lunes, 27 de abril de 2009

Influenza y credibilidad

La amenaza epidemiológica causada por un brote de influenza porcina que afecta al Distrito Federal y estados vecinos ha puesto de relieve la desconfianza de amplias capas de la población capitalina, respecto de las autoridades federales.

Es notorio que ante la gravedad de la emergencia, el temor, el enfrentarse los ciudadanos a algo desconocido, pero que tiene un claro potencial de exterminio ha exacerbado esta crisis de credibilidad y de confianza hacia la autoridad, que se expresa en sospechas y en peticiones, entre indignadas y desesperadas, de información veraz, confiable y oportuna.

Las versiones On line de los diarios de la ciudad de México permiten, como ahora se dice, cotejar en tiempo real, la respuesta de los lectores a informaciones o artículos de opinión de reporteros y columnistas, casi en el momento en que se publican.

Durante el fin de semana la mayoría de las notas relacionadas con el problema incluían algún comentario en que alguien ponía en duda la veracidad de la situación creada desde el jueves 23 de abril por la noche, cuando el secretario de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdoba Villalobos, anunciara las primeras medidas para enfrentar la emergencia.

El tono general de esos comentarios discurría acerca de que la epidemia era en realidad una suerte de complot urdido por estrategas federales, ya para presentar al gobierno como el salvador de la población de cara a las próximas elecciones de julio, ya para infundir miedo en la gente con propósitos de control y distracción políticos.

Al anochecer del domingo los lectores reclamaban, además, información exacta sobre la situación en virtud de que encontraban discrepancias entre los números informados por el señor Felipe Calderón y los de su secretario de Salud; para otros resultaba inexplicable que en Estados Unidos no hubiera aún reportes de fallecidos y en México sí; o cuestionaban por qué allá se distribuirían 37 millones de dósis del antiviral Tamiflu y en México sólo se cuenta con un millón, según datos oficiales.

Con el paso de los días ha ido quedando claro que la alerta difundida tiene una base real, que se trata de un riesgo que ha puesto en guardia a los organismos internacionales para, primero, descifrar la nueva cepa del virus, determinar su potencial de contagio humano-humano y simultáneamente aplicar antivirales, en tanto se cuenta con una nueva vacuna capaz de neutralizar la nueva mutación.

Y sin embargo, no es improbable --ni los gobiernos carecen de los medios que les permitan hacerlo, si se lo propusieran-- manipular a la población del planeta acerca de casi cualquier tema. Hace apenas unos años George W. Bush desplegó una presión mundial para embarcar al mundo en una campaña bélica contra el terrorismo, a raíz del ataque al WTC de Nueva York, aquel 11 de septiembre de 2001.

Ataque que, en la misma línea de lo que ocurre hoy en México, algunos sectores de opinión atribuyeron a un plan de Washington que así se habría aprovisionado de una cuartada para sus aviesas intenciones en el Oriente Medio. Luego se hizo creer a la opinión pública mundial que Irak poseía armas de destrucción masiva, con lo que se justificó la invasión militar de EUA y sus aliados.

En el extremo de la suspicacia, ha llegado a sostenerse (Teoría de la conspiración), que la misión del Apolo 11 que el 20 de julio de 1969 convirtió a Neil Armstrong en el primer hombre en pisar la luna, fue un montaje de Estados Unidos realizado en el desierto de Nevada para anotarse un triunfo en la carrera espacial contra la entonces Unión Soviética, y para distraer del desastre en que se había convertido la invasión a Vietnam.

Lectores que comentan noticias on line han expuesto, asimismo, su sospecha de que la epidemia actual habría sido provocada por un virus escapado o liberado a propósito con fines experimentales de algún laboratorio en que los estadounidenses hacen pruebas de guerra bacteriológica.

Con todo, la posibilidad de esas conjeturas, que parecerían traídas de los pelos, no es lejana. A ello contribuye el propio gobierno estadounidense que, en voz de uno de sus voceros, señaló este domingo que no tenían evidencia de que el actual brote epidemiológico fuera resultado de algún acto de bioterrorismo, con lo que tácitamente reconoció que sí habían explorado esa vertiente del asunto.

Sea de ello lo que fuere, lo que ciertamente no es improbable, en el caso de México, es el uso político que el gobierno federal panista dará al asunto una vez pasada la emergencia. Es dable imaginar que, aprovechando el impulso de la contingencia, llamen a la población a mantenerse unida en torno del Presidente, pues se atribuirá a esa unidad el haber resuelto la crisis de salud.

La exaltación de la unidad en derredor de la figura presidencial y de las instituciones, será seguramente un tema en el que insistirá el PAN, cuando se inicien formalmente las campañas electorales.

Lo hará a despecho de la realidad, pues nuevamente ha quedado de manifiesto cuán difícil es aquí pasar de las palabras a los hechos, aun en situaciones límite, cuando está de por medio la vida de las personas. Una madre refirió al periódico La Jornada su peregrinar para lograr que atendieran a su hija que presentaba los síntomas de la enfermedad.

Pese al anuncio oficial de que el Seguro Social recibiría incluso a quienes no fueran derechohabientes, en una de esas clínicas se le negó el servicio precisamente por no serlo. Y una clínica particular también la rechazó por no tener los 10 mil pesos del depósito que le solicitaron para atenderla. La porfiada realidad utilitarista termina por imponerse a la ética médica y a la solidaridad que requiere cualquier paciente en semejante trance.

Otro filón que pronto desnudará esta emergencia es el abandono en que los sucesivos gobiernos neoliberales han mantenido al sector salud. En el hospital de especialidades médicas La Raza, no había hasta el sábado un espacio que permitiera aislar del resto a los pacientes afectados por la influenza porcina, e incluso algunos contagios se debieron a esa situación, según comentó a este blog una enfermera de ese nosocomio.

Falta de camas de hospital, desabasto de medicinas e insumos mostrarán y magnificarán en esta emergencia los errores y deficiencias de nuestros gobiernos en esta materia. Lo malo que, como siempre, los perjudicados seremos los usuarios de esos establecimientos de salud.

¡Hasta la próxima!

viernes, 24 de abril de 2009

Jacinta

El caso de Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de 42 años acusada falsamente de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y condenada por ello a 21 años de cárcel, es paradigmático de nuestro aberrante sistema de justicia.

Un país en el que ocurren casos como ese no puede aspirar a ningún tipo de desarrollo si antes no resuelve lo básico: ser una sociedad legal. Sin eso, ya podrá discutirse acerca de mil cosas más o menos complejas, jamás saldremos del subdesarrollo. Veamos por qué:

Una mañana del 26 de marzo de 2006 seis agentes de la AFI sin uniformes ni identificación irrumpieron en la plaza de Santiago Mexquititlán, Querétaro y, con violencia, despojaron a algunos comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba de piratería.

Horas después, el jefe regional de la AFI y el agente del ministerio público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro dialogaron con los afectados y convinieron en pagar los daños causados por los agentes. Solicitaron tiempo para ir a San Juan del Río por el pago y ordenaron a un agente que permaneciera en el lugar como garantía de que regresarían.

Cerca de las siete de la noche del mismo día todos los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que participaron en el incidente abandonaron sin problemas la comunidad tras pagar a los comerciantes por los daños causados. Pero cinco meses después, el 3 de agosto de 2006, la señora Jacinta Francisco Marcial fue trasladada con engaños (para que declarara sobre la supuesta poda de un árbol) a la ciudad de Querétaro.

Allí, de pronto se encontró ante los medios de comunicación y se enteró de que estaba acusada, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, durante los hechos de aquél día de marzo.

La única prueba contra la acusada es la foto de un diario local en que Jacinta aparece cerca del lugar de los hechos, pues regresaba de ponerse una inyección en un local de los alrededores.

Irregularidades como esa abundan en la causa procesal, pero ante la insuficiencia de pruebas, en vez de modificar la sentencia y restituirle su libertad, el magistrado Hanz Eduardo Muñoz López, ante quien se presentó un recurso de apelación, lo único que hizo fue ordenar la reposición del procedimiento.

Es decir, devolvió el expediente al juez cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para un nuevo desahogo de pruebas, pues se reconoce que existen "contradicciones sustanciales" en los testimonios de los seis agentes que dicen haber sido secuestrados por Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González.

La revisión del caso estará a cargo de Pedraza Longhi, el mismo juez que condenó a Jacinta a 21 años de prisión. No es creíble que en una nueva revisión el mismo ministro se desdiga de su sentencia original. Así sea sólo por evitar el ridículo, hay el riesgo de que corrobore el castigo.

Esa conducta es muy factible, pues ayer jueves el vocero de la PGR anunció que no se desistirán de la acusación y que tienen pruebas para inculpar a Jacinta. El caso es que según el maestro Fernando Batista, cuarto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), declaró ayer a W radio que llevan tres años solicitando copias de las tales pruebas y nomás siguen esperando.

El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que ha asumido la defensa de Jacinta, señala que además de todo lo anterior, se viola el precepto que obliga a cualquier autoridad a presumir la inocencia del acusado, en vez de presumir su culpabilidad, como se hace en este caso al mantener a la víctima en prisión preventiva, pese a las endebles y hasta inexistentes pruebas en su contra.

Sostiene además ese Centro, que este juicio "hace patente la discriminación que prodigan las instancias de justicia en contra de quienes son indígenas, mujeres y viven en condiciones de extrema marginalidad. Para ellas en México no hay justicia ni Estado de Derecho".

Hace notar, asimismo, el uso abusivo que hacen las autoridades de la figura del secuestro, para castigar o inhibir expresiones de protesta o descontento popular. "Las mismas procuradurías que no son efectivas al investigar o esclarecer los verdaderos secuestros...son expeditas e implacables, cuando se trata de imputar ese grave delito a quienes, con pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades con actos de protesta".

Hoy Jacinta cumple 1,008 días en prisión y no parece que el problema pueda resolverse pronto, pues la revisión del juicio incluye careos con los agentes presuntamente secuestrados, los cuales, en anteriores diligencias sospechosamente no se presentaron a ninguno de los 15 citatorios que en un año les giró la autoridad que conoce del caso.

Al parecer la intensión es alargar el proceso, aprovechando las lagunas y absurdos de nuestro sistema judicial para extender lo que ya tiene visos de venganza contra una habitante del poblado que se negó a ser atropellado por los agentes de la AFI.

El gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón ha guardado un ominoso silencio ante esta flagrante injusticia y seguramente así se mantendrá. Es el estilo de los gobiernos del partido blanquiazul.

Recuérdense los casos de Ernestina Ascencio en Veracruz, quien murió a causa de la violación de que fue víctima por militares, pero cuyo deceso fue atribuido por el señor Felipe Calderón y por José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una gastritis. O los casos de Atenco, cuyos líderes han sido sentenciados a más de un siglo de prisión por impedir los planes foxistas de construir allí un nuevo aeropuerto. O la desaparición forzada de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La lista de perseguidos políticos se sigue acumulando al saldo de la derecha en el poder. Intolerancia, injusticia, autoritarismo, corrupción y el uso de los aparatos de Estado para reprimir con intención ejemplarizante, han desnudado ya, más allá de la cara amable que se presentará en la propaganda electoral, los rasgos fascistas de un gobierno cuya legitimidad estará permanentemente cuestionada por vastos sectores de la sociedad.

¡Hasta la próxima!

miércoles, 22 de abril de 2009

Miente el IFE

Arrastrando un desprestigio que ha minado el principal atributo que debiera preservar una institución de su tipo --la credibilidad-- el Instituto Federal Electoral (IFE) ha emprendido una campaña para promover el voto ciudadano en las elecciones intermedias del próximo 5 de julio.

Aunque hay quienes aseguran que las pifias en que han incurrido los consejeros y quien los encabeza, Leonardo Valdés Zurita, son premeditadas para desalentar la participación ciudadana en la referida elección, parece más bien que los tumbos del Instituto débense a la incapacidad política y falta de independencia de sus miembros.

Es cierto que a nuestra clase política conviene que la ciudadanía se mantenga ajena y lo más alejada y desinteresada de la política. Entre más lo esté, las ganancias económicas seguirán siendo para unos cuantos. Pero se necesita a los electores en las urnas para legitimar los procesos de elección y mantener así la ilusión y la apariencia de la democracia.

Por ello importa al IFE hacer que los ciudadanos voten. Pero su campaña es mentirosa y con un concepto baratísimo. Busca dramatizar el llamado mediante un recurso muy visto: el contraste negativo. Consiste en pedir que no se realice la acción solicitada (considerada positiva) si se quiere mantener una situación catalogada como socialmente anómala.

En el anuncio se pregunta a la gente: "¿Quieres que la justicia siga siendo para unos cuantos? No votes. ¿Quieres hacer como que no pasa nada? No votes" y termina diciendo: "Ellos (los diputados) deciden en qué se gastan nuestros impuestos y deben hacerlo en lo que nos hace falta".

Por asociación de ideas el mensaje induce a pensar que la sola acción del voto hará que desaparezca la injusticia, o hará que los diputados voten los presupuestos de acuerdo con las necesidades inmediatas de la gente y al revés, si no hay votos, entonces seguirán los problemas.

Esa forma de manipulación mediática no debería ser ejercida por una entidad que tiene como uno de sus principios rectores la veracidad, la certidumbre y el apego a los hechos y, entre cuyos fines figura contribuir al desarrollo de la cultura democrática.

El IFE viola ambos preceptos, pues no es veraz ni apegado a los hechos que el voto obre esas transformaciones mágicas. México tiene una larga tradición en la organización de elecciones y, sin embargo, como el propio Instituto reconoce, aquí la justicia sigue siendo sólo para unos cuantos.

Tampoco los diputados, una vez electos, escucharán a sus representados para definir el sentido de sus votos. Ese es uno de los mitos o malentendidos más difundidos de las democracias liberales.

Como afirma el pensador alemán Joachim Hirsch, la democracia política en la sociedad capitalista no puede ser "democracia de base" o gobierno directo del pueblo, sino que se reduce a la coparticipación de éste en formas sumamente restringidas --como el ir a votar, agregamos nosotros-- y sujeta a reglas de procedimiento extremadamente estrictas.

Se entiende que los partidos políticos y el IFE, hermanados por la crisis de credibilidad que padecen --aquellos tienen sólo un raquítico 4 por ciento de confianza de la gente y el Instituto el 31 por ciento, según la IV Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas divulgada la semana pasada-- pretendan hacer lo que sea por llevar gente a las urnas para justificar su existencia y legitimar al sistema, pero son precisamente esas maniobras las que consiguen el efecto contrario.

Por lo demás, ese tipo de campañas muestran el perfil antidemocrático y falaz de un instituto creado para garantizar la certeza en las elecciones, pero que de más en más se ha convertido en un costoso lastre para la democracia que pretende salvaguardar.

¡Hasta la próxima!

lunes, 20 de abril de 2009

Cananea

Una nueva muestra de como la administración federal panista gobierna con los dados cargados en favor de unos cuantos, lo constituye el modo desaseado e ilegal en que se quiso terminar con la huelga que desde julio de 2007 mantiene el sindicato minero contra el Grupo México, de Germán Larrea, dueño de la empresa minera Mexicana de Cananea.

El asunto tiene reminiscencias porfiristas, no sólo porque en 1910 una huelga en esa misma empresa --situada en Cananea, Sonora-- contó entre las causas que descompusieron el orden prevaleciente y dieron lugar al levantamiento armado, sino porque recuerda la divisa porfirista: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas".

Sin que en este caso mediara la justicia, se quiso beneficiar al amigo del presidente (el dueño del grupo México) de un modo tan burdo que estuvo a punto de desatar la violencia en contra de los trabajadores.

Consistió la maniobra en alegar la empresa que las instalaciones y equipo de la mina habían sufrido daños irreparables. El argumento lo avaló la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, la cual, tras una inspección, determinó que debido a esa causa "era imposible realizar trabajos de minería".

En sintonía con esa maniobra, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), dependiente de la Secretaría del Trabajo, emitió entonces un laudo en el que aprobó el despido de los mil 200 trabajadores del sindicato minero en huelga, pues según eso "la empresa acreditó la existencia de una causa de fuerza mayor, consistente en que la Unidad Minera de Cananea se encuentra con daños y destrucción ocasionados a la maquinaria, materiales, instalaciones y equipos esenciales para su funcionamiento y operación, que son de tal gravedad que producen como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos".

Debido a que una causa como esa no es imputable a la empresa, la JFCA aprobó el despido de los trabajadores, y, de paso, la terminación de la huelga (que en realidad era el fin principal de la maniobra avalada por la Secretaría del Trabajo), pues como dijo, entre burlón y festivo, el abogado del Grupo México, Salvador Rocha Díaz, "no habiendo contrato colectivo de trabajo, entonces tampoco hay huelga".

Un amparo conseguido por los mineros dejó sin efectos temporales el laudo señalado y aun evitó que fueran desalojados por la fuerza de su centro de trabajo por agentes de la Policía Federal Preventiva, pero el episodio dejó clara la proclividad gubernamental a proteger las tropelías de sus socios (en este Caso Germán Larrea) violando e incluso anulando derechos fundamentales, como el de huelga.

No es, sin embargo, la primera vez que el gobierno protege a ese empresario. El Grupo México también es propietario de la mina Pasta de Conchos, en el poblado de San Juan Sabinas, Coahuila, donde una explosión sepultó a 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006. En esa ocasión, las autoridades del trabajo pasaron por alto las evidentes y probadas fallas en la seguridad, esas sí imputables al patrón, que provocaron el accidente.

Como ahora, el entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, pasó por alto esas circunstancias y en vez de actuar legalmente se ocupó de encubrirlas. Ese contubernio data de la época de Carlos Salinas, quien se encargó de hacer quebrar la entonces Compañía Minera de Cananea, para privatizarla en favor de Jorge Larrea, padre de Germán.

Salinas entregó entonces un gran negocio, pues se trata de uno de los yacimientos de cobre más grandes de México y del mundo, con una vida útil rentable de al menos 65 años, según Daniel Chávez Carreón, director de Operaciones de la empresa.

En un insólito comportamiento que desnuda de qué lado está, la Secretaría del Trabajo se apresuró a negar el mismo jueves 16 de abril por la noche, que los mineros hubieran conseguido un amparo "...por lo que se reitera que es falso que esta determinación (el cierre de la empresa) haya quedado invalidada".

En respuesta, los mineros pusieron a funcionar durante media hora el área de fundición de la mina para demostrar que se encuentra en condiciones de operar.

El asunto está en el aire y todavía es posible esperar nuevas maniobras empresa-gobierno para hacer terminar una huelga que han querido declarar como legalmente inexistente al menos en tres ocasiones fallidas.

¡Hasta la próxima!

miércoles, 15 de abril de 2009

PAN: la transición perdida

Cuando casi todo mundo vacacionaba a cuenta de la semana santa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, vino a recordarnos la catástrofe que para el país significó en todos los ámbitos de la vida pública el gobierno panista de Vicente Fox.

Al concluir la fiscalización de la cuenta pública de 2006, último año de gobierno del político guanajuatense, la dependencia concluye que ha sido la administración con el peor desempeño en los últimos 18 años (tres sexenios), pues en el periodo 2000-2006 la economía creció apenas 2.3 por ciento al año (con Ernesto Zedillo creció 3.5 por ciento, pese a la crisis de 1994-1995); en competitividad en el mundo México pasó del lugar 42 al 64 y sólo se generaron 224 mil empleos anuales, mientras que su antecesor creó 600 mil puestos de trabajo cada año.

En ese informe figuran otras cifras que dan cuenta del errático y hasta presuntamente corrupto manejo de las finanzas públicas, pues el último año de esa malhadada administración panista, el gobierno contó con 310 mil millones de pesos adicionales debido a los excedentes por ingresos petroleros, de los cuales hasta ahora no hay indicios de que se hayan aplicado en algún rubro.

Esos datos son, en sí mismos, demoledores, pero además tienen la virtud de centrar la atención en tres cuestiones a menudo soslayadas en el debate político actual: primero, que en México el cacareado proceso de transición democrática no fue tal; segundo, cómo combatir la impunidad de los gobernantes fallidos y tercero, la necesidad de revisar los sistemas de información y fiscalización institucional, pues son lentos y evitan que la sociedad adopte a tiempo las medidas correctivas pertinentes.

Un auténtico proceso de transición a la democracia requiere de varias condiciones, ante todo, de una reforma del Estado que garantice transparencia, una efectiva rendición de cuentas, no la contrahechura en que se ha convertido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Un dato demuestra la simulación de la pretendida política de transparencia: en el actual sexenio aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados por el gobierno. Al cierre de la gestión de Fox había tres millones 839 mil 296 documentos a cuyo contenido la ciudadanía no podía tener acceso, los cuales se incrementaron a cinco millones 935 mil 808 durante la presente administración, según datos del Índice de Expedientes Reservados del IFAI.

Otra condición para una real transición democrática es la necesidad de un nuevo orden político, que incluya eliminar todo el andamiaje institucional diseñado para alentar la corrupción, el encubrimiento, el tráfico de influencias, la opacidad y la ineficiencia en el quehacer gubernamental.

Eso, como se sabe, no ha sido una prioridad en los gobiernos federales panistas, quienes han pretendido vender, con relativo éxito, la falsa idea de que la alternancia en el poder es en sí misma, un proceso de transición democrática.

El segundo aspecto, el de la impunidad, tiene que ver con ese entramado institucional que le permite al señor Felipe Calderón mantener lejos de la justicia y protegido a su antecesor, pero aún peor, la falta de mecanismos para que la propia sociedad pueda llevar ante los tribunales a los gobernantes cuyas fallas atentan contra el desarrollo del país.

Paralelo a lo anterior, es preciso que los mecanismos de fiscalización sean más ágiles, pues no es posible que después de casi tres años, apenas vengamos a enterarnos de los datos duros que configuraron el auténtico fraude a la nación que representó la presidencia foxista.

Eso demuestra la urgencia de legislar en asuntos como la revocación del mandato, pues con una figura legal como esa y con información oportuna, se evitaría, a tiempo, mantener en el poder a quienes hunden al país.

En las próximas elecciones del 5 de julio, el PAN se ha propuesto obtener una mayoría legislativa que le permita imponer leyes que, como en el caso de la reforma petrolera, están claramente en contra del interés nacional.

Los datos que ahora reveló la ASF, deberán ser tomados en cuenta por los electores para decidir si extienden un nuevo cheque en blanco y le otorgan esa mayoría a gobernantes que han ofrecido tan magros y lamentables resultados.

¡Hasta la próxima!