Por salud mental procuro no enterarme de las noticias del mundo, pero mi hermano me habló el viernes pasado para alertarme del narco-toque de queda.
Después de semanas en que casi cada día aparecían cuerpos colgados, despedazados o decapitados en el Estado, la advertencia de una guerra territorial entre los grupos de Beltrán Leyva y La Barbie sonaba posible, aunque sospechosa.
Cuando el sábado se hizo sentir que los hechos violentos anunciados para el viernes no se habían concretado, comenzamos a relajarnos un poco y a preguntarnos qué habría sucedido, dado que brillaban por su ausencia las noticias.Y procuramos no vestir ropa oscura sólo por si acaso.
El domingo, en el tianguis, donde comulgamos cumplidamente con el Dios del Maíz, el dueño del vecino puesto de jugos nos preguntó: "¿qué les pareció la amenaza del viernes?"
Le dijimos que todo nos parecía extraño, incluida la desmedida obediencia del comercio y sus mayores centros comerciales, las universidades y otros centros educativos por cerrar temprano y dejar la ciudad despejada...¿para qué? ¿para quien?
El de los jugos meneó la cabeza y nos dijo con tristeza: "¿Saben qué? No tenemos gobierno".
Aún nos preguntamos qué fue lo que ocurrió realmente, si ya el control del narco --que opera abiertamente en el Norte-- está llegando al centro. Escuché conjeturas acerca de una narco-cumbre para el reordenamiento de los territorios en el país.
Hay quien piensa que lo del pasado viernes fue un simple experimento de obediencia (muchos padres de familia no dejaron salir a sus hijos durante todo el fin de semana y algunos piensan no hacerlo durante una larga temporada, ante esta incertidumbre, aunada a la constante realidad de los secuestros.
Alguien más dice que debemos ignorar todas estas cosas tan negativas y pensar positivamente.
Lo cierto es que es muy probable que no sepamos lo que realmente ocurrió, y que don Abel, el de los jugos, tenga razón.
(El texto anterior fue solicitado por Contadero a Leonora González, quien vive en Cuernavaca, Morelos, donde el pasado viernes 16 de abril circuló un correo electrónico advirtiéndo a la población que no saliera de sus casas, pues habría enfrentamientos, y que además nadie vistiera ropa negra, pues podría ser confundido con el enemigo.
La eficacia del comunicado contrastó con la ausencia oficial, pues el gobernador, lejos de salir a dar un mensaje para otorgarle garantías a la población, también decidió acatar la orden de ese mail y permaneció oculto nadie sabe dónde).
¡Hasta la próxima!
sábado, 24 de abril de 2010
viernes, 23 de abril de 2010
Fuero militar
En lo que tiene el tinte de una maniobra dilatoria, pero que puede resultar mortal para muchos ciudadanos, el gobierno pospuso hasta el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso (septiembre) la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.
El texto referido quedó como sigue:
"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".
El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.
Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.
Protejer al ejército; descobijar a la sociedad
Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.
La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.
Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".
La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".
He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.
Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.
O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.
La CIDH y el fuero militar
Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.
Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.
Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.
En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.
Diferir, la respuesta
La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.
Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.
No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".
En vez de eso, la Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones la Ley de Seguridad Nacional por la cual se legaliza la participación temporal del ejército en la lucha contra el narcotráfico y, respecto de las violaciones de militares, remite el asunto a lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución.
El texto referido quedó como sigue:
"En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y que pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los criterios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales".
El artículo 13 dispone que "cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". El artículo 133, en tanto, determina la vigencia de los tratados internacionales y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
Contra lo que pudiera pensarse, la redacción de ese artículo no resuelve la demanda casi generalizada de que sean tribunales civiles y no militares quienes juzguen delitos de las fuerzas armadas, como se quiere hacer pasar.
Y no zanja la cuestión porque deja una rendija abierta para que los militares insistan en juzgarse a sí mismos, primero, porque permanece vigente el referido artículo 57 del Código de Justicia Militar, y segundo porque en esa redacción no se especifica que los delitos a que se refiere, sean derivados de la intervensión de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.
Los militares podrán argumentar que la tal disposición aplica sólo, por ejemplo, cuando un soldado en su día libre se meta a una cantina y cometa allí un delito, y no cuando esos delitos se deriven de la guerra en que se les ha dicho que participan.
Protejer al ejército; descobijar a la sociedad
Los jefes militares han pedido, exigido casi, que se legalice su participación en la lucha antinarco, mediante reformas constitucionales que protejan su actuación, pero a la sociedead civil, que queda expuesta a las vejaciones castrenses, nadie la proteje. El único medio de que se dispone para que los eventuales delitos no queden impunes, es precisamente que los miembros de la milicia que incurran en ellos sean juzgados no por sus pares, sino por civiles.
La insistencia en este punto deriva no sólo del hecho de que ante un caso de violación de garantías, el ejército no puede ser juez y parte, sino del hecho más elemental de que los juzgados militares estarían en la misma lógica que los eventuales acusados y tenderían a justificar o encontrar atenuantes a los crímenes que se les imputen.
Lo anterior no es una conjetura o una ocurrencia de quienes han analizado el tema, En una entrevista con La Jornada (19 de abril/2010)varios militares dijeron al reportero Gustavo Castillo que su defensa del fuero militar deriva de que "no se nos puede tratar como a policías, porque, en principio, somos diferentes".
La tal diferencia, como señalan en la referida entrevista, consiste en que "estamos formados para el ataque, no para la disuación; ésta es una función de la policía".
He ahí el quid del asunto. Calderón envió a los militares a la calle diciéndoles que iban a una guerra. Y en una confrontación de ese tipo los soldados no se sienten obligados, por su formación, a averiguar ni a reconocer circunstancias, sino a disparar y a matar.
Ese es el riesgo y el peligro al que se exponen a los ciudadanos con las tropas en las calles y carreteras del país. Como ya ha ocurrido, usted puede ser acribillado al circular con su auto frente a un retén o convoy militar, sólo porque a los soldados allí acantonados les parezca, según sus códigos, que usted y su familia son el enemigo.
O tan sólo porque desde afuera de su auto las cosas se ven diferentes, como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un intento canallezco por justificar a soldados que asesinaron a dos menores el pasado 3 de abril en una carretera de Tamaulipas.
La CIDH y el fuero militar
Por lo demás, las modificación del fuero militar es un mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanops (CIDH)formuló al gobierno mexicano en noviembre de 2009, como parte de las sentencias que ese órgano dictó por la desaparición en los años 60 del líder campesino Rosendo Radilla, secuestrado por militares; y por el caso del Campo Algodonero --referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
En esa sentencia, la CIDH asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.
Todavía más: durante la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada el 8 y 9 de marzo de este año en Nueva York, se cuestionó a los enviados de Calderón sobre cómo y cuándo el gobierno cumpliría las sentencias de la CIDH.
Específicamente los expertos de la ONU preguntaron cómo y cuándo se reformaría el artículo 57 del Código de Justicia Militar. A tono con la costumbre de los políticos mexicanos de decir sin decir nada, en esa ocasión el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan "el momento técnico oportuno", sin aclarar, por supuesto, el significado de semejante frase encriptada.
En un nuevo intentto, a fines del mismo mes de marzo, Amnistía Internacional instó al gobierno mexicano a cumplir cabalmente con las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las cuales son un llamado a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías, entre ellos, el Pacto Internacionbal de Derechos Civiles y Políticos.
Diferir, la respuesta
La respuesta gubernamental ha sido oscilante: A mediados de este mes de abril, luego de la reunión de senadores con el gabinete de Seguridad Nacional, se informó que en el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes de ese gabinete aceptaron que debe modificarse con base en la sentencia de la CIDH.
Este miércoles 21 de abril se anunció que antes de finalizar el actual periodo ordinario se enviaría la iniciativa para limitar el fuero militar. Trascendió incluso que la minuta llegaría de un momento a otro.
No obstante, este jueves 22 se anunció que la iniciativa se propondrá hasta septiembre. Seguramente para el gobierno de Calderón y para los militares que lo arropan aún no llega "el momento técnico oportuno".
jueves, 22 de abril de 2010
Entre el oficio y el desmadre/I
“Yo no quiero causar sensación/sólo hablo de mi generación”: The Who.
La materia gris no se crea ni se destruye, sólo se trastorna.
Un aviso a tiempo, por si algún “periodista” o “reportero” le pregunta a usted sobre mis trastornos pasados y presentes.
Algo muy común en el gremio y, claro, en una sociedad de cínicos, en donde tanta gentuza desquiciada y prejuiciosa se presenta ante sí misma, y ante “el amable auditorio”, como “persona normal”, como “gente bien”, como “la buena onda”.
Tenía razón Nietzsche, mi filósofo de cabecera: “los inteligentes son insoportables”. También nuestro Juan Rulfo, cuando decidió mandar todo al carajo.
Sobre mí, por si hace falta, me gustaría un retrato como el que hizo Emile Bouvier sobre Jacques Vaché: “No estaba loco en absoluto, pero no por ello dejaban sus acciones de ser desconcertantes. Por ejemplo, en la mañana estaba hospitalizado, en la tarde descargaba carbón en los muelles, y en la noche recorría los cafés y los cinemas. Nunca decía hola o adiós, y no hacía el menor caso de las cartas. No reconocía a sus amigos de un día para otro”.
Pero hasta ahora, he de admitirlo, la negra cueva de la psique me ha negado alcanzar esa beatitud.
Estuve cerca, eso sí.
Estuve cerca, eso sí.
Para mediados de los años 80 (del siglo XX, como siempre aclaran algunos pedantes) me fui a trabajar con la campesinada a Maravatío, Michoacán, huyendo de la academia. Con el dinero acumulado me largué a vivir a Mexicali, Baja California, huyendo de la loquera.
Y es que antes de partir hacia aquella ciudad, hoy desconocida para mí, toqué fondo.
Mi meta era ser “licenciado en periodismo”, pero algunos de mis maestros en la gran UNAM me llevaron hacia otras lecturas, o hacia la bohemia y la tertulia.
De ahí salté al alcohol y a los alucinógenos. Tal cual se lee. Sin sentimientos de culpa ni hipocresía. Todo lo contrario, pues aquella fue una etapa fundamental en mi vida.
Entre la lectura y el vicio, con Willian Burroughs aprendí la ecuación de la droga: “La droga no es, como el alcohol o la yerba, un medio para incrementar el disfrute de la vida. La droga no es un estimulante. Es un modo de vivir”. El autor de Yonqui vivió en la ciudad de México y deambuló por su Centro Histórico en busca de “pinchazos”. Si ya su escritura era, en sí misma, una adicción, sus pasos perdidos por la macrópolis me guiaron hacia mi espejo, en donde, cual debe ser, pude observar a mi pálida sombra.
De la ciudad en donde nací, crecí y me embrutecí, el azar y la necesidad me llevaron a trabajar en dos diarios bajacalifornianos: La Voz de la Frontera y El Centinela. Fui corrector de galeras --así nos llamaban-- porque otro de mis escritores de cabecera, Henry Miller, lo fue. De él aprendí que “siempre hay dos caminos a tomar: uno, de regreso hacia el confort y la seguridad de la muerte; el otro, hacia ninguna parte”. También él se otorgó el privilegio de residir en la ciudad de México.
Llegué a la hermosa Mexicali, hoy flor marchita, de la mano de Fernando Jordán, “biógrafo” de la Baja California
Ya metido, otra vez, en el mundillo del periodismo, quise experimentar el testimonio de Miller sobre lo que, para él, es una mesa de redacción. Para mi buena suerte me topé con ambientes semejantes a los que él describe en su “Trópico de cáncer” y, por supuesto, con bebedores y alcohólicos que me arrastraron hacia el famoso “Gato negro”, enclavado en la zona de tolerancia de Mexicali, descrita, de un modo u otro, por Fernando Jordán, y olvidada por el escritor tijuanense Federico Campbell.
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