Jacinta

El caso de Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de 42 años acusada falsamente de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y condenada por ello a 21 años de cárcel, es paradigmático de nuestro aberrante sistema de justicia.

Un país en el que ocurren casos como ese no puede aspirar a ningún tipo de desarrollo si antes no resuelve lo básico: ser una sociedad legal. Sin eso, ya podrá discutirse acerca de mil cosas más o menos complejas, jamás saldremos del subdesarrollo. Veamos por qué:

Una mañana del 26 de marzo de 2006 seis agentes de la AFI sin uniformes ni identificación irrumpieron en la plaza de Santiago Mexquititlán, Querétaro y, con violencia, despojaron a algunos comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba de piratería.

Horas después, el jefe regional de la AFI y el agente del ministerio público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro dialogaron con los afectados y convinieron en pagar los daños causados por los agentes. Solicitaron tiempo para ir a San Juan del Río por el pago y ordenaron a un agente que permaneciera en el lugar como garantía de que regresarían.

Cerca de las siete de la noche del mismo día todos los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que participaron en el incidente abandonaron sin problemas la comunidad tras pagar a los comerciantes por los daños causados. Pero cinco meses después, el 3 de agosto de 2006, la señora Jacinta Francisco Marcial fue trasladada con engaños (para que declarara sobre la supuesta poda de un árbol) a la ciudad de Querétaro.

Allí, de pronto se encontró ante los medios de comunicación y se enteró de que estaba acusada, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, durante los hechos de aquél día de marzo.

La única prueba contra la acusada es la foto de un diario local en que Jacinta aparece cerca del lugar de los hechos, pues regresaba de ponerse una inyección en un local de los alrededores.

Irregularidades como esa abundan en la causa procesal, pero ante la insuficiencia de pruebas, en vez de modificar la sentencia y restituirle su libertad, el magistrado Hanz Eduardo Muñoz López, ante quien se presentó un recurso de apelación, lo único que hizo fue ordenar la reposición del procedimiento.

Es decir, devolvió el expediente al juez cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para un nuevo desahogo de pruebas, pues se reconoce que existen "contradicciones sustanciales" en los testimonios de los seis agentes que dicen haber sido secuestrados por Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González.

La revisión del caso estará a cargo de Pedraza Longhi, el mismo juez que condenó a Jacinta a 21 años de prisión. No es creíble que en una nueva revisión el mismo ministro se desdiga de su sentencia original. Así sea sólo por evitar el ridículo, hay el riesgo de que corrobore el castigo.

Esa conducta es muy factible, pues ayer jueves el vocero de la PGR anunció que no se desistirán de la acusación y que tienen pruebas para inculpar a Jacinta. El caso es que según el maestro Fernando Batista, cuarto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), declaró ayer a W radio que llevan tres años solicitando copias de las tales pruebas y nomás siguen esperando.

El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que ha asumido la defensa de Jacinta, señala que además de todo lo anterior, se viola el precepto que obliga a cualquier autoridad a presumir la inocencia del acusado, en vez de presumir su culpabilidad, como se hace en este caso al mantener a la víctima en prisión preventiva, pese a las endebles y hasta inexistentes pruebas en su contra.

Sostiene además ese Centro, que este juicio "hace patente la discriminación que prodigan las instancias de justicia en contra de quienes son indígenas, mujeres y viven en condiciones de extrema marginalidad. Para ellas en México no hay justicia ni Estado de Derecho".

Hace notar, asimismo, el uso abusivo que hacen las autoridades de la figura del secuestro, para castigar o inhibir expresiones de protesta o descontento popular. "Las mismas procuradurías que no son efectivas al investigar o esclarecer los verdaderos secuestros...son expeditas e implacables, cuando se trata de imputar ese grave delito a quienes, con pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades con actos de protesta".

Hoy Jacinta cumple 1,008 días en prisión y no parece que el problema pueda resolverse pronto, pues la revisión del juicio incluye careos con los agentes presuntamente secuestrados, los cuales, en anteriores diligencias sospechosamente no se presentaron a ninguno de los 15 citatorios que en un año les giró la autoridad que conoce del caso.

Al parecer la intensión es alargar el proceso, aprovechando las lagunas y absurdos de nuestro sistema judicial para extender lo que ya tiene visos de venganza contra una habitante del poblado que se negó a ser atropellado por los agentes de la AFI.

El gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón ha guardado un ominoso silencio ante esta flagrante injusticia y seguramente así se mantendrá. Es el estilo de los gobiernos del partido blanquiazul.

Recuérdense los casos de Ernestina Ascencio en Veracruz, quien murió a causa de la violación de que fue víctima por militares, pero cuyo deceso fue atribuido por el señor Felipe Calderón y por José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una gastritis. O los casos de Atenco, cuyos líderes han sido sentenciados a más de un siglo de prisión por impedir los planes foxistas de construir allí un nuevo aeropuerto. O la desaparición forzada de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La lista de perseguidos políticos se sigue acumulando al saldo de la derecha en el poder. Intolerancia, injusticia, autoritarismo, corrupción y el uso de los aparatos de Estado para reprimir con intención ejemplarizante, han desnudado ya, más allá de la cara amable que se presentará en la propaganda electoral, los rasgos fascistas de un gobierno cuya legitimidad estará permanentemente cuestionada por vastos sectores de la sociedad.

¡Hasta la próxima!