martes, 19 de enero de 2010

CFE, las mentiras y los hechos



Felipe Calderón pretende gobernar a punta de discursos, y la palabra, se sabe, puede intentar describir una realidad, pero no instaurarla.

Cuando, por mendacidad o locura, se incurre en el voluntarismo de pensar que lo afirmado crea realidades inmediatas, los hechos se encargarán de desmentirnos. Eso es lo que le ha ocurrido. Y esa ha sido --además del ya sabido fraude electoral-- otra fuente de su deslegitimación: la mentira.

El caso de Luz y Fuerza (LyF) es paradigmático. El decreto nocturno del 10 de octubre de 2009 que extinguió esa empresa y que dejó sin fuente de sustento a más de 44 mil familias, encubrió el objetivo principal --acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y transferir el negocio de la red de fibra óptica de la paraestatal a empresas privadas favoritas del gobierno, como W Comunicaciones-- con la imposibilidad de seguir inyectando recursos a una empresa inviable.

Apenas un mes después de esgrimido ese "argumento", Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en los próximos dos años el gobierno federal invertiría cinco mil millones de pesos para mejorar la red de distribución eléctrica que pertenecía a LyF.

El anunció sorprendió, pues se destinarían recursos que antes se negaron para inducir y propiciar la obsolescencia y falta de mantenimiento en esa misma infraestructura.

Luego apareció otra perla. En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza  del Centro y el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que Calderón ordenó clasificar como reservados --lo que equivale a ocultarlos a los ciudadanos hasta por 12 años, en el segundo caso-- el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras Astiazarán reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos --incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral-- la principal carga no fue resultado del Contrato Colectivo de Trabajo (como se adujo hasta en los anuncios por televisión) sino de la compra de energía a la CFE y el costo de combustibles para su generación.

Todavía más: el 14 de septiembre pasado Pemex firmó un acuerdo de suministro eléctrico con las empresas españolas Abengoa y Abener Energía por dos mil millones de dólares para crear una planta cogeneradora de energía, con el propósito --imagínese usted-- de disminuir las compras de electricidad a la CFE y a LyF.

Es decir, en vez de modernizar esas paraestatales, se prefiere entregar recursos a empresas extranjeras. Con ese capital, más las cuentas por cobrar que LyF reportó por al menos dos mil 160 millones de pesos, correspondientes a particulares y grandes empresas a las que el gobierno se negaba a cobrar, bien pudo haberse evitado la extinción del organismo.

En su intento por justificar el cierre de la empresa, Calderón dijo en red nacional que por las ineficiencias en el suministro de luz, muchas empresas no se instalan en el centro del país y dejan de generar empleos. Como siempre no le pareció necesario explicar de dónde obtuvo esos datos ni cuantificar tales pérdidas.

En cambio, como resultado de los ventarrones del viernes pasado que dejaron sin luz a 48 colonias del DF y a más de 360 mil usuarios, la Coparmex-DF documentó que la incapacidad de la CFE para atender la emergencia dejó pérdidas por más de 100 millones de pesos.

Al día de hoy, unos 400 mil habitantes de Iztapalapa, Tláhuac y Azcapotzalco siguen sin agua, pues debido a los cortes en la energía eléctrica no ha podido bombeárseles el líquido.

Así, pese a que su eslogan pretende identificar a la CFE como una "empresa de clase mundial", los hechos, es decir, la porfiada realidad se ha encargado de demostrar que está más allá del voluntarismo del discurso. Se trata, en cambio, de una entidad que carece de los estándares de eficiencia y capacidad, al igual que el gobierno,  para suministrar el servicio de energía eléctrica en el centro del país. El caos que prevalece demuestra que no tiene el control del servicio y que es una empresa rebasada.

Lo peor es que pese a que las mentiras, contradicciones e insuficiencias de Calderón han quedado al descubierto --también en este tema-- en el grupo en el poder no existe voluntad para superar este conflicto. El rechazo gubernamental a la comisión mediadora que se propuso para destrabarlo es un datos revelador que contraviene cualquier discurso.

¡Hasta la próxima!

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