El escozor del señor Felipe Calderón frente a la crítica empieza a acentuarse conforme las cosas para su gobierno y lo que resulta peor, para los mexicanos, se descomponen cada día. La desesperación del grupo gobernante lo está conduciendo ha mostrar signos de intolerancia y autoritarismo ante las crecientes expresiones que no se avienen con su percepción de la realidad.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
sábado, 15 de agosto de 2009
viernes, 14 de agosto de 2009
Calderón: ¿adiós a las trampas?
Muy atendible el discurso que el señor Felipe Calderón pronunció el miércoles 12 de agosto en la ceremonia de premiación nacional del concurso de dibujo Adiós a las trampas.
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
jueves, 13 de agosto de 2009
Acteal: justicia a ciegas
Acaso algún lector pueda acordarse del título de una cinta holywoodense en que un grupo de abogados, convencidos de que "alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley", se ocupaban de hacer juicios y dictar condenas paralelas a acusados a los cuales no habían podido llevar a prisión, a pesar de su manifiesta culpabilidad, debido a los recovecos de la ley.
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
martes, 11 de agosto de 2009
Latinoamérica: el Norte y el Sur
En política, dicen los que saben, no hay coincidencias. Y hoy, coincidentemente, los periódicos muestran dos fotografías contrastantes: por un lado, los "líderes" de América del Norte y su minicumbre (más por los resultados que por su duración) y por otro lado los presidentes del cono Sur participantes en la cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur).
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
jueves, 6 de agosto de 2009
Zelaya en la casa del ahorcado
Mentar uno la zoga en la casa del ahorcado suele tenerse por gran desconsideración. Eso fue lo que le pasó ayer al depuesto, vía un golpe de Estado, presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien concluyó su visita oficial a nuestro país.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
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