Guarderías: impunidad y simulación

La tragedia de Hermosillo, que ya cobró la vida de 47 infantes, refleja crudamente el desmoronamiento del sistema político mexicano.

Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.

Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.

El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.

De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.

Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.

El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.

Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.

Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.

En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.

A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?

Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.

Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?

De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.

En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.

Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.

Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.

Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.

Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.

¡Hasta la próxima!

Televisa: la política como casting

En una rotunda confirmación de cómo Televisa utiliza al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para obtener posiciones en la próxima legislatura federal, el actor Raúl Araiza --quien junto con Maité Perroni es la cara visible de la campaña electoral de esa agrupación-- ha revelado en una entrevista radiofónica la verdadera razón de su inclusión en los promocionales.

Dijo Araiza a la periodista Manilú Torrado --del programa Tal cual que se transmite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por las frecuencias de MVS-- que a él lo eligieron en un casting.

"Dentro de un grupo de actores nos escogieron como nos hubiera escogido Coca-Cola o Marinela, por imagen, no tanto porque yo sea político".

La declaración desnuda sin ambages la forma en que Televisa ha puesto al servicio del Verde el arrastre de sus estrellas jóvenes, pues juventud es el distintivo de que se ufana ese partido. Y como esa empresa utiliza a sus actores como guiñapos obligándolos a mentir públicamente para ganarse su paga.

En efecto, en sendos reportajes masivamente publicitados por Televisa, una de las revistas del consorcio --TV y novelas-- presentó a Araiza y a Perroni, como dos actores cuyas fuertes convicciones políticas los condujeron a participar en el PVEM y mediante entrevistas a modo, explican sus "razones" para apoyar las propuestas del Verde.

Involuntaria y descuidadamente, Araiza ha revelado ahora que en realidad las tales convicciones no existen, que son un montaje más de su empresa, que fueron elegidos en un casting y que a él la política ni le interesa. ¿Así o más claro?

Seguramente la empresa hará pagar a Araiza muy caro su traspié declarativo. Por lo pronto ha quedado claro como Televisa está tratando de construir su propia bancada embozándose tras la fachada de un partido que casi casi resulta un membrete.

El episodio de los anuncios de la citada revista sirvió de paso al monopolio para transgredir una vez más la norma que impide a los partidos contratar pautas publicitarias en radio y televisión.

Tardíamente, cuando ya el mal estaba hecho, el Instituto Federal Electoral pidió retirar tales espots.

¡Hasta la próxima!

Televisa verde

Suelen Televisa y TV Azteca abominar de los partidos políticos. Y sin embargo, utilizan a uno de ellos, el Partido Verde Ecologista (PVEM), como centinela de sus intereses. E indirectamente también existe una vinculación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el que el Verde va ha establecido una alianza electoral y diríase que programática, pues votan igual lo mismo en el Congreso que en el Instituto Federal Electoral (IFE).

No es que tales empresas carezcan del derecho de velar por sus intereses mediante su participación en determinados partidos, lo criticable es la manera embozada y hasta hipócrita en que lo hacen. En una democracia madura y transparente, todo mundo debería saber cómo se mueven y a través de quien esas empresas de televisión presionan por obtener las ventajas de que gozan en un país que supuestamente prohíbe los monopolios.

Ambas televisoras critican lo que llaman "la partidocracia" para referirse a la forma en que los partidos se han impuesto a la ciudadanía. En realidad su crítica apunta a desprestigiar a quienes, en ocasiones, se han atrevido a legislar en contra de sus intereses políticos y comerciales.

En las próximas elecciones, Televisa y TV Azteca han colocado subrepticiamente a sus alfiles en las listas para diputados plurinominales del Partido Verde. Y lo han hecho en posiciones que aseguran la llegada a la Cámara de Diputados de tales representantes.

Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil han documentado que por lo menos siete candidatos postulados por ese partido están ligados a los consorcios del Periférico. Casi todos ellos han estado o están al servicio de la oficina del director de asuntos jurídicos de Televisa, Javier Tejada Dondé, quien en 2007 --cuando se reformó la Ley Televisa-- fungía como vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), dominada por la televisora.

Veamos:

Lorena Corona Valdés: trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Televisa. Ocupa la posición 2 en la primera circunscripción.

Miguel Orozco Gómez: Figura como suplente de la anterior. Es director jurídico de la CIRT y hermano del actual senador del Verde Ecologista, Javier Orozco, quien era el coordinador de la Comisión de Radio y Televisión que dictaminó la Ley Televisa.

Rodrigo Pérezalonso González: Ocupa la primera posición en la segunda circunscripción. Es representante de Televisa en la Comisión de Regulación de la CIRT.

Roberto García Requena: Funge como suplente del anterior. Fue coordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Es el segundo de a bordo en la oficina de Dondé en Televisa.

Juan Gerardo Flores Ramírez: También trabajó en la Cofetel. Es secretario técnico de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados. También colabora en la oficina de Dondé.

Verónica Rocío Tomas Ruiz: Suplente del anterior. Fue asistente de Tejeda Dondé durante ocho años en Televisa.

Mónica García de la Fuente: Lugar 4 de la tercera circunscripción. Ex asesora parlamentaria del partido Nueva Alianza. Trabajó un año en la oficina de Tejeda Dondé.

Adriana Zarur: Lugar 2 de la cuarta circunscripción. Es conductora del canal Proyecto 40 perteneciente a TV Azteca.

Ninfa Clara Salinas Sada: Es la número uno de la cuarta circunscripción. Es nada menos que hija del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

Como se ve, el PVEM parece haber cambiado su vocación ecologista por una más ligada con los jugosos negocios de las telecomunicaciones.

Un dato sobresaliente relacionado con la lista anterior y con lo que escribimos el miércoles pasado acerca de los intereses que promueve Alejandro Martí, lo da el hecho de que hasta ahora, los candidatos que más han suscrito el pacto "Mi voto por tú compromiso" sean precisamente los del Partido Verde.

En efecto, la página de la Fundación Martí registra que 63 candidatos "ecologistas" han suscrito ese pacto, contra apenas 16 del PAN, 9 del PRI y uno del PRD, por citar sólo los más grandes.

No es casual. Son, como hemos visto, los candidatos de las televisoras que pugnarán --pues a eso los "compromete" Martí, entre otras cosas-- por anular el artículo 41 constitucional, ese que prohibe a los particulares contratar espots en periodos electorales. A eso van, a defender esos intereses. Y por eso los han mandado a firmar alegremente.

Esa cooptación que las televisoras han hecho del partido Verde explica, asimismo, el repentino "interés" que por la política ha surgido entre algunos artistas de Televisa, quienes han puesto todo el peso de su popularidad en tratar de inclinar las simpatías de la gente hacia el PVEM.

Por ello son Maité Perroni --ex RBD-- y Raúl Araiza quienes encabezan la capaña de ese partido y de ahí también el abierto proselitismo que por televisión realizan revistas normalmente apolíticas como TV y Novelas.

Como se ve, las televisoras están moviéndose para hacerse de una robusta representación en el Congreso que les asegure mantener en el limbo o que se legisle ventajosamente para ellas la aún pendiente ley reglamentaria de Radio y Televisión y, paralelamente, ir tomando posiciones para la contienda de 2012 en el que el PVEM seguramente mantendrá su alianza con el PRI para postular a Enrique Peña Nieto. Esa es la apuesta de las televisoras.

¡Hasta la próxima!

¿A quien sirve Alejandro Martí?

Nadie puede evitar ser solidario con la tragedia que el año pasado enlutó al empresario Alejandro Martí por el secuestro y posterior asesinato de su hijo adolescente.

Lo cuestionable es el uso político que él mismo ha dado o ha permitido que se haga de esa lamentable circunstancia personal. Primero, una multitudinaria marcha contra la inseguridad que luego dio paso a un demagógico y hasta ahora ineficaz Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Luego, el empresario creó la Fundación SOS para agrupar a movimientos civiles y ciudadanos que luchen contra la delincuencia y el crimen organizado.

En la hora actual, Martí creyó encontrar en las próximas elecciones una adecuada ventana de oportunidad para llamar a la ciudadanía a votar sólo por aquellos candidatos que se comprometan por escrito y ante notario público a cumplir una serie de demandas en materia de seguridad y libertades constitucionales, incluidas todas ellas en el llamado Pacto Nacional Ciudadano "Mi voto por tu compromiso".

Los tales compromisos son, en efecto, muy atendibles y nadie podría estar en desacuerdo en, por ejemplo, comprometer a gobernadores, presidentes municipales y delegados a reducir índices de impunidad en delitos como secuestro, extorsión, robo y homicidio.

Y nadie podría negar que es muy pertinente comprometer a diputados federales y locales a votar por iniciativas que permitan la reelección o la reducción de los representantes populares.

El problema con la propuesta de Martí es que, envuelta en demandas que concitan la aprobación general, ha incluido otras que responden claramente a los intereses de las televisoras, a cuyo servicio parece haberse puesto el empresario.

Demandar, por ejemplo, que se reforme el artículo 41 constitucional que según él limita "el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente durante los procesos electorales", es una clara concesión al duopolio televisivo.

Con razón, el politólogo José Antonio Crespo ha bautizado las propuestas de Martí como un auténtico Caballo de Troya incrustado dentro del movimiento ciudadano.

Es del dominio público que la redacción de ese artículo, incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión reformada en 2007, irritó desde el principio a las televisoras, pues, a la luz de la experiencia de 2006, prohibió a los particulares la contratación de espots para promover o denostar a candidatos a puestos de elección popular.

Es obvio que esa reforma apunta a evitar que los dueños del dinero intervengan de manera inequitativa en la manipulación de la voluntad popular. Es decir, resulta claro que ni usted ni yo, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos "de a pie" carecemos de recursos para contratar con Televisa o TV Azteca un paquete --no venden anuncios sueltos-- para promover un candidato.

Los únicos que pueden hacerlo son empresarios o corporaciones afines al establishment que, embozados tras el disfraz de membretes u organizaciones ciudadanas de ocasión, se dedican a denostar a candidatos o movimientos sociales contrarios a sus intereses particulares.

Ese es el "derecho" que defienden las televisoras. No el derecho de los ciudadanos comunes. Pero fiel a sus métodos, disfraza o pretende mimetizar sus propios intereses con los del público en general.

Con legisladores así comprometidos, resulta imaginable la gran presión que se generará sobre los congresos federal y local para obligarlos a emprender una contrarreforma como la que se demanda. A eso se está prestando Martí.

No es casual tampoco que los compromisos propuestos por el dueño de la cadena de tiendas deportivas incluyan solo el funcionamiento efectivo de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Lo curioso es que excluye de la propuesta legislar sobre una figura verdaderamente efectiva y democrática y que está más acorde con su postulado aquel de "si no pueden, renuncien". Me refiero a la revocación del mandato, el cual permitiría enviar a la cárcel o a su casa a los gobernantes que violen el juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".

El "candor" de Martí no puede ser tal que espere que aquellos servidores públicos corruptos e inútiles renuncien por su voluntad. Por ello resulta por lo menos extraño que haya excluido de sus demandas un mecanismo legal efectivo que daría a la ciudadanía verdaderas armas contra la clase política de que se dicen harta.

Es obvio que empoderar de ese modo al pueblo no está en el interés de esa clase política, ni de las televisoras, ni de los grandes empresarios a cuyo servicio se ha puesto el señor Martí. ¡Qué lamentable manera de lucrar con una tragedia personal!

¡Hasta la próxima!

Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto felicitó ayer domingo a los papás del país por la celebración de su día. Lo hizo durante el festival que Televisa transmitió (but of course) desde la Plaza de la Constitución de Toluca. Es decir, su figura y su mensaje tuvieron adecuada difusión nacional, conforme al plan que esa empresa de televisión y el político han firmado para construir su candidatura y hacerlo presidente en 2012.

Las familias que en todo el país sintonizaban a esa hora el canal de las estrellas pudieron registrar el hecho de seguro con la naturalidad y familiaridad de quien ve a Peña Nieto aparecer todos los días en sus pantallas. De eso se trata, de acostumbrarnos a su presencia y hacérnoslo presente en eventos y actos cálidos de alto raiting que le atraigan la simpatía del público.

Lo que ese auditorio seguramente ignora es que todo ello forma parte de una estrategia política diseñada por Televisa y sus empresas satélite mediante un acuerdo firmado en octubrede 2005 para construir y promover la imagen pública de Peña Nieto con miras a convertirlo en el próximo presidente de México.

De acuerdo con el periodista Genaro Villamil --cuyo libro Si yo fuera Presidente empezó a circular este domingo y en el que analiza el fenómeno Peña Nieto a la luz de sus relaciones con Televisa y otros grupos conservadores-- esos contratos, financiados con dinero público son del orden de 3, 500 millones de pesos anuales por concepto de asesoría y compra de tiempo aire.

Las empresas encargadas de tales asesorías son TVPromo, Radar y CreaTV, filiales del consorcio. Con cargo a esos acuerdos el golden boy del priismo renovado aparece mañana, tarde y noche en todos los noticieros de la televisora declarando casi cualquier cosa a propósito de casi cualquier tema igualmente anodino. La idea es tenerlo ahí, metido en los hogares mexicanos, como para que se vayan acostumbrando.

Se trata, como dijimos, de un magno y bien orquestado proyecto que incluye jugosos negocios a partir de ganar la presidencia de la república para un hombre que estaría en manos de uno de los poderes fácticos y sus representantes, entre los que figura de manera prominente Carlos Salinas de Gortari.

Recuérdese como en 2005, el año en que inician los contratos con Peña Nieto, la televisora anunció la presencia de Salinas de Gortari como asesor de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean. También se registró un cambio significativo en la composiciónde del grupo de accionistas: Roberto Hernández --el banquero que vendió Banamex a Citigroup y al que Hacienda le perdonó los 3, 500 millones de dólares que debió pagar en impuestos por esa operación-- se convirtió en el accionista número dos de Televisa, siendo como es, un salinista del primer círculo.

Se trata, como se ve, de una apuesta política seria de parte de Televisa para controlar la presidencia de este país, mediante una sutil operación que consiste en ir grabando en la mente de los televidentes de manera subrepticia y casi subliminal la figura de un presidente, aun desde antes de las elecciones, por la vía del aparentemente inofensivo espectáculo de la televisión.

Se trata, además, de una forma de burlar la ley electoral y, más grave aún, de anular el voto ciudadano al condicionarlo gradualmente por medio de las angélicas y aparentemente despolitizadas imágenes de Peña Nieto en medio del espectáculo farandulezco.

El proyecto de hacer presidente al joven del copete no ha descuidado ningún flanco, incluido el de la vida personal del candidato. Y en todos esos frentes, es notable la presencia y participación de reconocidas figuras del espectáculo televisivo.

Así, la actriz Lucero, sustituyó a Angélica Rivera "La gaviota", en la promoción de los "logros" del gobernador mexiquense. Ésta última, por su parte, pasó a ocupar el lugar de la novia oficial, tras la muerte en circunstancias aún no aclaradas de la esposa de Peña. Noviazgo que también formaría parte del cálculo y la estrategia política, pues la "agradable pareja" también es promovida a escala nacional ("amor sin espot no es amor").

Todavía más: la recién concluida novela del canal de las estrellas "Mañana es para siempre" tuvo locaciones en comunidades del Estado de México, en cuyo territorio los protagonistas encontraron el "decidido" apoyo del gobierno estatal para organizar ferias regionales de quesos y desarrollar proyectos de atención a comunidades indígenas, que luego fueron utilizadas (como en las viejas escenografías priístas) como figuras de ornato en la boda que rubricó el final feliz de la historia.

(Antes de ese capítulo final se corrió la versión de que Peña Nieto y la Gaviota aparecerían en pantalla como invitados a la boda de los protagonistas, y seguramente así hubiera sido si la versión no hubiera levantado la ola de críticas previas que generó).

En lo que constituye el colmo de esta cínica campaña televisiva en favor de un hombre, la final del premio Mexicanas, mujeres de valor que el consorcio ha promovido intensamente según eso con la idea de impulsar la equidad de género se entregará el próximo miércoles 24 de junio, adivinen dónde, sí, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca y allí de nuevo veremos a Peña Nieto en difusión nacional.

Otra vez la imagen del gobernador ligada ahora a uno de los temas más políticamente correctos de nuestro tiempo: el respeto y la exaltación de la mujer. El asunto encierra, sin embargo, una terrible paradoja: según datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, el Estado de México ha rebasado a Ciudad Juárez en cuanto al número de feminicidios cometidos en ese territorio, particularmente en Chimalhuacán.

Y no obstante, el gobernador que seguramente entregará el premio Mexicanas, mujeres de valor, no ha aclarado esos crímenes y ni siquiera ha ordenado una fiscalía especializada para investigar y resolverlos.

Ese es el tipo de tratamiento de los problemas que le esperan a México con un gobierno dominado por Televisa: un gobierno que atenderá al raiting y los asuntos de oropel mientras detrás del escenario y de las cámaras crecen la impunidad, la corrupción y un país deteriorándose cada día. La operación Presidencia, pues, está en marcha.

¡Hasta la próxima!