Televisa verde

Suelen Televisa y TV Azteca abominar de los partidos políticos. Y sin embargo, utilizan a uno de ellos, el Partido Verde Ecologista (PVEM), como centinela de sus intereses. E indirectamente también existe una vinculación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el que el Verde va ha establecido una alianza electoral y diríase que programática, pues votan igual lo mismo en el Congreso que en el Instituto Federal Electoral (IFE).

No es que tales empresas carezcan del derecho de velar por sus intereses mediante su participación en determinados partidos, lo criticable es la manera embozada y hasta hipócrita en que lo hacen. En una democracia madura y transparente, todo mundo debería saber cómo se mueven y a través de quien esas empresas de televisión presionan por obtener las ventajas de que gozan en un país que supuestamente prohíbe los monopolios.

Ambas televisoras critican lo que llaman "la partidocracia" para referirse a la forma en que los partidos se han impuesto a la ciudadanía. En realidad su crítica apunta a desprestigiar a quienes, en ocasiones, se han atrevido a legislar en contra de sus intereses políticos y comerciales.

En las próximas elecciones, Televisa y TV Azteca han colocado subrepticiamente a sus alfiles en las listas para diputados plurinominales del Partido Verde. Y lo han hecho en posiciones que aseguran la llegada a la Cámara de Diputados de tales representantes.

Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil han documentado que por lo menos siete candidatos postulados por ese partido están ligados a los consorcios del Periférico. Casi todos ellos han estado o están al servicio de la oficina del director de asuntos jurídicos de Televisa, Javier Tejada Dondé, quien en 2007 --cuando se reformó la Ley Televisa-- fungía como vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), dominada por la televisora.

Veamos:

Lorena Corona Valdés: trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Televisa. Ocupa la posición 2 en la primera circunscripción.

Miguel Orozco Gómez: Figura como suplente de la anterior. Es director jurídico de la CIRT y hermano del actual senador del Verde Ecologista, Javier Orozco, quien era el coordinador de la Comisión de Radio y Televisión que dictaminó la Ley Televisa.

Rodrigo Pérezalonso González: Ocupa la primera posición en la segunda circunscripción. Es representante de Televisa en la Comisión de Regulación de la CIRT.

Roberto García Requena: Funge como suplente del anterior. Fue coordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Es el segundo de a bordo en la oficina de Dondé en Televisa.

Juan Gerardo Flores Ramírez: También trabajó en la Cofetel. Es secretario técnico de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados. También colabora en la oficina de Dondé.

Verónica Rocío Tomas Ruiz: Suplente del anterior. Fue asistente de Tejeda Dondé durante ocho años en Televisa.

Mónica García de la Fuente: Lugar 4 de la tercera circunscripción. Ex asesora parlamentaria del partido Nueva Alianza. Trabajó un año en la oficina de Tejeda Dondé.

Adriana Zarur: Lugar 2 de la cuarta circunscripción. Es conductora del canal Proyecto 40 perteneciente a TV Azteca.

Ninfa Clara Salinas Sada: Es la número uno de la cuarta circunscripción. Es nada menos que hija del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

Como se ve, el PVEM parece haber cambiado su vocación ecologista por una más ligada con los jugosos negocios de las telecomunicaciones.

Un dato sobresaliente relacionado con la lista anterior y con lo que escribimos el miércoles pasado acerca de los intereses que promueve Alejandro Martí, lo da el hecho de que hasta ahora, los candidatos que más han suscrito el pacto "Mi voto por tú compromiso" sean precisamente los del Partido Verde.

En efecto, la página de la Fundación Martí registra que 63 candidatos "ecologistas" han suscrito ese pacto, contra apenas 16 del PAN, 9 del PRI y uno del PRD, por citar sólo los más grandes.

No es casual. Son, como hemos visto, los candidatos de las televisoras que pugnarán --pues a eso los "compromete" Martí, entre otras cosas-- por anular el artículo 41 constitucional, ese que prohibe a los particulares contratar espots en periodos electorales. A eso van, a defender esos intereses. Y por eso los han mandado a firmar alegremente.

Esa cooptación que las televisoras han hecho del partido Verde explica, asimismo, el repentino "interés" que por la política ha surgido entre algunos artistas de Televisa, quienes han puesto todo el peso de su popularidad en tratar de inclinar las simpatías de la gente hacia el PVEM.

Por ello son Maité Perroni --ex RBD-- y Raúl Araiza quienes encabezan la capaña de ese partido y de ahí también el abierto proselitismo que por televisión realizan revistas normalmente apolíticas como TV y Novelas.

Como se ve, las televisoras están moviéndose para hacerse de una robusta representación en el Congreso que les asegure mantener en el limbo o que se legisle ventajosamente para ellas la aún pendiente ley reglamentaria de Radio y Televisión y, paralelamente, ir tomando posiciones para la contienda de 2012 en el que el PVEM seguramente mantendrá su alianza con el PRI para postular a Enrique Peña Nieto. Esa es la apuesta de las televisoras.

¡Hasta la próxima!

¿A quien sirve Alejandro Martí?

Nadie puede evitar ser solidario con la tragedia que el año pasado enlutó al empresario Alejandro Martí por el secuestro y posterior asesinato de su hijo adolescente.

Lo cuestionable es el uso político que él mismo ha dado o ha permitido que se haga de esa lamentable circunstancia personal. Primero, una multitudinaria marcha contra la inseguridad que luego dio paso a un demagógico y hasta ahora ineficaz Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Luego, el empresario creó la Fundación SOS para agrupar a movimientos civiles y ciudadanos que luchen contra la delincuencia y el crimen organizado.

En la hora actual, Martí creyó encontrar en las próximas elecciones una adecuada ventana de oportunidad para llamar a la ciudadanía a votar sólo por aquellos candidatos que se comprometan por escrito y ante notario público a cumplir una serie de demandas en materia de seguridad y libertades constitucionales, incluidas todas ellas en el llamado Pacto Nacional Ciudadano "Mi voto por tu compromiso".

Los tales compromisos son, en efecto, muy atendibles y nadie podría estar en desacuerdo en, por ejemplo, comprometer a gobernadores, presidentes municipales y delegados a reducir índices de impunidad en delitos como secuestro, extorsión, robo y homicidio.

Y nadie podría negar que es muy pertinente comprometer a diputados federales y locales a votar por iniciativas que permitan la reelección o la reducción de los representantes populares.

El problema con la propuesta de Martí es que, envuelta en demandas que concitan la aprobación general, ha incluido otras que responden claramente a los intereses de las televisoras, a cuyo servicio parece haberse puesto el empresario.

Demandar, por ejemplo, que se reforme el artículo 41 constitucional que según él limita "el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente durante los procesos electorales", es una clara concesión al duopolio televisivo.

Con razón, el politólogo José Antonio Crespo ha bautizado las propuestas de Martí como un auténtico Caballo de Troya incrustado dentro del movimiento ciudadano.

Es del dominio público que la redacción de ese artículo, incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión reformada en 2007, irritó desde el principio a las televisoras, pues, a la luz de la experiencia de 2006, prohibió a los particulares la contratación de espots para promover o denostar a candidatos a puestos de elección popular.

Es obvio que esa reforma apunta a evitar que los dueños del dinero intervengan de manera inequitativa en la manipulación de la voluntad popular. Es decir, resulta claro que ni usted ni yo, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos "de a pie" carecemos de recursos para contratar con Televisa o TV Azteca un paquete --no venden anuncios sueltos-- para promover un candidato.

Los únicos que pueden hacerlo son empresarios o corporaciones afines al establishment que, embozados tras el disfraz de membretes u organizaciones ciudadanas de ocasión, se dedican a denostar a candidatos o movimientos sociales contrarios a sus intereses particulares.

Ese es el "derecho" que defienden las televisoras. No el derecho de los ciudadanos comunes. Pero fiel a sus métodos, disfraza o pretende mimetizar sus propios intereses con los del público en general.

Con legisladores así comprometidos, resulta imaginable la gran presión que se generará sobre los congresos federal y local para obligarlos a emprender una contrarreforma como la que se demanda. A eso se está prestando Martí.

No es casual tampoco que los compromisos propuestos por el dueño de la cadena de tiendas deportivas incluyan solo el funcionamiento efectivo de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Lo curioso es que excluye de la propuesta legislar sobre una figura verdaderamente efectiva y democrática y que está más acorde con su postulado aquel de "si no pueden, renuncien". Me refiero a la revocación del mandato, el cual permitiría enviar a la cárcel o a su casa a los gobernantes que violen el juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".

El "candor" de Martí no puede ser tal que espere que aquellos servidores públicos corruptos e inútiles renuncien por su voluntad. Por ello resulta por lo menos extraño que haya excluido de sus demandas un mecanismo legal efectivo que daría a la ciudadanía verdaderas armas contra la clase política de que se dicen harta.

Es obvio que empoderar de ese modo al pueblo no está en el interés de esa clase política, ni de las televisoras, ni de los grandes empresarios a cuyo servicio se ha puesto el señor Martí. ¡Qué lamentable manera de lucrar con una tragedia personal!

¡Hasta la próxima!

Campañas: el PRD

Los "estrategas" contratados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la presente campaña electoral resultan anacrónicos. Una antigua conseja recomienda --a quienes tienen necesidad de salir a un escenario a ganar aplausos fáciles-- actuar o con perros o con niños. El PRD eligió lo segundo.

En general, la suya es una campaña anodina, pero acorde con lo que buscan tras el cochinero en que convirtieron su elección interna del año pasado: recuperar una imagen más o menos civilizada que, según ellos, los congraciará con los electores.

Los mandos formales del partido, o lo que queda de él, están en manos de la corriente Nueva Izquierda --los "Chuchos"-- la cual ha decidido colaborar comedidamente con la administración del Presidente al que un sector de ese instituto, y aun de la sociedad, consideran espurio e ilegítimo, en tanto impuesto mediante un fraude electoral.

Ese colaboracionismo --que desde la corriente lopezobradorista e incluso desde Los Pinos es más bien considerado como servilismo, como lo acreditó el episodio de la redada de alcaldes y funcionarios michoacanos-- ha dejado a ese partido en una condición endeble (ante sí mismo, ante el gobierno y ante los electores) que trata de subsanar mediante una campaña pretendidamente "amable".

Las concesiones o claudicaciones a que está dispuesto el PRD no son sólo conceptuales, sino de imagen. Ya desde la precampaña, el emblema del partido --el Sol azteca-- fue alterado con una media elipse que lo iguala con la carita sonriente de la trasnacional que comercializa papas fritas, como una forma de presentar un look más light.

Luego, la que podría considerarse dentro de la estrategia como la campaña "paraguas", nos presentó al presidente formal del partido, Jesús Ortega Martínez, acompañado de la niña Mariana, a la que ya muchos llaman con sorna la "chilindrinita del PRD".

Como si fueran magos de mala categoría, a los publicistas contratados por el partido se les notan desde gayola los hilos de sus trucos. Resulta obvia la intensión de superar la pésima imagen del partido a partir del indudable carisma de la protagonista infantil.

La apuesta está reforzada en el nivel discursivo. El "Así sí, gana la gente" no apunta tanto --como a primera vista parece-- a dar la idea de que se está cercano del interés general, sino a una operación psicológica que consiste en inducir la aceptación en la mente del elector, mediante el empleo de una doble afirmación (Así=de este modo=esto es lo correcto; sí= aceptación remarcada).

Los antiguos manuales norteamericanos de persuación recomendaban a sus lectores enfrentar cualquier situación conflictiva haciendo decir al oponente "Sí" varias veces antes de llegar al quid del problema. Estas afirmaciones repetidas operarían un cambio positivo en la mente y en la adrenalina del reclamante, hasta relajarlo subconcientemente.

De acuerdo con semejante concepción, el "Sí" actúa como una llave mágica sobre la sinapsis (comunicación) neuronal que predispone de mejor manera el ánimo de la gente para recibir cualquier mensaje. Esa es la apuesta perredista.

Lo malo es que se queda en eso. Al parecer, al PRD de los chuchos no interesa tanto obtener una nutrida fracción parlamentaria, como ser percibido por la ciudadanía como un instituto político "decente" y bien portadito. En su lógica colaboracionista, acaso su cálculo sea que sirven mejor al gobierno de Calderón no haciendo demasiado bulto en la Cámara, para mejor dedicar su campaña sólo a mejorar la imagen de cara a futuras contiendas.

La exclusión del PRD del próximo debate pactado entre el PRI y el PAN, parece confirmar la hipótesis. Ni los propios contendientes reconocen algún peso al actual perredismo que sólo es tratado como comparsa de campaña. Jesús Ortega reclamó tibiamente su derecho a participar, pero tras consumarse la exclusión quedó desactivado, como resignado al triste papel de administrador de un cascarón.

Se trata, en fin, de una campaña indigna de un partido que se pretende de izquierda. Sus propuestas, más que plantear verdaderos cambios estructurales que modifiquen el estado de cosas prevaleciente, son acomodaticias a lo que ya existe. Véase, al efecto, este ejemplo:

Ante la falta de empleos, Jesús Ortega propone --¡¡hágame usted el desempleado favor!!-- aumentar la cobertura del seguro de desempleo. O sea, en lugar de apuntar al objetivo de trabajar en políticas que permitan generar puestos de trabajo bien remunerados, este lidercillo se limita a proponer paliativos.

Como si el desempleo fuera una fatalidad ante la cual no quedara más que aguantarse y buscarle atenuantes para que la olla del conflicto social no estalle. Ese es el verdadero talante del Presidente del PRD, un hombre políticamente limitadísimo, y del propio partido cooptado desde hace un rato por quienes mandan hoy en el país y reducido casi a nada.

De ahí la pobreza y el anacronismo conceptual de la tal campaña. De ahí tambien su pobre credibilidad.

¡Hasta la próxima!

Pobreza y manipulación

Aunque es una verdad de Perogrullo, vale la pena recordarla: Una sociedad o una persona menos preparada es más fácil de manipular, es decir, de engañar o asustar con trampas.

Por extensión, la manipulación electoral es posible sólo en función del atraso político de la población.

En cada periodo de elecciones es común escuchar en México a los partidos acusarse mutuamente o atribuir al gobierno en turno el uso electoral (ilegal) de los programas sociales o de las principales políticas públicas.

Esa tentación de manipular no es, sin embargo, privativa de México. Pero tiene mayor o menor eficacia en tanto se trate de practicar en una democracia madura o en una como la nuestra, acotada por la corrupción, la impunidad y la falta de preparación e información de amplios sectores de la población.

En suma, lo que nuestros políticos quieren evitar al excluir la participación del gobierno de las elecciones --lo que en muchas partes del mundo es perfectamente legal-- es que se manipule a las masas empobrecidas e impreparadas que, paradójicamente, suelen ser las más conservadoras.

No es que los partidos de oposición no busquen esa misma manipulación para atraerse votos, lo que pretenden impedir es la ventaja que otorga al gobierno el hecho de ser identificado como el dador de las dádivas convertidas en programas sociales, y que las simpatías así ganadas le signifiquen votos a su partido.

En una sociedad con suficiente preparación y desarrollo político eso no ocurriría. La gente dispondría de información y del criterio suficiente para evaluar a sus políticos y tendría claro que los recursos que un gobierno invierte en paliar la pobreza son públicos, producto del trabajo de toda la sociedad (otra perogrullada).

Pero ese no es el caso de México. Aunque no lo parezca, aquí mucha gente sigue creyendo que los subsidios que recibe se deben a la buena voluntad del gobernante y que si éste no es apoyado en las elecciones, esas ayudas desaparecerán.

En la manipulación de esas creencias se basa la impugnada propaganda electoral del Partido Acción Nacional (PAN).

Los partidos y el gobierno tienen bien estudiada la sociedad. Saben qué resortes activar para lograr una conducta más o menos deseada. También saben que entre las masas de este país la figura presidencial conserva el halo de poder que adquirió durante el sistema de partido único y que lo convierte en una figura a la que hay que seguir y obedecer.

De ahí que se considere una ventaja indebida el convertir la elección en un referéndum de apoyo al presidente, particularmente en el reducido ámbito de la lucha contra el narco, como pretende la estrategia panista, cuando se sabe que el país no es sólo eso y en cambio enfrenta escenarios muy críticos en otros temas, como el económico.

No lo reconocen, porque se ganarían una rechifla, pero en el fondo los políticos saben que esta es una sociedad políticamente atrasada, así que tratan de evitar que unos y otros saquen provecho de esa circunstancia y la capitalicen en su favor.

Lo malo que ese atraso social es el factor que marca el tono tramposo, pobre y manipulador de las campañas electorales que padecemos. Hasta podría decirse que los espots y el deplorable espectáculo que se ofrece no van sino dirigido a los estratos más pobres, pues de acuerdo con encuestas, como la de la revista Nexos (febrero, 2009), la población menos crítica es la de un nivel socioeconómico más bajo.

¡Hasta la próxima!

Campaña sucia, el otro debate

La política fue, en principio, el arte de
impedir a la gente meterse en lo que le
importaba. Después agregósele el arte de
comprometer a la gente a decidir sobre lo
que no entiende

Paul Valery

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) inició hace tres semanas lo que se califica como una "campaña sucia" contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que primero emplazó a definir, de cara a la opinión pública, si estaba con el Presidente o no, en la lucha contra el crimen organizado, y luego lo acusó de ser un partido narco.

Ese episodio reavivó en los medios de comunicación la polémica acerca de la validez de las campañas sucias. Algunos columnistas las rechazan; otros sostienen que son parte de la competencia democrática. Ponen como ejemplo a Estados Unidos. Allá, argumentan, los candidatos "se tiran con todo", pero tras las elecciones saben acatar los resultados y se circunscriben a la institucionalidad.

El problema, nos parece, depende de la cultura política de los electores. En México, hay que decirlo, en general la gente tiene una pobre formación política que la hace fácilmente influenciable por este tipo de propaganda. Y eso ocurre en todos los ámbitos del espacio público.

Recién lo vimos en el fútbol. Un seleccionado nacional insultó a un reportero diciéndole que la diferencia entre ambos era que él estaba en Europa. Ese fue un comentario claramente denigratorio y racista. Tácitamente le dijo que quienes viven aquí son, por ese sólo hecho, ciudadanos inferiores.

Tres días después el público --generoso y paciente como es, según algunos-- coreaba el nombre de ese jugador como si no los hubiera insultado, así sea de manera indirecta.

En una campaña electoral lo que tratan de evitar los políticos es que el de enfrente se les adelante, no en cuanto a ganar la preferencia del electorado, sino en las formas de manipularlo.

De ahí que si se analiza con detenimiento, se verá que toda la historia de las reformas en materia electoral realizadas aquí los últimos 20 años tienen que ver con la imposición de candados para evitar que los hombres del poder o los propios partidos políticos, obtengan alguna ventaja frente al electorado. No se trata de reformas positivas, sino negativas.

Nuestra democracia es muy cara, suele afirmarse. Y en efecto lo es, y todo porque se construyen instituciones para evitar que unos manipulen más que otros. El IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y toda la maraña burocrática construida alrededor de las elecciones cuesta dinero al país, lo lamentable es que sean tan ineficaces y que no tengan otro propósito más que cuidarle las manos al de junto.

De ahí que en este país el Presidente esté legalmente impedido para hacer proselitismo abiertamente en favor de su partido, aunque siempre se las arregle --faltaba más-- para transgredir esa norma.

No es aventurado afirmar que la verdadera razón de esa prohibición radica en el peso simbólico que entre los mexicanos conserva la figura presidencial. Y esa preeminencia de los símbolos sólo se observa en sociedades políticamente atrasadas.

Pese a los avances registrados, en vastos sectores de la población, la autoridad, y más si se trata del Presidente de la República, tiene aún un halo de respetabilidad y fuerza. Es, sin duda, de uno de los resabios más funestos del exacerbado presidencialismo que vivimos por más de siete décadas.

La falta de madurez política del electorado que asiste a las elecciones como quien acude a un mercado, a escuchar la mejor oferta del día --y ello incluye quien y cómo le pega a su contrincante-- lo hace fácil presa de las imágenes simplificadas en que se basan las campañas sucias.

Los gobiernos y sus partidos conocen muy bien al público. Lo tienen bien medido. Saben cómo y cuándo espantarlo, deslumbrarlo o azuzarlo, es decir, cómo y cuando manipularlo.

El PAN está recurriendo a la misma táctica que le resultó en 2006, cuando calificó a Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México". Es probable que no mienta al recordar el talante antidemocrático y corrupto del PRI. Pero de ellos podría decirse exactamente lo mismo, y ejemplos sobran.

La discusión, sin embargo, no es saber quien miente o quien le tira más lodo al adversario. Tampoco debe centrarse el debate en el contenido, eticidad y consecuencias políticas de las campañas sucias; si deben permitirse o no. Es intrascendente legislar para impedirlas (los tramposos siempre encontrarán un resquicio para violar la ley).

El verdadero debate --y en eso tienen responsabilidad los partidos políticos y la sociedad en su conjunto-- es cómo convertir al elector, que actualmente es tratado como un cliente al que se compra o inhibe con despensas o campañas de miedo, en un verdadero ciudadano.

Si en lugar de sólo electores tuviéramos ciudadanos concientes, informados y en pleno ejercicio de sus derechos, este tipo de propaganda sería impensable en nuestro medio.

Los propios ciudadanos la condenarían. El partido que lo intentara quedaría en ridículo y expuesto al rechazo generalizado. Las campañas sucias son una verguenza, no tanto porque reflejen el atraso de la clase política, sino porque reflejan el atraso de los ciudadanos que las permitimos, las consumimos, las atendemos y hasta dejamos que orienten nuestro voto.

¡Hasta la próxima!

Regresiones

Próximo a convertirse en octagenario --el 4 de marzo cumplirá ocho décadas de vida, pues fue fundado por Plutarco Elías Calles en 1929-- se puede decir que ahí viene el PRI.

Sí, el partido que perdió en 2000 el monopolio del poder tras ejercerlo por más de 70 años, y que en las pasadas elecciones presidenciales (2006) ocupó un lejano tercer lugar (22 por ciento), está electoralmente de regreso.

Una encuesta publicada el lunes pasado por el periódico Reforma sobre la intención del voto documenta empíricamente lo que ya es una percepción más o menos generalizada.

Entre diciembre de 2008 y febrero de este año el Partido Revolucionario Institucional transitó de 36 a 41 por ciento en la intención del voto, en tanto que el Partido Acción Nacional (PAN) perdió en ese mismo periodo 10 puntos porcentuales: pasó de 39 a 29 por ciento.

Como se sabe, el próximo 5 de julio se elegirán 500 diputados que integrarán la LXI legislatura, así como los gobernadores de seis entidades. Aunque es temprano aún para considerar esos números como definitivos, pueden sí, configurar una incipiente tendencia si se considera que desde 2006 el PRI ha ganado en los estados las elecciones para gobernador que estuvieron en juego.

De mantenerse de aquí a julio los porcentajes que prefigura la encuesta, el tricolor estaría, además, muy cerca del 42.3 por ciento que constituye uno de los dos criterios --el otro es obtener 160 victorias de mayoría-- que le darían a un partido el derecho a tener 251 diputados en la próxima legislatura, es decir, 50 por ciento más uno de los votos; en otros términos, la mayoría y el control de la Cámara de Diputados.

Esa nutrida fracción parlamentaria dejaría al partido en una correlación de fuerzas muy favorable para encarar las elecciones presidenciales de 2012, con lo que la sociedad mexicana habría caminado en círculo para llegar adonde empezó: con el PRI en el poder.

Las pifias y omisiones de las administraciones panistas, la percepción generalizada de falta de control y pericia de los operadores gubernamentales y el desorden que priva en la conducción de los asuntos públicos estarían conduciendo a la gente a pensar que "antes estábamos mejor".

Hacia la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox, en la calle las voces ya denotaban la desilusión con el autodenominado gobierno del cambio, al grado que la nostalgia por el PRI --que ahora sabemos también aqueja al secretario panista de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez-- solía expresarse en la fórmula: "prefiero a los corruptos que a los pendejos".

Ahora el PAN estaría peor posicionado, pues ya ni el halo de honestidad lo envuelve, habida cuenta de los casos de corrupción documentados en los gobiernos y entre funcionarios surgidos de sus filas.

En ese contexto el PRI se ha mantenido más o menos a salvo de tormentas internas graves y mediante cuadros como su presidenta Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa ha dado una imagen de experiencia ante los vaivenes, indecisiones e ineficacia política de la actual élite.

Acaso como un signo ominoso de los tiempos por venir, esta semana y la anterior ocurrieron episodios que podrían considerarse, a la vez, como reminiscencias del pasado y como anuncios de un pasado que estaría por reeditarse.

Este martes 24 la 131 Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) reeligió "por unanimidad" como su secretario general al impresentable Joaquín Gamboa Pascoe, uno de los íconos sobrevivientes de la más pura tradición priísta de la antidemocracia, la corrupción, el enriquecimiento (in)explicable y el control corporativo de los trabajadores.

Antes, el 18 de febrero, el mismo Gamboa Pascoe --también octogenario, como su partido-- fue electo presidente del Congreso del Trabajo, y en Los Pinos, como en los viejos tiempos, elogió a Calderon por su actitud "valiente y viril" ante el crimen organizado, al cual estaría "afrontando con calidad de hombre y de presidente". Ese es el talante y el estilo de los hombres que están por regresar a los primeros planos de la política nacional.

Por cierto, de acuerdo con la encuesta mencionada, los mayores porcentajes del voto priísta estarían, por edad, en el segmento de 50 años o más (52 por ciento); por escolaridad, entre quienes sólo cuentan con formación básica (45 por ciento) y por escala social, entre quienes pertenecen a las clases baja o trabajadora y marginal (73 por ciento).

Así, la población de más edad, los más pobres y los menos educados constituyen el grueso de los electores que traerían de regreso a los priístas. Resulta paradójico que quienes han resultado más afectados por las políticas de esos gobiernos, sigan constituyendo su base social más amplia.

Ese fenómeno bien podría explicarse con aquella frase de Karl Marx que desnuda el fundamento de la dominación: la conciencia de los dominantes debe vivir en la conciencia de los dominados.

Poderes fácticos

La actual controversia entre el duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) y el Instituto Federal Electoral (IFE) por la transmisión de propaganda política durante el curso de programas deportivos en el que la continuidad para el televidente es vital, ha puesto en evidencia --como ningún otro episodio podría hacerlo-- el carácter y el rabioso dominio que ejercen los poderes fácticos sobre la sociedad mexicana.

Fáctico proviene de factum (hecho). Un poder fáctico es, así, aquel que gobierna en los hechos, realmente, detrás del trono, sin ser parte del aparato político formal. El poder real detrás de la apariencia de las elecciones y el voto popular.

Es el que decide y conforma el rumbo de la sociedad, más allá de los planes y quehacer gubernamentales, y cuando la clase política adopta decisiones contrarias a sus intereses, abandona su ostracismo y se encarga de recordar a todos quién manda.

Su poder y capacidad les viene del hecho de que los poderes fácticos tienen en sus manos recursos estratégicos mediante los cuales influyen y controlan la ideología o la economía de un país, en este caso ese recurso es la televisión.

Jacqueline Peschard (citada por Fátima Fernández Christlieb en "¿Cómo se constituyó Televisa en un poder fáctico?") los describe como "aquellos poderes que tienen la fuerza para condicionar la acción del Estado mexicano, cuando no para amenazarlo o neutralizarlo".

Otra estudiosa del tema, María Amparo Casar, los caracteriza como aquellos poderes que han crecido al amparo y con el beneplácito, cuando no con el contubernio de las autoridades. Están constituidos formalmente por monopolios privados y públicos. De ellos depende que no se avance en la competitividad, en el crecimiento, en el combate a la pobreza, y en la distribución del ingreso. Constituyen un veto a la acción pública. Hasta aquí las referencias.

Para expresarlo con una imagen popular: "Son la mano que mece la cuna"; los que determinan qué se hace y qué no. Todo en ánimo de mantener un estado de cosas conveniente a sus intereses. Son los que verdaderamente eligen qué persona o qué partido debe gobernar. Y cuando ven en riesgo su decisión recurren a todo tipo de recursos, legales o no, para influir en los electores formales (Recuérdese aquella campaña que tachaba a Andrés Manuel López Obrador como "Un peligro para México". Ellos la idearon, la financiaron y la difundieron).

El verdadero peligro para cualquier país es quedar atrapado enmedio de estos poderes. Entonces se convierte en una sociedad secuestrada, cuya productividad y esfuerzo se distribuye sólo entre las empresas y representantes de esos poderes fácticos.

Ya podrán venir discursos acerca de que le hechemos ganas, que vamos a salir adelante, que tú esfuerzo personal vale mucho; ya podremos hacer largas filas ante las oficinas del IFE para obtener o actualizar la credencial de elector. "Alguien", antes, ya decidió y eligió por nosotros.

Y es que los gobiernos, en países como México, se han convertido sólo en el instrumento, el brazo ejecutor y protector de los intereses de esos poderes fácticos.

En la novela Drácula de Bram Stoker, el doctor Van Helsing dice de pronto, refiriéndose al vampiro: su mayor poder es que la gente no cree que exista. Eso ocurre con los poderes fácticos.

La gente opina y debate en periódicos, en programas de radio y televisión en vivo. Y los temas siempre son lo que ocurre en la esfera pública: la inseguridad, la economía, los pleitos entre partidos y políticos. Le llaman a eso ser una sociedad democrática que discute abiertamente sus problemas.

Es, sin embargo, una sociedad secuestrada. Discute y hace hasta donde conviene a los poderes fácticos, dentro de los límites permitidos por éstos. Pero de ellos nunca se habla ni se debate. Esa es su fuerza.

No se crea, sin embargo, que tales poderes son un ente abstracto, inasible. Tienen nombres y apellidos: son los capitanes de empresas como Televisa, Tv Azteca, los representantes de la élite eclesiástica, empresarios nacionales y extranjeros.

En el caso del actual episodio las coordenadas están trazadas. A las televisoras no les gustó la reforma electoral de 2007 que impide a los partidos gastar fortunas en propaganda mediática. Se recurrirá a los tiempos gratuitos que los concesionarios deben otorgar por ley a la publicidad oficial.

El duopolio reacciona furibundo; interrumpe programas deportivos para transmitir mensajes de partidos políticos. Desafía a la autoridad electoral y ésta reacciona con tibieza. Con el comedimiento propio de un subordinado, cuando se dirige al patrón, el IFE, a través del señor Leonardo Valdés Zurita, consejero Presidente, dice que investigará la difusión "atípica" de esos anuncios.

Ahí está la supuesta máxima autoridad electoral temerosa de llamar a los hechos por su nombre. A la provocación y desacato a las normas le llama, simple, timorata y neutralmente, conducta "atípica". Está en su papel. Él sabe quien manda y sólo acata.

Véanse, además, la reacción de los partidos políticos ante la arbitrariedad de las televisoras: "El PRI no se inmiscuirá en ese debate" (Beatriz Paredes); "No es acusando ni sancionando como se va a resolver este asunto" (Germán Martínez, PAN); "No hay motivo para sancionar a las televisoras, estamos en un periodo de afinación y de ajuste" (Carlos Navarrete, PRD).

Es evidente que ni el IFE ni los partidos tienen el poder ni la voluntad para sancionar esta tergiversación de la ley que han encabezado las televisoras. Seguramente se enredarán en declaraciones de ocasión y así hasta que con el paso de los días se diluya el tema. Un adelanto de que así será lo tuvimos ayer

Se reunieron representantes del duopolio televisivo, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, los presidentes de las dos cámaras del Congreso y los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Al final de la reunión se dijo que "todos los actores reconocen, como base fundamental, que el IFE es la única autoridad en la materia (electoral)".¿y?

Nada, uno de los poderes fácticos (la televisión) hizo saber a los políticos lo que es capaz de hacer si no se comportan con la debida sumisión. Éstos entendieron el mensaje y listo, todos a trabajar para las próximas elecciones libres.

¿Alguien sigue sin creer en drácula?