nuestras ciudades (Michoacán y Veracruz), en nuestras carreteras y calles. La droga, desde luego, seguirá llegando a "tus hijos".
¡Hasta la próxima!
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