La marcha por la paz con justicia y dignidad, convocada por el poeta Javier Sicilia y que culminará este domingo 8 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México, tras haber iniciado en Cuernavaca, Morelos el pasado jueves 5 de mayo, podría convertirse en el movimiento ciudadano que estaba faltando para inducir cambios en la estructura política del país.
Como la gran movilización ciudadana que tuvo lugar tras los sismos de 1985 en México, y que hizo a la población advertir las posibilidades de su acción organizada, este nuevo movimiento parece la gran oportunidad para que la ciudadanía recupere el protagonismo que debe tener en la conducción de los asuntos públicos del país.
Ese y no otro parece ser el sentido de las afirmaciones de Javier Sicilia cuando dice que no se trata de un movimiento contra el gobierno, sino de establecer un pacto ciudadano para iniciar la reconstrucción del tejido social roto por la violencia; para rehacer las instituciones públicas, reformarlas y refundar la nación.
No es poca cosa. Se trata de afirmaciones, cuyo contenido encierra el germen de un nuevo sistema político, diferente al que ha prohijado las actuales condiciones de violencia incluida la institucional.
Ese gran pacto ciudadano será seguramente el eje del discurso de Sicilia este domingo, pero deberá estar acompañado de las propuestas programáticas que permitan, a partir del día siguiente, convertirlo en un hecho y que hagan viable la confluencia, sin exclusiones con cargo a una disputa por radicalismos ideológicos, de todos los movimientos y organizaciones que plantean, así sea con diferentes grados, plataformas, ideologías y ritmos, la transformación de esta nación.
Esa gran unidad resulta urgente, dada la gran tarea por venir. Y es que cuando se habla de reconstruir el tejido social, no se trata sólo de erigir campos deportivos o áreas verdes o escuelas técnicas, como pretende el gobierno (véase al efecto el programa gubernamental Todos somos Juárez), sino de convocar a un gran debate nacional sobre educación, cultura, economía, política, salud, del cual deba emerger un nuevo pacto social sobre el que construir el futuro.
¿Pues no que se trataba sólo de marchar contra la violencia? Se preguntarán algunos. En efecto, por lo pronto, es preciso presionar al grupo en el poder, cuya cabeza visible es Felipe Calderón, para que modifique la a todas luces fallida, cuando no simulada, estrategia con la que se dice combatir al crimen organizado.
Pero existe una violencia anterior a la generada por el crimen organizado y que contribuye a crear las condiciones que lo hacen florecer: la violencia institucional. Aquella que no necesita de balas, ni de pistolas ni de sicarios a sueldo (aunque los funcionarios de alto nivel serían sus homólogos), pero que igual mata, viola, atropella, y cancela silenciosamente, bajo el ropaje de las leyes, las posibilidades de sobrevivencia, trabajo, justicia, igualdad, salud, casa, alimentación y educación de las mayorías.
De ahí la necesidad de la refundación a que ha convocado Javier Sicilia. Y la marcha de este domingo 8 de mayo –sin ánimo de cargarle responsabilidades mayores a las que se ha propuesto—deberá delinear los causes políticos, los contenidos programáticos y las formas organizativas que adoptará el gran pacto ciudadano, pues no será sólo con exigencias y consignas como se alcanzará la transformación deseada.
Así lo hace ver la postura de Felipe Calderón reiterada desde la noche anterior al inicio de la marcha en un mensaje televisivo, y durante la conmemoración de la batalla de Puebla: la estrategia no se modificará, “eso no ocurrirá”; el retiro de la guerra contra el narcotráfico “no es opción” porque tenemos de nuestro lado “la ley, la razón y la fuerza”.
Como muy pocas ocasiones en el pasado inmediato, las posturas están claras: más allá de la retórica política y de la manipulación de los medios de comunicación, lo que hay y resulta ya inocultable es un pueblo enfrentado contra la clase política y contra quien detenta el cargo más elevado dentro de esa clase: la presidencia de la república.
Un pueblo en abierto desacuerdo con la conducción del país y un gobierno que con autoritarismo insiste en las políticas que producen ese desacuerdo configuran lo que no puede ser catalogado sino como una dictadura.
A eso hemos llegado en México. De ahí que la marcha puede representar el inicio de la organización ciudadana pacífica contra ese engendro.
