Ejército: Asesinatos impunes

El 21 de octubre de 2008 Saúl Becerra Reyes, de 31 años, fue arrestado por unos soldados junto con otros cinco hombres en un lavado de automóviles cercano al domicilio que compartía con Brenda Patricia Balderas y sus dos hijos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los testigos vieron como unos soldados con uniforme detenían a los seis hombres y confiscaban tres vehículos, uno de ellos propiedad de Saúl Becerra.

Durante los cinco días siguientes Brenda Patricia Balderas acudió a buscar a Saúl Becerra a la PGR, a cuarteles del ejército y a comisarías municipales. Todos los funcionarios afirmaron no saber nada de las detenciones ni del paradero de los hombres.

Tras ser torturados y detenidos ilegalmente por el ejército en el cuartel del 20o. Regimiento de Caballería Motorizada, el 26 de octubre todos los detenidos menos Raúl Becerra fueron puestos bajo la custodia de la PGR y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego.

Los tres vehículos confiscados por los militares el 21 de octubre también fueron entregados a la PGR , incluido el de Saúl Becerra. Los militares no hicieron ninguna referencia a él a pesar de que uno de los vehículos le pertenecía. El 27 de octubre Brenda Patricia Balderas visitó a los cinco detenidos y vio que todos presentaban claras señales de contusiones.

Ese mismo día Brenda Patricia Balderas trató de denunciar al ejército por secuestro y detención ilegal en la PGR de Ciudad Juárez, pero los funcionarios de la PGR no tramitaron la denuncia. Brenda Balderas también presentó quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Más de un año después, la CNDH no había terminado la investigación ni informado a Brenda Balderas del estado del caso.

Entre noviembre y diciembre de ese año, luego de que Brenda Balderas tramitara un recurso de amparo, un tribunal federal inspeccionó las instalaciones de la PGR y la sede del 20 Regimiento de Caballería Motorizada para determinar el paradero de Saúl Becerra sin conseguirlo. Además se ordenó inspeccionar los centros de detención de la policía estatal y municipal, así como las instalaciones de la PGR y el ejército, también sin éxito.

A comienzos de marzo de 2009 el cadáver de Saúl Becerra apareció en una carretera entre Nuevo Casas Grande y Ciudad Juárez. El certificado de defunción emitido por las autoridades señala en su única página que murió el 22 de octubre de 2008 (un día después de su detención) a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. No se hizo otra autopsia.

Cuando Brenda informó al tribunal federal de que Saúl Becerra había muerto, el juez sobreselló el recurso de amparo y trasladó el caso a la Unidad de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua que abrió una investigación, pero no tomó medidas para determinar la participación del ejército en la desaparición y la muerte de Saúl Becerra.

Este es uno de los cinco casos específicos de graves violaciones a los derechos humanos, de un total de 35, perpetradas por el ejército mexicano entre octubre de 2008 y agosto de 2009 realizadas en el marco de las labores de seguridad pública que realiza para combatir la delincuencia organizada y a los cárteles de la droga.

Esas historias están incluidas en el documento México. Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, el cual fue presentado ayer por Amnistía Internacional. El informe completo puede ser consultado en http://amnistia.org.mx


Y aquella frase de Felipe Calderón del 10 de agosto de 2009 en la conferencia de prensa que ofreció junto con el presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá:

"Tenemos un compromiso claro con los derechos humanos, los hemos cumplido y lo seguiremos haciendo...Quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un sólo caso en que no haya actuado la autoridad en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad".