lunes, 9 de mayo de 2011

Nuevo pacto o fractura nacional


(Texto leído por Javier Sicilia en el zócalo de la ciudad de México, el domingo 8 de mayo de 2011, al concluir la Marcha por la paz con dignidad y justicia que encabezó desde Cuernavaca, Morelos).

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos.

Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan -a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan-; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.

Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.

Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur -de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación- y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es.

Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.
Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos -a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro-; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.

Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica?

¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano?

La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?

Estos casos -hay cientos de la misma o de mayor gravedad- ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?

Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.

Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.

Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.

A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista -más letal, por contundente y expansiva, que las drogas-, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.

¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.

Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.
Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.

Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez -el rostro más visible de la destrucción nacional- de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.

Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.

sábado, 7 de mayo de 2011

La marcha y sus perspectivas


La marcha por la paz con justicia y dignidad, convocada por el poeta Javier Sicilia y que culminará este domingo 8 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México, tras haber iniciado en Cuernavaca, Morelos el pasado jueves 5 de mayo, podría convertirse en el movimiento ciudadano que estaba faltando para inducir cambios en la estructura política del país.

Como la gran movilización ciudadana que tuvo lugar tras los sismos de 1985 en México, y que hizo a la población advertir las posibilidades de su acción organizada, este nuevo movimiento parece la gran oportunidad para que la ciudadanía recupere el protagonismo que debe tener en la conducción de los asuntos públicos del país.

Ese y no otro parece ser el sentido de las afirmaciones de Javier Sicilia cuando dice que no se trata de un movimiento contra el gobierno, sino de establecer un pacto ciudadano para iniciar la reconstrucción del tejido social roto por la violencia; para rehacer las instituciones públicas, reformarlas y refundar la nación.

No es poca cosa. Se trata de afirmaciones, cuyo contenido encierra el germen de un nuevo sistema político, diferente al que ha prohijado las actuales condiciones de violencia incluida la institucional.

Ese gran pacto ciudadano será seguramente el eje del discurso de Sicilia este domingo, pero deberá estar acompañado de las propuestas programáticas que permitan, a partir del día siguiente, convertirlo en un hecho y que hagan viable la confluencia, sin exclusiones con cargo a una disputa por radicalismos ideológicos, de todos los movimientos y organizaciones que plantean, así sea con diferentes grados, plataformas, ideologías y ritmos, la transformación de esta nación.

Esa gran unidad resulta urgente, dada la gran tarea por venir. Y es que cuando se habla de reconstruir el tejido social, no se trata sólo de erigir campos deportivos o áreas verdes o escuelas técnicas, como pretende el gobierno (véase al efecto el programa gubernamental Todos somos Juárez), sino de convocar a un gran debate nacional sobre educación, cultura, economía, política, salud, del cual deba emerger un nuevo pacto social sobre el que construir el futuro.

¿Pues no que se trataba sólo de marchar contra la violencia? Se preguntarán algunos. En efecto, por lo pronto, es preciso presionar al grupo en el poder, cuya cabeza visible es Felipe Calderón, para que modifique la a todas luces fallida, cuando no simulada, estrategia con la que se dice combatir al crimen organizado.

Pero existe una violencia anterior a la generada por el crimen organizado y que contribuye a crear las condiciones que lo hacen florecer: la violencia institucional. Aquella que no necesita de balas, ni de pistolas ni de sicarios a sueldo (aunque los funcionarios de alto nivel serían sus homólogos), pero que igual mata, viola, atropella, y cancela silenciosamente, bajo el ropaje de las leyes, las posibilidades de sobrevivencia, trabajo, justicia, igualdad, salud, casa, alimentación y educación de las mayorías.

De ahí la necesidad de la refundación a que ha convocado Javier Sicilia. Y la marcha de este domingo 8 de mayo –sin ánimo de cargarle responsabilidades mayores a las que se ha propuesto—deberá delinear los causes políticos, los contenidos programáticos y las formas organizativas que adoptará el gran pacto ciudadano, pues no será sólo con exigencias y consignas como se alcanzará la transformación deseada.

Así lo hace ver la postura de Felipe Calderón reiterada desde la noche anterior al inicio de la marcha en un mensaje televisivo, y durante la conmemoración de la batalla de Puebla: la estrategia no se modificará, “eso no ocurrirá”; el retiro de la guerra contra el narcotráfico “no es opción” porque tenemos de nuestro lado “la ley, la razón y la fuerza”.

Como muy pocas ocasiones en el pasado inmediato, las posturas están claras: más allá de la retórica política y de la manipulación de los medios de comunicación, lo que hay y resulta ya inocultable es un pueblo enfrentado contra la clase política y contra quien detenta el cargo más elevado dentro de esa clase: la presidencia de la república.

Un pueblo en abierto desacuerdo con la conducción del país y un gobierno que con autoritarismo insiste en las políticas que producen ese desacuerdo configuran lo que no puede ser catalogado sino como una dictadura.

A eso hemos llegado en México. De ahí que la marcha puede representar el inicio de la organización ciudadana pacífica contra ese engendro.

miércoles, 4 de mayo de 2011

Tortura condujo a Bin Laden

José Morales, un ex jefe del Centro de  Antiterrorismo de la CIA reveló a la revista Time que los interrogatorios con tortura a sospechosos de terrorismo condujeron eventualmente a la localización y asesinato de Osama Bin Laden.

Rodríguez trabajó para la CIA entre 2002 y 2005, periodo en que los líderes de Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohammad (KSM) y Abu Faraj al-Libbi fueron tomados en custodia y sometidos a "Técnicas Especiales de Interrogación" (EIT's, por sus siglas en inglès) en prisiones secretas del extranjero.

La información proporcionada por KSM y Abu Faraj al Libbi acerca del mensajero de Bin Laden fue la principal información que condujo a su localización y posterior ejecusión. La afirmación de Rodríguez produjo críticas de la Casa Blanca.

"No hay evidencia de que la información obtenida mediante EIT's fue el principal elemento de inteligencia que nos condujo al líder de Al Qaeda", dijo Tommy Vietor, vocero del Consejo de Seguridad Nacional. "Tomó años de colección y análisis de muy diversas fuentes para desarrollar el caso que nos permitió identificar sus componentes y formarnos la idea de que Bin Laden estaba probablemente viviendo allí".

Rodríguez concuerda en que otros elementos de inteligencia tuvieron un rol en la ubicación del paradero del terrorista, la información de KSM y Abu Faraj fue la más importante. Este último "no fue sometido a la tortura del submarino (hundir su cabeza en agua durante varios minutos), pero su información sobre el mensajero fue clave".

Faraj dijo a los interrogadores que el mensajero llevaría comunicados de Bin Laden al mundo exterior cada dos meses o más. "Me di cuenta de que el líder no estaba realmente al frente de su organización. Tú no puedes liderear una organización si tienes un mensajero que lleva comunicados cada dos meses", dijo Rodríguez.

"Así fue como me convencí de que esta persona era sólo una figura decorativa que no estaba al frente de los golpes tácticos de la organización".

Mientras que algunos reportes sugieren que la información que proporcionó KSM vino semanas o meses después de que fuera sometido a las EIT's, Rodríguez dijo que los tips aportados por Libbi se produjeron sólo una semana después de que fuera sometido a los violentos interrogatorios.

El uso de EIT's fue un escándalo durante el gobierno de Georges W. Bush. Sin embargo, John McLaughlin, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia durante la época en la que se utilizó la técnica del submarino, dijo que era un programa deliberado para alentar la docilidad de los testigos, pero "nunca fue concebido como un programa de tortura".

Ninguno de los oficiales del gobierno de Bush hizo, sin embargo, una clara distinción entre "inducir docilidad o deseos de cooperar" (inducing compliance) y tortura.

(Traducido por Contadero de Time on line)

viernes, 22 de abril de 2011

Reforma penal de Calderón

Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. Se trata de sancionar  con el decomiso de bienes a empresas, bancos, aseguradoras y otros organismos del sistema financiero responsables de operaciones ilegales en beneficio del narcotráfico y el crimen organizado.

Los acusados serían multados e inhabilitados para participar en contratos con el sector público y exhibidos públicamente, pues la sentencia se publicaría en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.

En la iniciativa el término personas morales es sustituido por el de personas jurídicas de naturaleza privada. Plantea, además, dos nuevos tipos penales: el de "confabulación" y el de "facilitación delictiva", así como castigar hasta con 15 años de prisión a informantes del hampa (los llamados halcones), aunque se trate de menores de edad.

La propuesta de reforma incorpora al orden jurídico la figura de "injusto colectivo" con el fin de imputar la responsabilidad penal a quienes de alguna forma participen o se beneficien de los ilícitos cometidos por el grupo delictivo. Así, los delitos de alguna banda podrán imputarse a cualquiera de sus integrantes, aun cuando no hayan partcipado en la comisión del hecho que se juzgue, bajo la óptica de que los actos individuales permiten el funcionamiento de la organización.

Toda esta elucubración jrídica fue de inmediato cuestionada, con razón, por el senador perredista Pablo Gómez: "¿Para qué quiere Calderón más leyes si no las aplica? Nos sigue pidiendo y pidiendo leyes cada vez más complicadas ¿Para qué toda una maraña jurídica si lo que tenemos es una ineptitud manifiesta de todo el aparato gubernamental y de prevensión de justicia?" (La Jornada 16-IV-11, Andrea Becerril).

En efecto, ¿Para qué tantos nuevos conceptos y figuras jurídicas, cuando bastaría con intervenir los circuitos financieros del narcotráfico?

jueves, 21 de abril de 2011

Cárceles, psicología y violencia

Foto AP
El asunto ya es preocupante. Y más que en el ámbito político quizá deba ser sometido a consideraciones psicológicas. Me refiero a la obsesión de Felipe Calderón por la guerra. Su febril imaginación en este terreno lo ha conducido a pergueñar dos iniciativas de ley que, más que de un estadista o ya por lo menos de un hombre de Estado, nos hablan de un sujeto acosado por pulsiones vengativas.
Me refiero a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecusión de Sanciones, propuesta a la Cámara de Diputados.

Calderón plantea definir prisiones con seis niveles de seguridad, que van desde la mínima hasta las de máxima y súper máxima seguridad. En estas últimas, los reos sentenciados por delitos federales (delincuencia organizada) serán sometidos a vigilancia permanente, aislamiento, suspensión de estímulos y visitas sólo por medios electrónicos.

Las puerta de estas celdas tendrán un sistema electrónico de apertura y cierre desde un centro de control, módulos y estancias unitarios donde los sentenciados no conviven con otros reos; puertas dobles, de apertura una a la vez y a control remoto, y dispositivos con sensores y detectores de movimiento.

Es posible imaginar a Calderón urgiendo a sus asesores a diseñar cárceles semejantes dominado por la excitación que le produjera el haber leído las condiciones infrahumanas en que permanece recluido  el soldado Bradley Manning, acusado por el gobierno de Barack Obama de haber entregado a Julián Assange los 250 mil cables diplomáticos secretos difundidos por Wikileaks.

O después de haber leído alguna descripción de las cárceles estadounidenses de máxima seguridad, pues no otro ha sido el modelo que para todo sigue el michoacano en materia de vigilancia y castigo, aunque en México con los deplorables resultados ya conocidos.

Se trata, como ha dicho el legislador priista Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, de una medida desesperada ante la incapacidad gubernamental por los índices de violencia que padecemos, pero que de ningún modo inhibirá la comisión de delitos (La Jornada 16/IV/11, p. 12)).

El perredista Arturo Santana dijo en esa misma nota al reportero Roberto Garduño que la propuesta "se me hace muy de reality show", e ironizó: "¿Después de las cárceles de súper máxima seguridad cuáles van a seguir?". Quiza las de ultra mega máxima seguridad, respondemos nosotros.

La iniciativa de crear este tipo de cárceles corrobora meridianamente lo que ha expresado Javier Sicilia: "Calderón sólo tiene imaginación para la violencia".