Dominación y control social

Todas las voces que colman el espacio público se expresan como si la dominación y el control social no existieran. Una vez que se hace abstracción de esos factores realmente existentes, entonces pareciera como que todos los problemas del país se deben a que los actores políticos y sociales no se ponen de acuerdo y a la falta de consensos.

Al difundir esta imagen, los principales problemas del país --inseguridad, nulo crecimiento económico, violencia, pobreza, desigualdad, exclusión e ignorancia-- aparecen ante nosotros como resultado, en el peor de los casos, de la incapacidad, desinterés o corrupción de la clase dirigente.

No es así. Por lo menos no es la película completa. Muchos de los males del país se explican como producto de las relaciones de poder que una clase dominante ejerce sobre otra dominada, a través del aparato gubernamental, cuya intervención está siempre orientada a conservar las estructuras socio-económicas que hacen posible esa dominación, o adaptarlas a las nuevas necesidades o condiciones sociales.

Así, por ejemplo, en cada época la valorización del capital --lo que le da valor e incrementa la rentabilidad y ganancias del dinero-- ha dependido de diferentes factores. Actualmente esa valorización se basa en la contracción del trabajo asalariado (de allí el llamado desempleo estructural que se extiende por todo el mundo), en la restricción al consumo de las masas, la inversión especulativa que mediante instrumentos como los credit default swaps (CDS) conspira contra la viabilidad económica de los países (vénase los casos de Grecia y Portugal), y la desregulación estatal, entre otros.

Esta nueva forma de darle más valor al capital requiere de nuevas leyes que dén legitimidad a las prácticas sociales, económicas y laborales que deben imponerse. Y para eso está el aparato estatal, cuya función --como ya quedó dicho-- es mantener o adaptar las condiciones que requieran las relaciones de dominación.

Todo el lío que leemos o escuchamos en los medios acerca de la necesidad de llegar a acuerdos para votar las reformas política, laboral y de seguridad nacional, o sea, las llamadas "reformas estructurales" (denominadas así porque según eso modificarán de raíz la estructura política, social y productiva del país para hacerlo más competitivo y próspero), no es otra cosa que el intento por darle al capital un andamiaje jurídico y legal que favorezca la acumulación de mayores ganancias, ya sea recortando derechos económicos de los trabajadores, o reduciendo y eliminando prestaciones sociales.


En ese ánimo de maximizar ganancias, en México muchas prácticas empresariales violan los preceptos constitucionales. Por eso en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, en la agenda de los partidos PRI y PAN figura la reforma a la Ley Federal del Trabajo, no para poner un dique a esas violaciones, sino para legalizarlas. De nuevo aquí se muestra como las instituciones gubernamentales, incluidos los representantes populares trabajan en favor del capital. 

Pero eso no ocurre sólo en México. Se trata de una ofensiva mundial. En casi todos los países del orbe se han reformado leyes para privatizar las pensiones, desmantelar la seguridad social o eliminar derechos conquistados por los trabajadores.

Las evidencias

La prueba de que el diseño hasta aquí descrito realmente está funcionando lo proporciona la edición 14 del estudio Riqueza mundial, publicado el 22 de junio de 2010 por Merrill Lynch y la empresa Capgemini. Allí se revela que en 2009, en plena recesión económica --mientras usted perdió su empleo o vio reducidos sus ingresos-- los millonarios del mundo (10 millones de personas) aumentaron su capital en 18.9 por ciento respecto del año anterior, con lo que sumó 39 billones de dólares.(En 2011 continuó aumentando la riqueza, como puede verse en el enlace propuesto).

No crea usted que lo hicieron merced al trabajo duro desplegado en largas jornadas produciendo bienes y servicios para el mercado. No. Según el reporte, ese aumento se debió principalmente al incremento en el valor de sus títulos en las bolsas, es decir, fue resultado de inversiones especulativas, como corresponde a la nueva fase del capitalismo neoliberal que basa la generación de ganancias y de rentabilidad del capital, no en la producción de bienes y servicios, ni en el consumo masivo, sino en la especulación financiera, lo que provocó la crisis de 2008 y aun la actual.

El mercado triunfante

La comprensión de este fenómeno está en la base de las protestas sociales ocurridas en los últimos meses en España con el movimiento de los Indignados (M-15 o Spanish Revolution), los disturbios en diversas ciudades y suburbios ingleses, el movimiento de los estudiantes chilenos en demanda de una educación sin fines de lucro, así como las movilizaciones en Grecia, Italia, Portugal e incluso en Israel.

En todos los casos, lo que esas sociedades plantean es superar las actuales relaciones de dominación capitalista que aplican gobiernos de todo signo, incluso los que se reputan como de izquierda. Y lo hacen porque ven claramente que esas condiciones de dominación están cancelando el futuro de miles y miles de ciudadanos, jóvenes, mujeres y niños, así como las condiciones naturales del planeta.

Al efecto, resulta ilustrativa una pancarta mostrada por un español durante las manifestaciones de la semana pasada: "¡Gobierne quien gobierne, el mercado nunca pierde!".

En México, sin embargo, una sociedad mediatizada y desmovilizada, lo que demanda a los políticos (con Televisa --but of course-- a la cabeza) es que se "póngan de acuerdo" y voten las "reformas estructurales" que "el país necesita".

Imagínense: los esclavos urgiendo a quienes los esclavizan a que afinen las cadenas. Así estamos.

Casino Royale: bla, bla, bla

Resulta exasperante constatar como ante la nueva tragedia que vivió ayer el país con el asesinado de 52 personas en el Casino Royale, de Monterrey, N.L., la respuesta gubernamental son los calificativos, la intensión autoexculpatoria y la confirmación de que la "estrategia" causante de los hechos que se condenan y lamentan continuará incólume. La espiral de muerte y de sangre se nos volvió torbellino que ya arrastra a toda la sociedad, pero seguirá, anuncia Felipe Calderón desde la comodidad de Los Pinos.



El bla, bla, bla es acompañado de actos protocolarios vacíos de significado, como el apersonarse el michoacano en el lugar de la tragedia, depositar una solemne ofrenda floral, poner cara de circunstancia, permanecer dos minutos en el sitio y decretar tres días de luto nacional. Y ya, a esperar la siguiente masacre al cabo el scrip está armado: "enérgica condena", discurso oficial de ocasión, consternación de utilería para con los deudos de las víctimas y...a seguir la guerra.



El mensaje de 20 minutos difundido por Felipe Calderón la mañana de este viernes, es pródigo en calificativos, pero vacío de sustancia. Convencido a sí mismo de que todavía algo gobierna y de que su palabra tiene algún peso (¡oh, el "presidente" está indignado! ¡oh, el "presidente" condenó los hechos! ¡a temblar criminales que Felipe ya los señaló!), el panista lanza anatemas, llama terroristas a quienes perpetraron este "acto de terror y barbarie", estos "hechos dolorosos", este "acto inhumano y crimen imperdonable".


Como cada vez que un hecho semejante ocurre (Las fosas de San Fernando, las víctimas de Villas de Salvárcar, el asesinato de indocumentados y periodistas, la guardería ABC) ofrece redoblar la presencia de las fuerzas federales y seguir "golpeando las estructuras del crimen organizado" que no han de ser tan golpeadas a la vista de su incólume capacidad de fuego y de violencia.


Y lo infaltable en el discurso calderoniano: el reparto de culpas. Los culpables son el Congreso por no dar a las fuerzas federales "certidumbre jurídica y atribuciones legales" para combatir la delincuencia (léase: por no aprobar la Ley de Seguridad Nacional al gusto del propio Calderón que, como ya se ha visto, no busca sino legalizar los atropellos que contra la población civil cometen el ejército, la policía y la Marina, responsables de desapariciones forzadas, allanamiento de domicilios sin órdenes de cateo y secuestro de sospechosos sin órdenes de aprehensión, en lo que más bien constituye una operación de contrainsurgencia contra la propia población civil a la que se dice "proteger").

Otro culpable: el poder judicial por no condenar a los acusados que presenta el Ministerio Público. En realidad, es una instancia ante la que se estrella la propaganda calderonista que se solaza en presentar ante la opinión pública asesinos responsables de hasta 600 crímenes, a los que luego los fiscales gubernamentales no son capaces de condenar por ninguno de ellos.

Y el villano favorito, EUA, al que se condena de dientes para afuera por ser el "mayor consumidor de droga del mundo", y porque los miles de millones de dólares de ganancias permiten a los narcos adquirir las armas con las que luego matan a los mexicanos.


Sin embargo el enojo de Calderón contra el vecino vicioso no llega a tanto como para decidir detener la guerra aquí y que la sufran ellos allá. Nada de eso: sólo hace un llamado a misa, casi un ruego más propio de un subordinado que de un representante de un país soberano, al Congreso, a la sociedad y al gobierno estadounidense a que si están resignados a consumir drogas, entonces "que reflexionen por la tragedia que vivimos en México", pues no podemos seguir pagando las consecuencias que genera el mercado negro de estupefacientes.



Y como para que al vecino no le quede duda que seguiremos haciéndoles el trabajo sucio aquí, Calderón se pregunta ante la tragedia del día: ¿qué sigue? Ah, sigue perseverar y redoblar el esfuerzo, dice envalentonado.


Y afirma que claudicar ahora es "entregar a nuestras familias al capricho y al arbitrio de las bandas delincuenciales". Y lo dice rodeado por 52 cadáveres precisamente de familias de Nuevo León, víctimas de la contundencia con la que según eso se han debilitado y golpeado las estructuras de las bandas criminales.


Los criminales quedaron advertidos por la palabra presidencial: "deben saber que mientras más se metan con la gente inocente, más contundentemente vamos a actuar contra ellos".


Y al final, venimos a saber que todo ese bla, bla, bla, de Calderón, no era sino la ocasión para justificar ante la sociedad su reclamo para instalar en México un régimen autoritario, que, con el pretexto de atacar criminales, atropelle a la sociedad, sin que esta reclame ni diga nada.


No otra cosa puede significar el llamado de Calderón al final de su discurso: "Déjennos hacer nuestro trabajo, dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan frenar la acción de las fuerzas federales".


A la ominosa amenaza de los criminales, la sociedad mexicana tendrá que enfrentar la ominosa tentación de instaurar aquí una dictadura militar con el pretexto de que se ataca al crimen organizado. La nación por encima de los ciudadanos que la conforman. Esa ha sido siempre la justificación de las dictaduras.

Por qué los pobres de Calderón no son un fracaso

Criticar a Felipe Calderón porque durante su "gobierno" los mexicanos nos volvimos más pobres es pecar de ingenuidad. Indudablemente que los datos difundidos este viernes 29 de julio  por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), justificarían que proclamáramos el fracaso total de su administración, la ineficacia e ineptitud de las políticas aplicadas y hasta el mediocre desempeño profesional del michoacano.

Este tipo de descalificaciones vendrían al caso si el empeño y el proyecto del grupo gobernante fueran la justicia social con base en un desarrollo económico soberano, sustentable y de largo plazo. Pero como no es así, en realidad, el aumento de la pobreza en México es un resultado buscado y trabajado, derivado naturalmente del modelo económico aplicado conscientemente por lo cual no puede considerarse un fracaso. Veamos:

A mediados de la séptima década del siglo pasado (1975) se produjo un retroceso en la rentabilidad del capital. La necesidad de garantizar la recuperación de las ganancias capitalistas que se habían obtenido durante la posguerra condujo a lo que conocemos como neoliberalismo globalizador, la fase actual del sistema capitalista.

Recuperar y mantener los márgenes de rentabilidad para el gran capital era vital pues, como se sabe,  sin un régimen de acumulación que garantice una masa suficiente de ganancia el capitalismo se desplomaría. Eso era lo que estaba en juego en aquellos años. Para superar la emergencia y recuperar los niveles de ganancia o rentabilidad el neoliberalismo recurrió a una constante reducción de los salarios, se desmontó el andamiaje de la seguridad social, se privatizaron los servicios a cargo del Estado para reducir su tamaño y su costo.

Ello se tradujo en políticas de contensión salarial, la privatización de pensiones, el abandono de la seguridad social que en México se expresó en las reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE, desregulación y reducción de impuestos a las grandes empresas locales y trasnacionales. Además, se adoptaron modificaciones tecnológicas para incrementar la productividad laboral o el grado de explotación técnica de los asalariados.

Exactamente lo que hemos vivido desde principios de los años 80. Así, Calderón y sus antecesores han seguido puntualmente las políticas dictadas por el capital financiero internacional, encaminadas a que existan las condiciones apropiadas para que los grandes capitales recuperen e incrementen su tasa de ganancia.

Ese es el gran diseño, el único proyecto al que han estado abocados nuestros gobiernos (PRI-PAN) en los últimos 30 años. Toda la verborrea oficial plasmada en los cientos de páginas de los llamados planes nacionales de desarrollo no ha tenido otro objetivo que encubrir el gran engaño.

Si el modelo económico que se aplica conscientemente está diseñado para aumentar las ganancias del capital y depauperar a la población ¿Cómo puede ser un fracaso una estrategia que arroja los resultados esperados?

Entre 2008 y 2010 --informa el Coneval-- se volvieron pobres 3.2 millones de personas. En total, en el país hay ahora 52 millones de pobres que equivalen a 46.2% de la población.

Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Coneval formuló una consideración clave: Este aumento de 3.2 millones de pobres --dijo-- indica que el efecto de la reducción del ingreso fue mayor que el impacto de la reducción de las carencias del país.

Esto significa que usted puede repartir dádivas mediante programas sociales como Solidaridad (Carlos Salinas de Gortari), Progresa (Ernesto Zedillo) y Oportunidades (Felipe Calderón), puede echarle cemento a todas las casas con piso de tierra que haya en el país, puede introducir drenaje y agua potable, pero mientras no aumente los salarios de los trabajadores, todo lo demás es demagogia, porque no tiene ningún efecto en el desarrolo económico ni del país ni de las personas.

El capitalismo y el alacrán

Ahí es precisamente donde se inserta la crítica al modelo neoliberal del capitalismo rampante, pues el dogma, seguido por nuestros gobernantes, es reducir el ingreso de las personas para maximizar las ganancias ¿Se dan ustedes cuenta cuál es el verdadero origen de nuestros males?

Por ello, denostar a Calderón y centrarse en su figura es desentenderse de la causa primigenia. No digo que el panista sea una víctima inocente del malvado sistema capitalista, pues él, como antes De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, se adscribieron gustosos a ese proyecto desnacionalizador que quebró al país, pero que a ellos y a sus cómplices les redituó millonarias ganancias.

Lo que digo es que para que la crítica resulte eficaz debemos situar la actuación de estos hombres dentro de la estructura capitalista a la que sirven.

En México la izquierda electoral se desentiende de estos fenómenos producidos por el capitalismo mundial y por eso no los denuncia. En vez de eso se empeña en moverse en la lógica de que la sociedad capitalista es modificable o puede funcionar mediante reformas que aminoren la desigualdad, pero sin cambiar el régimen de acumulación que produce esa desigualdad y que fabrica tanto pobre.

Ese reformismo no la ha conducido ni la conducirá a ninguna parte. La razón es sencilla: detrás del glamour y las comodidades con que nos seduce, el capitalismo es esencialmente una relación de poder entre dominantes y dominados; es explotación del hombre y depredación de la ecología del planeta.

Y si se le preguntara por qué lo hace, respondería como el alacrán de la fábula: porque es mi naturaleza.

Semar: desapariciones forzadas

La declaración formulada este martes por el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, respecto de que los criminales se valen de los defensores de derechos humanos para manchar el prestigio de la institución, obedece a una doble estrategia gubernamental:

a) debilitar la actuación de esos "incómodos" defensores en momentos en que más riesgos corren en virtud de los atropellos que cada vez con mayor frecuencia cometen las fuerzas armadas dentro del Estado policiaco-militar que se ha instaurado en el país; y, a la vez,

b) camuflajear esos atropellos haciéndolos pasar por acciones de los criminales que de ese modo pretenderían inculpar a las fuerzas armadas para desprestigiarlas e inhibir su acción.

En ambos casos, se trata de un discurso ominoso que, en realidad, lo que pretende es exculpar a los militares y marinos de los probados atropellos en que han incurrido y, de ese modo, cubrirlos con un inadmisible manto de impunidad.

La maniobra no es nueva. Ya el año pasado el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no convertirse en la "tonta útil" del crimen organizado.

El discurso del secretario de Marina se produce en momentos en que sobre esa corporación pesan graves acusaciones, como la desaparición de 15 personas, ocurrida entre el primero y el 23 de junio pasados, en Nuevo Laredo Tamaulipas.

Mediante un ilegal modus operandi --pues se realizó sin que mediaran órdenes de cateo o de aprehensión, los marinos irrumpieron con violencia el cinco de junio en por lo menos seis domicilios, de los que se llevaron a otras tantas personas, ante la angustia y el terror de esposas e hijos.

Desde entonces, los desgarrados familiares de José Fortino Martínez, José Cruz Días Camarillo, Diego Omar Guillén Martín, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García y Usiel Gómez Rivera, no han vuelto a saber de ellos. Están desaparecidos.

Además de ellos también se ha denunciado la desaparición, a manos del personal de la Armada, de Joel Díaz Espinosa, Alejandro Gil Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (padre e hijo). Los nombres que faltan para completar los 15 desaparecidos no fueron dados a conocer públicamente por el temos de sus familiares a sufrir represalias.

Quien sí las padeció fue Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, esposa de José Fortino Martínez, cuya casa fue baleada con unos 40 balazos de grueso calibre, luego de que denunció su caso en periódicos de circulación nacional.

La respuesta de la Secretaría de Marina (Semar) ha sido la típica de un culpable pillado en falta. Primero negó haber participado en tales aprehensiones, aduciendo que pudo tratarse de falsos marinos portando uniformes apócrifos de la Armada.

Luego, en un comunicado del 1 de julio reconoció que el pasado 5 de junio, en Nuevo Laredo Tamaulipas, su personal "tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas". Véase lo que dice la Semar:

"Al operar información de inteligencia que apuntaba a que en varios domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la delincuencia organizada y al reconocer dichos lugares el día 5 del actual, se reconoce que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas".

Del texto se desprende que:

1. La Marina reconoce que ese 5 de junio sí realizó un operativo en "varios domicilios". Es decir, no se trató de criminales vestidos de marinos, como se adujo en un principio  tratando de ocultar el hecho finalmente reconocido, y como pretende que ocurre siempre el secretario Saynez.

2. Reconoce que "tuvo contacto" con los hoy desaparecidos. Es decir, que entró en sus domicilios --en rigor se trató de un allanamiento-- pues explícitamente admite que ese contacto se produjo "al reconocer dichos lugares", es decir, los "varios domicilios" en los que, según su "información de inteligencia" (?)  había delincuentes.

3. Aunque no especifica que significa "tener contacto" con las víctimas, se entiendo que registraron sus nombres, los tuvieron frente a sí, pues de otro modo la Semar no sabría que se trata de las mismas personas cuyo paradero hoy se desconoce.

Ningún testimonio indica que los marinos "tuvieron contacto" con los desaparecidos, los dejaron en sus casas y después volvieron por ellos. En tal caso podría suponerse que tras el operativo oficial, criminales vestidos como marinos realizaron los secuestros para incriminar a aquellos. No fue así. Aquella noche sólo hubo un operativo y los marinos se llevaron sin más a las víctimas.

No obstante esas evidencias, en el comunicado de la Semar se afirma que: "Hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado y, menos aún,  privado ilícitamente de su libertad a estas personas".

Los familiares de algunos de los secuestrados siguieron al convoy de marinos y tienen fotos y videos que demuestran como, tras capturarlos, los mantuvieron por horas en el Hotel Santa Mónica. Y que luego los condujeron a un lienzo charro, ubicado a 50 kms de Nuevo Laredo, donde la Marina instaló un campamento en Hidalgo, Coahuila.

Otro dato que resulta llamativo es que en ese mismo comunicado del 1 de julio, la Semar dice respecto de los seis ciudadanos desaparecidos con los que "se tuvo contacto", que "debe señalarse que no se encontraron elementos que permitieran establecer su pertenencia a alguna célula criminal". ¿Y entonces? ¿No afirmaron que realizaron el operativo porque contaban con información de inteligencia? ¿Qué tipo de "información de inteligencia" utiliza la Marina que irrumpe ilegalmente en domicilios de quienes la propia dependencia reconoce después que son inocentes? ¿Esa es la seguridad que dicen brindar a los ciudadanos?

Como se ve, el secretario de Marina, Francisco Saynez, tiene mucho que explicar acerca de posibles crímenes cometidos por sus subordinados. En vez de hacerlo, y en un claro intento autoexculpatorio, pretende acusar a los defensores de derechos humanos, poniéndolos con ello en una riesgosa situación.

El tono y el contenido del discurso de Saynez envía un ominoso mensaje a la sociedad: el de la impunidad que cubre y cubrirá a los militares y marinos. Eso ya lo sabíamos, pero cada vez resulta más explícito. Y con todo eso, la Secretaría de Gobernación rechazó la petición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para que se forme una Comisión de la Verdad.

¿Para qué? dijo la dependencia, si no estamos en los años sesenta ni tenemos una dictadura. ¿No?

   

PGR: víctimas legalmente inexistentes

 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y periodista Javier Sicilia, así como el resto de la sociedad debimos tomar nota del informe que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Comisión Permanente del Congreso sobre "Avances y resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo diciembre 2006-2011".

En ese documento, la procuradora Marisela Morales sostiene, más allá de discursos y palabrería, la postura oficial del gobierno: "Se estima que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011".

Semejanten afirmación equivale a negar legalmente las más de 40 mil muertes producidas hasta ahora por esa "estrategia". Se trata de una actitud negacionista que equipara al "gobierno" de Calderón con aquellos que aun hoy sostienen que el genocidio perpetrado por la Alemania nazi nunca ocurrió, no obstante los testimonios fehacientes de quienes sobrevivieron al holocausto.

La afirmación de la procuradora Morales --quien durante el diálogo en Chapultepec pudo mirar la cara, el dolor y la indignación de familiares de víctimas realmente existentes-- ilustra con meridiana claridad la perversidad y mala fe de un gobierno que hace como que dialoga y reconforta a familiares de víctimas a las que en realidad no reconoce legalmente. Y como tampoco hay daños materiales ni pérdidas económicas, nadie está en condiciones de demandar legalmente al gobierno indemnización de ningún tipo. Ese es el alcance último de esa negación.

Si políticamente  todos esos muertos, las desapariciones forzadas y los "levantados" eran considerados por Calderón "daños colaterales", ahora venimos a saber, por voz de la PGR, que para efectos legales ni siquiera existen.

Si nos atenemos al concepto de víctima (persona que ha sufrido el menoscabo de sus derechos esenciales, o sus familiares y descendientes, cuando la víctima directa no sea capaz de reclamar sus derechos por haber sido muerta), entonces lo que la PGR intenta decirnos al negar legalmente el estatus de víctimas a los caídos, es que todos ellos son miembros del crimen organizado, pues no habrían muerto injustamente ni se habrían violado sus derechos, pues habrían fallecido en el ejercicio de su actividad ilegal, lo cual, en los hechos, equivale, otra vez, a criminalizarlos.

¿Qué acuerdos vinculantes (legalmente obligatorios) puede establecer el Movimiento por la Paz o cualquier otro con un gobierno que, por principio de cuentas, no reconoce la existencia jurídica de aquellos por los que se exige justicia? Es pregunta.