martes, 20 de octubre de 2009

Presupuesto: Pagar los de siempre

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobarán hoy la Ley de Ingresos 2010, la cual aumenta de 15 a 16 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) --de 11 en la frontera--; grava con tres por ciento todas las telecomunicaciones, excepto la telefonía móvil; sube 85 por ciento el impuesto especial a tabacos y 26 por ciento a cervezas, e impone una cuota de tres pesos a cada botella de bebidas alcohólicas.

Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.

Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.

Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.

Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.

Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.

El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.

Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.

Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.

Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.

Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.

Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.

Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.

Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.

Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.

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