La virulenta reacción de la Iglesia ante las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y aun su derecho de adopción, constituye una abierta violación del artículo 130 constitucional y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Y sin embargo, el grupo de poder que ejerce el gobierno no sólo no interviene para aplicar las leyes que juró --haiga sido como haiga sido-- "cumplir y hacer cumplir", sino que con su actitud omisa alienta esas transgresiones.
El comportamiento del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es revelador. Cada vez que le toca cumplir con una de sus principales tareas --preservar el interés general mediante la aplicación de la ley violada por alguno de los poderes fácticos-- recurre al recurso del avestruz.
Su forma de esconder su prominente cabeza consiste en ofrecer analizar el problema, como ahora que ha dicho que está analizando "el contexto" y la "significación" de los abiertos ataques del clero a una ley. Lo malo es que cuando Gómez Mont se pone a "analizar" algo, lo que nos está diciendo es que no hará nada.
Lo mismo hizo el año pasado. Ante la abierta violación de las televisoras de la ley electoral al interrumpir el Súper Bowl para transmitir en bloque propaganda de los partidos, ofreció "analizar" el alcance de la violación y si su dependencia tenía facultades para intervenir, cuando en su organigrama existe una oficina encargada de esos temas. Nada pasó.
El asunto de fondo radica en que la derecha encaramada en el poder ejerce un gobierno faccioso, alejado del postulado democrático y republicano de gobernar para todos. En este caso, se sabe de las inclinaciones confecionales de casi todos los miembros del gabinete. De ahí la permisibilidad de que goza el clero.
El postulado constitucional es claro: "Los ministros no podrán...en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios".
No se trata, como pretende hacer creer el secretario de Gobernación, de un asunto de libertad de expresión ni de exclusión de la iglesia del debate. Se trata, en cambio, de garantizar la vigencia del Estado laico en los términos en que también lo define la Constitución.
La Iglesia no puede participar en un debate como el actual simplemente porque se trata de un asunto del orden civil, temas de los que por ley está excluida, merced precisamente al carácter laico del Estado mexicano. Por ello no se configura un acto de exclusión ni de falta de pluralismo, pretextos bajo los que Gómez Mont pretende disfrazar su inacción ante planteamientos como los del clero con los que seguramente simpatiza.
No está mal que lo haga, pero tendría que recordar que no está en el cargo que desempeña para conducirse de acuerdo con sus convicciones personales, sino para hacer cumplir las leyes, aunque éstas y aquellas no sean --como no lo son-- coincidentes.
El reclamo del Arzobispado muestra claramente una inocultable, pero inaceptable intensión dogmática y hegemónica contraria a la libertad de conciencia preconizada por el laicismo. Afirma el clero mexicano que las reformas impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática son "...leyes criminales, inmorales e inicuas que van contra la ley de Dios y los valores del evangelio". (El Universal, 30/12/09)
¿Y en qué disposición legal --preguntamos-- se obliga a que la ley civil deba estar en consonancia con la "ley de Dios"? ¿o que las creencias religiosas deban convertirse en leyes? El proyecto ideológico de la Iglesia, bien se ve, pretende convertir los dogmas y la mediación de la fe en normas sociales de observancia obligatoria para todos. Muestra así su talante excluyente.
Y sin embargo, eso ha sucedido en el tema del aborto. En el último año, 18 estados han votado leyes que penalizan esa práctica convirtiéndo a las mujeres en delincuentes. Ya la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ha hecho notar que ese proceso se basa en una "incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano, y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida".
En este tema, como en el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el retiro del gobierno o su alineamiento con los intereses del clero lo descalifica como garante de la igualdad de todos ante la ley, y lo convierte --como ya ha ocurrido en el ámbito económico-- en un gobierno faccioso que abre premeditadamente nuevos frentes de polarización social, y nos acerca, como bien advierte la AMC, a etapas de confrontación dolorosamente superadas hace siglo y medio, y que a todos dañarían.
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