IFE: legitimar el resultado

Si algo, lo que se multiplica de cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio es la evidencia del fraude vía el voto corporativo, la compra y coacción de sufragios, la denunciada operación Ágora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), comandada por Elba Esther Gordillo y los múltiples videos y fotografías exhibidas en las redes sociales.

Y sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) declara que el impacto de tales marrullerías --sin descontar la muy amplia y documentada operación de posicionamiento mediático en favor de un candidato-- será, si acaso, marginal, aunque no aclaró si esa marginalidad puede ser mayor o menor de 0.56 por ciento.

La postura del árbitro electoral, Leonardo Valdés Zurita, coincide con la muy difundida versión de la "imposibilidad del fraude" ya sansionada por todo el aparato mediático. El candor --o cinismo, a elegir-- del consejero presidente se asienta en la abrumadora certeza de que la ley prohibe esas prácticas y de que "el ciudadano, cuando llega a la casilla, lo hace solo, nadie lo vigila y se expresa en libertad".

La confianza en el mundo ideal instaurado por la ley es tal, que a Valdés Zurita sólo le faltó decir que comprado o no, coaccionado o no, cualquier voto es legítimo sólo porque fue depositado por un ciudadano.

En su imperfección, la coartada es convincente porque alude al arte de la apariencia y lo escenográfico propio del sistema político mexicano inaugurado por el PRI: para qué queremos campesinos si podemos contratar extras. Para qué convocar ciudadanos si podemos arreglárnosla con su credencial de elector.

Lo que al IFE le interesa es que el elector llegue a la casilla y vote, porque lo que importa es legitimar el resultado, no el proceso que lo produjo. Acaso porque en el proceso, como en los detalles, está el diablo.


En su anacronismo convenientemente asumido, para Valdés Zurita el único fraude posible consiste en el relleno y robo de urnas. La compra y coacción previa de votos, los carruseles o el rebase en los gastos de campaña constituyen sólo un anecdótico "intento de influir sobre la decisión del ciudadano", pero nada más.    

Entrevistado por Alonso Urrutia y Fabiola Martínez para La Jornada, el consejero presidente desestima, por ejemplo, que el rebase de gastos de campaña incida en el resultado de la elección porque quien recibe el financiamiento es el partido, no el candidato (sic).

Pero los beneficiarios son el candidato y el partido, reviran los reporteros. Y la respuesta impresiona porque ilustra los alcances y la perspicacia del árbitro central: --"Podría ser".