Los partidos políticos (PRI, PAN, PRD) han declarado su oposición a la aplicación de IVA en medicinas y alimentos, como una de las medidas que se prevé estarán incluidas en la Ley de Ingresos del año próximo, para subsanar el "boquete" financiero de 300 mil millones de pesos que padecen las finanzas públicas.
Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.
El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.
El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.
Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.
Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:
1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)
2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)
3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.
En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.
Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.
Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.
Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".
En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.
Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.
Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.
En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.
¡Hasta la próxima!
lunes, 7 de septiembre de 2009
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Calderón: la hora del cambio
Este miércoles el señor Felipe Calderón convocó a la nación a emprender un "cambio sustancial con todos los costos y riesgos". Aún más: proclamó que es llegada la hora de cambiar y cambiar a fondo, lo cual significa no sólo dar pequeños pasos.
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
martes, 1 de septiembre de 2009
Modelo económico agotado (II)
El tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón llega en medio de un descontrol en todos los órdenes de la vida pública, subrayado por la inoperancia gubernamental manifiesta hasta en las desaseadas maneras que tienen de operar incluso sus propios proyectos, como la pretendida fiesta personal que se habían organizado en Palacio Nacional, a despecho de las más elementales formas políticas y republicanas.
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
lunes, 31 de agosto de 2009
Modelo económico agotado (I)
Al instalarse, este sábado 29 de agosto, la 61 legislatura de la Cámara de diputados, Ifigenia Martínez, del Partido del Trabajo, llamó a "terminar con el ciclo neoliberal para implementar una política económica de desarrollo equitativo" a riesgo de provocar, "junto con la desigualdad imperante y la pérdida de ingresos y empleos, un estallido social de graves proporciones, en vísperas, precisamente, del segundo centenario de la guerra de Independencia y del primer centenario de la primera revolución social del siglo XX".
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
jueves, 27 de agosto de 2009
III Informe: propaganda y exaltación
El III Informe de gobierno de Felipe Calderón ha sido convertido por sus "estrategas" en una oportunidad más para la propaganda con el añadido de que por esa vía se violan las disposiciones constitucionales en la materia y se gasta una cuantiosa suma de dinero en una campaña de imagen en momentos de apremio económico para la población.
En efecto, desde este lunes 24 inició una campaña en radio y televisión en la que el protagonista, más que el informe, es el propio Calderón. El político michoacano aparece a cuadro y con un abierto tono de exaltación, promociona su imagen mientras recita una serie de "datos" que según eso darían cuenta de lo mucho que su administración ha hecho en favor del país.
Con ese proceder Calderón viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, el cual dispone que:
Con esa habilidad que los políticos creen tener para eludir compromisos o disposiciones legales, se dirá que la tal maniobra no implica promoción personalizada, como condiciona el referido artículo, pues sólo se cumple con la disposición del 69 constitucional que establece la obligación del Presidente de informar cada año del estado general que guarda la administración pública del país.
Sólo que ese artículo dice que el tal informe deberá ser por escrito y ante el Congreso de la Unión.
Lo que priva aquí no es el afán o el celo democrático por informar y preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Lo que está en marcha es una intensa y costosa ofensiva propagandística encaminada a engañar y manipular a la población mediante "logros" reseñados por un hombre --Calderón-- que se presenta a sí mismo como el político eficaz que no es, pero que ha logrado contener la debacle económica en la que en realidad aún se encuentra el país, entre otras cosas, por la tardía, ineficaz y falta de planeación de su equipo económico.
Los anuncios de Calderón no se limitan a exponer los hechos o las acciones de gobierno, cuyo cumplimiento es una obligación que se realiza con dinero de los propios contribuyentes, sino que se exalta la figura de un hombre mediante información que no puede ser contrastada o verificada fácilmente por el auditorio que así queda a merced del mensaje optimista.
La receta no es nueva. Los nazis, en cuyas técnicas de propaganda parece abrevar el equipo de comunicación calderonista, creaban en la gente una opinión favorable hacia ellos difundiendo insistentemente mensajes que hablaban de la supremacía y prosperidad de su país, como ahora lo hace Calderón, sólo que éste habla en medio de las ruinas que ha dejado su política económica.
Otra muestra del talante propagandista y despilfarrador --claro, a cuenta del dinero público-- del calderonismo, lo muestra el montaje que ya se prepara con miras al primero de septiembre. Están corriendo ya las invitaciones para el "Informe de gobierno" que tendrá lugar a las nueve de la mañana de ese día en el Patio Central de Palacio Nacional.
A contracorriente del acuerdo camaral para que el Presidente se ciñera al texto constitucional y sólo entregara el informe por escrito, sin leerlo desde la tribuna del Congreso, para que aquello no siguiera siendo el pretexto para ensalzar la figura presidencial, el equipo de Calderón ha instaurado su propio besamanos.
Como se ve, insiste Calderón en hacer su fiesta. A despecho de las prácticas democráticas y republicanas, él insiste en regresar al pasado --no en balde la derecha es sinónimo de regresión-- acaso porque en su yo interno sea un secreto admirador y añore el autoritarismo priísta que hacía de la fecha del Informe "el día del Presidente".
¡Hasta la próxima!
En efecto, desde este lunes 24 inició una campaña en radio y televisión en la que el protagonista, más que el informe, es el propio Calderón. El político michoacano aparece a cuadro y con un abierto tono de exaltación, promociona su imagen mientras recita una serie de "datos" que según eso darían cuenta de lo mucho que su administración ha hecho en favor del país.
Con ese proceder Calderón viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, el cual dispone que:
La propaganda, bajo cualquier denominación de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (el subrayado es nuestro).Quien haya visto o escuchado tales anuncios habrá de reconocer que ni informan --pues presentan hechos parciales e incompletos-- ni educan ni orientan a la sociedad sobre algún tema particular. Con el agravante de que el texto constitucional prohíbe que el servidor público de que se trate --en este caso Calderón-- aparezca con voz e imagen en pantalla o en radio.
Con esa habilidad que los políticos creen tener para eludir compromisos o disposiciones legales, se dirá que la tal maniobra no implica promoción personalizada, como condiciona el referido artículo, pues sólo se cumple con la disposición del 69 constitucional que establece la obligación del Presidente de informar cada año del estado general que guarda la administración pública del país.
Sólo que ese artículo dice que el tal informe deberá ser por escrito y ante el Congreso de la Unión.
Lo que priva aquí no es el afán o el celo democrático por informar y preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Lo que está en marcha es una intensa y costosa ofensiva propagandística encaminada a engañar y manipular a la población mediante "logros" reseñados por un hombre --Calderón-- que se presenta a sí mismo como el político eficaz que no es, pero que ha logrado contener la debacle económica en la que en realidad aún se encuentra el país, entre otras cosas, por la tardía, ineficaz y falta de planeación de su equipo económico.
Los anuncios de Calderón no se limitan a exponer los hechos o las acciones de gobierno, cuyo cumplimiento es una obligación que se realiza con dinero de los propios contribuyentes, sino que se exalta la figura de un hombre mediante información que no puede ser contrastada o verificada fácilmente por el auditorio que así queda a merced del mensaje optimista.
La receta no es nueva. Los nazis, en cuyas técnicas de propaganda parece abrevar el equipo de comunicación calderonista, creaban en la gente una opinión favorable hacia ellos difundiendo insistentemente mensajes que hablaban de la supremacía y prosperidad de su país, como ahora lo hace Calderón, sólo que éste habla en medio de las ruinas que ha dejado su política económica.
Otra muestra del talante propagandista y despilfarrador --claro, a cuenta del dinero público-- del calderonismo, lo muestra el montaje que ya se prepara con miras al primero de septiembre. Están corriendo ya las invitaciones para el "Informe de gobierno" que tendrá lugar a las nueve de la mañana de ese día en el Patio Central de Palacio Nacional.
A contracorriente del acuerdo camaral para que el Presidente se ciñera al texto constitucional y sólo entregara el informe por escrito, sin leerlo desde la tribuna del Congreso, para que aquello no siguiera siendo el pretexto para ensalzar la figura presidencial, el equipo de Calderón ha instaurado su propio besamanos.
Como se ve, insiste Calderón en hacer su fiesta. A despecho de las prácticas democráticas y republicanas, él insiste en regresar al pasado --no en balde la derecha es sinónimo de regresión-- acaso porque en su yo interno sea un secreto admirador y añore el autoritarismo priísta que hacía de la fecha del Informe "el día del Presidente".
¡Hasta la próxima!
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