La insistencia del equipo de Felipe Calderón en justificar la cascada de impuestos con una supuesta y repentina preocupación por los pobres es una de las coartadas más miserables que gobierno alguno se haya podido inventar.
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
martes, 15 de septiembre de 2009
lunes, 14 de septiembre de 2009
Lehman Brothers, un año de crisis
La agencia alemana DPA recuerda que mañana se cumplirá un año de la quiebra del banco inversor estadounidense Lehman Brothers, la cual es considerada como el punto de inflexión en la crisis financiera global.
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
viernes, 11 de septiembre de 2009
Presupuesto 2010, adiós a las máscaras
La declaración es insólita porque revela sin asomo de duda la ideología antipopular y retrógrada de un hombre que ejerce la presidencia perseguido por la certeza del fraude. Dijo Felipe Calderón:
Los ciudadanos también podrían proponerse, siguiendo esa lógica, lo siguiente:
Resulta claro que el eje de la argumentación gubernamental para defender su política económica está centrada en ese ritornello: "el que gasta más paga más; el que gasta menos paga menos". La frase, digna de Perogrullo, ha sido repetida del martes para acá por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por el senador panista Gustavo Madero, por el presidente de ese partido, César Nava, y seguramente la seguiremos escuchando tan machacona como inútilmente los próximos días.
La frase dibuja, además, el verdadero y limitado sentido de los "cambios" a que se refirió Calderón al exponer su decálogo de elementos necesarios para lograr "el México que queremos".
En efecto, el cambio buscado por el grupo en el poder consiste en que la población entienda, de una vez por todas, que el Estado no está para promover la generación de empleos, ni el crecimiento económico y mucho menos para proteger pobres (por eso deben pagar impuestos para financiar la ayuda que reciben) ni para subsidiar a la población.
Se trata de una anacrónica profundización de medidas neoliberales y una descarnada forma de declarar que, ahora sí, el Estado abandona completamente las obligaciones que tiene con sus gobernados.
Es difícil saber si tal comportamiento, además de inspirado por la ideología conservadora propia de la derecha, no está además aderezado por una pizca de venganza personal de un desquiciado por el rechazo que le propinó el pueblo en las urnas el pasado 5 de julio.
Cuando Calderón dijo aquello del "México que queremos" no especificó tampoco el "quienes queremos". Ahora es obvio que se refería al país que queremos "nosotros, los que tenemos el poder".
En abono de esta teoría acerca de cómo se concibe el cambio en Los Pinos, recuérdese que el presupuesto de ingresos para 2010 deja intocados los regímenes tributarios especiales de que son beneficiarios los grandes empresarios favoritos del régimen.
Tales regímenes representan cuatro por ciento del PIB y traducido en pesos superan los 502 mil millones de pesos, cantidad con la que bien podría taparse el boquete de 300 mil millones de pesos que tendrán las finanzas públicas en 2010, sin necesidad de recurrir a un plan de choque recesivo que sólo profundizará la crisis actual y que incluso pone en riesgo la viabilidad del país.
Si el Congreso aprueba en noviembre estos despropósitos, los ciudadanos sabrán en carne propia que las ideologías existen y que ellos las convierten en expresión de la vida diaria al votar, elección tras elección, por sus enemigos históricos. Por ello, además de organización, no sobra un granito de preparación.
¡Hasta la próxima!
"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros porque cada kilovatio/hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar"
Los ciudadanos también podrían proponerse, siguiendo esa lógica, lo siguiente:
"Si nosotros logramos que Calderón no viaje en aviones ni helicópteros privados sino en comerciales, y que tampoco gaste en su aparato de guardaespaldas, claro sin sacrificar su seguridad, que pague su propio automóvil, sus comidas, su gasolina y sus teléfonos, vamos a hacerle ahorrar al país dinero contante y sonante, pero también vamos ahorrar porque cada uno de esos gastos que deje de hacer con el dinero público es un subsidio que dejamos también de pagar los ciudadanos"
Resulta claro que el eje de la argumentación gubernamental para defender su política económica está centrada en ese ritornello: "el que gasta más paga más; el que gasta menos paga menos". La frase, digna de Perogrullo, ha sido repetida del martes para acá por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por el senador panista Gustavo Madero, por el presidente de ese partido, César Nava, y seguramente la seguiremos escuchando tan machacona como inútilmente los próximos días.
La frase dibuja, además, el verdadero y limitado sentido de los "cambios" a que se refirió Calderón al exponer su decálogo de elementos necesarios para lograr "el México que queremos".
En efecto, el cambio buscado por el grupo en el poder consiste en que la población entienda, de una vez por todas, que el Estado no está para promover la generación de empleos, ni el crecimiento económico y mucho menos para proteger pobres (por eso deben pagar impuestos para financiar la ayuda que reciben) ni para subsidiar a la población.
Se trata de una anacrónica profundización de medidas neoliberales y una descarnada forma de declarar que, ahora sí, el Estado abandona completamente las obligaciones que tiene con sus gobernados.
Es difícil saber si tal comportamiento, además de inspirado por la ideología conservadora propia de la derecha, no está además aderezado por una pizca de venganza personal de un desquiciado por el rechazo que le propinó el pueblo en las urnas el pasado 5 de julio.
Cuando Calderón dijo aquello del "México que queremos" no especificó tampoco el "quienes queremos". Ahora es obvio que se refería al país que queremos "nosotros, los que tenemos el poder".
En abono de esta teoría acerca de cómo se concibe el cambio en Los Pinos, recuérdese que el presupuesto de ingresos para 2010 deja intocados los regímenes tributarios especiales de que son beneficiarios los grandes empresarios favoritos del régimen.
Tales regímenes representan cuatro por ciento del PIB y traducido en pesos superan los 502 mil millones de pesos, cantidad con la que bien podría taparse el boquete de 300 mil millones de pesos que tendrán las finanzas públicas en 2010, sin necesidad de recurrir a un plan de choque recesivo que sólo profundizará la crisis actual y que incluso pone en riesgo la viabilidad del país.
Si el Congreso aprueba en noviembre estos despropósitos, los ciudadanos sabrán en carne propia que las ideologías existen y que ellos las convierten en expresión de la vida diaria al votar, elección tras elección, por sus enemigos históricos. Por ello, además de organización, no sobra un granito de preparación.
¡Hasta la próxima!
De impuestos, rubores y secuestros
Después de todos los "sacrificios" y "recortes" al gasto anunciados por el gobierno federal como coartada para aumentar "sin rubor" (Carstens dixit) los impuestos que debe pagar la población luego del "catarrito" que se nos volvió pulmonía, va quedando claro que esa supuesta astringencia de recursos es otra mentira.
Pese a la supresión de tres secretarías de Estado el gasto gubernamental será en 2010 prácticamente el mismo que en 2009. Ello así porque el ahorro derivado de la cancelación de esas dependencias equivale a 0.5 por ciento del gasto programable de 2009.
El presupuesto de Egresos de la Federación prevé un gasto público total de tres billones 172 mil 359 millones de pesos, sólo 0.6 por ciento menor al de este año en términos reales (tres billones 45 mil 478 millones de pesos).
Además, 77.2 por ciento de ese presupuesto corresponde a gasto corriente, que incluye el gasto en servicios personales, para el cual se propone un aumento de 664 mil millones de pesos (mmdp) a 674 mmdp. El gasto de inversión en capital, en tanto, se reducirá de 591 mmdp a 536 mmdp.
Lo anterior significa que, contra lo dicho, el presupuesto seguirá privilegiando el gasto gubernamental improductivo.
Al parecer, los ahorros en un sector se han transferido a otras áreas del propio gobierno. Así, si bien los gastos de la presidencia se reducen sólo en 70 millones de pesos (de 1,798 millones en 2009 a 1,727 millones en 2010), la Oficina de la Presidencia gozará un increemento de 72 millones 418 mil 647 pesos al pasar de 73 millones 472 mil 289 pesos en 2009, a 145 millones, 890 mil 936 pesos en 2010.
La Secretaría Particular tendrá cinco millones 602 mil 170 pesos más; Comunicación Social disfrutará un incremento de cinco milllones 808 mil pesos; la Coordinación de Opinión Pública (desde la que se aceitan las estadísticas que hacen ver a Calderón con elevados índices de aceptación popular) dispondrá de un incremento de tres millones 485 mil pesos.
De igual forma, la Coordinación de gabinete y Proyectos Especiales ejercerá 13 millones 560 mil pesos más en relación con 2009 y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental (desde la que se opera para posicionar en la opinión pública los dichos del señor Calderón) recibiría un aumento de siete millones 256 mil pesos.
De lo anterior se deduce que la Cámara de Diputados deberá equilibrar la distribución del "esfuerzo" mediante una mayor reducción del gasto corriente gubernamental, que incluya una reducción de prestaciones; incrementar el gasto en inversión y menor gasto de operación para las dependencias públicas.
Su trabajo será modificar el perfil del proyecto de Ley de Ingresos presentado para reorientarlo verdaderamente hacia el combate a la pobreza vía la reactivación del crecimiento económico, la generación de empleos, la inversión en infraestructura, en educación, salud y vivienda.
Secuestros
Hace unas décadas solía recomendarse a los gobernantes priistas asomarse a la sección "Cartas al director" de los periódicos para tener una idea más precisa de lo que la gente pensaba de su actuación. Hoy la recomendación sigue vigente, sólo que la opinión de los ciudadanos se expresa ahora en los espacios que los medios on line disponen para sus lectores.
Si Calderón se asomara a esos textos vería como su credibilidad y la de quienes ostentan el poder público nomás no levanta. Así como un vasto sector de ciudadanos descreyó en su momento de la desproporcionada reacción de las autoridades ante el virus de la Influenza, atribuyéndola a un invento para aterrorizar a la población, así se ha sospechado del secuestro del avión de Mexicana a manos de un predicador boliviano.
El confuso episodio fue considerado como un montaje de Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, similar al que perpetró para mostrar la captura de la secuestradora francesa Florence Cassez.
Las facilidades dadas a las televisoras para la transmisión en vivo y desde un sitio preferente, impensable en una situación de verdadera emergencia, así como el momento en que se presentó (un día después del polémico paquete económico para 2010) levantaron de inmediato suspicacias acerca de la veracidad del hecho.
Todo pareció parte de la estrategia perpetrada desde el martes pasado, cuando el secretario de Hacienda entregó al Congreso el paquete económico para 2010. En esa oportunidad no distribuyó copias del documento a las fracciones parlamentarias de los partidos, como es lo usual, de modo que nadie pudiera emitir juicios sobre el tema y que al día siguiente sólo el discurso oficial tuviera difusión.
Luego la atención pudo mantenerse buena parte del día en el fallido secuestro. Todo para seguir desviando el foco de atención sobre lo principal. La maniobra fue tan burda que la intención quedó pronto en evidencia y la credibilidad gubernamental en su nivel más bajo.
Pese a la supresión de tres secretarías de Estado el gasto gubernamental será en 2010 prácticamente el mismo que en 2009. Ello así porque el ahorro derivado de la cancelación de esas dependencias equivale a 0.5 por ciento del gasto programable de 2009.
El presupuesto de Egresos de la Federación prevé un gasto público total de tres billones 172 mil 359 millones de pesos, sólo 0.6 por ciento menor al de este año en términos reales (tres billones 45 mil 478 millones de pesos).
Además, 77.2 por ciento de ese presupuesto corresponde a gasto corriente, que incluye el gasto en servicios personales, para el cual se propone un aumento de 664 mil millones de pesos (mmdp) a 674 mmdp. El gasto de inversión en capital, en tanto, se reducirá de 591 mmdp a 536 mmdp.
Lo anterior significa que, contra lo dicho, el presupuesto seguirá privilegiando el gasto gubernamental improductivo.
Al parecer, los ahorros en un sector se han transferido a otras áreas del propio gobierno. Así, si bien los gastos de la presidencia se reducen sólo en 70 millones de pesos (de 1,798 millones en 2009 a 1,727 millones en 2010), la Oficina de la Presidencia gozará un increemento de 72 millones 418 mil 647 pesos al pasar de 73 millones 472 mil 289 pesos en 2009, a 145 millones, 890 mil 936 pesos en 2010.
La Secretaría Particular tendrá cinco millones 602 mil 170 pesos más; Comunicación Social disfrutará un incremento de cinco milllones 808 mil pesos; la Coordinación de Opinión Pública (desde la que se aceitan las estadísticas que hacen ver a Calderón con elevados índices de aceptación popular) dispondrá de un incremento de tres millones 485 mil pesos.
De igual forma, la Coordinación de gabinete y Proyectos Especiales ejercerá 13 millones 560 mil pesos más en relación con 2009 y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental (desde la que se opera para posicionar en la opinión pública los dichos del señor Calderón) recibiría un aumento de siete millones 256 mil pesos.
De lo anterior se deduce que la Cámara de Diputados deberá equilibrar la distribución del "esfuerzo" mediante una mayor reducción del gasto corriente gubernamental, que incluya una reducción de prestaciones; incrementar el gasto en inversión y menor gasto de operación para las dependencias públicas.
Su trabajo será modificar el perfil del proyecto de Ley de Ingresos presentado para reorientarlo verdaderamente hacia el combate a la pobreza vía la reactivación del crecimiento económico, la generación de empleos, la inversión en infraestructura, en educación, salud y vivienda.
Secuestros
Hace unas décadas solía recomendarse a los gobernantes priistas asomarse a la sección "Cartas al director" de los periódicos para tener una idea más precisa de lo que la gente pensaba de su actuación. Hoy la recomendación sigue vigente, sólo que la opinión de los ciudadanos se expresa ahora en los espacios que los medios on line disponen para sus lectores.
Si Calderón se asomara a esos textos vería como su credibilidad y la de quienes ostentan el poder público nomás no levanta. Así como un vasto sector de ciudadanos descreyó en su momento de la desproporcionada reacción de las autoridades ante el virus de la Influenza, atribuyéndola a un invento para aterrorizar a la población, así se ha sospechado del secuestro del avión de Mexicana a manos de un predicador boliviano.
El confuso episodio fue considerado como un montaje de Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, similar al que perpetró para mostrar la captura de la secuestradora francesa Florence Cassez.
Las facilidades dadas a las televisoras para la transmisión en vivo y desde un sitio preferente, impensable en una situación de verdadera emergencia, así como el momento en que se presentó (un día después del polémico paquete económico para 2010) levantaron de inmediato suspicacias acerca de la veracidad del hecho.
Todo pareció parte de la estrategia perpetrada desde el martes pasado, cuando el secretario de Hacienda entregó al Congreso el paquete económico para 2010. En esa oportunidad no distribuyó copias del documento a las fracciones parlamentarias de los partidos, como es lo usual, de modo que nadie pudiera emitir juicios sobre el tema y que al día siguiente sólo el discurso oficial tuviera difusión.
Luego la atención pudo mantenerse buena parte del día en el fallido secuestro. Todo para seguir desviando el foco de atención sobre lo principal. La maniobra fue tan burda que la intención quedó pronto en evidencia y la credibilidad gubernamental en su nivel más bajo.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Impuestos: la manipulación
Detengámonos en las formas. Ayer el señor Felipe Calderón, primero, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, después, fraguaron una estrategia de comunicación para manipular a los habitantes de este país de modo que se crea que ellos, "el gobierno", se sacrificará el próximo año con un presupuesto austero, cuando en realidad, de nuevo, los verdaderamente esquilmados seremos los ciudadanos por la vía de nuevos y mayores impuestos.
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
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