La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció ayer un incremento de cuatro pesos en el kilo de tortilla. Al justificar la medida, el dirigente de esa organización, Lorenzo Mejía, explicó que en mayo el precio de la tonelada de maíz a pie de molino era de 3 mil 150 pesos y hoy está a 3 mil 700, pero podría llegar a cuatro mil pesos en enero, vaticinó.
Adicionalmente, recordó que los industriaales del ramo padecen el aumento mensual de gas, gasolina y electricidad, lo que, junto con otros gastos de producción están pulverizando sus ganancias.
El gobierno, entre tanto, ha reaccionado de manera lamentable. Primero, tratando de descalificar la representatividad de Lorenzo Mejía al señalar que en realidad representa a un pequeño grupo de industriales del sector, cuando lo cierto es que encabeza a 66 mil de los 120 mil que existen en el país.
En segundo lugar, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, advirtió que se sancionará a las tortillerías que suban el precio porque, de acuerdo con sus datos, "no hay ninguna justificación para aumentar el costo del alimento".
Estamos, de nuevo, ante el mismo guión: un gobierno que permite el acaparamiento y la especulación de los insumos básicos por parte de los grandes consorcios del sector, en este caso Cargil y Gruma, quienes lo pueden hacer porque el precio del maíz está sujeto al libre juego de la oferta y la demanda; y por otro lado condena y sataniza a las pequeñas empresas expendedoras del producto que reaccionan, como lo dicta el mercado, elevando el precio cuando se incrementa el precio de la materia prima.
Se trata de una reacción esquizofrénica e hipócrita que busca lavar la cara del gobierno ante la ciudadanía al hacerlo pasar como justiciero ante los "abusos" de unos pocos tortilleros, pero por otro lado, favorece el acaparamiento de los grandes consorcios que son quienes están detrás de los aumentos, al no dictar políticas públicas que den certidumbre a toda la cadena productiva maíz-tortilla y no sólo a los grandes consentidos.
En ese sentido, los propios industriales de molinos y tortillerías hoy satanizados, se han pronunciado en favor de que se fije un precio oficial, reglamentado y controlado al producto de modo que no se deje a la población a merced de quienes son los verdaderos especuladores.
¡Que no se nos olvide!
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