Fuero militar

En lo que tiene el tinte de una maniobra dilatoria, pero que puede resultar mortal para muchos ciudadanos, el gobierno pospuso hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso (septiembre) la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.

En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.

El texto referido quedó como sigue:

"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".

El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.

Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.

Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.

Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.

Protejer al ejército; descobijar a la sociedad

Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.

La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.

Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".

La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".

He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.

Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.

O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.

La CIDH y el fuero militar

Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).

En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.

Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.

Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.

En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.

Diferir, la respuesta

La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.

Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.

No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".

Entre el oficio y el desmadre/I

 Ofrecemos a quienes visitan este Contadero, un texto enviado por el escritor y periodista Ramón Martínez de Velasco (ramavel@hotmail.com)

“Yo no quiero causar sensación/sólo hablo de mi generación”: The Who.

La materia gris no se crea ni se destruye, sólo se trastorna.

Un aviso a tiempo, por si algún “periodista” o “reportero” le pregunta a usted sobre mis trastornos pasados y presentes.

Algo muy común en el gremio y, claro, en una sociedad de cínicos, en donde tanta gentuza desquiciada y prejuiciosa se presenta ante sí misma, y ante “el amable auditorio”, como “persona normal”, como “gente bien”, como “la buena onda”.

Tenía razón Nietzsche, mi filósofo de cabecera: “los inteligentes son insoportables”. También nuestro Juan Rulfo, cuando decidió mandar todo al carajo.

Sobre mí, por si hace falta, me gustaría un retrato como el que hizo Emile Bouvier sobre Jacques Vaché: “No estaba loco en absoluto, pero no por ello dejaban sus acciones de ser desconcertantes. Por ejemplo, en la mañana estaba hospitalizado, en la tarde descargaba carbón en los muelles, y en la noche recorría los cafés y los cinemas. Nunca decía hola o adiós, y no hacía el menor caso de las cartas. No reconocía a sus amigos de un día para otro”.

Pero hasta ahora, he de admitirlo, la negra cueva de la psique me ha negado alcanzar esa beatitud.
Estuve cerca, eso sí.

Para mediados de los años 80 (del siglo XX, como siempre aclaran algunos pedantes) me fui a trabajar con la campesinada a Maravatío, Michoacán, huyendo de la academia. Con el dinero acumulado me largué a vivir a Mexicali, Baja California, huyendo de la loquera.

Y es que antes de partir hacia aquella ciudad, hoy desconocida para mí, toqué fondo.

Mi meta era ser “licenciado en periodismo”, pero algunos de mis maestros en la gran UNAM me llevaron hacia otras lecturas, o hacia la bohemia y la tertulia.

De ahí salté al alcohol y a los alucinógenos. Tal cual se lee. Sin sentimientos de culpa ni hipocresía. Todo lo contrario, pues aquella fue una etapa fundamental en mi vida.

Entre la lectura y el vicio, con Willian Burroughs aprendí la ecuación de la droga: “La droga no es, como el alcohol o la yerba, un medio para incrementar el disfrute de la vida. La droga no es un estimulante. Es un modo de vivir”. El autor de Yonqui vivió en la ciudad de México y deambuló por su Centro Histórico en busca de “pinchazos”. Si ya su escritura era, en sí misma, una adicción, sus pasos perdidos por la macrópolis me guiaron hacia mi espejo, en donde, cual debe ser, pude observar a mi pálida sombra.

De la ciudad en donde nací, crecí y me embrutecí, el azar y la necesidad me llevaron a trabajar en dos diarios bajacalifornianos: La Voz de la Frontera y El Centinela. Fui corrector de galeras --así nos llamaban-- porque otro de mis escritores de cabecera, Henry Miller, lo fue. De él aprendí que “siempre hay dos caminos a tomar: uno, de regreso hacia el confort y la seguridad de la muerte; el otro, hacia ninguna parte”. También él se otorgó el privilegio de residir en la ciudad de México.

Llegué a la hermosa Mexicali, hoy flor marchita, de la mano de Fernando Jordán, “biógrafo” de la Baja California y autor de “El otro México”. Pisé esas tierras con otras intenciones, pero al segundo día era ya corrector de galeras, y a la semana conocí a la única “cachanilla” que me interesó conocer.

Ya metido, otra vez, en el mundillo del periodismo, quise experimentar el testimonio de Miller sobre lo que, para él, es una mesa de redacción. Para mi buena suerte me topé con ambientes semejantes a los que él describe en su “Trópico de cáncer” y, por supuesto, con bebedores y alcohólicos que me arrastraron hacia el famoso “Gato negro”, enclavado en la zona de tolerancia de Mexicali, descrita, de un modo u otro, por Fernando Jordán, y olvidada por el escritor tijuanense Federico Campbell.

Calderón: daños colaterales.

A Felipe Calderón le parecen mínimos los asesinatos de civiles perpetrados por el ejército o por presuntas bandas criminales en lo que muchos consideran su "guerra contra el narco". Es natural. Está en su papel de justificar esa estrategia.

Sólo que lo hace a despecho del dolor y la tragedia que cada una de esas vidas ha significado para sus respectivas familias. Como el taxista, o la madre y sus dos hijos menores quienes volvían del colegio el pasado viernes 16 de abril en Acapulco, y que murieron sólo por estar en "el lugar y la hora equivocados".

Lo chocante de esta última frase, ya un lugar común, caza muy bien con la indiferencia gubernamental hacia esas víctimas. Y esa indiferencia proviene de quienes dicen defender y respetar la vida y se oponen al aborto en las primeras semanas de gestación. En este como en otros temas, la hipocrecía de la derecha queda, de nuevo, al descubierto.

El ruletero abatido en Acapulco había vuelto de Estados Unidos y comprado un taxi, para mantener a sus cuatro hermanas. ¿Y ahora? La vida y el destino de esa familia cambió en un instante. A ellos nadie de la presidencia les ha llamado. Menos tendrán un resarcimiento económico por esa muerte repentina.

Es el mismo caso de los 16 estudiantes asesinados el 31 de enero en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, o el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, muertos por el ejército y negado su deceso durante las primas horas en una clara maniobra por ocultar el hecho (aún ahora todavía los militares no entregan los videos que con una ingenuidad pasmosa, entregó la institución a la entidad castrense).

O el asesinato de Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años respectivamente, quienes fueron baleados el 3 de abril por soldados en una carretera de Tamaulipas, cuando viajaban con sus padres y otros familiares para pasar unos días de vacaciones en la playa.

Cada una de esas vidas truncadas prematuramente constituyen un drama familiar de incalculable sufrimiento. Pero para Calderón son sólo unos cuantos. Los pequeños Bryan y Martín cuentan sólo por dos en la estadística oficial. El taxista de Acapulco es, para su desgracia, sólo uno. Y la suma completa no llega a cinco por ciento, afirma orgulloso el michoacano.

Esas declaraciones desnudan el carácter cosmético de las condolencias oficiales. Salvo en los casos en que ha debido acudir personalmente para subsanar errores políticos previos y porque la presión de la opinión pública así lo obligaba, Calderón no se presenta en otros funerales, señaladamente en los que incluyen a gente pobre.

En tales casos su esposa, Margarita Zavala, se encarga de cubrir el expediente, pues literalmente eso representan para Los Pinos esas muertes: un expediente, una cifra...Quizá Calderón crea que la presencia de su esposa es más "amable" para los deudos. Pero ella no se robó...perdón, ella no fue electa como presidente y no tiene ninguna responsabilidad política, menos ninguna representatividad.

En todo caso el panista deja al descubierto su talante machista: que las mujeres se encarguen de los asuntos sensibleros, de consolar a las madres de los caídos, ellas, como madres, se entenderán mejor. Eso les toca.

Se dirá que Calderón no podría asistir cada vez que sus tropas o las de los delincuentes abaten a un civil. Es cierto, aunque ya se dice con sorna que bien podría hacerlo, pues dado el desorden generalizado que priva en el país, no se ve que tenga alguna otra ocupación productiva.

Eso de minimizar a los civiles caídos es una muestra más de que el panismo no gobierna para los mexicanos, sino con arreglo a otros intereses que ya hemos descrito en una entrega anterior. Lo malo es que el asunto sólo se ve en términos de quien va ganando o perdiendo esta guerra.

Una encuesta publicada durante la semana por Roy Campos muestra que, si bien por un pequeño porcentaje, la mayoría de la población cree que el gobierno va perdiendo esta guerra.

Esa percepción es, sin embargo, genial para el stablishment mexicano, pues da cuenta de que la población todavía no se percata de que, en realidad, quienes vamos perdiendo somos los ciudadanos.

Y si no pregúntenle a los familiares de los fallecidos.

¡Hasta la próxima!

Narcotráfico y proyecto hegemónico

La crisis económica, política, laboral, educativa, de seguridad y de derechos humanos que se vive en México es resultado del proceso de suplantación del poder del Estado por el poder de las corporaciones. En último término, de eso se trataba el proceso globalizador y la ideología neoliberal consustancial a él.

Los poderes constitucionales están en vías de ser suplantados por los poderes fácticos mediante un proceso que en México se ha desarrollado en dos vías: el ya conocido adelgazamiento del sector público iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid y profundizado en los dos siguientes de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, a través de procesos privatizadores signados por la corrupción, en favor de la oligarquía financiera local y trasnacional.

La otra vía ha sido la cooptación, por parte del bloque dominante de poder, de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para establecer un bipartidismo que asegure la rotación del mando entre fracciones del propio bloque, sin riesgo de rupturas mayores, salvo las que se produzcan por el interés de cada fracción de usufructuar el poder sexenal delegado por las corporaciones.

La izquierda habría sido neutralizada con el control del aparato político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) --entregado por el gobierno, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-- a una caterva de políticos menores, pero deseosos de aparacer ante el bloque dominante como garantía de continuidad para sus intereses económicos, al abandonar cualquier tipo de aspiración al cambio y presentándose como una izquierda "moderna y bien portada", cuya mayor y más reciente prueba de capitulación, la constituyen las alianzas electorales con el partido de la derecha.

En ese esquema el narcotráfico constituye una industria de acumulación capitalista, paralela, encubierta y alentada por grandes corporaciones financieras internacionales, desde donde se dictan estrategias, se maneja la logística, se trazan rutas y se imponen jefes-parapeto que luego son elevados a la condición de capos más buscados, pero a fin de cuentas prescindibles, como lo ilustra esa frase que Ismael "el mayo" Zambada le soltó a don Julio Scherer: "Si me atrapan o me matan...nada cambia".

La derrama multimillonaria proveniente del tráfico de estupefacientes --que de acuerdo con la dirección ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito deja ganancias anuales por 350 mil millones de dólares-- beneficia desde sicarios reclutados entre vastas porciones de jóvenes, a quienes el modelo económico cancela sus posibilidades de desarrollo marginándolos de la educación superior y del mercado de trabajo formal, hasta gobiernos, a través de empresas que financian proyectos de infraestructura y, desde luego, campañas políticas.

Un dato serviría para verificar lo anterior: el tráfico ilegal de armas en la frontera México-Estados Unidos sería impensable sin la corrupción y la red de complicidades que propician esas corporaciones en ambos lados.

Así, de muchas formas el narcotráfico favorece el proyecto hegemónico mundial --cuyas líneas siguen siendo en lo fundamental el supuestamente enterrado Consenso de Washington-- ya sea como forma de control social de quienes incurren en adicciones como una vía de escape ante las insoportables condiciones de vida, y que de otro modo estarían exigiendo derechos en las calles, ya como generador de ganancias exorbitantes que aceitan el funcionamiento del sistema.

Ese carácter del narcotráfico de industria ligada a los intereses financieros de las grandes corporaciones que han impuesto su hegemonía política, económica y, desde luego, ideológica, hace impensable, en tales condiciones, su combate y exterminio.

De ahí la impostura de Felipe Calderón. El gran engaño a la sociedad mexicana es haberle hecho creer que el problema del narco se reducía a unos individuos desalmados que solitos se organizaron en cárteles para envenenar con enervantes a nuestra juventud.

Y a los que, por ende, se podía combatir en unos cuantos meses con la fuerza del ejército. Congruente con esta engañifa, Calderón desplegó una campaña militar contra tales cabecillas, en vez de hacerlo para desarticular las redes y flujos de financiamiento y lavado de dinero, que les permiten a aquellos operar con amplios recursos logísticos, de inteligencia, de armamento, comunicaciones y financieros.

No obstante, aun en esa guerra menor ha sido ineficaz, como lo muestra la pérdida del control de varias plazas del norte, noreste y occidente de México, donde esas bandas han desnudado la torpeza e impericia, sean naturales o inducidos-- del combate oficial.

Ese modo tramposo de encarar el problema del narcotráfico dio a Calderón la coartada perfecta para un doble propósito: obtener la legitimidad que él sabe que no consiguió en las urnas, y militarizar al país como una forma de socavar e inhibir la protesta social que amenazaba con desbordarse, dado el carácter antipopular del proyecto hegemónico que representa.

En ese marco, se entinde que para él y los oficiales que lo arropan la muerte de civiles que se "cruzan por las líneas de fuego", aunque en realidad se trate de asesinatos atribuibles al propio ejército, sean considerados con el avieso eufemismo de "daños colaterales", término de cuestionable aplicación en una guerra, e inaceptable como minimización de daños en tiroteos que no alcanzan aquella jerarquía bélica.

En realidad, los civiles (entre ellos estudiantes y menores de edad) muertos en enfrentamientos entre bandas, o entre éstas y el ejército o por el ejército mismo, según varias evidencias, no son víctimas del esfuerzo gubernamental por salvar al país de ese flagelo, sino víctimas de una estrategia de legitimación personal y de una guerra sucia que, a diferencia de la desplegada por el gobierno en los años 70 del siglo pasado, se permite asesinar abiertamente porque tiene la coartada de una misión mesiánica: combatir al narco, aunque en realidad se trate de legitimar a una persona y de acciones de contrainsurgencia que buscan apuntalar un proyecto hegemónico global.

¡Hasta la próxima!

Ejército asesino

El ejército mexicano asesinó el 3 de abril a dos niños en la carretera Ribereña de Tamaulipas. El desgarrador relato de la madre de esos pequeños, Cyntia Salazar, no deja lugar a dudas. Los asesinaron. No hay otro término para describir el hecho.

Los Almanza Salazar pasarían unos días en la playa, en Matamoros. La troca en que viajaban incluía entre sus pasajeros a los cinco hijos de la familia, el hermano de Cyntia y un bebé de tres meses, hijo del matrimonio Rangel. De acuerdo con el relato de Cyntia Salazar, al ver el retén militar y sabedores de cómo hay que actuar en tales casos disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales de la camioneta para que vieran que viajaba allí una familia con niños.

Circularon despacio frente al retén sin que ningún soldado les hiciera alguna indicación. Apenas superado el punto, los militares balearon el vehículo, Así, sin razón, sin lógica, a mansalva. La lluvia de balas alcanzó a dos hijos del matrimonio Almanza Salazar: Bryan de cinco años y Martín de nueve. El primero murió en brazos de su madre.

Ésta ha dicho que todos corrieron hacia el monte para resguardarse de las balas: "Y ni modo que no vieran el corredero de niños, ellos seguían disparando". Al cabo de un rato cesó la trágica cacería.

Debieron transcurrir cinco largos días para que el 8 de abril la Secretaría de Gobernación emitiera el boletín No. 156-08/04/2010, el cual miente desde el título: "Comunicado sobre las agresiones ocurridas a militares en Tamaulipas el fin de semana pasado".

A la luz del relato de Cyntia Salazar, ese texto resulta valiosísimo porque revela el modus operandi del llamado gobierno de la república para encubrir los asesinatos de las fuerzas armadas y manipular a la opinión pública.

En ese boletín el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que los militares se encontraban en el lugar de los hechos porque recibieron información de que hubo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, pero que al llegar allí fueron atacados "por un grupo de sujetos armados (y que) repelieron la agresión".

Y añade: "Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores: Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad".

En lo que parece una maniobra discursiva para torcer la realidad, Gómez Mont se apresura a reseñar el arsenal que, según él, se aseguró tras el enfrentamiento, si bien estamos obligados a pensar que los agresores abandonaron sus armas --entre las que figuraban dos proyectiles para lanza-cohetes y más de cinco mil cartuchos de diferentes calibres-- porque no se refiere que se haya apresado a nadie. Tampoco hay evidencia fotográfica o fílmica, como se estila para presumir los presuntos triunfos, de esas armas.

Interesado en que se crea su versión, el Secretario remata esta parte afirmando que: "Es decir, este sólo hecho (se refiere al aseguramiento de armas) acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos".

Enseguida, vienen más de 10 párrafos de palabraría vacía, más encaminados a minimizar y cubrir con "paja" el asunto principal que es la muerte de los dos menores, que a brindar información útil para la ciudadanía.

En este, como en otros casos el objetivo último es proteger a los militares, pues se recurre exactamente a la misma coartada empleada para evadir la probable responsabilidad del ejército en el asesinato de los dos estudiantes del "Tec" de Monterrey y en los que ha documentado Human Right Watch.

Estamos claramente ante un gobierno asesino, que atropella las garantías individuales y los derechos humanos en la más completa impunidad, pues el comunicado mentiroso de Gómez Mont equivale, en los hechos, a una exculpación anticipada de los militares que asesinaron a estos dos menores.

Todavía este martes 13 de abril el secretario de Gobernación ha dicho, en respuesta al asunto de la familia Almanza Salazar, que habrá una reconstrucción de hechos porque las cosas se ven diferentes desde dentro de una camioneta y desde afuera.

Siguiendo su extraña lógica podría respondérsele que también las cosas se ven distintas cuando te han asesinado a dos hijos en un retén militar, que cuando tratas de encubrir a los asesinos.


¡Hasta la próxima!