Ejército asesino

El ejército mexicano asesinó el 3 de abril a dos niños en la carretera Ribereña de Tamaulipas. El desgarrador relato de la madre de esos pequeños, Cyntia Salazar, no deja lugar a dudas. Los asesinaron. No hay otro término para describir el hecho.

Los Almanza Salazar pasarían unos días en la playa, en Matamoros. La troca en que viajaban incluía entre sus pasajeros a los cinco hijos de la familia, el hermano de Cyntia y un bebé de tres meses, hijo del matrimonio Rangel. De acuerdo con el relato de Cyntia Salazar, al ver el retén militar y sabedores de cómo hay que actuar en tales casos disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales de la camioneta para que vieran que viajaba allí una familia con niños.

Circularon despacio frente al retén sin que ningún soldado les hiciera alguna indicación. Apenas superado el punto, los militares balearon el vehículo, Así, sin razón, sin lógica, a mansalva. La lluvia de balas alcanzó a dos hijos del matrimonio Almanza Salazar: Bryan de cinco años y Martín de nueve. El primero murió en brazos de su madre.

Ésta ha dicho que todos corrieron hacia el monte para resguardarse de las balas: "Y ni modo que no vieran el corredero de niños, ellos seguían disparando". Al cabo de un rato cesó la trágica cacería.

Debieron transcurrir cinco largos días para que el 8 de abril la Secretaría de Gobernación emitiera el boletín No. 156-08/04/2010, el cual miente desde el título: "Comunicado sobre las agresiones ocurridas a militares en Tamaulipas el fin de semana pasado".

A la luz del relato de Cyntia Salazar, ese texto resulta valiosísimo porque revela el modus operandi del llamado gobierno de la república para encubrir los asesinatos de las fuerzas armadas y manipular a la opinión pública.

En ese boletín el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que los militares se encontraban en el lugar de los hechos porque recibieron información de que hubo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, pero que al llegar allí fueron atacados "por un grupo de sujetos armados (y que) repelieron la agresión".

Y añade: "Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores: Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad".

En lo que parece una maniobra discursiva para torcer la realidad, Gómez Mont se apresura a reseñar el arsenal que, según él, se aseguró tras el enfrentamiento, si bien estamos obligados a pensar que los agresores abandonaron sus armas --entre las que figuraban dos proyectiles para lanza-cohetes y más de cinco mil cartuchos de diferentes calibres-- porque no se refiere que se haya apresado a nadie. Tampoco hay evidencia fotográfica o fílmica, como se estila para presumir los presuntos triunfos, de esas armas.

Interesado en que se crea su versión, el Secretario remata esta parte afirmando que: "Es decir, este sólo hecho (se refiere al aseguramiento de armas) acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos".

Enseguida, vienen más de 10 párrafos de palabraría vacía, más encaminados a minimizar y cubrir con "paja" el asunto principal que es la muerte de los dos menores, que a brindar información útil para la ciudadanía.

En este, como en otros casos el objetivo último es proteger a los militares, pues se recurre exactamente a la misma coartada empleada para evadir la probable responsabilidad del ejército en el asesinato de los dos estudiantes del "Tec" de Monterrey y en los que ha documentado Human Right Watch.

Estamos claramente ante un gobierno asesino, que atropella las garantías individuales y los derechos humanos en la más completa impunidad, pues el comunicado mentiroso de Gómez Mont equivale, en los hechos, a una exculpación anticipada de los militares que asesinaron a estos dos menores.

Todavía este martes 13 de abril el secretario de Gobernación ha dicho, en respuesta al asunto de la familia Almanza Salazar, que habrá una reconstrucción de hechos porque las cosas se ven diferentes desde dentro de una camioneta y desde afuera.

Siguiendo su extraña lógica podría respondérsele que también las cosas se ven distintas cuando te han asesinado a dos hijos en un retén militar, que cuando tratas de encubrir a los asesinos.


¡Hasta la próxima!

Iglesia canalla

 Con un ánimo altanero y condenatorio, distanciadísimo del testimonio de salvación y humildad que pregona, la Arquidiócesis de México afirmó que quienes vaticinan el inminente fin de la Iglesia morirán antes de ver cumplidos "sus malévolos deseos", pues la institución "sigue siendo la gran propuesta para la renovación de la humanidad".

Resulta curioso comprobar el uso acomodaticio que los prelados mexicanos dan a la muerte. De acuerdo con su evangelio, ésta no es más que el paso necesario para la salvación eterna, pues como todas las religiones, su oferta principal es esa: la resurrección cuyo símbolo mayor es el sacrificio del crucificado.

Menos piadosa que el credo que dice profesar, la jerarquía católica mexicana esgrime la muerte como castigo
contra aquellos que se han empeñado en investigar y dar a la luz pública los casos de pederastía en que han incurrido sus ministros del culto --hay tres mil acusaciones en los últimos 50 años, según ha reconocido el propio Vaticano-- así como el encubrimiento cómplice que, de acuerdo con múltiples indicios, alcanza a Juan Pablo II a punto de ser elevado a los altares, y al propio Papa Ratzinger.

En el editorial de su órgano de información semanal Desde la fe, que imprime Mario Vázquez Raña y se distribuye los domingos mediante los diarios de la Organización Editorial Mexicana de la que aquél es propietario, la Arquidiócesis se queja de que todos los medios de comunicación arrojan la piedra sin conmiseración contra una iglesia pecadora, en un linchamiento social sin derecho a juicio, sin oportunidad de réplica, sin ninguna concesión, sin distinguir en absoluto a los culpables de los inocentes.

Ese tipo de admoniciones muestran la hipocrecía de los actos de contricción de Benedicto XVI y aquí de Norberto Rivera Carrera en relación con la pedofilia practicada y encubierta por ellos mismos de diversos sacerdotes. Pese al daño que han causado en las vidas de quienes fueron abusados, la Iglesia cree que es bastante con reconocer tardíamente esos atropellos, sin ningún tipo de resarcimiento y que todo debería quedar ahí.

La persecusión de que se dice víctima, no es más que el ánimo social, manifiesto en muchas partes del mundo, por llegar a los culpables, terminar con años de impunidad, encubrimiento y complicidad en los que, ahora se sabe, incurrieron también los más altos dignatarios de la jerarquía católica, incluido el actual Papa.

No se trata de montar hogueras o procesos inquisidores, como se queja la Iglesia, se trata de que los culpables y sus encubridores enfrenten no sólo el retiro eclesiástico sino las penas civiles que a sus crímenes correspondan. 

Lo contrario, sería seguir solapando a quienes sin piedad destruyeron vidas, almas y denigraron espíritus, Eso sería una canallada.

¡Hasta la próxima!

Calderón y Mr. Hyde

Como si se tratara de una malísima versión mexicana de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde --la novela de Stevenson que ilustra la psicopatología correspondiente a un desdoblamiento de personalidad-- Felipe Calderón llamó este jueves a los políticos a no denigrar su actividad, y "se declaró preocupado por los niveles de recriminación, descalificación y ofensa alcanzados...", (La Jornada, 12 de marzo, p.5).

Abundó: "La descalificación irracional a nada conduce. La denostación, la ofensa, simple y sencillamente empobrece (sic) la vida pública de México y aleja, con toda razón, a los ciudadanos de la vida pública, porque va agrandando el descrédito de la política".

Esa declaración la pudo haber hecho cualquier ciudadano y tendría razón. En boca del michoacano, sin embargo, es un tramposo intento por distanciarse y desmarcarse de un episodio del que él mismo es protagonista principalísimo, pues fue él quien urdió el pacto PRI-PAN que trataba de evitarle dolores de cabeza aliancistas al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a cambio de aumentar los impuestos a los ciudadanos.

La impericia y la desaseada práctica política con que condujo posteriormente el asunto desembocó en la quema de dos de sus principales operadores (Fernando Gómez Mont y César Nava), aunque ellos mismos cooperaron con su dósis de ineptitud, y en los zafarranchos verbales ocurridos esta semana en San Lázaro, de los que ahora dice lamentarse, como si se tratara de una persona ajena por completo a la escaramuza, una especie de Dr. Jekyll que regresara a su condición "honorable" tras haber actuado alevosamente mientras estaba transformado en Mr. Hyde.


Operador tras bambalinas de ese acuerdo, primero negado, vuelto a negar y finalmente reconocido vergonzosamente, Calderón pretende ahora hacer creer al respetable que él y su investidura se mantienen ajenos al lodazal que ahora condena para enseguida formular llamados a la racionalidad y el buen comportamiento, situado él desde un hipotético e inmaculado Olimpo.

Y ya entrado en gastos, aprovecha el viaje para decir que por esos malos políticos revoltosos que denostan y ofenden --recuérdese que los priistas le recordaron que gracias a ellos se sentó en la silla, dada su condición de espurio-- es preciso aprobar su iniciativa de reforma política para que los ciudadanos los controlen y no sigan denigrando la política.

Si Vicente Fox era un bipolar, como nos lo vino a confirmar --tardíamente--el propio Vaticano; ahora Calderón se revela como alguien con una personalidad desdoblada. Ah! las patologías del panismo.

¡Hasta la próxima!

Operación Peña Nieto

Los enredos políticos protagonizados estos días por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) muestran la visión patrimonialista del poder que campea en nuestra clase política --esa que les permite disponer de los recursos públicos y ofrecerlos como moneda de cambio en acuerdos electorales--, pero sobre todo, han hecho evidente una cosa:

La vasta operación política puesta en marcha desde hace meses por el gran capital --con Televisa como cabeza visible de un conglomerado de empresas, capitales e intereses que conforman el verdadero bloque hegemónico de poder--  para ganar la presidencia en 2012, a través del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Poderes fácticos

PRI y PAN han sido cooptados por ese bloque y convertidos en los operadores políticos que procesan y gestionan los intereses del gran capital en la esfera pública. Si esa operación se concreta, lo que veremos es ni más ni menos que la sustitución de los poderes constitucionales por los poderes fácticos. Esa es la batalla de esta hora.

Los debates de los meses recientes constituyen las pequeñas batallas que ese bloque hegemónico está librando contra una parte de la sociedad, con el propósito de ir ganando posiciones para su proyecto de cara a lo que estiman que será su próximo gobierno.

El proyecto de la derecha

En ese marco deben situarse, por ejemplo, la alianza PRI-PAN para penalizar a las mujeres que abortan en 18 estados de la república; la férrea oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad --léase la Iglesia-- en contra de los derechos de la comunidad lésbico-gay; la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Calderón en contra de matrimonios entre personas del mismo sexo, acción con la que ha exhibido una interpretación ideológica y religiosa del artículo 4o. constitucional para torcer la interpretación de lo que debe ser una familia con lo cual ha hecho saber a esos sectores reaccionarios qué el gobierno está de su lado.

Otras muestras de ese proyecto de la derecha encaminado a sojuzgar aún más a la sociedad son las pretendidas reformas laboral, política y de seguridad nacional. La primera brinda todas las ventajas al capital para conculcar los derechos de huelga, de libre asociación y de estabilidad en el empleo.

La reforma política, en tanto, es una mascarada que se monta y alienta en el desprestigio de la política, no para dar más libertad y control a los ciudadanos, como engañosamente se afirma, sino para debilitar la división de poderes y eliminar los contrapesos que impiden una presidencia casi imperial, todo con el pretexto de que la pluralidad impide la gobernabilidad y los acuerdos para la modernización del país.

La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional enviada por Calderón al Congreso en abril del año pasado es otro flanco en la ofensiva de la derecha encaminada al control social y a la criminalización de los movimientos sociales disidentes.

Arropada en el pretexto de los peligros que entraña el narcotráfico y el crimen organizado, introdujo una figura jurídica denominada "Declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior", con el fin de permitir la participación de las fuerzas armadas y otras instancias de seguridad del Estado para enfrentar actos que afecten la seguridad interior, como la sublevación en una entidad federativa.

Aguilar Camín y los intelectuales

Como todo proyecto político, éste también tiene una veta intelectual, cuya función es darle legitimidad frente a la sociedad, mediante una operación ideológica que consiste en justificar las principales tesis: en este caso, la extinción de los monopolios --considerados no los privados, sino los servicios a cargo del Estado, como la educación y la salud-- y la subordinación económica hacia los Estados Unidos.

Ese trabajo ideológico habría sido encomendado por Carlos Salinas de Gortari --quien evidentemente juega en el equipo de Peña Nieto, como lo muestra la nueva evidencia que reveló el presidente del Senado, Carlos Navarrete, al acusar al ex presidente de interceder para que se reuniera con el mexiquense--  a Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros.

Quien quiera abundar en la lista, no tiene más que revisar la relación de "los abajo firmantes" que suscribieron esa entelequia titulada "No a la generación del No". Mediante ese documento, pero sobre todo, mediante el texto denominado "Un futuro para México", publicado inicialmente en la revista Nexos de noviembre y ahora convertido en libro, esos intelectuales orgánicos están presionando en favor del actual proyecto de la derecha.

Todo lo anterior constituye un bien organizado diseño encaminado a configurar un proyecto de gobierno que el grupo hegemónico ha decidido entregar para su administración a Enrique Peña Nieto. Eso es lo que representa el gobernador mexiquense.

En ese marco, el pacto que firmaron César Nava, Beatriz Paredes, Fernando Gómez Mont y el representante del mexiquense, es sólo una muestra de cómo se ha decidido arropar esa candidatura. Que fue mal operado y que dejó ver los hilos de la operación más general que está detrás, eso es algo que los priistas atribuyen a la inexperiencia y torpeza de los panistas.

En todo caso, Calderón y los suyos no se resignan a dejar el poder que les fue entregado merced a que la corrupción priista de fines de los 90 ponía en peligro la continuidad del proyecto hegemónico. Ahora es el michoacano y el panismo quienes ponen en riesgo ese diseño. Por eso los poderes fácticos han decidido que en 2012 debe ser sustituido y así será.

Pero el PRI no es monolítico y ahí otros grupos, como el del senador Manlio Fabio Beltrones están dispuestos a dar la pelea por ser ellos quienes den vida a la nueva etapa. Eso explica la corriente de opinión que quiere aprovechar el episodio del acuerdo descubierto para debilitar al grupo del Estado de México pidiendo la cabeza de Paredes, evidenciada como alfil del mexiquense. 

Así, con todo lo deleznable que el affair del acuerdo puso al descubierto, respecto del talante ético de los políticos involucrados, lo más grave para la República y sus libertades es la operación gansteril que está en marcha para mantener secuestrado al país y hacer del 2012 una elección decidida desde ahora.

Guarderías: el Informe SCJN

Es difícil encontrar un documento tan contundente por la pertinencia de su metodología, lo inequívoco de las pruebas y por la claridad de sus conclusiones como el Informe preeliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y otros 75 resultaron dañados.

Y sin embargo, los principales responsables de la tragedia, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas y el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castello, siguen ahí, impunes y defendiéndose, en el caso del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, con las justificaciones más insólitas.

En cualquier democracia que lo fuera realmente, Molinar sería a esta hora un secretario cesado fulminantemente primero, por la responsabilidad política que le corresponde en las omisiones e irregularidades que condujeron a aquella tragedia y, segundo, para enfrentar la acción penal correspondiente.

Pero estamos en México, donde es seguro que ninguno de las dos consecuencias mencionadas ocurran. Como tampoco ocurrió nada en otros casos igualmente documentados. En efecto, con ser una investigación rigurosa la que ha presentado la Corte en relación con las guarderías, no ha sido la única.

Similares textos se produjeron tras la investigación de los hechos en los casos de Lydia Cacho, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y en el caso de las violaciones de derechos en Atenco, en el que se mencionó expresamente la responsabilidad del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Y sin embargo nada pasó entonces ni ocurrirá ahora, entre otras razones por lo que dijo Miguel De la Madrid a Carmen Aristegui en aquella entrevista ya legendaria: la impunidad es el aceite que alimenta nuestro sistema político.

Este episodio, sin embargo, añadirá a Felipe Calderón otra descalificación política. A su impugnado origen ha ido sumando la ilegitimidad que deviene de un quehacer político desaseado, mentiroso e ineficaz. Su bandera de la transparencia y rendición de cuentas quedará también hecha jirones al cabo de este episodio.

En todo caso sigue perdiendo oportunidades para legitimarse en función de un compromiso con la legalidad. En vez de eso, cada día se forma en las filas de la ilegalidad y la impunidad. El suyo será, desde ya puede afirmarse, no sólo un gobierno ilegítimo y fallido, también uno de los más corruptos de que se tenga memoria.

¡Hasta la próxima!