Luz y Fuerza: verdades a medias

El señor Felipe Calderón decidió extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este domingo 11 de octubre, tras tomar con el ejército y la policía federal la sede y las instalaciones principales de la empresa.

El modo sorpresivo (a la media noche del sábado) y autoritario (empleo de las fuerzas armadas) como se operó la medida se parece más a un asalto perpetrado por alguna banda del crimen organizado que a una medida institucional, de un gobierno en pleno ejercicio de la legalidad que actuara con un sentido de auténtico interés colectivo.

Los argumentos esgrimidos por el grupo en el poder serían atendibles, creíbles y su acción encomiable --como insisten en presentar los medios de comunicación electrónicos-- si no fuera por la existencia de otros datos de la realidad que desmienten puntualmente la justificación oficial.

El principal de ellos consiste en haber sembrado en la opinión pública la idea de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es casi, casi el dueño de la empresa y responsable de su deficiente operación, como si  no se tratara de una entidad pública, cuya administración está a cargo del propio gobierno federal.

En las acusaciones lanzadas contra Luz y Fuerza, el gobierno actúa como si fuera un tercero y no el principal responsable de que el organismo funcione. De modo que en una lectura rigurosa, podría decirse que cada crítica contra la empresa es una crítica del gobierno contra sí mismo.

La argumentación esgrimida por Felipe Calderón en un mensaje en cadena nacional transmitido la noche de este domingo es demoledora...si no se tratara sólo de medias verdades.

Se ha dicho, por ejemplo, que la CLyFC no produce electricidad y sólo es un intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que compra el fluido eléctrico y los seis millones de usuarios a los que lo distribuye en los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.

Lo que se omite decir es que por decisión de la empresa, desde 1975 no se han realizado las obras de infraestructura necesarias para generar electricidad o que se ha cedido a los particulares la generación --aun a despecho de lo que prescribe la Constitución-- y que también por una decisión administrativa, la Compañía debe comprar energía cara a la CFE, para luego tener que venderla barata a los usuarios.

Afirma el gobierno que este año la empresa recibirá un subsidio por 42 mil millones de pesos, casi lo mismo que el programa estrella contra la pobreza, Oportunidades. De acuerdo con el SME, sin embargo, la descapitalización que obliga a inyectarle cuantiosos recursos a la Compañía, proviene, en buena parte, de las compras de energía que debe hacer a la CFE y del esquema tarifario que la Secretaría de Hacienda aplica a los grandes empresarios.

En efecto, quienes utilizan el fluido para hacer negocio pagan el kilowat/hora a 88 centavos, mientras que los usuarios domésticos deben pagarlo a 97 centavos.

El robo o la pérdida de 30 por ciento de la producción, contra 10 por ciento que registra la CFE en ese rubro, figura también entre las causas aducidas por el gobierno. Otra vez, la serpiente que se muerde la cola: Si tal es la  proporción en que se roba la energía, no es el SME sino la empresa, la responsable de dar con los culpables y castigarlos, más si --como se induce de la acusación-- son los propios trabajadores sindicalizados los autores de esos hurtos.

La inversión de valores propia de esta época hace que parezca un absurdo que un sindicato tenga elevadas prestaciones. Es cierto, lo usual es que, como resultado de contubernios y pactos ocultos entre líderes y patrones, los trabajadores tengan condiciones laborales deplorables.

Cuando un sindicato como el SME se aparta de esa condición, en parte debido a su talante democrático (con sus bemoles, si se quiere) y no corporativo, se le acusa de que sus "privilegios" descapitalizan la empresa. Como si no fuera ésta la que, en todo caso, ha aceptado pactar esas condiciones, pues recuérdese que un contrato colectivo de trabajo es un instrumento de carácter bilateral. Y en él se expresa sólo aquello en que las partes están de acuerdo.

Ello mismo puede aducirse respecto de la acusación del gobierno de que cualquier decisión importante dentro de la empresa tenía que responder más al interés de los trabajadores que al beneficio de los usuarios, debido a que "había prácticamente una coadministración con el sindicato". Si tal condición prevalecía era con la anuencia gubernamental.

Todas las "razones" oficiales insisten en atribuir al sindicato y a los trabajadores la situación de la empresa. Ello parece confirmar que son motivaciones políticas las que encubren la decisión adoptada. Se trata de un sindicato no corporativo, es decir, no alineado a los intereses gubernamentales; es una organización que denunció el "fraude electoral" que colocó a Calderón en la presidencia y que por tanto lo considera un "presidente espurio".

Ha sido acusado de desviar recursos para apoyar el movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es lo que podría denominarse un sindicato enemigo del régimen. No deben perderse de vista estos hechos al evaluarse las motivaciones gubernamentales. No sería la primera vez que la venganza y la animadversión personal se conviertan en políticas de Estado, amén de los intereses económicos que están en juego.

¡Hasta la próxima!!