El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el 12 de diciembre durante el violento desalojo de la Autopista del Sol México-Acapulco que bloqueaban alumnos de ese plantel en protesta por los incumplimientos del gobernador, Angel Aguirre Rivero, es una nueva y ominosa evidencia de la emergencia nacional que se vive en México.
Los miles de asesinatos extrajudiciales, las ejecusiones, las desapariciones forzadas y los levantones, perpetrados tanto por miembros del llamado crimen organizado como por las propias fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno y aun de grupos paramilitares creados al amparo de la guerra de Felipe Calderón contra las bandas de narcotraficantes, configuran un estado de emergencia que ya no admite tanto análisis y que debiera ser encarado de inmediato por la sociedad mexicana mediante al menos tres acciones urgentes:
1. La salida inmediata de Felipe Calderón de la presidencia de la República, y desde luego del gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero.
2. La conformación de un gobierno provisional vigente, conformado por un grupo plural donde estén representados todos los sectores de la sociedad mexicana.
3. Que esta junta conforme un programa de gobierno con medidas inmediatas tendientes a restablecer el orden constitucional en materia de desarrollo económico, derechos a la educación, la salud, el trabajo y la alimentación.
4.Que convoque a elecciones adelantadas para el próximo 15 de abril y que quien resulte electo asuma la presidencia el 1 de julio de 2012 y con el compromiso de aplicar el programa acordado.
Se dirá que se trata de un plan de acción que atenta contra la institucionalidad vigente y aun contra el orden constitucional y que trastocaría toda la vida del país. Es posible, pero la institucionalidad vigente está rota desde por lo menos la elección presidencial de 2006 y la vida del país está dislocada en todos los ámbitos.
Tenemos una nación atada a un modelo económico impuesto por los conductores de la globalización rampante, que ha destruido cadenas productivas y deprimido el mercado interno al aplicarse una política económica cuya prioridad es el combate a la inflación, pero que genera una elevada informalidad y nulo crecimiento.
Vivimos ya lo que el doctor Diego Valadez ha llamado un creciente proceso de desconstitucionalización del Estado mexicano, caracterizado por la pérdida de positividad de la Constitución. Como ha explicado, ello no se refiere sólo a que haya violaciones a la carta magna, sino "al abandono progresivo y deliberado, y a veces imperceptible, de principios democráticos, republicanos, representativos y seculares.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha señalado que ese proceso puede constatarse con sólo "cotejar los principios que la Constitución enuncia, con lo que estamos viviendo en la realidad sociológica, cultural, política y económica de nuestra nación".
El asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se suma a los 67 mil 700 asesinatos que de acuerdo con Javier Sicilia se han cometido en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico emprendiddas por el gobierno federal.
Es una reiterada evidencia del grado de descomposición institucional que priva en el país, de cómo las pulsiones autoritarias y represivas de las autoridades en contra de la población civil están cada vez más prontas a expresarse. De cómo se criminaliza la protesta social en aras de mantener el esquema de dominación imperante.
De la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para garantizar la vida y la seguridad de las personas, o lo que sería más grave, de su connivencia con quienes perpetran crímenes y secuestros contra luchadores sociales como los cometidos contra Nepomuceno Moreno, Trinidad de la Cruz, Pedro Leyva Domínguez, Norma Andrade, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, para citar sólo los más recientes.
Lo ocurrido en Guerrero no debiera circunscribirse a un asunto policial. Es obligado, desde luego, investigar y dar con los responsables intelectuales, materiales y políticos para que no queden impunes. Pero más allá, el trágico episodio debiera conducir a una modificación radical de las condiciones y circunstancias que lo incubaron y que, de no cambiar, seguirán produciendo hechos similares a la vuelta de los días y de los meses.
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