Se multiplican las evidencias de cómo la crisis "que nos vino de fuera" se acentuó en México debido a la pésima conducción del equipo económico de Felipe Calderón.
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
jueves, 20 de agosto de 2009
miércoles, 19 de agosto de 2009
Empresarios y reforma del Estado
Se queja Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la elevada y costosa burocracia electoral.
Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.
El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.
Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.
Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.
Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.
Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.
Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.
En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".
¡Hasta la próxima!
Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.
El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.
Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.
Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.
Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.
Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.
Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.
En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".
¡Hasta la próxima!
lunes, 17 de agosto de 2009
PAN vs ASF, la opaca transparencia
Molestan, a quien ocupa Los Pinos, la presencia y actuación del contador público Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo manda decir a través de César Nava, el recién impuesto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien así empieza a cumplir su función como mero ejecutor y correa de transmisión de las órdenes de su jefe, Felipe Calderón.
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
sábado, 15 de agosto de 2009
Calderón, La Jornada y Wilde
El escozor del señor Felipe Calderón frente a la crítica empieza a acentuarse conforme las cosas para su gobierno y lo que resulta peor, para los mexicanos, se descomponen cada día. La desesperación del grupo gobernante lo está conduciendo ha mostrar signos de intolerancia y autoritarismo ante las crecientes expresiones que no se avienen con su percepción de la realidad.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
viernes, 14 de agosto de 2009
Calderón: ¿adiós a las trampas?
Muy atendible el discurso que el señor Felipe Calderón pronunció el miércoles 12 de agosto en la ceremonia de premiación nacional del concurso de dibujo Adiós a las trampas.
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
Habló del daño que causa al país violar la ley, la transa, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y de que la tarea de todos los mexicanos es combatir las trampas y la corrupción.
Se trata, desde luego de una tarea inmensa por la multiplicidad de ramificaciones que tiene. Hay, sin embargo, en el discurso de Calderón y en los ejemplos que citó en su alocusión (el automovilista que se estaciona donde no debe, el estudiante que compra su título profesional que lo habilita como ingeniero al que luego se le caerá un puente) la tendencia a atribuir a la sociedad la fuente de toda corrupción.
Y aunque aludió a las fortunas acumuladas "en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos", lo hizo como si se tratara de un fenómeno del pasado, como si el actual grupo gobernante estuviera excento de tales conductas.
Un personaje como Calderón no puede tocar un tema como el de la corrupción como si admonizara desde un púlpito impoluto que lo autorizara a "tirar la primera piedra". Menos, cuando tuvo a su alcance investigar la fortuna acumulada --but of course-- al amparo del poder, por los hermanos Bribiesca, los hijos de Martha Sahagún, o la del propio Vicente Fox.
Que un conductor se estacione donde no debe es algo tan reprobable como que las televisoras se burlen de la ley electoral y eludan pagar impuestos, o que personas ligadas al poder --como la prima de su esposa-- acumulen fortunas violando ordenamientos a causa de lo cual mueran 49 niños.
Que un estudiante compre títulos profesionales es tan deleznable como permitir que una lidereza magisterial que es paradigma de prácticas corruptas controle de acuerdo con sus intereses y tenga quebrado todo el sistema educativo nacional, por tener que pagarle favores político-electorales.
"Ya basta de opacidad", clama Calderón y se ufana de que "estamos trabajando para que haya más transparencia en la información, que ese es un derecho que la Constitución le da a todos los mexicanos".
En este punto miente flagrantemente nuestro adalid de la honestidad. Su gobierno ha incrementado 64 por ciento el número de expedientes clasificados a los que los ciudadanos no pueden tener acceso. Actualmente hay cinco millones 935 mil 808 de esos expedientes secretos.
(Véase el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI).
Afirma el ocupante de Los Pinos que "estamos trabajando para que la gente sepa en qué se gasta o si se está gastando bien y eficientemente" los recursos públicos. Y sin embargo, la Secretaría de Hacienda tiene en reserva 411 mil 745 expedientes con información a los que "la gente" no puede tener acceso.
Apenas el 6 de agosto el IFAI decidió reservar la identidad de los bancos y particulares que compraron en febrero pasado mil 060 millones de dólares al Banco de México, en lo que se consideró el mayor ataque especulativo contra el peso y significó una importante sangría de divisas. De nuevo la opacidad en favor de los protegidos por el régimen de quien proclama más transparencia.
A mayor abundamiento, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que el gobierno ha transferido a fideicomisos en los que existe total opacidad, 300 mil millones de pesos --casi el monto del "boquete" financiero que el secretario de Hacienda ha calculado como resultado de la "caída" en la recaudación fiscal.
Según el reporte de Indicadores Globales de Gobernabilidad 2009 del Banco Mundial, divulgado a fines de junio, México tiene 49.8 puntos de 100 posibles --una de las calificaciones más bajas-- debido a que ese organismo encontró que en el país es muy elevado el grado en el que se ejerce el poder público para el beneficio privado y el control del Estado por minorías selectas.
Acaso porque Calderón hizo esta apología de la honestidad y contra la corrupción frente a un auditorio formado principalmente por niños de escuelas primarias, se atrevió a mentir de una manera tan alevosa.
Sus planteamientos, atendibles en abstracto, constituyen, luego de contrastarlos con los datos de la realidad, una postura francamente hipócrita o, para decirlo con palabras que no ofendan al pudor, fariseísta.
¡Hasta la próxima!
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