En México, el autoritarismo gubernamental ha presentado siempre un rostro que se quiere amable. El priismo encontró una fórmula: el sistema corporativo.
Mediante agrupaciones como sindicatos, organizaciones campesinas y populares en las que se hacía caber todo el país, se confería al sistema una legitimidad, pero sobre todo una unanimidad que lo blindó contra la protesta social.
La sociedad eran sus líderes y éstos interpretaban, encarnaban y expresaban las aspiraciones y anhelos de esa sociedad. Todo lo que existía fuera de esa ficción, todo lo que no se aviniera a esa pretendida uniformidad en realidad no existía, o existía como una forma de desadaptación que, cómo todo lo anómalo, amenazaba la salud del cuerpo social y debía por ello ser, alternativamente, ignorada, combatida, desprestigiada o todo a la vez.
Esa organización corporativa dio además la apariencia de gobiernos con amplia base social. Se configuró así un férreo autoritarismo atenuado con tintes paternalistas. Flores sobre las cadenas mientras los
outsiders eran cooptados, perseguidos o exterminados fuera del escenario, en contraste con las dictaduras latinoamericanas que lo hicieron abiertamente.
La derecha panista llegó al poder sin un proyecto democratizador, pero también sin un esquema de gobernabilidad que sustituyera eficazmente el modelo corporativo de manipulación y control social. A ello se añadió el déficit de legitimidad con que Felipe Calderón ocupó Los Pinos --fue literalmente una ocupación-- a partir de 2006.
El 0.56 por ciento con que dijo haber superado en las urnas al opositor Andrés Manuel López Obrador no le aseguraba una sólida base social, necesaria para las condiciones de gobernabilidad que todo proyecto político requiere.
Inspirado en la figura del también impugnado Carlos Salinas de Gortari --quien con dos manotazos, uno contra los líderes del sindicato petrolero y otro contra el líder vitalicio del magisterio, agrupaciones con pésima fama pública por ser paradigmas de la corrupción institucionalizada, logró una rápida legitimación-- Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga y sacó al ejército a las calles.
El michoacano no logró, sin embargo, la ansiada legitimidad, como lo demostró un hecho incontrastable: a diferencia de Salinas, quien arrasó en las elecciones intermedias de 1991, Calderón perdió en 2009 la mayoría que su partido tenía en el Congreso.
Para muchos observadores esa derrota significó la terminación de un sexenio que nunca cobró impulso. En un intento fallido por relanzar su presidencia, el panista convocó a un programa de 10 puntos que se tradujeron en iniciativas de reforma política, de seguridad pública y laboral que no han prosperado, pues carece de los votos legislativos necesarios y no tiene una base social para presionar por esos cambios que, además, resultan claramente antipopulares.
Calderón y su partido están y actúan como acorralados. Han hecho a un lado las formas y la han emprendido contra la sociedad, mediante un autoritarismo descarnado, ya sin el barniz de la "dictablanda" priista.
Como si se tratara de castigar el rechazo que la sociedad le ha manifestado en las urnas, y en medio de la crisis económica global que causó en México los peores estragos debido a la errática y tardía, cuando no omisa reacción gubernamental --según los principales organismos económicos internacionales-- a fines del año pasado incrementó los impuestos.
Adicionalmente, la guerra contra el crimen organizado devino guerra contra la sociedad civil. Los ejemplos se multiplican: los asesinatos a manos del ejército de dos estudiantes del "Tec" de Monterrey, y de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, en Tamaulipas. La masacre de 16 jóvenes reunidos en una fiesta en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.
En esos y otros episodios menos difundidos, calificados por Calderón como "daños colaterales" destaca la intensión gubernamental por, en ese orden, criminalizar a los caídos, ocultar su identidad, alterar ilegalmente la escena del crimen, engañar atribuyendo los decesos al "fuego cruzado" y obstruir las labores de investigación de los organismos de derechos humanos.
El procedimiento es, a la vez, un mensaje: "somos un gobierno en guerra y nadie de los nuestros será juzgado por sus acciones, así se juzguen criminales, ni en éste ni en otros ámbitos".
El ejemplo más reciente: César Nava, presidente nacional del PAN, presentó, en el marco de la recién concluida disputa electoral, grabaciones atribuidas a mandatarios estatales priistas. Incurrió con ello en un delito federal en los mismos términos por los que fue acusada y se le sigue un proceso penal a la ex subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro (quien habría filtrado la conversación en la que el entonces secretario del ramo, Luis Téllez acusaba a Salinas de Gortari de haberse robado la partida secreta). Nava, en cambio, no ha sido molestado por su delito ni con el pétalo de una averiguación previa.
La ofensiva autoritaria de Calderón contra la sociedad es abierta y total e incluye no ceder ninguna plaza, ninguna cabeza, así se atropellen todas las formas legales, como lo muestran las presiones contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no responsabilizar al ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por el desorden generalizado que condujo a la tragedia en que murtieron calcinados 49 infantes y otros 104 resultaron heridos.
En una insólita resolución se determinó que hubo responsabilidades incumplidas, pero no responsables, con lo que además quedaron exonerados el actual director del IMSS, Daniel Karam, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, así como los dueños de la Guardería ABC, entre los que figuraba Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Calderón.
Inclúyase en la lista de agravios ilegales y autoritarios, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la ofensiva contra la huelga minera de Cananea o contra los familiares de los mineros que reclaman los cuerpos de los mineros muertos en Pasta de Conchos.
Desembozado, Calderón añade como enemigos a los medios de comunicación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A los primeros les mandó decir --a través del ya infaltable secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont-- que moderen su lenguaje al reportear hechos de violencia; y a la segunda, a no convertirse en "tonta útil" del crimen organizado, sólo porque reveló las maniobras gubernamentales y de la Sedena para tergiversar los hechos y proteger a los militares que asesinaron a los niños Almanza en Tamaulipas.
Tenemos, pues, un gobierno en abierta confrontación con la sociedad, un gobierno que vulnera garantías fundamentales, que atropella derechos humanos y que, en conjunto, viola los principios del Estado de derecho al actuar impunemente contra la sociedad, todo lo cual está configurando un clima autoritario con todos los rasgos de una dictadura.
Veremos...
