Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobarán hoy la Ley de Ingresos 2010, la cual aumenta de 15 a 16 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) --de 11 en la frontera--; grava con tres por ciento todas las telecomunicaciones, excepto la telefonía móvil; sube 85 por ciento el impuesto especial a tabacos y 26 por ciento a cervezas, e impone una cuota de tres pesos a cada botella de bebidas alcohólicas.
Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.
Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.
Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.
Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.
Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.
El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.
Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.
Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.
Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.
Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.
Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.
Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.
Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.
Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.
martes, 20 de octubre de 2009
lunes, 12 de octubre de 2009
Luz y Fuerza: verdades a medias
El señor Felipe Calderón decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este domingo 11 de octubre, tras tomar con el ejército y la policía federal la sede y las instalaciones principales de la empresa.
El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.
Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.
El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.
En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.
La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.
Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.
Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.
En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.
El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.
La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.
Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.
Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.
Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".
Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.
¡Hasta la próxima!!
El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.
Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.
El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.
En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.
La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.
Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.
Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.
En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.
El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.
La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.
Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.
Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.
Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".
Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.
¡Hasta la próxima!!
jueves, 17 de septiembre de 2009
Errata
Escribí aquí el lunes pasado que ya sólo faltaba que el PAN acarreara a los pobres para presionar a los legisladores de modo que aprueben el IVA de 2 por ciento a medicinas y alimentos, habida cuenta de que el tal impuesto es para combatir la pobreza.
Me equivoqué. No es el estilo del PAN. Su estilo es presionar a la opinión pública a punta de encuestas. En efecto, el martes 15, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sacó de la manga unas fantasmales encuestas --pues sólo él las ha visto-- las cuales indicarían que la mayoría de la población está de acuerdo en que se le cobre el tal IVA con antifaz por ser recursos destinados a los más pobres.
He ahí la estrategia panista. No sería raro que en los próximos días, encuestadores a modo como el grupo GEA, o María de las Heras, o la empresa de Ulises Beltrán (el encuestador de cabecera de Vicente Fox) publiquen sondeos que respalden los dichos del secretario.
La receta está probada. En 2006 Calderón se mantenía en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de la República de aquél año. De pronto empezó a subir en las encuestas hasta desplazar a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar.
No digo que ese fue el único artilugio de que se valieron para asaltar aquella elección, pero fue uno de los más visibles, pues mediante esas "encuestas" fueron preparando al electorado para aparentar una cerrada competencia que luego se expresara en una cerrada votación. Vaya, era una forma de hacer creíble aquél 0.56 por ciento de los votos con que se hizo "ganar" a Calderón.
La maniobra ahí viene de nuevo. Ya Carstens la anunció, acaso presionado por el aluvión de críticas con que lo surtieron los representantes populares. Las veremos publicadas en los próximos días. Se verá en ellas cómo la población está solidariamente lista para pagar ese IVA de 2 por ciento. Y quizás hasta lo exija, ¡qué caray! con tal de paliar la pobreza. Eso dirán las tales encuestas.
Veremos...
Al tiempo.
Me equivoqué. No es el estilo del PAN. Su estilo es presionar a la opinión pública a punta de encuestas. En efecto, el martes 15, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sacó de la manga unas fantasmales encuestas --pues sólo él las ha visto-- las cuales indicarían que la mayoría de la población está de acuerdo en que se le cobre el tal IVA con antifaz por ser recursos destinados a los más pobres.
He ahí la estrategia panista. No sería raro que en los próximos días, encuestadores a modo como el grupo GEA, o María de las Heras, o la empresa de Ulises Beltrán (el encuestador de cabecera de Vicente Fox) publiquen sondeos que respalden los dichos del secretario.
La receta está probada. En 2006 Calderón se mantenía en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de la República de aquél año. De pronto empezó a subir en las encuestas hasta desplazar a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar.
No digo que ese fue el único artilugio de que se valieron para asaltar aquella elección, pero fue uno de los más visibles, pues mediante esas "encuestas" fueron preparando al electorado para aparentar una cerrada competencia que luego se expresara en una cerrada votación. Vaya, era una forma de hacer creíble aquél 0.56 por ciento de los votos con que se hizo "ganar" a Calderón.
La maniobra ahí viene de nuevo. Ya Carstens la anunció, acaso presionado por el aluvión de críticas con que lo surtieron los representantes populares. Las veremos publicadas en los próximos días. Se verá en ellas cómo la población está solidariamente lista para pagar ese IVA de 2 por ciento. Y quizás hasta lo exija, ¡qué caray! con tal de paliar la pobreza. Eso dirán las tales encuestas.
Veremos...
Al tiempo.
martes, 15 de septiembre de 2009
Pobres: chantaje, coartada y polarización
La insistencia del equipo de Felipe Calderón en justificar la cascada de impuestos con una supuesta y repentina preocupación por los pobres es una de las coartadas más miserables que gobierno alguno se haya podido inventar.
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
lunes, 14 de septiembre de 2009
Lehman Brothers, un año de crisis
La agencia alemana DPA recuerda que mañana se cumplirá un año de la quiebra del banco inversor estadounidense Lehman Brothers, la cual es considerada como el punto de inflexión en la crisis financiera global.
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
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