Cobertura informativa de la violencia

Ordenaditos y unidos. Foto: Notimex

Auspiciado por esa vasta operación política e ideológica encubierta denominada Iniciativa México, más de 700 medios de comunicación y grupos empresariales dedicados al rubro, firmaron el Acuerdo para la cobertura Informativa de la violencia.

Esos "abajo firmantes" se han percatado de que, entre las múltiples derrotas que el crimen organizado le ha infligido a la "estrategia" guerrera de Felipe Calderón, figura la que le ha propinado en el terreno de la comunicación.

La cada vez más extendida opinión ciudadana de que el michoacano ya perdió esa guerra, conduce ahora a los barones de la comunicación a entrar al rescate de la joya de la corona que para esos poderes fácticos representa la presidencia de la República.

De cara a los comicios presidenciales del próximo año, no pueden darse el lujo de permitir que Calderón pierda incluso la guerra mediática. Y no lo hacen por el panista, que desde hace mucho se convirtió en una pieza disfuncional para ellos, sino con miras a la protección de sus posiciones de poder y sus intereses que se manejan por medio de la presidencia, por lo cual no pueden permitir que ésta se desprestigie demasiado ni pierda su carácter cohesionador de esos intereses.

¿Y cómo piensan hacerlo? Mediante la única estrategia que conocen y que les ha dado buenos resultados siempre que se ha tratado de neutralizar a un enemigo: borrándolo del mapa, ignorándo su existencia, volviéndolo invisible. En eso consiste el acuerdo: en hacer que la guerra no exista.

Tras la "borrachera" informativa auspiciada por Wikileaks, que entre otras cosas desnudó las deficiencias del supuesto combate al crimen organizado, nuestros genios de la comunicación responden  en sentido contrario a los aires de transparencia informativa que ese portal alentó: cierran al público  los medios de información, amparados en lo que, a su parecer, es la coartada perfecta: no "hacerle el caldo gordo" a los delincuentes.

Con ese talento que tienen para escamotear los derechos ciudadanos (como el derecho a la información)  sin que parezca un atentado, y antes bien, haciéndose pasar como defensores del interés general, Televisa y el grupo de medios que lidera, advierten que el crimen organizado pone en riesgo la libertad de expresión, pero paradógicamente, a ello se responde silenciándose a sí mismos, es decir, limitando y autocensurando esa libertad.

La génesis

El acuerdo se ha venido fraguando desde hace meses. Desde que algunos intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín y Jesús Reyes Heroles plantearon la cuestión de hasta qué punto las noticias sobre la guerra de Calderón constituían una apología de la violencia, y hasta qué punto difundir imágenes o el contenido de las mantas escritas por narcotraficantes convertía a los medios en voceros de esos presuntos criminales.

El asunto tomó forma y fuerza conforme en la opinión pública crecía la percepción de la guerra fallida, y conforme las encuestas fueron reflejando el hartazgo y el rechazo de la población a la estrategia, de la cual la propia población era víctima creciente (los famosos "daños colaterales").

Un antecedente de la estrategia de silenciamiento que se concreta con este acuerdo fue ensayada en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Televisa, y varios medios con ella, decidieron no informar nada acerca del tema para no entorpecer las negociaciones y salvaguardar la vida del llamado "Jefe".

El contenido

El Acuerdo intenta atacar y desvanecer, la muy generalizada idea --que se ha comprobado conforme pasa el tiempo-- de que el gobierno provocó y es responsable de la violencia. Los argumentos, incluso su fraseo, son similares a los que ya ha utilizado fallidamente la propaganda gubernamental 

a) La violencia proviene de la delincuencia organizada

b) En qué momento se nos olvidó quienes eran los malos

c) Puede discutirse la estrategia, pero no culpar al gobierno por la guerra, pues es su obligación constitucional cumplir y hacer cumplir la ley .

d) Debe quedar claro que la violencia proviene de los grupos criminales.

e) Nueve de cada 10 muertes violentas son resultado de "ajuste de cuentas" (o sea, que como dice el gobierno, "se están matando entre ellos")

La idea de partida es exonerar al gobierno de culpas y responsabilidades respecto del actual baño de sangre y del terror en que vive la población, mediante la repetición machacona de una mentira: que los culpables son únicamente los malos, sin mencionar la parte que le toca al gobierno por haberse embarcado en una aventura sin los instrumentos de inteligencia adecuados, sin la tecnología necesaria, sin un ejército preparado y con la descoordinación de los órganos de seguridad.

De allí se pasa a los 10 puntos que conforman los criterios editoriales del Acuerdo, los cuales incluyen una reprimenda a la estrategia de comunicación seguida hasta ahora por Calderón (pues contribuyó a convertir a los delincuentes en héroes dignos de imitación), el referido voto de censura para no publicar las acciones del crimen organizado y una serie de obviedades acerca del manejo de la técnica periodística que, en otros casos esos medios ahora muy éticos violan flagrante y alégremente, como la obligación de dar contexto a los hechos, que no es otra cosa que explicar sus causas y consecuencias; ubicar los intereses y adscripciones de los declarantes o protagonistas de las noticias, algo de lo que nunca se han preocupado.

En realidad, el Acuerdo parece ser un mensaje que los señores de la comunicación envían a los criminales: "hasta hoy se enfrentaron a un bisoño en el manejo de los medios; pero vienen las elecciones y no permitiremos que nos echen a perder el numerito; ahora se enfrentarán a quienes somos expertos en el arte de la manipulación".

La cargada mediática, esta especie de corporativismo empresarial que tiene todos los visos del populismo que tanto critican los impulsores del acuerdo lleva implícita, además, una descalificación a todos aquellos medios que no se unan a esta "cruzada por México".

Dentro de las frases propagandísticas difundidas hoy durante la transmisión televisiva en que se presentó el Acuerdo, destaca esta: "Unos prefieren mirar al abismo; otros, mirar al cielo", la cual parece especialmente destinada a satanizar a esos medios y a quienes, sin tragarse los garlitos y las coartadas mediáticas, insisten en ver desnudo al emperador.

Calderón: "Mi reino por un caballo"

Felipe Calderón es un peligro para México. Lo es por varias razones, pero destaco su proclividad a salvarse a sí mismo aun a costa del país. Esa actitud lo condujo tras su derrota en las elecciones legislativas intermedias de 2009, a intentar relanzar su gobierno mediante una serie de reformas que él sabía inviables, pero que buscaban salvar su prestigio.


Muchos observadores hicieron notar que esas propuestas llegaban con tres años de retraso. El propio Carlos Pascual, en ese momento embajador de Estados Unidos, al tanto de la maniobra, mandó decir a Washington, según mostraron los cables de Wikileaks, que se trataba de “sueños de opio”, pues no tendrían futuro en un congreso dominado por la oposición.

Y así era, pero lo que Calderón buscaba era recuperar la iniciativa política perdida ante el revés electoral. La derrota que le propinaron los electores fue muy significativa porque basó su campaña en un programa –su guerra contra el narcotráfico-- diseñado precisamente para lograr la aprobación general y para tratar de remontar el déficit de legitimidad que lo persigue desde 2006.

Pero sobre todo, la idea era mostrarse como un presidente que quiso cambiar al país, pero que se topó con un congreso que se lo impidió. La prioridad, como se ve, era salvarse a sí mismo.

Su ansia por obtener algo de reconocimiento para su gobierno y para su persona lo condujo también a comprometer la soberanía nacional y a supeditar los intereses nacionales a los de EUA.

Los informes de Pascual son, en este sentido, reveladores. Según el diplomático, por esos días de 2009 Calderón había estado dispuesto a “ampliar nuestra cooperación dentro del Plan Mérida y a dar pasos decisivos en la frontera” pues “cree que un repentino éxito en la lucha contra el narcotráfico dará un impulso a su situación política”.

En esa obsesión por remontar “su situación política” (de nuevo él como prioridad) no ha dudado en entregar al país y favorecer la injerencia de EUA. Véase al efecto la petición –revelada por Wikileaks-- que en febrero de 2010 formuló Calderón a la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Janet Napolitano, para que el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), interviniera para “pacificar Ciudad Juárez” y “responder a la presión pública de hacer algo por la localidad”.

Las evidencias de cómo Calderón se ha sujetado a los designios de Washington en aras de obtener resultados rápidos que lo salven en su combate al crimen organizado se multiplican: ahí está el caso de la operación Rápido y furioso, o su acatamiento al mandato del Norte para, primero, permitir que diseñara la estrategia en Ciudad Juárez de combate al narcotráfico mediante el ejército y luego, una vez que no funcionó, para acatar la orden de relegar a los militares y sustituirlos por la policía federal, y que incluso el embajador Pascual haya conocido los detalles del repliegue castrense meses antes de que el gobierno lo hiciera público.

Las revelaciones del New York Times sobre los vuelos que realizan en territorio mexicano aviones estadounidenses no tripulados, constituyen una prueba adicional del entreguismo y el vasallaje que Calderón ha permitido que se le imponga a México.

Diversas voces desde el Senado de la República, desde la academia –señaladamente el rector de la UNAM José Narro Robles-- y ONG’s han exigido a Calderón frenar el injerencismo de EU y adoptar una actitud firme en defensa de nuestra soberanía. Se trata de llamados que parecen no asumir el hecho de que ese injerencismo fue y es alentado por el propio ocupante de Los Pinos.

Lo malo para Calderón es que no sólo no se salvó ni a sí mismo (hoy su desprestigio es superlativo y quizá pase a la historia como uno de los presidentes más abyectos que ha padecido México ), sino que ha causado un enorme daño al país al ponerlo de rodillas ante una potencia extranjera.

Y lo peor quizá esté por venir, porque no se sabe qué otros episodios de entreguismo pueda protagonizar el abrumado michoacano en su desesperación por rescatar algo para sí.

Acaso pronto lo oiremos gritar, como el trágico Ricardo III: “¡Un caballo, un caballo. Mi reino (país) por un caballo!”, aunque, a diferencia del héroe Sheakespereano, no lo pedirá para continuar en la batalla sino para huir dejando hipotecado al país. Por eso es un peligro para México.

PRD: los fines y los medios

Una de las frases históricamente más mal interpretadas es aquella atribuida a Nicolás Maquiavelo, según la cual “el fin justifica los medios”. La interpretación ha sido tan torcida que incluso ha derivado en el adjetivo “maquiavélico”, con el que se califica aquello que encierra una maldad intrínseca y que no se detiene ante ninguna consideración de tipo moral o ética para alcanzar sus propósitos.

En realidad, lo que Maquiavelo dijo es que el fin proporciona los medios. Que éstos deben ser acordes con lo buscado. Es decir, que para lograr alguna meta, existen ciertos pasos o procesos lógicos que tengo que cumplir para llegar a ella y que me dicta el propio fin.

Así, si mi objetivo es cursar una carrera universitaria, mal haría en inscribirme en un Conalep. Por principio de cuentas su plan de estudios es terminal, es decir, no equivale a los estudios de preparatoria que son exigibles para ingresar a la universidad. En este caso, el medio que estoy empleando, no se justifica, es decir, no está acorde con mi objetivo. Está desviado de éste.

En cambio, el camino adecuado, según el fin que persigo es cursar el bachillerato. Y este medio me lo está dictando el propio objetivo. Tal es el exacto sentido de la frase del autor de El Príncipe.

Esa confusión conceptual –aceitada por otros intereses políticos y económicos menos intelectuales ni claros-- es la misma que padece el perredismo oficial que el domingo 27 de marzo consultará a la población del Estado de México para determinar si en las elecciones del próximo 3 de julio se presenta coaligado con el Partido Acción Nacional (PAN), con un candidato común.

Para la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como los chuchos, que domina la estructura formal del PRD –aunque ahora con la cuña en el zapato que representa Dolores Padierna, elegida el domingo pasado como Secretaria General del partido en mancuerna con Jesús Zambrano, quien ocupa la presidencia--, la estrategia aliancista (por muy amoral o antiética que resulte para muchos) se justifica merced al fin intrínsecamente bueno que persigue: evitar que el PRI gane las presidenciales de 2012.

Incluso analistas como Dennis Dresser se han adscrito a esa lógica torcida. Plantea Dresser: ¿qué es peor, la alianza o el regreso del PRI con todo lo malo que implica para la democracia mexicana? Sin la alianza, completa su argumento, la victoria del PRI sería contundente. Ni PRD ni PAN podrán ganar solos.

Para empezar, ya vimos que la frase de Maquiavelo no los justifica, porque no es ese su sentido, y segundo, el fin no está acorde con el medio porque en las elecciones de 2012 PAN y PRD enfrentarán separados al PRI, según mandata al segundo el resolutivo aprobado también este domingo por su Consejo Nacional.

Si lo que están demostrando, según ellos, es que el PRI no es invencible, que se le puede ganar y, adicionalmente, están destruyendo la percepción generalizada en el imaginario popular del inevitable regreso del tricolor a Los Pinos; junto con eso, el mensaje paralelo es que eso se puede lograr sólo unidos PAN-PRD.

¿Dónde está pues la lógica de pretender derrotarlo por separado en las presidenciales? ¿Qué elementos hacen presumir a los líderes del PAN y del PRD y a analistas como Dresser que pueden derrotar al PRI separados, cuando únicamente lo han podido hacer cuando van juntos? ¿Qué los hace creer que el elector que votó contra el PRI en su estado –entre otras cosas quizá porque el candidato no fue el adecuado o porque renunció y fue postulado por la alianza— volverá a votar en su contra en las presidenciales, cuando el candidato sea uno con mayor arrastre?

Salvo ese supuesto utilitario de que el PRI es derrotable ¿para qué más habrán servido las alianzas estatales? ¿Cambiará el modelo neoliberal de desarrollo estatal? ¿Los gobiernos aliados traerán más prosperidad y libertad en sus comarcas? ¿Qué postura adoptarán frente a temas como el aborto o los matrimonios gay que los enfrentan a escala nacional, o simplemente dejarán las cosas como están? ¿Qué nuevas formas de hacer política –como pretende la misma Dresser—se inaugurarán, por ejemplo en Guerrero, donde gobernará el ex priísta Ángel Aguirre Rivero?

Se podrá argüir que una elección presidencial es diferente y que la idea es llegar, como insisten en afirmar Manuel Camacho y los chuchos, con la cancha nivelada y no en desventaja desde el inicio.

Sea, pero precisamente porque en una elección presidencial suelen contar factores que no están presentes en una elección estatal, el hecho de que se empiece con la cancha nivelada no significa que estén en igualdad de circunstancias.

Es como si se creyera –como pretendía el demagogo Vicente Fox, siguiendo a Milton Friedman— que con un programa como el denominado “Arranque parejo en la vida” se iban a igualar automáticamente las condiciones y oportunidades de niños indígenas y pobres con los que nacen en el seno de familias adineradas.

Como puede verse, los aliancistas del PRD carecen de razones y hasta de lógica política, de principios, por supuesto. Ocurre simplemente que, en el fondo, su única lógica es, por un lado, pactar con la derecha para mostrarle al grupo hegemónico que se han olvidado de sus radicalismos, de sus pretensiones de cambio social (si es que algún día las tuvieron) y que están listos y son confiables para administrar el poder.

La otra parte de su lógica –y que es consecuente con lo anterior—es evitar y obstruir la opción que representa Andrés Manuel López Obrador, y en esa tarea ya han demostrado que pueden utilizar los mismos medios y métodos utilizados por la derecha para descalificar y tratar de desprestigiar al tabasqueño.

Carlos Pascual

El retiro del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, anunciado ayer, es uno de los saldos de las revelaciones de Wikileaks. En ese sentido cabe preguntarse cuántos de nuestros funcionarios, incluido el propio Felipe Calderón, dejarían de ser confiables para la ciudadanía y tendrían que renunciar si la opinión pública conociera los análisis, motivaciones y maneras que utilizan para ejercer el poder y controlar, cuando no para manipular, a la población.

De hecho, las violaciones a la soberanía nacional que ha permitido quien es el primer responsable de defenderla por mandato constitucional –me refiero a Calderón--, así como su postura entreguista y de subordinación ante el gobierno de Estados Unidos, puesta en evidencia por esos mismos cables, harían ya exigible un juicio político y, si fuera el caso, su inmediata defenestración.

Eso sería posible si no viviéramos en una sociedad controlada y adormecida por el poder televisivo –ahora elevado por el secretario Lujambio al rango de verdadera secretaría de educación pública-- conformado y alentado por la corrupción oficial y corporativa, precisamente para brindar esos servicios de conformismo inducido en las masas que así desmovilizadas y desprovistas de liderazgos (cuando surgen son satanizados y desprestigiados por esos mismos medios), son incapaces de reaccionar ante la entrega de su país a los intereses extranjeros.

Aunque Calderón había solicitado al presidente Obama el retiro del embajador Pascual, durante su visita a Washington el 3 de marzo pasado, la dimisión del diplomático de origen cubano no puede considerarse un triunfo de la diplomacia mexicana, como tratarán seguramente de venderlo los corifeos y la prensa asociada al panista.

En realidad, la molestia de Calderón no deriva de su celo por defender a la patria del injerencismo estadounidense –Wikileaks ha mostrado cómo en varias ocasiones el propio Calderón o sus enviados aparecen pidiendo ayuda desesperada a Washington o acatando sus designios, como la sustitución de militares por policías en Ciudad Juárez— sino de su coraje por ver cómo sus esfuerzos eran descalificados y hasta ridiculizados en esos informes a la Casa Blanca.

En efecto, el enojo contra Pascual es porque corrobora lo que aquí siempre se criticó: que la guerra de Calderón contra el narcotráfico carecía de estrategia, que la descoordinación e incluso los pleitos entre Genaro García Luna (SSP) y Eduardo Medina Mora (PGR) impedían el éxito de los operativos; que el ejército no contaba con instrumentos de inteligencia y que incluso sus miembros tenían “aversión al riesgo”; y en fin, que los operativos más espectaculares, como el asesinato de Arturo Beltrán Layva, se debieron a la información proporcionada por la inteligencia estadounidense, más que a las investigaciones de nuestras fuerzas armadas.

En una palabra, lo que Pascual describía era el fracaso total de la guerra calderonista, casi en los mismos términos en que los críticos nacionales lo señalaron desde el inicio de las operaciones bélicas. Por eso se entiende perfectamente aquel “no me ayudes compadre” que le mandó decir Calderón, en la entrevista que ofreció a editores y reporteros de The Washington Post, durante la referida visita de principios de marzo a la Casa Blanca.

En resumen, Pascual había desnudado el fracaso, la confusión, y la debilidad del calderonismo no sólo en la guerra contra el crimen organizado, sino incluso su extravío en otros ámbitos de la política interna.

Recuérdese el cable 09MEXICO3423 fechado el 4 de diciembre de 2009 y publicado por La Jornada el pasado 10 de marzo. Allí Carlos Pascual daba cuenta de lo “abrumado e inseguro” que se encontraba Calderón “acerca de qué ruta seguir para aterrizar sus proyectos políticos”, tras su derrota en las elecciones intermedias de aquel año.

En tales condiciones, el embajador estadounidense calificó como “sueños de opio” el paquete de reformas (fiscal, energética, laboral, educativa, telecomunicaciones y política) que propuso el michoacano para “recuperar la iniciativa”, luego del revés electoral.

La descalificación y la desconfianza que merecen ante los ojos de EUA, los fallidos afanes de su gobierno en casi todos los ámbitos, constituye un duro golpe político para el panista, pues debilitaba aún más su posición interna, al quedar en evidencia la frustración que su ineficacia causa en uno de sus principales aliados.

Imagine el lector el efecto demoledor de estos señalamientos sobre la fortaleza política de Calderón hacia la recta final de su administración, en la que todavía deberá enfrentar los retos de operar la sucesión presidencial y de mantener a su partido en la presidencia.

La dimisión del embajador Carlos Pascual entraña una paradoja: en vez de fortalecer a Calderón merced a un aparente triunfo diplomático, lo dejará expuesto a las represalias encubiertas que Washington adopte vía presiones para conseguir que siga cediendo porciones más amplias de la soberanía.

La factura que le pasará Hillary Clinton por haber tenido que sacrificar a una de sus piezas más apreciadas será, sin duda, muy alta. Veremos.

La reforma fiscal de Beltrones

• Garlito para atrapar contribuyentes
• Promueve la segregación social de los más pobres
• Reforma recaudatoria; no favorece el desarrollo económico

La iniciativa de reforma fiscal presentada la semana pasada por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva del senado de la república tiene muchos bemoles.

Acaso el principal consista en que se trata de una reforma claramente recaudatoria, encaminada a ampliar la base de contribuyentes mediante el garlito de cobrar un IVA de 16 por ciento, y ofreciendo devolver tres por ciento a quienes compren en comercios formales, obtengan una factura y estén registrados ante Hacienda.

La medida apunta claramente a incrementar el número de contribuyentes, pues ya es proverbial que uno de los problemas del país es la baja recaudación impositiva en relación con el PIB, que nos ha colocado como la peor economía de la OCDE en el rubro, con 17.52 % del PIB en 2009, por debajo de Chile con 18.23%, Estados Unidos 23.95% y de Turquía con 24.57%.

No está mal que eso se pretenda, lo criticable es que esa ampliación de la base gravable se siga buscando entre los ciudadanos de medianos ingresos y que para ello se tenga que recurrir a subterfugios como el de la devolución de 3%, y se mantenga la mancha ancha con los grandes contribuyentes, amparados en los regímenes especiales que no toca la iniciativa. ¿Por que no, por ejemplo, se fija el IVA en 13 por ciento y nos dejamos de cuentos?

Pareciera entonces que el mensaje que envía el PRI a los grandes contribuyentes fuera el siguiente: te aumentamos el impuesto sobre la renta a 35 por ciento, pero no te preocupes, mediante los regímenes especiales podrás obtener la devolución de tus impuestos.

Es la misma lógica de, por ejemplo, las cruzadas contra la corrupción de Calderón y los panistas. En aquel caso todo el peso de la ley está orientado a combatir la corrupción de ventanilla, esa en la que el empleado infla por su cuenta alguna factura o presupuesto, pero nada más. La corrupción de las élites permanece intocada.

En la reforma fiscal de Beltrones, se procede con igual lógica: hacer que paguen más mexicanos, quienes sobreviven en la informalidad, para seguir beneficiando a los verdaderamente grandes contribuyentes vía la devolución de impuestos.

La política fiscal es el medio más directo que tiene un país para la redistribución del ingreso, pues el dinero recaudado ha de destinarse a servicios de educación, salud y vivienda que beneficien a los más pobres, y que toda esta inversión vaya estimulando paralelamente el desarrollo económico de la nación.

En México no ocurre así; aquí los impuestos se utilizan para financiar el gasto gubernamental, con lo cual no se invierte en la infraestructura necesaria, los servicios son deficientes y ello hace a los ciudadanos reacios a pagar un dinero que sabe que no será devuelto mediante el gasto social.

Por otro lado, mantener sin el pago del IVA a una canasta básica conformada por los productos que consume la población de menores ingresos (alimentos en estado natural, más carne, pollo, pan, tortilla, harina y atún) es una medida francamente discriminatoria y fatalista.

¿Por qué? Porque amplía la brecha entre lo que pueden consumir los ricos y lo que pueden o, con la nueva ley, lo que estarán condenados a consumir los más pobres. Es decir, la medida propuesta por Beltrones, en vez de contribuir con la redistribución del ingreso, vía impuestos, los pobres vayan superando su condición y alcanzando cada vez mejor calidad de vida, pone un candado real a lo que deben y a lo que no deberán consumir los más necesitados.

Y es que son tales las condiciones de crisis económica y desempleo en el país, que gravar con IVA los productos industrializados, los pondrá en definitiva fuera del alcance de la población de menores ingresos, lo que constituye una suerte de segregación social encubierta.