Los signos de la debacle económica de México están por todos lados. Los de la inacción gubernamental, también.
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
lunes, 3 de agosto de 2009
viernes, 24 de julio de 2009
Narcotráfico: el poder oculto
Las bravuconerías del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, son sólo fuegos de artificio mientras no se ataquen las verdaderas redes de poder del narcotráfico.
El atildado secretario "retó", parapetado en la comodidad de su oficina, a que los narcotraficantes se enfrenten a la autoridad y no ataquen a la población civil, cómo si ese fuera el tema principal en la batida gubernamental contra el crimen organizado.
Gómez Mont, como su jefe el señor Calderón, cree que estamos ante un pleito callejero que se resolverá a balazos o a golpes. Digamos entre paréntesis que el cabecilla de cualquier pandilla callejera tiene más autoridad moral que nuestro impoluto secretario, pues él mismo participa en la refriega y no lanza retos para que otros se maten en su nombre.
Semejante visión del problema es la que impide avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Veamos: en una entrega anterior (Vamos ganando) dijimos que si bien todos los días se informa de la captura de un narcotráficante importante, el poder de los cárteles no disminuye.
Un reporte reciente del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) viene a confirmar esa aseveración: en los últimos seis años creció 78 por ciento el número de adictos, lo cual refleja que la campaña "para que la droga no llegue a tus hijos" no es más que un eslogan publicitario, pues pese a las cifras récord en decomisos de drogas, cada vez son más los consumidores de estupefacientes.
Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la Organización de Naciones Unidas, explica el fenómeno diciendo que el problema no se acabará mientras el Estado mexicano no investigue las redes patrimoniales y políticas de los cárteles.
"Estamos enfrentando a grupos criminales que se esconden detrás de empresas donde están involucrados políticos y empresarios famosos a los que no se les confisca el dinero ilícito".
El funcionario, que ha estudiado las mafias criminales en 107 países, señaló en una entrevista con Alberto Torres e Isaías Pérez, reporteros de El Universal, que los hombres clave de los cárteles que el gobierno dice capturar no son el verdadero "jefe".
"Los directorios visibles sólo son pantallas. Los verdaderos jefes no siempre están visibles y ellos --por lo regular Consejos directivos-- son los que planean la estrategia de esas mafias". Los que vemos son personal operativo.
Quienes conforman las auténticas cúpulas criminales "son personajes que han ido a escuelas de negocios, a Harvard, a Londres".
Para el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo, del ITAM, lo que se requiere en México es un pacto político de los partidos y que se realicen las investigaciones patrimoniales que desnuden las redes de complicidad entre empresarios, políticos y narcotraficantes.
Mientras sólo se combata con soldados y policías a los cárteles, añade el experto, el problema no acabará, porque mientras eso sucede, el poder económico de las mafias sigue acrecentándose.
Ana Laura Magaloni, especialista en derecho penal y políticas de control del crimen, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo al periódico Reforma algo similar:
"El decomiso de drogas no es el indicador más exacto para medir el éxito del combate al narcotráfico. El decomiso lo que genera es un aumento en el precio de los estupefacientes. Así se compensan las pérdidas.
"Tendríamos que revisar casos de lavado de dinero para empezar a medir con más precisión el éxito...es más importante desmantelar redes que permiten el flujo de drogas y eso se combate en el lavado de dinero y persiguiendo la corrupción política".
He ahí, más allá de bravuconerías, la verdadera dimensión de la tarea. Lo demás es, como dijimos, fuegos de artificio para entretener a la galería.
¡Hasta la próxima!
El atildado secretario "retó", parapetado en la comodidad de su oficina, a que los narcotraficantes se enfrenten a la autoridad y no ataquen a la población civil, cómo si ese fuera el tema principal en la batida gubernamental contra el crimen organizado.
Gómez Mont, como su jefe el señor Calderón, cree que estamos ante un pleito callejero que se resolverá a balazos o a golpes. Digamos entre paréntesis que el cabecilla de cualquier pandilla callejera tiene más autoridad moral que nuestro impoluto secretario, pues él mismo participa en la refriega y no lanza retos para que otros se maten en su nombre.
Semejante visión del problema es la que impide avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Veamos: en una entrega anterior (Vamos ganando) dijimos que si bien todos los días se informa de la captura de un narcotráficante importante, el poder de los cárteles no disminuye.
Un reporte reciente del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) viene a confirmar esa aseveración: en los últimos seis años creció 78 por ciento el número de adictos, lo cual refleja que la campaña "para que la droga no llegue a tus hijos" no es más que un eslogan publicitario, pues pese a las cifras récord en decomisos de drogas, cada vez son más los consumidores de estupefacientes.
Edgardo Buscaglia, asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la Organización de Naciones Unidas, explica el fenómeno diciendo que el problema no se acabará mientras el Estado mexicano no investigue las redes patrimoniales y políticas de los cárteles.
"Estamos enfrentando a grupos criminales que se esconden detrás de empresas donde están involucrados políticos y empresarios famosos a los que no se les confisca el dinero ilícito".
El funcionario, que ha estudiado las mafias criminales en 107 países, señaló en una entrevista con Alberto Torres e Isaías Pérez, reporteros de El Universal, que los hombres clave de los cárteles que el gobierno dice capturar no son el verdadero "jefe".
"Los directorios visibles sólo son pantallas. Los verdaderos jefes no siempre están visibles y ellos --por lo regular Consejos directivos-- son los que planean la estrategia de esas mafias". Los que vemos son personal operativo.
Quienes conforman las auténticas cúpulas criminales "son personajes que han ido a escuelas de negocios, a Harvard, a Londres".
Para el también coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo, del ITAM, lo que se requiere en México es un pacto político de los partidos y que se realicen las investigaciones patrimoniales que desnuden las redes de complicidad entre empresarios, políticos y narcotraficantes.
Mientras sólo se combata con soldados y policías a los cárteles, añade el experto, el problema no acabará, porque mientras eso sucede, el poder económico de las mafias sigue acrecentándose.
Ana Laura Magaloni, especialista en derecho penal y políticas de control del crimen, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo al periódico Reforma algo similar:
"El decomiso de drogas no es el indicador más exacto para medir el éxito del combate al narcotráfico. El decomiso lo que genera es un aumento en el precio de los estupefacientes. Así se compensan las pérdidas.
"Tendríamos que revisar casos de lavado de dinero para empezar a medir con más precisión el éxito...es más importante desmantelar redes que permiten el flujo de drogas y eso se combate en el lavado de dinero y persiguiendo la corrupción política".
He ahí, más allá de bravuconerías, la verdadera dimensión de la tarea. Lo demás es, como dijimos, fuegos de artificio para entretener a la galería.
¡Hasta la próxima!
jueves, 23 de julio de 2009
Calderón o el desplome
Los desastrosos resultados del señor Felipe Calderón como titular ("haiga sido como haiga sido") del poder Ejecutivo conducen de nuevo a plantearse la necesidad de revisar --para cambiarlo-- el sistema político presidencialista que nos rige.
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 22 de julio de 2009
Pobreza
Es difícil saber si el señor Felipe Calderón está realmente al tanto de cómo se han salido de control las principales variables del país: economía, seguridad, gobernabilidad.
Más difícil aún resulta encontrar un renglón de su "administración" en que haya conseguido un saldo favorable. Apenas el sábado pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), informó que desde que Calderón se impuso como Presidente, este país es más pobre y desigual.
Entre 2006 y 2008 el número de mexicanos en pobreza patrimonial --aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y transporte, aún cuando inviertan en ello todos sus ingresos-- pasó de 44.7 millones a 50.6 millones.
El análisis --realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 presentados por el INEGI el pasado 16 de julio-- señala que en los últimos dos años el número de personas con pobreza alimentaria --aquellos cuyos ingresos no les alcanza para adquirir una mínima canasta de alimentos-- pasó de 14.4 millones a 19.5 millones de personas.
En términos porcentuales la pobreza patrimonial aumentó de 42.6 a 47.4 por ciento de la población; en tanto, la pobreza alimentaria se incrementó de 13.8 a 18.2 por ciento de los mexicanos.
¿Qué significan estos resultados? Son una demostración palmaria de que, más allá de la ineptitud del actual grupo gobernante, el modelo económico que aplican --y la ideología consustancial al mismo-- resultan inoperantes.
Se trata de un modelo que al mismo tiempo que lucha contra la pobreza se encarga de fabricar pobres. Las políticas de desarrollo social de corte neoliberal que aplica la derecha en el poder no apuntan ni pretenden hacerlo, a cambiar las condiciones que permiten la reproducción de la pobreza.
En su atribulada defensa de la actual política social, el secretario del ramo, Ernesto Cordero Arroyo, dijo una serie de disparates (como pretender hacernos creer que "vamos por el camino correcto", pese a la evidencia en contrario), pero atinó a decir que salir de la pobreza depende más de la capacidad de la economía para generar empleos y no tanto de la política social, orientada a brindar oportunidades a los mexicanos más pobres.
Esto último es, por cierto, el defecto más grande de esa política. Se trata de un conjunto de programas de tipo asistencial e individual que no atienden los aspectos estructurales ni sociales del problema.
En vez de preguntarse por el tipo de estructura social que crea más pobres cada año, los gobiernos neoliberales, como el del derechista Acción Nacional sólo atinan a responder con acciones de corte caritativo, cuando lo que se requiere es transformar las bases del sistema.
Adicionalmente, las políticas de desarrollo social se han utilizado en este país no tanto para resolver el problema, sino como otra forma de control social de los pobres, cuya participación y organización real ha estado siempre cancelada.
En ese marco, ya podrán ir y venir discursos en los que el gobernante en turno presuma haber dispuesto de mayores y crecientes recursos para el combate a la pobreza (en la actual administración el gasto social pasó de 80 mil millones de pesos en 2006, a 208 mil millones en 2008), al final del día, el número de pobres habrá aumentado en vez de disminuir.
Se trata, así, de recursos públicos que pueden, en efecto, ayudar a algunas personas a paliar su condición de pobreza, pero no a salir de ella. En ese sentido, se trata de recursos desperdiciados en tanto se emplean en atenuar la pobreza, no en disminuirla y mucho menos en erradicarla. Para eso habría que dar un giro completo al modelo económico.
¡Hasta la próxima!
Más difícil aún resulta encontrar un renglón de su "administración" en que haya conseguido un saldo favorable. Apenas el sábado pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), informó que desde que Calderón se impuso como Presidente, este país es más pobre y desigual.
Entre 2006 y 2008 el número de mexicanos en pobreza patrimonial --aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y transporte, aún cuando inviertan en ello todos sus ingresos-- pasó de 44.7 millones a 50.6 millones.
El análisis --realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 presentados por el INEGI el pasado 16 de julio-- señala que en los últimos dos años el número de personas con pobreza alimentaria --aquellos cuyos ingresos no les alcanza para adquirir una mínima canasta de alimentos-- pasó de 14.4 millones a 19.5 millones de personas.
En términos porcentuales la pobreza patrimonial aumentó de 42.6 a 47.4 por ciento de la población; en tanto, la pobreza alimentaria se incrementó de 13.8 a 18.2 por ciento de los mexicanos.
¿Qué significan estos resultados? Son una demostración palmaria de que, más allá de la ineptitud del actual grupo gobernante, el modelo económico que aplican --y la ideología consustancial al mismo-- resultan inoperantes.
Se trata de un modelo que al mismo tiempo que lucha contra la pobreza se encarga de fabricar pobres. Las políticas de desarrollo social de corte neoliberal que aplica la derecha en el poder no apuntan ni pretenden hacerlo, a cambiar las condiciones que permiten la reproducción de la pobreza.
En su atribulada defensa de la actual política social, el secretario del ramo, Ernesto Cordero Arroyo, dijo una serie de disparates (como pretender hacernos creer que "vamos por el camino correcto", pese a la evidencia en contrario), pero atinó a decir que salir de la pobreza depende más de la capacidad de la economía para generar empleos y no tanto de la política social, orientada a brindar oportunidades a los mexicanos más pobres.
Esto último es, por cierto, el defecto más grande de esa política. Se trata de un conjunto de programas de tipo asistencial e individual que no atienden los aspectos estructurales ni sociales del problema.
En vez de preguntarse por el tipo de estructura social que crea más pobres cada año, los gobiernos neoliberales, como el del derechista Acción Nacional sólo atinan a responder con acciones de corte caritativo, cuando lo que se requiere es transformar las bases del sistema.
Adicionalmente, las políticas de desarrollo social se han utilizado en este país no tanto para resolver el problema, sino como otra forma de control social de los pobres, cuya participación y organización real ha estado siempre cancelada.
En ese marco, ya podrán ir y venir discursos en los que el gobernante en turno presuma haber dispuesto de mayores y crecientes recursos para el combate a la pobreza (en la actual administración el gasto social pasó de 80 mil millones de pesos en 2006, a 208 mil millones en 2008), al final del día, el número de pobres habrá aumentado en vez de disminuir.
Se trata, así, de recursos públicos que pueden, en efecto, ayudar a algunas personas a paliar su condición de pobreza, pero no a salir de ella. En ese sentido, se trata de recursos desperdiciados en tanto se emplean en atenuar la pobreza, no en disminuirla y mucho menos en erradicarla. Para eso habría que dar un giro completo al modelo económico.
¡Hasta la próxima!
jueves, 16 de julio de 2009
"Vamos ganando"
De qué lado está el caos y el descontrol en la guerra del señor Calderón contra el llamado crimen organizado, en su modalidadde narcotráfico, lo muestra el siguiente dato:
Mientras el Ejecutivo insistió el martes pasado en una comida con industriales de la vivienda que los ataques de las bandas criminales no lograrán intimidar al gobierno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Federal ordenó que se restrinjan los patrullajes carreteros en el país, ante la ola de ataques contra la policía Federal que, en los últimos días, ha dejado un saldo de 15 agentes muertos en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es en cualquier caso, pero sobre todo en el tema y la circunstancia presentes, una demostración palmaria de que en la guerra contra el narcotráfico, como en el resto de los asuntos públicos que afectan al país en esta hora, no hay ni estrategia, ni idea ni conducción.
Desde la madrugada del sábado pasado las fuerzas del gobierno han estado bajo fuego. A la violencia desatada en los estados señalados, han de añadirse 41 asesinatos en 10 estados, todos ellos atribuidos a la delincuencia organizada, que así ha mostrado su resolución y creciente poder de fuego.
Más allá de las afirmaciones de Calderón, según las cuales los recientes ataques obedecen al "caos" en que su administración ha metido a la delincuencia al capturar a presuntos cabecillas, la realidad es que sus resultados son más bien propagandísticos.
Cada vez que el gobierno federal captura a un miembro de algún cartel, se presenta al presunto delincuente como "uno de los principales" miembros de tal o cual organización. Se le presenta ya como el cerebro financiero, ya como el coordinador operativo y de logística o ya como el hombre clave en las relaciones internacionales de su grupo.
Han sido tantos "hombres clave" capturados que las tales organizaciones criminales deberían estar a punto de desaparecer y, en cambio, vemos que, como en el drama de José Zorrilla, "los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud" y hasta logran replegar la acción federal, como lo muestra el recién anunciado cese de los patrullajes carreteros que, como en el viejo chiste, no se sabe si se hace por miedo o por precaución.
En cambio, sigue ausente de la acción gubernamental un auténtico e integral plan contra las adicciones que incluya aspectos sociales, económicos y de salud para debilitar el eslabón más débil de la cadena que hace posible el trasiego de estupefacientes: el flanco de los consumidores que han caído en las manos de ese flagelo.
Mientras esos planes no se presenten, seguiremos con la guerra en los centros históricos de nuestras ciudades (Michoacán y Veracruz), en nuestras carreteras y calles. La droga, desde luego, seguirá llegando a "tus hijos".
¡Hasta la próxima!
Mientras el Ejecutivo insistió el martes pasado en una comida con industriales de la vivienda que los ataques de las bandas criminales no lograrán intimidar al gobierno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Federal ordenó que se restrinjan los patrullajes carreteros en el país, ante la ola de ataques contra la policía Federal que, en los últimos días, ha dejado un saldo de 15 agentes muertos en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es en cualquier caso, pero sobre todo en el tema y la circunstancia presentes, una demostración palmaria de que en la guerra contra el narcotráfico, como en el resto de los asuntos públicos que afectan al país en esta hora, no hay ni estrategia, ni idea ni conducción.
Desde la madrugada del sábado pasado las fuerzas del gobierno han estado bajo fuego. A la violencia desatada en los estados señalados, han de añadirse 41 asesinatos en 10 estados, todos ellos atribuidos a la delincuencia organizada, que así ha mostrado su resolución y creciente poder de fuego.
Más allá de las afirmaciones de Calderón, según las cuales los recientes ataques obedecen al "caos" en que su administración ha metido a la delincuencia al capturar a presuntos cabecillas, la realidad es que sus resultados son más bien propagandísticos.
Cada vez que el gobierno federal captura a un miembro de algún cartel, se presenta al presunto delincuente como "uno de los principales" miembros de tal o cual organización. Se le presenta ya como el cerebro financiero, ya como el coordinador operativo y de logística o ya como el hombre clave en las relaciones internacionales de su grupo.
Han sido tantos "hombres clave" capturados que las tales organizaciones criminales deberían estar a punto de desaparecer y, en cambio, vemos que, como en el drama de José Zorrilla, "los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud" y hasta logran replegar la acción federal, como lo muestra el recién anunciado cese de los patrullajes carreteros que, como en el viejo chiste, no se sabe si se hace por miedo o por precaución.
En cambio, sigue ausente de la acción gubernamental un auténtico e integral plan contra las adicciones que incluya aspectos sociales, económicos y de salud para debilitar el eslabón más débil de la cadena que hace posible el trasiego de estupefacientes: el flanco de los consumidores que han caído en las manos de ese flagelo.
Mientras esos planes no se presenten, seguiremos con la guerra en los centros históricos de nuestras ciudades (Michoacán y Veracruz), en nuestras carreteras y calles. La droga, desde luego, seguirá llegando a "tus hijos".
¡Hasta la próxima!
miércoles, 8 de julio de 2009
Saldos y retos electorales
Los gobiernos panistas sólo duran tres años en el cargo. El resto del sexenio es un periodo perdido porque luego de cada elección intermedia el presidente queda en "calidad de bulto" o, si se quiere una expresión menos coloquial, como cadáver político.
Tal aconteció con el pedestre Vicente Fox --la sucesión inició al contarse el último voto de las legislativas de 2003-- y la historia se ha repetido con Felipe Calderón.
A una nunca superada condición espuria (principal motivación de su "guerra" contra el narcotráfico) que lo mantuvo apocado el pasado trienio, ahora se añade la pérdida del Congreso y de sus amigos inmolados poco a poco (Mouriño, Germán Martínez, Ignacio Zavala, César Nava), así como el inequívoco rechazo de la población a su gobierno.
Los próximos tres años aparecen así ante Calderón como un inhóspito desierto que tendrá que atravesar políticamente aislado, debilitado y atorado por un PRI que, en el mejor de los casos, lo acompañará en algunas iniciativas para no parecer demasiado intransigente, pero en otras aprovechará para apuñalarlo hasta que llegue al 2012 políticamente desangrado útil sólo para entregarles la banda presidencial.
La dimisión ayer del presidente del PAN, Germán Martínez, es sólo una formalidad y acaso no sirva ni como gesto amistoso hacia el PRI, pues resulta obvio que la actitud pendenciera adoptada durante la campaña electoral por el así llamado germancito, fue ordenada y autorizada por el propio Calderón y diseñada por su experto en campañas sucias, el español naturalizado mexicano, Antonio Solá.
Así que el "gobierno" de Calderón pudo haber terminado el domingo pasado. El PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por extensión con Televisa constituyen una variante de la derecha (en México la otra es el PAN) que en lo sucesivo se encargará de fijar la agenda y administrar el conflicto político dejándole a Calderón el trabajo sucio mientras ellos arremeterán hacia el 2012 con Enrique Peña Nieto quien seguirá dilapidando el dinero público en la construcción de su candidatura presidencial, tras recuperar el corredor blanquiazul del Estado de México: Toluca, Ecatepec, Naucalpan. Huixquilucan.
El panorama no podría ser mejor para la clase dirigente, para el verdadero poder (el capital financiero nacional y trasnacional), pues dos de sus expresiones políticas (PRI-PAN) están conformando un bipartidismo que va resultando ideal para mantener sin sobresaltos la ilusión de que ya estamos instalados en la normalidad democrática, el sistema que permite la alternancia civilizada en el poder, eso mientras quienes se disputen esa alternancia no representen un cambio real.
La izquierda, por lo pronto, está neutralizada. Sus contradicciones internas, un pragmatismo que la llevó a abdicar de sus reivindicaciones para no parecer violenta ni asustar al electorado con propuestas radicales, la condujo a mimetizarse con la derecha en aras de ser gobierno.Y aun en algún tiempo sus candidatos se asumieron como de centro en esa ansia por escapar de los radicalismos políticamente incorrectos en una época en la que la llamada razón instrumental se impuso sobre las ideologías.
Eso está en el fondo de la actual disputa entre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (Izquierda Unida) y la corriente que encabeza Jesús Ortega (Nueva Izquierda). La primera más contestataria y radical; la segunda cuidando las formas, taimada, colaborando incluso con el gobierno que le arrebató la presidencia mediante un fraude, y considerándose a sí misma como una izquierda moderna.
López Obrador se niega a dejar un partido al que los propios seguidores del tabasqueño consideran conformado por traidores a su movimiento y en el que si se quedan seguirán presentándose contradicciones como la ocurrida en la disputa por la delegación Iztapalapa.
Miles de esos seguidores están dispuestos a fundar un nuevo partido para combatir lo que su líder ha llamado la mafia en el poder que atenta contra los intereses del pueblo. Saben que dejando al PRD éste naufragará como la etiqueta de un membrete. López Obrador ha dicho que no se irá. Acaso pretende dar una batalla interna hasta echar a los chuchos de lo que considera su casa.
La cuestión está en que ese empeño puede seguir aislando a la izquierda mientras el país avanza hacia un bipartidismo de derecha. Así, el propio AMLO terminaría fortaleciendo lo que pretende combatir.
¡Hasta la próxima!
Tal aconteció con el pedestre Vicente Fox --la sucesión inició al contarse el último voto de las legislativas de 2003-- y la historia se ha repetido con Felipe Calderón.
A una nunca superada condición espuria (principal motivación de su "guerra" contra el narcotráfico) que lo mantuvo apocado el pasado trienio, ahora se añade la pérdida del Congreso y de sus amigos inmolados poco a poco (Mouriño, Germán Martínez, Ignacio Zavala, César Nava), así como el inequívoco rechazo de la población a su gobierno.
Los próximos tres años aparecen así ante Calderón como un inhóspito desierto que tendrá que atravesar políticamente aislado, debilitado y atorado por un PRI que, en el mejor de los casos, lo acompañará en algunas iniciativas para no parecer demasiado intransigente, pero en otras aprovechará para apuñalarlo hasta que llegue al 2012 políticamente desangrado útil sólo para entregarles la banda presidencial.
La dimisión ayer del presidente del PAN, Germán Martínez, es sólo una formalidad y acaso no sirva ni como gesto amistoso hacia el PRI, pues resulta obvio que la actitud pendenciera adoptada durante la campaña electoral por el así llamado germancito, fue ordenada y autorizada por el propio Calderón y diseñada por su experto en campañas sucias, el español naturalizado mexicano, Antonio Solá.
Así que el "gobierno" de Calderón pudo haber terminado el domingo pasado. El PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por extensión con Televisa constituyen una variante de la derecha (en México la otra es el PAN) que en lo sucesivo se encargará de fijar la agenda y administrar el conflicto político dejándole a Calderón el trabajo sucio mientras ellos arremeterán hacia el 2012 con Enrique Peña Nieto quien seguirá dilapidando el dinero público en la construcción de su candidatura presidencial, tras recuperar el corredor blanquiazul del Estado de México: Toluca, Ecatepec, Naucalpan. Huixquilucan.
El panorama no podría ser mejor para la clase dirigente, para el verdadero poder (el capital financiero nacional y trasnacional), pues dos de sus expresiones políticas (PRI-PAN) están conformando un bipartidismo que va resultando ideal para mantener sin sobresaltos la ilusión de que ya estamos instalados en la normalidad democrática, el sistema que permite la alternancia civilizada en el poder, eso mientras quienes se disputen esa alternancia no representen un cambio real.
La izquierda, por lo pronto, está neutralizada. Sus contradicciones internas, un pragmatismo que la llevó a abdicar de sus reivindicaciones para no parecer violenta ni asustar al electorado con propuestas radicales, la condujo a mimetizarse con la derecha en aras de ser gobierno.Y aun en algún tiempo sus candidatos se asumieron como de centro en esa ansia por escapar de los radicalismos políticamente incorrectos en una época en la que la llamada razón instrumental se impuso sobre las ideologías.
Eso está en el fondo de la actual disputa entre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (Izquierda Unida) y la corriente que encabeza Jesús Ortega (Nueva Izquierda). La primera más contestataria y radical; la segunda cuidando las formas, taimada, colaborando incluso con el gobierno que le arrebató la presidencia mediante un fraude, y considerándose a sí misma como una izquierda moderna.
López Obrador se niega a dejar un partido al que los propios seguidores del tabasqueño consideran conformado por traidores a su movimiento y en el que si se quedan seguirán presentándose contradicciones como la ocurrida en la disputa por la delegación Iztapalapa.
Miles de esos seguidores están dispuestos a fundar un nuevo partido para combatir lo que su líder ha llamado la mafia en el poder que atenta contra los intereses del pueblo. Saben que dejando al PRD éste naufragará como la etiqueta de un membrete. López Obrador ha dicho que no se irá. Acaso pretende dar una batalla interna hasta echar a los chuchos de lo que considera su casa.
La cuestión está en que ese empeño puede seguir aislando a la izquierda mientras el país avanza hacia un bipartidismo de derecha. Así, el propio AMLO terminaría fortaleciendo lo que pretende combatir.
¡Hasta la próxima!
lunes, 6 de julio de 2009
Calderón, el gran perdedor
El Programa de Resultados Preeliminares (PREP) del Instituto Federal Electoral (IFE) indica que, conforme a lo previsto por diversas encuestas previas, en las elecciones de este domingo en México el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá la mayoría en la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, y habría ganado cinco de las seis gubernaturas estatales en disputa, pues salvo Sonora, se perfilaba como ganador en San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Campeche y Colima.
En el Distrito Federal el Partido Acción Nacional (PAN) habría ganado las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, en tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantendría el control en 12 delegaciones y en la Asamblea Legislativa.
En Iztapalapa se perfilaba como ganador el Partido del Trabajo (PT) al que apoyó la corriente de Andrés Manuel López Obrador tras el fallo del Tribunal Federal Electoral que a tres semanas de la elección determinó que Silvia Oliva, la candidata de Nueva Izquierda (NI) tendría que ser la candidata del PRD en la demarcación en lugar de Clara Brugada.
Así que PRI, PAN, PRD en ese orden, se mantienen como las principales fuerzas políticas del país. En cuarto sitio se estaría posicionando el Partido Verde Ecologista (PVEM), mientras que el Partido Social Demócrata (PSD) perdería su registro al no alcanzar el 2 por ciento de la votación nacional.
Es preciso acotar que, de acuerdo con el PREP, el PVEM estaría disputando la cuarta posición con el llamado voto nulo (1.3 millones de sufragios) y en estados como Jalisco y Aguascalientes ese voto sería la tercera fuerza política. Ello no es otra cosa que la manifestación de la crisis de credibilidad y re representatividad que aqueja a nuestros sistema político y de lo cual habrá que tomar debida nota.
Una primera aproximación a estos resultados indica que los grandes perdedores han sido Felipe Calderón y Germán Martínez, este último como líder nacional del derechista Partido Acción Nacional, quien mantuvo una dura campaña contra el PRI al relacionarlo con el narcotráfico, la corrupción y las crisis económicas.
Aunque extrañamente el tema económico y su manifestación en el creciente desempleo y carestía, fue uno de los grandes ausentes en las campañas, se mantuvo presente en el ánimo de los electores quienes se han inclinado mayoritariamente por el PRI al que si bien identifican con la corrupción, también admiten que por lo menos "deja caer algo para los de abajo".
Un aspecto que llama la atención es la falta de correspondencia entre los altos índices de aprobación que entre la gente presuntamente mantiene el señor Calderón, de acuerdo con varias encuestas, y la estrepitosa derrota que acaba de sufrir su partido.
Quizá estemos ante un efecto boomerang, pues los medios de comunicación denostan constantemente a los partidos políticos, pero en general mantienen intocada la figura presidencial. El propio PAN habría entonces sido víctima de esa percepción contraria a los partidos.
Otra primera lectura de estos resultados confirmaría el desdibujamiento de la izquierda en México, cuyo principal representante, el PRD, si bien está en el tercer sitio de las preferencias, se mantiene a 15 puntos porcentuales del segundo lugar y a casi 25 del primer sitio, en algo que seguramente es resultado de las disputas internas que lo mantienen en vilo desde la elección de su dirigencia en marzo de 2008.
El presidente nacional de ese instituto, Jesús Ortega, seguramente acusó el golpe y esta misma noche ha declarado que se expulsará a quienes dentro del partido hayan apoyado a otras fuerzas políticas, lo que prefigura el conflicto anunciado y largamente pospuesto entre las corrientes Nueva Izquierda (NI) y la lopezobradorista Izquierda Unida (IU).
Quien volvió a demostrar su eficacia operativa fue precisamente López Obrador. Todos sus enemigos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el actual ocupante de Los Pinos debieron haber tomado nota de cómo una vez más parece haber escapado al intento de arrebatarle a su corriente el control de Iztapalapa, un importante y clave reservorio de votos para quien pretenda dominar la capital del país.
En una rápida maniobra ante el fallo del Tribunal Federal Electoral que quitó a Clara Brugada su condición de candidata a delegada por esa demarcación, para otorgársela a la representante de NI, López Obrador llamó a votar por el PT para que una vez ganada la delegación el candidato de este partido renunciara y así el jefe de gobierno pudiera proponer a Brugada como sustituta para el puesto.
La ventaja preeliminar que manifiesta el PT de 22 mil 600 votos por 21, 500 del PRD hacen presumir que la estrategia de López Obrador se habría impuesto sobre su propio partido y sobre quienes a escala federal quisieron endilgarle una derrota a su movimiento.
Y sin embargo, habrá que acreditarle al propio AMLO y a la izquierda en general su parte de responsabilidad en el ascenso del PRI, pues salvo en algunos momentos, la izquierda nunca pudo diferenciarse plenamente del resto de los partidos una vez llegados al poder.
Si bien es difícil hacer cambios radicales en, por ejemplo, el modelo de desarrollo económico el cual es aplicado desde la presidencia de la República, sí existe cierto margen de maniobra que permitiría a la izquierda diferenciar sus gobiernos, su comportamiento ético y sus procedimientos internos de modo que la gente percibiera una forma diferente de hacer política.
No ha sido el caso. En vez de eso se han cometido fraudes a sí mismos, no tienen un programa unificado para ofrecer al país y para colmo, algunos de sus representantes, cuando son gobierno, han incurrido en las mismas prácticas clientelares y corruptas que los partidos de derecha. Así no han sido capaces de ofrecer a la ciudadanía una auténtica alternativa de gobierno. Esa es una alta responsabilidad por lo que un ajuste de cuentas interno está pendiente y debiera ser obligado en una coyuntura como la presente.
Lo que vendrá con una legislatura dominada por el PRI es que Calderón tendrá que negociar más de cerca con un partido al que, a través de Germán Martínez, calificó de corrupto y ligado al narco. El PRI, por su parte, seguramente aprobará algunas de las reformas que envíe Calderón, tratándo de consolidar su imagen como una agrupación que sabe negociar y aportar soluciones, esto de cara a las presidenciales de 2012.
En ese contexto es muy previsible que el PRI-PAN aprueben para empezar, el paquete económico de 2010 que seguramente incluirá gravar con el IVA alimentos y medicinas que le permitan al gobierno tapar el "boquete financiero" provocado por la caída en la recaudación.
El PRI está de nuevo entre nosotros. Y en un país que no fue capaz de completar su transición a la democracia, ese regreso no es una buena noticia.
¡Hasta la próxima!
En el Distrito Federal el Partido Acción Nacional (PAN) habría ganado las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, en tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantendría el control en 12 delegaciones y en la Asamblea Legislativa.
En Iztapalapa se perfilaba como ganador el Partido del Trabajo (PT) al que apoyó la corriente de Andrés Manuel López Obrador tras el fallo del Tribunal Federal Electoral que a tres semanas de la elección determinó que Silvia Oliva, la candidata de Nueva Izquierda (NI) tendría que ser la candidata del PRD en la demarcación en lugar de Clara Brugada.
Así que PRI, PAN, PRD en ese orden, se mantienen como las principales fuerzas políticas del país. En cuarto sitio se estaría posicionando el Partido Verde Ecologista (PVEM), mientras que el Partido Social Demócrata (PSD) perdería su registro al no alcanzar el 2 por ciento de la votación nacional.
Es preciso acotar que, de acuerdo con el PREP, el PVEM estaría disputando la cuarta posición con el llamado voto nulo (1.3 millones de sufragios) y en estados como Jalisco y Aguascalientes ese voto sería la tercera fuerza política. Ello no es otra cosa que la manifestación de la crisis de credibilidad y re representatividad que aqueja a nuestros sistema político y de lo cual habrá que tomar debida nota.
Una primera aproximación a estos resultados indica que los grandes perdedores han sido Felipe Calderón y Germán Martínez, este último como líder nacional del derechista Partido Acción Nacional, quien mantuvo una dura campaña contra el PRI al relacionarlo con el narcotráfico, la corrupción y las crisis económicas.
Aunque extrañamente el tema económico y su manifestación en el creciente desempleo y carestía, fue uno de los grandes ausentes en las campañas, se mantuvo presente en el ánimo de los electores quienes se han inclinado mayoritariamente por el PRI al que si bien identifican con la corrupción, también admiten que por lo menos "deja caer algo para los de abajo".
Un aspecto que llama la atención es la falta de correspondencia entre los altos índices de aprobación que entre la gente presuntamente mantiene el señor Calderón, de acuerdo con varias encuestas, y la estrepitosa derrota que acaba de sufrir su partido.
Quizá estemos ante un efecto boomerang, pues los medios de comunicación denostan constantemente a los partidos políticos, pero en general mantienen intocada la figura presidencial. El propio PAN habría entonces sido víctima de esa percepción contraria a los partidos.
Otra primera lectura de estos resultados confirmaría el desdibujamiento de la izquierda en México, cuyo principal representante, el PRD, si bien está en el tercer sitio de las preferencias, se mantiene a 15 puntos porcentuales del segundo lugar y a casi 25 del primer sitio, en algo que seguramente es resultado de las disputas internas que lo mantienen en vilo desde la elección de su dirigencia en marzo de 2008.
El presidente nacional de ese instituto, Jesús Ortega, seguramente acusó el golpe y esta misma noche ha declarado que se expulsará a quienes dentro del partido hayan apoyado a otras fuerzas políticas, lo que prefigura el conflicto anunciado y largamente pospuesto entre las corrientes Nueva Izquierda (NI) y la lopezobradorista Izquierda Unida (IU).
Quien volvió a demostrar su eficacia operativa fue precisamente López Obrador. Todos sus enemigos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el actual ocupante de Los Pinos debieron haber tomado nota de cómo una vez más parece haber escapado al intento de arrebatarle a su corriente el control de Iztapalapa, un importante y clave reservorio de votos para quien pretenda dominar la capital del país.
En una rápida maniobra ante el fallo del Tribunal Federal Electoral que quitó a Clara Brugada su condición de candidata a delegada por esa demarcación, para otorgársela a la representante de NI, López Obrador llamó a votar por el PT para que una vez ganada la delegación el candidato de este partido renunciara y así el jefe de gobierno pudiera proponer a Brugada como sustituta para el puesto.
La ventaja preeliminar que manifiesta el PT de 22 mil 600 votos por 21, 500 del PRD hacen presumir que la estrategia de López Obrador se habría impuesto sobre su propio partido y sobre quienes a escala federal quisieron endilgarle una derrota a su movimiento.
Y sin embargo, habrá que acreditarle al propio AMLO y a la izquierda en general su parte de responsabilidad en el ascenso del PRI, pues salvo en algunos momentos, la izquierda nunca pudo diferenciarse plenamente del resto de los partidos una vez llegados al poder.
Si bien es difícil hacer cambios radicales en, por ejemplo, el modelo de desarrollo económico el cual es aplicado desde la presidencia de la República, sí existe cierto margen de maniobra que permitiría a la izquierda diferenciar sus gobiernos, su comportamiento ético y sus procedimientos internos de modo que la gente percibiera una forma diferente de hacer política.
No ha sido el caso. En vez de eso se han cometido fraudes a sí mismos, no tienen un programa unificado para ofrecer al país y para colmo, algunos de sus representantes, cuando son gobierno, han incurrido en las mismas prácticas clientelares y corruptas que los partidos de derecha. Así no han sido capaces de ofrecer a la ciudadanía una auténtica alternativa de gobierno. Esa es una alta responsabilidad por lo que un ajuste de cuentas interno está pendiente y debiera ser obligado en una coyuntura como la presente.
Lo que vendrá con una legislatura dominada por el PRI es que Calderón tendrá que negociar más de cerca con un partido al que, a través de Germán Martínez, calificó de corrupto y ligado al narco. El PRI, por su parte, seguramente aprobará algunas de las reformas que envíe Calderón, tratándo de consolidar su imagen como una agrupación que sabe negociar y aportar soluciones, esto de cara a las presidenciales de 2012.
En ese contexto es muy previsible que el PRI-PAN aprueben para empezar, el paquete económico de 2010 que seguramente incluirá gravar con el IVA alimentos y medicinas que le permitan al gobierno tapar el "boquete financiero" provocado por la caída en la recaudación.
El PRI está de nuevo entre nosotros. Y en un país que no fue capaz de completar su transición a la democracia, ese regreso no es una buena noticia.
¡Hasta la próxima!
sábado, 4 de julio de 2009
Y sin embargo...votar
Este domingo no anularé mi voto.
Coincido plenamente con las razones expuestas durante las últimas semanas por quienes se han integrado al movimiento anulacionista. Celebro incluso que eso haya ocurrido, porque ese debate dio vida a un proceso que de otro modo estaba condenado a una mayor grisura.
Y sin embargo votaré por algún partido. Mi argumento es simple: en este país estamos hartos y decepcionados de que nuestros gobernantes sean corruptos, ineptos, ambiciosos, incultos, peleoneros. Y así es, en efecto. Pero esa no es la razón por la que no nos cumplen. No lo hacen porque son nuestros enemigos.
Y cuándo ha visto usted que su enemigo, aquel que no comparte sus mismos intereses, vaya alguna vez a hacer algo por usted. Nunca. Lo paradógico es que siempre hemos votado por ellos. Quienes han organizado el mundo (los dueños del capital financiero nacional y trasnacional) constituyen la clase verdaderamente dirigente y delegan el ejercicio del poder a la clase política de cada país. Son los llamados poderes fácticos (poderes de hecho), a los que nadie elige mediante el cuento del sufragio universal. Pero son quienes en realidad mandan.
La misión de los políticos es mantener las reglas por las que funciona el mundo. Y esas reglas no lo benefician ni a usted ni a mi. Si acaso recibimos pequeñas recompensas: adquirimos una casa, un automóvil, tenemos
vacaciones de tanto en tanto. En fin, lo necesario para que la vayamos pasando y para que veamos que la cosa funciona.
A cambio de eso los políticos se enriquecen, se corrompen y luego de eso, para mantenerse en el poder, incurren en un sinfín de trapacerías que son las que llegado un punto nos hartan y entonces decidimos anular nuestro voto. Creemos que los deslegitimamos, pero siguen gobernando (ya Jorge Alcocer ha documentado como el voto nulo daría al Partido Revolucionario Institucional la cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados al obtener 251 --la mitad más uno-- de los representantes populares).
De cuando en cuando aparece en el horizonte un movimiento que postula la renovación de algunas estructuras políticas y económicas. Los poderes fácticos no corren riesgos. Se aseguran entonces de corromper a los líderes para luego exhibirlos públicamente: "Mírenlos, son iguales que lo que dicen combatir", nos dicen a través de sus medios de comunicación. Y nos convencen. Nos decepcionamos. "Todos son iguales", convenimos.
Los que no se corrompen son acusados de violentos; se les presenta como desadaptados, mesiánicos, enfermos de poder, intolerantes y antidemocráticos. ¿Hago el retrato hablado de Andrés Manuel López Obrador? Así es. No digo que sea un paladín de la democracia, ni siquiera que cambiará el actual modelo de dominación.
Su lema, "Primero los pobres", ha sido tergiversado como un llamado a la rebelión, como un cambio en el mando, cuando en realidad es sólo una alerta contra una hipotética revuelta de los desposeídos. "Atendámoslos para que no se rebelen", parece un sentido más exacto para esa proclama, lo cual está muy lejos de ser revolucionario.
No va a cambiar el modelo. Acaso sólo aspire a que el país no sea una pura economía de enclave, cuya riqueza sea enviada completita a los grandes centros de poder. Y que algo de eso beneficie a los nativos. Pero quienes mandan no corren riesgos.Y viene la orden: AMLO, no.
Y con ese no vienen los fraudes y las campañas mediáticas de desprestigio y/o de odio, las guerras sucias. Y entonces los sectores medios de la población quedan inoculados y se ponen en su contra. Resulta curioso que, sin conocerlo, mucha gente que lo denosta lo haga repitiendo los calificativos que le ha servido la televisión.
Marx tenía razón: la clave de la dominación radica en que los dominados piensen lo mismo que sus dominadores, aunque sus intereses sean distintos.
¿Cómo se consigue esta amalgama de contrarios? Mediante algo que Gaetano Mosca definió como la fórmula política. Es decir, mediante principios abstractos que hacen parecer que entre gobernados y gobernantes hay una coincidencia de sentimientos y valores que nadie cuestiona y que son tenidos como verdades sagradas.
La iglesia, los medios de comunicación, la familia, la costumbre, son utilizados en la fabricación artificial de tal comunidad de intereses. De ahí que cuando votamos lo hacemos condicionados, no por las campañas electorales de la temporada, sino por la campaña de valores contrarios al cambio con que se nos bombardea cotidianamente.
Así condicionados, sin percatarnos de ello terminamos votando por nuestros enemigos, por quienes nunca nos cumplirán porque representan a quienes no tienen nuestros mismos intereses.
¿Y cuál es la agenda ciudadana, las prioridades de la gente común para los próximos años? No desde luego el que se derogue el artículo 41 de la Constitución como pidieron a los partidos los personeros del duopolio televisivo, entre quienes figura Alejandro Martí).
El interés ciudadano está puesto en superar la crisis, en iniciar el desarrollo económico que luego se traduzca en empleos remunerados, en seguridad social, en salud, educación, alimentación. Algunos comunicadores y organizaciones civiles comprometieron a los candidatos a no votar iniciativas para aumentarse el sueldo, a promover leyes para reducir el número de legisladores y el monto de financiamiento a los partidos.
Pues bien, votaré por quienes creo que no autorizarán el IVA a medicinas y alimentos, por quienes están más cerca de instaurar mecanismos como la revocación del mandato, por quienes no aprobarán una reforma laboral que profundice las prácticas de la flexibilidad laboral y la cancelación de derechos de los trabajadores, por quienes seguirán garantizando una educación laica y gratuita, por los que rechazarán que se siga gravando a los contribuyentes cautivos mientras que las grandes empresas pagan sólo 74 pesos de impuestos.
Por quienes defenderán el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad cuando ésta haya sido resultado de la violencia, por quienes no legislarán para seguir privatizando sectores estratégicos para el desarrollo del país.
Hablo de hombres que no son ciertamente ángeles y a ello me atengo, pero los veo más dispuestos a lo anterior que los demás y creo que, con todas sus imperfecciones, están más cerca de los intereses colectivos que el resto y, por lo menos, no son nuestros enemigos.
Coincido plenamente con las razones expuestas durante las últimas semanas por quienes se han integrado al movimiento anulacionista. Celebro incluso que eso haya ocurrido, porque ese debate dio vida a un proceso que de otro modo estaba condenado a una mayor grisura.
Y sin embargo votaré por algún partido. Mi argumento es simple: en este país estamos hartos y decepcionados de que nuestros gobernantes sean corruptos, ineptos, ambiciosos, incultos, peleoneros. Y así es, en efecto. Pero esa no es la razón por la que no nos cumplen. No lo hacen porque son nuestros enemigos.
Y cuándo ha visto usted que su enemigo, aquel que no comparte sus mismos intereses, vaya alguna vez a hacer algo por usted. Nunca. Lo paradógico es que siempre hemos votado por ellos. Quienes han organizado el mundo (los dueños del capital financiero nacional y trasnacional) constituyen la clase verdaderamente dirigente y delegan el ejercicio del poder a la clase política de cada país. Son los llamados poderes fácticos (poderes de hecho), a los que nadie elige mediante el cuento del sufragio universal. Pero son quienes en realidad mandan.
La misión de los políticos es mantener las reglas por las que funciona el mundo. Y esas reglas no lo benefician ni a usted ni a mi. Si acaso recibimos pequeñas recompensas: adquirimos una casa, un automóvil, tenemos
vacaciones de tanto en tanto. En fin, lo necesario para que la vayamos pasando y para que veamos que la cosa funciona.
A cambio de eso los políticos se enriquecen, se corrompen y luego de eso, para mantenerse en el poder, incurren en un sinfín de trapacerías que son las que llegado un punto nos hartan y entonces decidimos anular nuestro voto. Creemos que los deslegitimamos, pero siguen gobernando (ya Jorge Alcocer ha documentado como el voto nulo daría al Partido Revolucionario Institucional la cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados al obtener 251 --la mitad más uno-- de los representantes populares).
De cuando en cuando aparece en el horizonte un movimiento que postula la renovación de algunas estructuras políticas y económicas. Los poderes fácticos no corren riesgos. Se aseguran entonces de corromper a los líderes para luego exhibirlos públicamente: "Mírenlos, son iguales que lo que dicen combatir", nos dicen a través de sus medios de comunicación. Y nos convencen. Nos decepcionamos. "Todos son iguales", convenimos.
Los que no se corrompen son acusados de violentos; se les presenta como desadaptados, mesiánicos, enfermos de poder, intolerantes y antidemocráticos. ¿Hago el retrato hablado de Andrés Manuel López Obrador? Así es. No digo que sea un paladín de la democracia, ni siquiera que cambiará el actual modelo de dominación.
Su lema, "Primero los pobres", ha sido tergiversado como un llamado a la rebelión, como un cambio en el mando, cuando en realidad es sólo una alerta contra una hipotética revuelta de los desposeídos. "Atendámoslos para que no se rebelen", parece un sentido más exacto para esa proclama, lo cual está muy lejos de ser revolucionario.
No va a cambiar el modelo. Acaso sólo aspire a que el país no sea una pura economía de enclave, cuya riqueza sea enviada completita a los grandes centros de poder. Y que algo de eso beneficie a los nativos. Pero quienes mandan no corren riesgos.Y viene la orden: AMLO, no.
Y con ese no vienen los fraudes y las campañas mediáticas de desprestigio y/o de odio, las guerras sucias. Y entonces los sectores medios de la población quedan inoculados y se ponen en su contra. Resulta curioso que, sin conocerlo, mucha gente que lo denosta lo haga repitiendo los calificativos que le ha servido la televisión.
Marx tenía razón: la clave de la dominación radica en que los dominados piensen lo mismo que sus dominadores, aunque sus intereses sean distintos.
¿Cómo se consigue esta amalgama de contrarios? Mediante algo que Gaetano Mosca definió como la fórmula política. Es decir, mediante principios abstractos que hacen parecer que entre gobernados y gobernantes hay una coincidencia de sentimientos y valores que nadie cuestiona y que son tenidos como verdades sagradas.
La iglesia, los medios de comunicación, la familia, la costumbre, son utilizados en la fabricación artificial de tal comunidad de intereses. De ahí que cuando votamos lo hacemos condicionados, no por las campañas electorales de la temporada, sino por la campaña de valores contrarios al cambio con que se nos bombardea cotidianamente.
Así condicionados, sin percatarnos de ello terminamos votando por nuestros enemigos, por quienes nunca nos cumplirán porque representan a quienes no tienen nuestros mismos intereses.
¿Y cuál es la agenda ciudadana, las prioridades de la gente común para los próximos años? No desde luego el que se derogue el artículo 41 de la Constitución como pidieron a los partidos los personeros del duopolio televisivo, entre quienes figura Alejandro Martí).
El interés ciudadano está puesto en superar la crisis, en iniciar el desarrollo económico que luego se traduzca en empleos remunerados, en seguridad social, en salud, educación, alimentación. Algunos comunicadores y organizaciones civiles comprometieron a los candidatos a no votar iniciativas para aumentarse el sueldo, a promover leyes para reducir el número de legisladores y el monto de financiamiento a los partidos.
Pues bien, votaré por quienes creo que no autorizarán el IVA a medicinas y alimentos, por quienes están más cerca de instaurar mecanismos como la revocación del mandato, por quienes no aprobarán una reforma laboral que profundice las prácticas de la flexibilidad laboral y la cancelación de derechos de los trabajadores, por quienes seguirán garantizando una educación laica y gratuita, por los que rechazarán que se siga gravando a los contribuyentes cautivos mientras que las grandes empresas pagan sólo 74 pesos de impuestos.
Por quienes defenderán el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad cuando ésta haya sido resultado de la violencia, por quienes no legislarán para seguir privatizando sectores estratégicos para el desarrollo del país.
Hablo de hombres que no son ciertamente ángeles y a ello me atengo, pero los veo más dispuestos a lo anterior que los demás y creo que, con todas sus imperfecciones, están más cerca de los intereses colectivos que el resto y, por lo menos, no son nuestros enemigos.
jueves, 2 de julio de 2009
La "justicia" de Calderón
Resulta ya inocultable el manejo político-electoral que quienes ejercen el poder desde Los Pinos han decidido darle al caso de la Guardería ABC de Hermosillo, en cuyo incendio perdieron la vida, hasta ahora, 48 niños.
La tardía atracción de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), las maniobras para que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, comparezca ante diputados hasta después de las elecciones (para no generar más ruido por los datos y denuncias que de esa presentación puedan derivarse), el incumplimiento del ofrecimiento que el propio Karam formuló hace casi tres semanas de dar a conocer las listas con los nombres de los beneficiarios con las concesiones de guarderías en todo el país.
Y, en fin, el anuncio hecho ayer de que la PGR solicitó hace tres días órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del señor Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Éste último anuncio ocurre sólo dos días después de que Calderón ofreciera desde Panamá que los responsables de la tragedia serían llevados ante la justicia "caiga quien caiga, tope donde tope", sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas.
En el críptico lenguaje a que está acostumbrada nuestra clase política (que tiene todo, menos clase, como alguien ha dicho con tino), Calderón aludía sin duda a la prima de su esposa. Como para "demostrar" a una ciudadanía que está a punto de acudir a las urnas que la palabra presidencial tiene inmediato reflejo en los hechos, se hace este anuncio a cuatro días de esas elecciones.
Calderón podrá así decir que cumplió su palabra de llevar a los implicados ante los tribunales. Formalmente eso habrá sido cierto, pero habrá faltado a su compromiso de hacer justicia. Veamos por qué:
Sus abogados encontraron una salida jurídica muy conveniente, pues las órdenes de aprehención hablan del delito por homicidio culposo, es decir, un delito considerado no grave por la legislación penal federal, lo que permitirá a los acusados (léase a su prima política) librar la cárcel con una fianza o mediante un amparo y, al cabo de un juicio seguramente a modo, quedar libre de responsabilidad por no contar en su guardería con puertas principal y de emergencia de dimensiones adecuadas, ni con los extintores suficientes.
Aunque más que el propio incendio, esos incumplimientos habrían sido la causa de que tantos niños perecieran quemados en el lugar, no fueron considerados para hacer a los implicados una imputación por homicidio doloso.
Se manipula de ese modo la justicia, pese a que, según expuso ayer el procurador Eduardo Medina Mora, la Procuraduría encontró que
Pero Calderón, ya podrá decir que hizo justicia, pues "haiga sido como haiga sido" la prima de su esposa, dirán, fue juzgada y encontrada inocente de la muerte de esos sí, 48 inocentes.
¡Hasta la próxima!
La tardía atracción de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), las maniobras para que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, comparezca ante diputados hasta después de las elecciones (para no generar más ruido por los datos y denuncias que de esa presentación puedan derivarse), el incumplimiento del ofrecimiento que el propio Karam formuló hace casi tres semanas de dar a conocer las listas con los nombres de los beneficiarios con las concesiones de guarderías en todo el país.
Y, en fin, el anuncio hecho ayer de que la PGR solicitó hace tres días órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del señor Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Éste último anuncio ocurre sólo dos días después de que Calderón ofreciera desde Panamá que los responsables de la tragedia serían llevados ante la justicia "caiga quien caiga, tope donde tope", sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas.
En el críptico lenguaje a que está acostumbrada nuestra clase política (que tiene todo, menos clase, como alguien ha dicho con tino), Calderón aludía sin duda a la prima de su esposa. Como para "demostrar" a una ciudadanía que está a punto de acudir a las urnas que la palabra presidencial tiene inmediato reflejo en los hechos, se hace este anuncio a cuatro días de esas elecciones.
Calderón podrá así decir que cumplió su palabra de llevar a los implicados ante los tribunales. Formalmente eso habrá sido cierto, pero habrá faltado a su compromiso de hacer justicia. Veamos por qué:
Sus abogados encontraron una salida jurídica muy conveniente, pues las órdenes de aprehención hablan del delito por homicidio culposo, es decir, un delito considerado no grave por la legislación penal federal, lo que permitirá a los acusados (léase a su prima política) librar la cárcel con una fianza o mediante un amparo y, al cabo de un juicio seguramente a modo, quedar libre de responsabilidad por no contar en su guardería con puertas principal y de emergencia de dimensiones adecuadas, ni con los extintores suficientes.
Aunque más que el propio incendio, esos incumplimientos habrían sido la causa de que tantos niños perecieran quemados en el lugar, no fueron considerados para hacer a los implicados una imputación por homicidio doloso.
Se manipula de ese modo la justicia, pese a que, según expuso ayer el procurador Eduardo Medina Mora, la Procuraduría encontró que
El dictamen pericial de referencia concluye que las instalaciones de la Guardería ABC...no cumplían con las condiciones de seguridad industrial de la normatividad de la materia, tanto federal, como local y municipal, así como en materia de protección civil, conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil y su Reglamento para el estado de Sonora y la normatividad municipal aplicable.Ninguna de esas consideraciones habrían servido para investigar por qué o de qué manera los dueños de la guardería consiguieron que su negocio funcionara con tantas irregularidades. ¿o no es doloso realizar maniobras fraudulentas destinadas a engañar, en este caso para transgredir la normatividad vigente?
Pero Calderón, ya podrá decir que hizo justicia, pues "haiga sido como haiga sido" la prima de su esposa, dirán, fue juzgada y encontrada inocente de la muerte de esos sí, 48 inocentes.
¡Hasta la próxima!
Televisa, tras su propia reforma electoral
Aun antes de pasar su primera prueba --los comicios del próximo domingo 5 de julio-- la reforma electoral acordada en 2007 parece estar condenada a desaparecer. El asedio a que la han sometido los poderes fácticos encabezados por el duopolio televisivo está a punto de conseguir que se rinda la plaza.
En efecto, el senado de la República inició sesiones de análisis con miras a explorar puntos de vista que permitan emprender oootra enmienda para regular los futuros procesos electorales.
El proceso de descalificación de la actual reforma empezó antes de su aprobación. El 10 de septiembre de 2007 Televisa fijo su postura mediante un comunicado en que comenzaba haciendo profesión de fe democrática y respaldando la iniciativa "de eliminar la contratación de spots para propaganda política".
No obstante, expresaba su "preocupación" por el riesgo en que estaría "la libertad de expresión" ante la prohibición, introducida en el nuevo ordenamiento, de difundir mensajes susceptibles de influir en las preferencias electorales, pues eso "podría dar paso a la censura periodística" (lo decía una empresa que diariamente obliga a sus reporteros a incurrir en esa práctica).
Y de ahí se agarraron. El quid de su disputa es la disposición --incorporada al artículo 41 de la Constitución-- que prohibe a toda persona física o moral contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
En 2006 cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares aportados por los contribuyentes y que los partidos políticos gastaron en propaganda electoral fue a parar a los bolsillos de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca.
Una tercera parte de esa publicidad no se supo quien la contrató ni quien la pagó. De ahí que la reforma de 2007 haya regulado eso. El espíritu de la disposición impugnada era dotar de equidad a las contiendas por el voto, pues, aunque formalmente tienen la "libertad" de hacerlo, no cualquier mexicano cuenta con recursos para contratar los paquetes de publicidad.
Los millones de pesos que este año no ingresaron al duopolio por concepto de campañas electorales motivaron el feroz ataque contra la reforma, disfrazado --claro está-- de una "preocupación" por la libertad de expresión.
Tan ese ha sido el motivo de la principal impugnación que apenas en la segunda sesión del actual ciclo de análisis inaugurado por el Senado, el señor Héctor Aguilar Camín --vinculado con los intereses de Carlos Salinas de Gortari y de Televisa-- volvió a argumentar en contra de esa prohibición.
Dijo a los senadores que se equivocaron en las normas sobre medios electrónicos (incluidas en la actual reforma) y se requiere otra cirujía (un nuevo ordenamiento) a fin de permitir la difusión de campañas sucias y que terceros contraten propaganda en radio y televisión porque de lo contrario se viola la libertad de expresión.
Añadió que esa disposición "no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados" porque al prohibir la compra de promocionales se creó un mercado negro de propaganda electoral.
En la sesión del pasado martes, el ensayista y escritor consideró que restringir el derecho de los ciudadanos a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales "igualó hacia abajo" derechos con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.
Resulta por lo menos curiosa la lógica argumentativa de Aguilar Camín y la de los grupos que, digamos, coinciden con él, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado.
No es que se haya creado un mercado negro de propaganda electoral. Lo que hay y hemos visto en estas últimas semanas, es la porfiada intensión de Televisa y TV Azteca por violar y poner en entredicho la actual reforma electoral.
Lo que hay son una diversidad de trampas imaginadas por esas empresas para burlarse de los mexicanos y de la débil autoridad electoral. Lo que hay son las inescrupulosas prácticas monopólicas de un duopolio empeñado en participar ilegalmente en la política, mediante la compra de partidos políticos (el partido Verde) y la construcción de candidaturas presidenciales a modo (Enrique Peña Nieto).
En la lógica del señor Aguilar Camín, este país no tendría delitos con el simple hecho de no tipificar como tales las conductas anómalas. Es decir, aquí tenemos robos porque la ley considera como tales la sustracción por medios violentos o subrepticios de las pertenencias de una persona sin su consentimiento.
Así, en vez de exigir el castigo correspondiente a Televisa y TV Azteca, lo que pide es que se derogue la ley que prohibe esas conductas. Si no hay ley, pues tampoco hay delito.
Se le hace injusto que se "igualen derechos hacia abajo". Aguilar Camín cree --junto con Milton Friedman, el padre del neoliberalismo-- aquella ficción metodológica según la cual todos hemos iniciado en la vida desde el mismo punto de partida. Si con los años, unos logran ser ricos y prósperos y otros se quedan en la indigencia, el problema es de esos marginados, no del sistema que brinda las oportunidades para todos. (Oportunidades como el ser amigo de presidentes de la república que luego inviertan millones en publicidad para una revista que uno tenga).
Si 110 millones de mexicanos son incapaces de pagar un spot de televisión, es porque no han trabajado lo suficiente para poder hacerlo. Así que peor para ellos.
Ese es el curso que están tomando las discusiones sobre la próxima reforma electoral y el modo tan insustancial en que argumentan los personeros de los poderes fácticos. Lo que llama la atención es que impugnaciones tan evidentemente frívolas, hayan, sin embargo, motivado que ya se esté discutiendo una nueva reforma.
¿Será que algún senador de apellido Beltrones anda queriendo congraciarse con las televisoras de cara al 2012? Es, desde luego, una pregunta.
¡Hasta la próxima!
En efecto, el senado de la República inició sesiones de análisis con miras a explorar puntos de vista que permitan emprender oootra enmienda para regular los futuros procesos electorales.
El proceso de descalificación de la actual reforma empezó antes de su aprobación. El 10 de septiembre de 2007 Televisa fijo su postura mediante un comunicado en que comenzaba haciendo profesión de fe democrática y respaldando la iniciativa "de eliminar la contratación de spots para propaganda política".
No obstante, expresaba su "preocupación" por el riesgo en que estaría "la libertad de expresión" ante la prohibición, introducida en el nuevo ordenamiento, de difundir mensajes susceptibles de influir en las preferencias electorales, pues eso "podría dar paso a la censura periodística" (lo decía una empresa que diariamente obliga a sus reporteros a incurrir en esa práctica).
Y de ahí se agarraron. El quid de su disputa es la disposición --incorporada al artículo 41 de la Constitución-- que prohibe a toda persona física o moral contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
En 2006 cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares aportados por los contribuyentes y que los partidos políticos gastaron en propaganda electoral fue a parar a los bolsillos de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca.
Una tercera parte de esa publicidad no se supo quien la contrató ni quien la pagó. De ahí que la reforma de 2007 haya regulado eso. El espíritu de la disposición impugnada era dotar de equidad a las contiendas por el voto, pues, aunque formalmente tienen la "libertad" de hacerlo, no cualquier mexicano cuenta con recursos para contratar los paquetes de publicidad.
Los millones de pesos que este año no ingresaron al duopolio por concepto de campañas electorales motivaron el feroz ataque contra la reforma, disfrazado --claro está-- de una "preocupación" por la libertad de expresión.
Tan ese ha sido el motivo de la principal impugnación que apenas en la segunda sesión del actual ciclo de análisis inaugurado por el Senado, el señor Héctor Aguilar Camín --vinculado con los intereses de Carlos Salinas de Gortari y de Televisa-- volvió a argumentar en contra de esa prohibición.
Dijo a los senadores que se equivocaron en las normas sobre medios electrónicos (incluidas en la actual reforma) y se requiere otra cirujía (un nuevo ordenamiento) a fin de permitir la difusión de campañas sucias y que terceros contraten propaganda en radio y televisión porque de lo contrario se viola la libertad de expresión.
Añadió que esa disposición "no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados" porque al prohibir la compra de promocionales se creó un mercado negro de propaganda electoral.
En la sesión del pasado martes, el ensayista y escritor consideró que restringir el derecho de los ciudadanos a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales "igualó hacia abajo" derechos con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.
Resulta por lo menos curiosa la lógica argumentativa de Aguilar Camín y la de los grupos que, digamos, coinciden con él, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado.
No es que se haya creado un mercado negro de propaganda electoral. Lo que hay y hemos visto en estas últimas semanas, es la porfiada intensión de Televisa y TV Azteca por violar y poner en entredicho la actual reforma electoral.
Lo que hay son una diversidad de trampas imaginadas por esas empresas para burlarse de los mexicanos y de la débil autoridad electoral. Lo que hay son las inescrupulosas prácticas monopólicas de un duopolio empeñado en participar ilegalmente en la política, mediante la compra de partidos políticos (el partido Verde) y la construcción de candidaturas presidenciales a modo (Enrique Peña Nieto).
En la lógica del señor Aguilar Camín, este país no tendría delitos con el simple hecho de no tipificar como tales las conductas anómalas. Es decir, aquí tenemos robos porque la ley considera como tales la sustracción por medios violentos o subrepticios de las pertenencias de una persona sin su consentimiento.
Así, en vez de exigir el castigo correspondiente a Televisa y TV Azteca, lo que pide es que se derogue la ley que prohibe esas conductas. Si no hay ley, pues tampoco hay delito.
Se le hace injusto que se "igualen derechos hacia abajo". Aguilar Camín cree --junto con Milton Friedman, el padre del neoliberalismo-- aquella ficción metodológica según la cual todos hemos iniciado en la vida desde el mismo punto de partida. Si con los años, unos logran ser ricos y prósperos y otros se quedan en la indigencia, el problema es de esos marginados, no del sistema que brinda las oportunidades para todos. (Oportunidades como el ser amigo de presidentes de la república que luego inviertan millones en publicidad para una revista que uno tenga).
Si 110 millones de mexicanos son incapaces de pagar un spot de televisión, es porque no han trabajado lo suficiente para poder hacerlo. Así que peor para ellos.
Ese es el curso que están tomando las discusiones sobre la próxima reforma electoral y el modo tan insustancial en que argumentan los personeros de los poderes fácticos. Lo que llama la atención es que impugnaciones tan evidentemente frívolas, hayan, sin embargo, motivado que ya se esté discutiendo una nueva reforma.
¿Será que algún senador de apellido Beltrones anda queriendo congraciarse con las televisoras de cara al 2012? Es, desde luego, una pregunta.
¡Hasta la próxima!
martes, 30 de junio de 2009
Televisa y TV Azteca, el asalto al poder
La derecha en el poder está empeñada en ganar las próximas elecciones. Lo hace desde varios frentes, cuyo común denominador es la manipulación y las trampas a la ley electoral vigente.
Tales medios son el duopolio de la televisión (Televisa-TV Azteca), la organización SOS (Alejandro Martí), partidos políticos (PAN-PVEM-PRI), comunicadores embozados tras el movimiento del voto nulo (Jaime Sánchez Susarrey) y con revistas como Vértigo y Cambio.
El punto central de su campaña es la inquina contra la reforma electoral que aprobó el Congreso en 2007 y que, entre otras cosas, prohíbe a los partidos políticos e incluso a los particulares la contratación de anuncios en medios electrónicos para promover candidatos en tiempos de elecciones.
Con un oportunismo eficaz, la estrategia elegida ha sido montarse en el hartazgo ciudadano con los políticos y los gobiernos de todos los partidos por la falta de resultados en la conducción del país.
Con esa bandera al frente, sus propuestas están encaminadas, en realidad, a vengarse de esa clase política que con la citada reforma los marginó del jugoso negocio de las campañas electorales, pues ahora éstas se difunden utilizando el tiempo gratuito que los concesionarios están obligados a cederle al Estado.
Aprovechando y alimentando el desencanto ciudadano, las televisoras han emparentado sus afanes vengativos con las aspiraciones de la gente. Así, han articulado propuestas para afectar a los partidos, pero atractivas para el elector que siente que aquellos no representan sus intereses.
En ese contexto, llama la atención la coincidencia entre las propuestas de Alejandro Martí ("Mi voto por tu compromiso") y las del movimiento (Basta10) que encabeza el periodista Jaime Sánchez Susarrey.
Ambos plantean reducir el financiamiento público a los partidos, disminuir el número de diputados de representación proporcional, derogar el párrafo del artículo 41 constitucional que, según ellos, limita la libertad de expresión de los ciudadanos), reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, permitir candidaturas independientes y activar mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
"¿Qué bonito, no?" podríamos decir parafraseando al insulso Carlos Loret de Mola. Da la casualidad que el artículo 41 es el que precisamente prohíbe la contratación de espacios publicitarios (lo que más duele a las televisoras).
Le llaman a eso coartar la libertad de expresión, como si no se supiera que los ciudadanos comunes nunca van a contratar esos costosos espacios. Lo harán quienes tienen el dinero para hacerlo, o sea, los empresarios, y la oligarquía financiera ligada a los intereses del consorcio y de los grupos de la derecha empresarial.
Resulta notable que entre esas propuestas o compromisos que firman los candidatos (PAN, PRI, pero principalmente del partido Verde cooptado ya por las televisoras, como hemos documentado en posts anteriores) no figuren, por ejemplo, el compromiso de no gravar con el IVA los alimentos y medicinas; no regresar al esquema de los gasolinazos semanales, no endeudar más al país, no privatizar Pemex, el de votar una reforma fiscal que grave a los grandes contribuyentes o el compromiso de instaurar la figura de la revocación del mandato, ese sí un auténtico poder ciudadano para destituir a los malos gobernantes.
Los compromisos a que llaman esas organizaciones resultan cosméticos, pues no apuntan a resolver problemas estructurales del país ni a devolver, como supuestamente se pretende, el poder a los ciudadanos.
En su cruzada contra la reforma electoral de 2007, las televisoras no pierden oportunidad para denostarla. Lo hacen permanentemente a través de sus noticiarios y de sus publicaciones, como la revista Vértigo, perteneciente a la televisora del Ajusco.
En un artículo de esta semana ("Extraviada, la legitimidad de la democracia"), señala que los tres principales partidos políticos "no encuentran dentro de su propia reforma electoral aprobada en 2007 la fórmula para detener la creciente ola ciudadada (del voto en blanco)".
En el ejemplar del 14 de junio el texto "Del abstencionismo al voto en blanco" vuelve a la carga: "La inconsistencia de la reforma electoral aprobada en 2007 ha vuelto un caos los próximos comicios y motiva el creciente rechazo de los ciudadanos a los partidos políticos..."
Como se ve, endosan a los ciudadanos el rechazo a los partidos, no al hecho de que aquellos no se sientan representados por éstos, sino al hecho de la reforma, que es en realidad el pleito de las televisoras. Esa es la manipulación que llevan a cabo.
Al modo de la propaganda encubierta de TV y Novelas, en favor del Partido Verde, la revista Vértigo promueve al PAN desde su portada. Más que informativo, el encabezado de esta semana resulta un promocional: "El presidente le cumple a México".
El presidente es del PAN, así que la asociación mental inducida consiste en que ese partido es el único que le cumple al país. Resulta muy sugerente que ese encabezado se publique justamente en la semana previa a los comicios.
La revista Cambio hace otro tanto, pero en favor del Partido Verde al que dedica su portada con el titular: "Crece el verde". Citando diversas "encuestas" lo coloca en un supuesto tercer lugar de las preferencias, lo que significa que habría desplazado al PRD hasta el cuarto sitio.
Los recursos descritos aquí constituyen el modo encubierto y opaco en que la derecha está utilizando, incluso ilegalmente, a los llamados poderes fácticos --las empresas televisoras y sus medios de comunicación-- para asaltar el congreso y desde ahí preparar el otro gran asalto: el de la presidencia de la República en 2012, que les permita acrecentar el poder político y mantenerlo al servicio de sus intereses económicos.
¡Hasta la próxima!
Tales medios son el duopolio de la televisión (Televisa-TV Azteca), la organización SOS (Alejandro Martí), partidos políticos (PAN-PVEM-PRI), comunicadores embozados tras el movimiento del voto nulo (Jaime Sánchez Susarrey) y con revistas como Vértigo y Cambio.
El punto central de su campaña es la inquina contra la reforma electoral que aprobó el Congreso en 2007 y que, entre otras cosas, prohíbe a los partidos políticos e incluso a los particulares la contratación de anuncios en medios electrónicos para promover candidatos en tiempos de elecciones.
Con un oportunismo eficaz, la estrategia elegida ha sido montarse en el hartazgo ciudadano con los políticos y los gobiernos de todos los partidos por la falta de resultados en la conducción del país.
Con esa bandera al frente, sus propuestas están encaminadas, en realidad, a vengarse de esa clase política que con la citada reforma los marginó del jugoso negocio de las campañas electorales, pues ahora éstas se difunden utilizando el tiempo gratuito que los concesionarios están obligados a cederle al Estado.
Aprovechando y alimentando el desencanto ciudadano, las televisoras han emparentado sus afanes vengativos con las aspiraciones de la gente. Así, han articulado propuestas para afectar a los partidos, pero atractivas para el elector que siente que aquellos no representan sus intereses.
En ese contexto, llama la atención la coincidencia entre las propuestas de Alejandro Martí ("Mi voto por tu compromiso") y las del movimiento (Basta10) que encabeza el periodista Jaime Sánchez Susarrey.
Ambos plantean reducir el financiamiento público a los partidos, disminuir el número de diputados de representación proporcional, derogar el párrafo del artículo 41 constitucional que, según ellos, limita la libertad de expresión de los ciudadanos), reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, permitir candidaturas independientes y activar mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
"¿Qué bonito, no?" podríamos decir parafraseando al insulso Carlos Loret de Mola. Da la casualidad que el artículo 41 es el que precisamente prohíbe la contratación de espacios publicitarios (lo que más duele a las televisoras).
Le llaman a eso coartar la libertad de expresión, como si no se supiera que los ciudadanos comunes nunca van a contratar esos costosos espacios. Lo harán quienes tienen el dinero para hacerlo, o sea, los empresarios, y la oligarquía financiera ligada a los intereses del consorcio y de los grupos de la derecha empresarial.
Resulta notable que entre esas propuestas o compromisos que firman los candidatos (PAN, PRI, pero principalmente del partido Verde cooptado ya por las televisoras, como hemos documentado en posts anteriores) no figuren, por ejemplo, el compromiso de no gravar con el IVA los alimentos y medicinas; no regresar al esquema de los gasolinazos semanales, no endeudar más al país, no privatizar Pemex, el de votar una reforma fiscal que grave a los grandes contribuyentes o el compromiso de instaurar la figura de la revocación del mandato, ese sí un auténtico poder ciudadano para destituir a los malos gobernantes.
Los compromisos a que llaman esas organizaciones resultan cosméticos, pues no apuntan a resolver problemas estructurales del país ni a devolver, como supuestamente se pretende, el poder a los ciudadanos.
En su cruzada contra la reforma electoral de 2007, las televisoras no pierden oportunidad para denostarla. Lo hacen permanentemente a través de sus noticiarios y de sus publicaciones, como la revista Vértigo, perteneciente a la televisora del Ajusco.
En un artículo de esta semana ("Extraviada, la legitimidad de la democracia"), señala que los tres principales partidos políticos "no encuentran dentro de su propia reforma electoral aprobada en 2007 la fórmula para detener la creciente ola ciudadada (del voto en blanco)".
En el ejemplar del 14 de junio el texto "Del abstencionismo al voto en blanco" vuelve a la carga: "La inconsistencia de la reforma electoral aprobada en 2007 ha vuelto un caos los próximos comicios y motiva el creciente rechazo de los ciudadanos a los partidos políticos..."
Como se ve, endosan a los ciudadanos el rechazo a los partidos, no al hecho de que aquellos no se sientan representados por éstos, sino al hecho de la reforma, que es en realidad el pleito de las televisoras. Esa es la manipulación que llevan a cabo.
Al modo de la propaganda encubierta de TV y Novelas, en favor del Partido Verde, la revista Vértigo promueve al PAN desde su portada. Más que informativo, el encabezado de esta semana resulta un promocional: "El presidente le cumple a México".
El presidente es del PAN, así que la asociación mental inducida consiste en que ese partido es el único que le cumple al país. Resulta muy sugerente que ese encabezado se publique justamente en la semana previa a los comicios.
La revista Cambio hace otro tanto, pero en favor del Partido Verde al que dedica su portada con el titular: "Crece el verde". Citando diversas "encuestas" lo coloca en un supuesto tercer lugar de las preferencias, lo que significa que habría desplazado al PRD hasta el cuarto sitio.
Los recursos descritos aquí constituyen el modo encubierto y opaco en que la derecha está utilizando, incluso ilegalmente, a los llamados poderes fácticos --las empresas televisoras y sus medios de comunicación-- para asaltar el congreso y desde ahí preparar el otro gran asalto: el de la presidencia de la República en 2012, que les permita acrecentar el poder político y mantenerlo al servicio de sus intereses económicos.
¡Hasta la próxima!
sábado, 27 de junio de 2009
Guarderías: impunidad y simulación
La tragedia de Hermosillo, que ya cobró la vida de 47 infantes, refleja crudamente el desmoronamiento del sistema político mexicano.
Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.
Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.
El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.
De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.
Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.
El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.
Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.
Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.
En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.
A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?
Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.
Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?
De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.
En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.
Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.
Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.
Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.
Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.
¡Hasta la próxima!
Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.
Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.
El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.
De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.
Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.
El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.
Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.
Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.
En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.
A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?
Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.
Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?
De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.
En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.
Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.
Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.
Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.
Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.
¡Hasta la próxima!
viernes, 26 de junio de 2009
Televisa: la política como casting
En una rotunda confirmación de cómo Televisa utiliza al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para obtener posiciones en la próxima legislatura federal, el actor Raúl Araiza --quien junto con Maité Perroni es la cara visible de la campaña electoral de esa agrupación-- ha revelado en una entrevista radiofónica la verdadera razón de su inclusión en los promocionales.
Dijo Araiza a la periodista Manilú Torrado --del programa Tal cual que se transmite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por las frecuencias de MVS-- que a él lo eligieron en un casting.
"Dentro de un grupo de actores nos escogieron como nos hubiera escogido Coca-Cola o Marinela, por imagen, no tanto porque yo sea político".
La declaración desnuda sin ambages la forma en que Televisa ha puesto al servicio del Verde el arrastre de sus estrellas jóvenes, pues juventud es el distintivo de que se ufana ese partido. Y como esa empresa utiliza a sus actores como guiñapos obligándolos a mentir públicamente para ganarse su paga.
En efecto, en sendos reportajes masivamente publicitados por Televisa, una de las revistas del consorcio --TV y novelas-- presentó a Araiza y a Perroni, como dos actores cuyas fuertes convicciones políticas los condujeron a participar en el PVEM y mediante entrevistas a modo, explican sus "razones" para apoyar las propuestas del Verde.
Involuntaria y descuidadamente, Araiza ha revelado ahora que en realidad las tales convicciones no existen, que son un montaje más de su empresa, que fueron elegidos en un casting y que a él la política ni le interesa. ¿Así o más claro?
Seguramente la empresa hará pagar a Araiza muy caro su traspié declarativo. Por lo pronto ha quedado claro como Televisa está tratando de construir su propia bancada embozándose tras la fachada de un partido que casi casi resulta un membrete.
El episodio de los anuncios de la citada revista sirvió de paso al monopolio para transgredir una vez más la norma que impide a los partidos contratar pautas publicitarias en radio y televisión.
Tardíamente, cuando ya el mal estaba hecho, el Instituto Federal Electoral pidió retirar tales espots.
¡Hasta la próxima!
Dijo Araiza a la periodista Manilú Torrado --del programa Tal cual que se transmite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por las frecuencias de MVS-- que a él lo eligieron en un casting.
"Dentro de un grupo de actores nos escogieron como nos hubiera escogido Coca-Cola o Marinela, por imagen, no tanto porque yo sea político".
La declaración desnuda sin ambages la forma en que Televisa ha puesto al servicio del Verde el arrastre de sus estrellas jóvenes, pues juventud es el distintivo de que se ufana ese partido. Y como esa empresa utiliza a sus actores como guiñapos obligándolos a mentir públicamente para ganarse su paga.
En efecto, en sendos reportajes masivamente publicitados por Televisa, una de las revistas del consorcio --TV y novelas-- presentó a Araiza y a Perroni, como dos actores cuyas fuertes convicciones políticas los condujeron a participar en el PVEM y mediante entrevistas a modo, explican sus "razones" para apoyar las propuestas del Verde.
Involuntaria y descuidadamente, Araiza ha revelado ahora que en realidad las tales convicciones no existen, que son un montaje más de su empresa, que fueron elegidos en un casting y que a él la política ni le interesa. ¿Así o más claro?
Seguramente la empresa hará pagar a Araiza muy caro su traspié declarativo. Por lo pronto ha quedado claro como Televisa está tratando de construir su propia bancada embozándose tras la fachada de un partido que casi casi resulta un membrete.
El episodio de los anuncios de la citada revista sirvió de paso al monopolio para transgredir una vez más la norma que impide a los partidos contratar pautas publicitarias en radio y televisión.
Tardíamente, cuando ya el mal estaba hecho, el Instituto Federal Electoral pidió retirar tales espots.
¡Hasta la próxima!
Televisa verde
Suelen Televisa y TV Azteca abominar de los partidos políticos. Y sin embargo, utilizan a uno de ellos, el Partido Verde Ecologista (PVEM), como centinela de sus intereses. E indirectamente también existe una vinculación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el que el Verde va ha establecido una alianza electoral y diríase que programática, pues votan igual lo mismo en el Congreso que en el Instituto Federal Electoral (IFE).
No es que tales empresas carezcan del derecho de velar por sus intereses mediante su participación en determinados partidos, lo criticable es la manera embozada y hasta hipócrita en que lo hacen. En una democracia madura y transparente, todo mundo debería saber cómo se mueven y a través de quien esas empresas de televisión presionan por obtener las ventajas de que gozan en un país que supuestamente prohíbe los monopolios.
Ambas televisoras critican lo que llaman "la partidocracia" para referirse a la forma en que los partidos se han impuesto a la ciudadanía. En realidad su crítica apunta a desprestigiar a quienes, en ocasiones, se han atrevido a legislar en contra de sus intereses políticos y comerciales.
En las próximas elecciones, Televisa y TV Azteca han colocado subrepticiamente a sus alfiles en las listas para diputados plurinominales del Partido Verde. Y lo han hecho en posiciones que aseguran la llegada a la Cámara de Diputados de tales representantes.
Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil han documentado que por lo menos siete candidatos postulados por ese partido están ligados a los consorcios del Periférico. Casi todos ellos han estado o están al servicio de la oficina del director de asuntos jurídicos de Televisa, Javier Tejada Dondé, quien en 2007 --cuando se reformó la Ley Televisa-- fungía como vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), dominada por la televisora.
Veamos:
Lorena Corona Valdés: trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Televisa. Ocupa la posición 2 en la primera circunscripción.
Miguel Orozco Gómez: Figura como suplente de la anterior. Es director jurídico de la CIRT y hermano del actual senador del Verde Ecologista, Javier Orozco, quien era el coordinador de la Comisión de Radio y Televisión que dictaminó la Ley Televisa.
Rodrigo Pérezalonso González: Ocupa la primera posición en la segunda circunscripción. Es representante de Televisa en la Comisión de Regulación de la CIRT.
Roberto García Requena: Funge como suplente del anterior. Fue coordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Es el segundo de a bordo en la oficina de Dondé en Televisa.
Juan Gerardo Flores Ramírez: También trabajó en la Cofetel. Es secretario técnico de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados. También colabora en la oficina de Dondé.
Verónica Rocío Tomas Ruiz: Suplente del anterior. Fue asistente de Tejeda Dondé durante ocho años en Televisa.
Mónica García de la Fuente: Lugar 4 de la tercera circunscripción. Ex asesora parlamentaria del partido Nueva Alianza. Trabajó un año en la oficina de Tejeda Dondé.
Adriana Zarur: Lugar 2 de la cuarta circunscripción. Es conductora del canal Proyecto 40 perteneciente a TV Azteca.
Ninfa Clara Salinas Sada: Es la número uno de la cuarta circunscripción. Es nada menos que hija del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
Como se ve, el PVEM parece haber cambiado su vocación ecologista por una más ligada con los jugosos negocios de las telecomunicaciones.
Un dato sobresaliente relacionado con la lista anterior y con lo que escribimos el miércoles pasado acerca de los intereses que promueve Alejandro Martí, lo da el hecho de que hasta ahora, los candidatos que más han suscrito el pacto "Mi voto por tú compromiso" sean precisamente los del Partido Verde.
En efecto, la página de la Fundación Martí registra que 63 candidatos "ecologistas" han suscrito ese pacto, contra apenas 16 del PAN, 9 del PRI y uno del PRD, por citar sólo los más grandes.
No es casual. Son, como hemos visto, los candidatos de las televisoras que pugnarán --pues a eso los "compromete" Martí, entre otras cosas-- por anular el artículo 41 constitucional, ese que prohibe a los particulares contratar espots en periodos electorales. A eso van, a defender esos intereses. Y por eso los han mandado a firmar alegremente.
Esa cooptación que las televisoras han hecho del partido Verde explica, asimismo, el repentino "interés" que por la política ha surgido entre algunos artistas de Televisa, quienes han puesto todo el peso de su popularidad en tratar de inclinar las simpatías de la gente hacia el PVEM.
Por ello son Maité Perroni --ex RBD-- y Raúl Araiza quienes encabezan la capaña de ese partido y de ahí también el abierto proselitismo que por televisión realizan revistas normalmente apolíticas como TV y Novelas.
Como se ve, las televisoras están moviéndose para hacerse de una robusta representación en el Congreso que les asegure mantener en el limbo o que se legisle ventajosamente para ellas la aún pendiente ley reglamentaria de Radio y Televisión y, paralelamente, ir tomando posiciones para la contienda de 2012 en el que el PVEM seguramente mantendrá su alianza con el PRI para postular a Enrique Peña Nieto. Esa es la apuesta de las televisoras.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 24 de junio de 2009
¿A quien sirve Alejandro Martí?
Nadie puede evitar ser solidario con la tragedia que el año pasado enlutó al empresario Alejandro Martí por el secuestro y posterior asesinato de su hijo adolescente.
Lo cuestionable es el uso político que él mismo ha dado o ha permitido que se haga de esa lamentable circunstancia personal. Primero, una multitudinaria marcha contra la inseguridad que luego dio paso a un demagógico y hasta ahora ineficaz Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Luego, el empresario creó la Fundación SOS para agrupar a movimientos civiles y ciudadanos que luchen contra la delincuencia y el crimen organizado.
En la hora actual, Martí creyó encontrar en las próximas elecciones una adecuada ventana de oportunidad para llamar a la ciudadanía a votar sólo por aquellos candidatos que se comprometan por escrito y ante notario público a cumplir una serie de demandas en materia de seguridad y libertades constitucionales, incluidas todas ellas en el llamado Pacto Nacional Ciudadano "Mi voto por tu compromiso".
Los tales compromisos son, en efecto, muy atendibles y nadie podría estar en desacuerdo en, por ejemplo, comprometer a gobernadores, presidentes municipales y delegados a reducir índices de impunidad en delitos como secuestro, extorsión, robo y homicidio.
Y nadie podría negar que es muy pertinente comprometer a diputados federales y locales a votar por iniciativas que permitan la reelección o la reducción de los representantes populares.
El problema con la propuesta de Martí es que, envuelta en demandas que concitan la aprobación general, ha incluido otras que responden claramente a los intereses de las televisoras, a cuyo servicio parece haberse puesto el empresario.
Demandar, por ejemplo, que se reforme el artículo 41 constitucional que según él limita "el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente durante los procesos electorales", es una clara concesión al duopolio televisivo.
Con razón, el politólogo José Antonio Crespo ha bautizado las propuestas de Martí como un auténtico Caballo de Troya incrustado dentro del movimiento ciudadano.
Es del dominio público que la redacción de ese artículo, incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión reformada en 2007, irritó desde el principio a las televisoras, pues, a la luz de la experiencia de 2006, prohibió a los particulares la contratación de espots para promover o denostar a candidatos a puestos de elección popular.
Es obvio que esa reforma apunta a evitar que los dueños del dinero intervengan de manera inequitativa en la manipulación de la voluntad popular. Es decir, resulta claro que ni usted ni yo, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos "de a pie" carecemos de recursos para contratar con Televisa o TV Azteca un paquete --no venden anuncios sueltos-- para promover un candidato.
Los únicos que pueden hacerlo son empresarios o corporaciones afines al establishment que, embozados tras el disfraz de membretes u organizaciones ciudadanas de ocasión, se dedican a denostar a candidatos o movimientos sociales contrarios a sus intereses particulares.
Ese es el "derecho" que defienden las televisoras. No el derecho de los ciudadanos comunes. Pero fiel a sus métodos, disfraza o pretende mimetizar sus propios intereses con los del público en general.
Con legisladores así comprometidos, resulta imaginable la gran presión que se generará sobre los congresos federal y local para obligarlos a emprender una contrarreforma como la que se demanda. A eso se está prestando Martí.
No es casual tampoco que los compromisos propuestos por el dueño de la cadena de tiendas deportivas incluyan solo el funcionamiento efectivo de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
Lo curioso es que excluye de la propuesta legislar sobre una figura verdaderamente efectiva y democrática y que está más acorde con su postulado aquel de "si no pueden, renuncien". Me refiero a la revocación del mandato, el cual permitiría enviar a la cárcel o a su casa a los gobernantes que violen el juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".
El "candor" de Martí no puede ser tal que espere que aquellos servidores públicos corruptos e inútiles renuncien por su voluntad. Por ello resulta por lo menos extraño que haya excluido de sus demandas un mecanismo legal efectivo que daría a la ciudadanía verdaderas armas contra la clase política de que se dicen harta.
Es obvio que empoderar de ese modo al pueblo no está en el interés de esa clase política, ni de las televisoras, ni de los grandes empresarios a cuyo servicio se ha puesto el señor Martí. ¡Qué lamentable manera de lucrar con una tragedia personal!
¡Hasta la próxima!
Lo cuestionable es el uso político que él mismo ha dado o ha permitido que se haga de esa lamentable circunstancia personal. Primero, una multitudinaria marcha contra la inseguridad que luego dio paso a un demagógico y hasta ahora ineficaz Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Luego, el empresario creó la Fundación SOS para agrupar a movimientos civiles y ciudadanos que luchen contra la delincuencia y el crimen organizado.
En la hora actual, Martí creyó encontrar en las próximas elecciones una adecuada ventana de oportunidad para llamar a la ciudadanía a votar sólo por aquellos candidatos que se comprometan por escrito y ante notario público a cumplir una serie de demandas en materia de seguridad y libertades constitucionales, incluidas todas ellas en el llamado Pacto Nacional Ciudadano "Mi voto por tu compromiso".
Los tales compromisos son, en efecto, muy atendibles y nadie podría estar en desacuerdo en, por ejemplo, comprometer a gobernadores, presidentes municipales y delegados a reducir índices de impunidad en delitos como secuestro, extorsión, robo y homicidio.
Y nadie podría negar que es muy pertinente comprometer a diputados federales y locales a votar por iniciativas que permitan la reelección o la reducción de los representantes populares.
El problema con la propuesta de Martí es que, envuelta en demandas que concitan la aprobación general, ha incluido otras que responden claramente a los intereses de las televisoras, a cuyo servicio parece haberse puesto el empresario.
Demandar, por ejemplo, que se reforme el artículo 41 constitucional que según él limita "el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente durante los procesos electorales", es una clara concesión al duopolio televisivo.
Con razón, el politólogo José Antonio Crespo ha bautizado las propuestas de Martí como un auténtico Caballo de Troya incrustado dentro del movimiento ciudadano.
Es del dominio público que la redacción de ese artículo, incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión reformada en 2007, irritó desde el principio a las televisoras, pues, a la luz de la experiencia de 2006, prohibió a los particulares la contratación de espots para promover o denostar a candidatos a puestos de elección popular.
Es obvio que esa reforma apunta a evitar que los dueños del dinero intervengan de manera inequitativa en la manipulación de la voluntad popular. Es decir, resulta claro que ni usted ni yo, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos "de a pie" carecemos de recursos para contratar con Televisa o TV Azteca un paquete --no venden anuncios sueltos-- para promover un candidato.
Los únicos que pueden hacerlo son empresarios o corporaciones afines al establishment que, embozados tras el disfraz de membretes u organizaciones ciudadanas de ocasión, se dedican a denostar a candidatos o movimientos sociales contrarios a sus intereses particulares.
Ese es el "derecho" que defienden las televisoras. No el derecho de los ciudadanos comunes. Pero fiel a sus métodos, disfraza o pretende mimetizar sus propios intereses con los del público en general.
Con legisladores así comprometidos, resulta imaginable la gran presión que se generará sobre los congresos federal y local para obligarlos a emprender una contrarreforma como la que se demanda. A eso se está prestando Martí.
No es casual tampoco que los compromisos propuestos por el dueño de la cadena de tiendas deportivas incluyan solo el funcionamiento efectivo de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
Lo curioso es que excluye de la propuesta legislar sobre una figura verdaderamente efectiva y democrática y que está más acorde con su postulado aquel de "si no pueden, renuncien". Me refiero a la revocación del mandato, el cual permitiría enviar a la cárcel o a su casa a los gobernantes que violen el juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".
El "candor" de Martí no puede ser tal que espere que aquellos servidores públicos corruptos e inútiles renuncien por su voluntad. Por ello resulta por lo menos extraño que haya excluido de sus demandas un mecanismo legal efectivo que daría a la ciudadanía verdaderas armas contra la clase política de que se dicen harta.
Es obvio que empoderar de ese modo al pueblo no está en el interés de esa clase política, ni de las televisoras, ni de los grandes empresarios a cuyo servicio se ha puesto el señor Martí. ¡Qué lamentable manera de lucrar con una tragedia personal!
¡Hasta la próxima!
lunes, 22 de junio de 2009
Enrique Peña Nieto
Enrique Peña Nieto felicitó ayer domingo a los papás del país por la celebración de su día. Lo hizo durante el festival que Televisa transmitió (but of course) desde la Plaza de la Constitución de Toluca. Es decir, su figura y su mensaje tuvieron adecuada difusión nacional, conforme al plan que esa empresa de televisión y el político han firmado para construir su candidatura y hacerlo presidente en 2012.
Las familias que en todo el país sintonizaban a esa hora el canal de las estrellas pudieron registrar el hecho de seguro con la naturalidad y familiaridad de quien ve a Peña Nieto aparecer todos los días en sus pantallas. De eso se trata, de acostumbrarnos a su presencia y hacérnoslo presente en eventos y actos cálidos de alto raiting que le atraigan la simpatía del público.
Lo que ese auditorio seguramente ignora es que todo ello forma parte de una estrategia política diseñada por Televisa y sus empresas satélite mediante un acuerdo firmado en octubrede 2005 para construir y promover la imagen pública de Peña Nieto con miras a convertirlo en el próximo presidente de México.
De acuerdo con el periodista Genaro Villamil --cuyo libro Si yo fuera Presidente empezó a circular este domingo y en el que analiza el fenómeno Peña Nieto a la luz de sus relaciones con Televisa y otros grupos conservadores-- esos contratos, financiados con dinero público son del orden de 3, 500 millones de pesos anuales por concepto de asesoría y compra de tiempo aire.
Las empresas encargadas de tales asesorías son TVPromo, Radar y CreaTV, filiales del consorcio. Con cargo a esos acuerdos el golden boy del priismo renovado aparece mañana, tarde y noche en todos los noticieros de la televisora declarando casi cualquier cosa a propósito de casi cualquier tema igualmente anodino. La idea es tenerlo ahí, metido en los hogares mexicanos, como para que se vayan acostumbrando.
Se trata, como dijimos, de un magno y bien orquestado proyecto que incluye jugosos negocios a partir de ganar la presidencia de la república para un hombre que estaría en manos de uno de los poderes fácticos y sus representantes, entre los que figura de manera prominente Carlos Salinas de Gortari.
Recuérdese como en 2005, el año en que inician los contratos con Peña Nieto, la televisora anunció la presencia de Salinas de Gortari como asesor de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean. También se registró un cambio significativo en la composiciónde del grupo de accionistas: Roberto Hernández --el banquero que vendió Banamex a Citigroup y al que Hacienda le perdonó los 3, 500 millones de dólares que debió pagar en impuestos por esa operación-- se convirtió en el accionista número dos de Televisa, siendo como es, un salinista del primer círculo.
Se trata, como se ve, de una apuesta política seria de parte de Televisa para controlar la presidencia de este país, mediante una sutil operación que consiste en ir grabando en la mente de los televidentes de manera subrepticia y casi subliminal la figura de un presidente, aun desde antes de las elecciones, por la vía del aparentemente inofensivo espectáculo de la televisión.
Se trata, además, de una forma de burlar la ley electoral y, más grave aún, de anular el voto ciudadano al condicionarlo gradualmente por medio de las angélicas y aparentemente despolitizadas imágenes de Peña Nieto en medio del espectáculo farandulezco.
El proyecto de hacer presidente al joven del copete no ha descuidado ningún flanco, incluido el de la vida personal del candidato. Y en todos esos frentes, es notable la presencia y participación de reconocidas figuras del espectáculo televisivo.
Así, la actriz Lucero, sustituyó a Angélica Rivera "La gaviota", en la promoción de los "logros" del gobernador mexiquense. Ésta última, por su parte, pasó a ocupar el lugar de la novia oficial, tras la muerte en circunstancias aún no aclaradas de la esposa de Peña. Noviazgo que también formaría parte del cálculo y la estrategia política, pues la "agradable pareja" también es promovida a escala nacional ("amor sin espot no es amor").
Todavía más: la recién concluida novela del canal de las estrellas "Mañana es para siempre" tuvo locaciones en comunidades del Estado de México, en cuyo territorio los protagonistas encontraron el "decidido" apoyo del gobierno estatal para organizar ferias regionales de quesos y desarrollar proyectos de atención a comunidades indígenas, que luego fueron utilizadas (como en las viejas escenografías priístas) como figuras de ornato en la boda que rubricó el final feliz de la historia.
(Antes de ese capítulo final se corrió la versión de que Peña Nieto y la Gaviota aparecerían en pantalla como invitados a la boda de los protagonistas, y seguramente así hubiera sido si la versión no hubiera levantado la ola de críticas previas que generó).
En lo que constituye el colmo de esta cínica campaña televisiva en favor de un hombre, la final del premio Mexicanas, mujeres de valor que el consorcio ha promovido intensamente según eso con la idea de impulsar la equidad de género se entregará el próximo miércoles 24 de junio, adivinen dónde, sí, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca y allí de nuevo veremos a Peña Nieto en difusión nacional.
Otra vez la imagen del gobernador ligada ahora a uno de los temas más políticamente correctos de nuestro tiempo: el respeto y la exaltación de la mujer. El asunto encierra, sin embargo, una terrible paradoja: según datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, el Estado de México ha rebasado a Ciudad Juárez en cuanto al número de feminicidios cometidos en ese territorio, particularmente en Chimalhuacán.
Y no obstante, el gobernador que seguramente entregará el premio Mexicanas, mujeres de valor, no ha aclarado esos crímenes y ni siquiera ha ordenado una fiscalía especializada para investigar y resolverlos.
Ese es el tipo de tratamiento de los problemas que le esperan a México con un gobierno dominado por Televisa: un gobierno que atenderá al raiting y los asuntos de oropel mientras detrás del escenario y de las cámaras crecen la impunidad, la corrupción y un país deteriorándose cada día. La operación Presidencia, pues, está en marcha.
¡Hasta la próxima!
Las familias que en todo el país sintonizaban a esa hora el canal de las estrellas pudieron registrar el hecho de seguro con la naturalidad y familiaridad de quien ve a Peña Nieto aparecer todos los días en sus pantallas. De eso se trata, de acostumbrarnos a su presencia y hacérnoslo presente en eventos y actos cálidos de alto raiting que le atraigan la simpatía del público.
Lo que ese auditorio seguramente ignora es que todo ello forma parte de una estrategia política diseñada por Televisa y sus empresas satélite mediante un acuerdo firmado en octubrede 2005 para construir y promover la imagen pública de Peña Nieto con miras a convertirlo en el próximo presidente de México.
De acuerdo con el periodista Genaro Villamil --cuyo libro Si yo fuera Presidente empezó a circular este domingo y en el que analiza el fenómeno Peña Nieto a la luz de sus relaciones con Televisa y otros grupos conservadores-- esos contratos, financiados con dinero público son del orden de 3, 500 millones de pesos anuales por concepto de asesoría y compra de tiempo aire.
Las empresas encargadas de tales asesorías son TVPromo, Radar y CreaTV, filiales del consorcio. Con cargo a esos acuerdos el golden boy del priismo renovado aparece mañana, tarde y noche en todos los noticieros de la televisora declarando casi cualquier cosa a propósito de casi cualquier tema igualmente anodino. La idea es tenerlo ahí, metido en los hogares mexicanos, como para que se vayan acostumbrando.
Se trata, como dijimos, de un magno y bien orquestado proyecto que incluye jugosos negocios a partir de ganar la presidencia de la república para un hombre que estaría en manos de uno de los poderes fácticos y sus representantes, entre los que figura de manera prominente Carlos Salinas de Gortari.
Recuérdese como en 2005, el año en que inician los contratos con Peña Nieto, la televisora anunció la presencia de Salinas de Gortari como asesor de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean. También se registró un cambio significativo en la composiciónde del grupo de accionistas: Roberto Hernández --el banquero que vendió Banamex a Citigroup y al que Hacienda le perdonó los 3, 500 millones de dólares que debió pagar en impuestos por esa operación-- se convirtió en el accionista número dos de Televisa, siendo como es, un salinista del primer círculo.
Se trata, como se ve, de una apuesta política seria de parte de Televisa para controlar la presidencia de este país, mediante una sutil operación que consiste en ir grabando en la mente de los televidentes de manera subrepticia y casi subliminal la figura de un presidente, aun desde antes de las elecciones, por la vía del aparentemente inofensivo espectáculo de la televisión.
Se trata, además, de una forma de burlar la ley electoral y, más grave aún, de anular el voto ciudadano al condicionarlo gradualmente por medio de las angélicas y aparentemente despolitizadas imágenes de Peña Nieto en medio del espectáculo farandulezco.
El proyecto de hacer presidente al joven del copete no ha descuidado ningún flanco, incluido el de la vida personal del candidato. Y en todos esos frentes, es notable la presencia y participación de reconocidas figuras del espectáculo televisivo.
Así, la actriz Lucero, sustituyó a Angélica Rivera "La gaviota", en la promoción de los "logros" del gobernador mexiquense. Ésta última, por su parte, pasó a ocupar el lugar de la novia oficial, tras la muerte en circunstancias aún no aclaradas de la esposa de Peña. Noviazgo que también formaría parte del cálculo y la estrategia política, pues la "agradable pareja" también es promovida a escala nacional ("amor sin espot no es amor").
Todavía más: la recién concluida novela del canal de las estrellas "Mañana es para siempre" tuvo locaciones en comunidades del Estado de México, en cuyo territorio los protagonistas encontraron el "decidido" apoyo del gobierno estatal para organizar ferias regionales de quesos y desarrollar proyectos de atención a comunidades indígenas, que luego fueron utilizadas (como en las viejas escenografías priístas) como figuras de ornato en la boda que rubricó el final feliz de la historia.
(Antes de ese capítulo final se corrió la versión de que Peña Nieto y la Gaviota aparecerían en pantalla como invitados a la boda de los protagonistas, y seguramente así hubiera sido si la versión no hubiera levantado la ola de críticas previas que generó).
En lo que constituye el colmo de esta cínica campaña televisiva en favor de un hombre, la final del premio Mexicanas, mujeres de valor que el consorcio ha promovido intensamente según eso con la idea de impulsar la equidad de género se entregará el próximo miércoles 24 de junio, adivinen dónde, sí, en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca y allí de nuevo veremos a Peña Nieto en difusión nacional.
Otra vez la imagen del gobernador ligada ahora a uno de los temas más políticamente correctos de nuestro tiempo: el respeto y la exaltación de la mujer. El asunto encierra, sin embargo, una terrible paradoja: según datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, el Estado de México ha rebasado a Ciudad Juárez en cuanto al número de feminicidios cometidos en ese territorio, particularmente en Chimalhuacán.
Y no obstante, el gobernador que seguramente entregará el premio Mexicanas, mujeres de valor, no ha aclarado esos crímenes y ni siquiera ha ordenado una fiscalía especializada para investigar y resolverlos.
Ese es el tipo de tratamiento de los problemas que le esperan a México con un gobierno dominado por Televisa: un gobierno que atenderá al raiting y los asuntos de oropel mientras detrás del escenario y de las cámaras crecen la impunidad, la corrupción y un país deteriorándose cada día. La operación Presidencia, pues, está en marcha.
¡Hasta la próxima!
sábado, 13 de junio de 2009
Campañas: el PRD
Los "estrategas" contratados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la presente campaña electoral resultan anacrónicos. Una antigua conseja recomienda --a quienes tienen necesidad de salir a un escenario a ganar aplausos fáciles-- actuar o con perros o con niños. El PRD eligió lo segundo.
En general, la suya es una campaña anodina, pero acorde con lo que buscan tras el cochinero en que convirtieron su elección interna del año pasado: recuperar una imagen más o menos civilizada que, según ellos, los congraciará con los electores.
Los mandos formales del partido, o lo que queda de él, están en manos de la corriente Nueva Izquierda --los "Chuchos"-- la cual ha decidido colaborar comedidamente con la administración del Presidente al que un sector de ese instituto, y aun de la sociedad, consideran espurio e ilegítimo, en tanto impuesto mediante un fraude electoral.
Ese colaboracionismo --que desde la corriente lopezobradorista e incluso desde Los Pinos es más bien considerado como servilismo, como lo acreditó el episodio de la redada de alcaldes y funcionarios michoacanos-- ha dejado a ese partido en una condición endeble (ante sí mismo, ante el gobierno y ante los electores) que trata de subsanar mediante una campaña pretendidamente "amable".
Las concesiones o claudicaciones a que está dispuesto el PRD no son sólo conceptuales, sino de imagen. Ya desde la precampaña, el emblema del partido --el Sol azteca-- fue alterado con una media elipse que lo iguala con la carita sonriente de la trasnacional que comercializa papas fritas, como una forma de presentar un look más light.
Luego, la que podría considerarse dentro de la estrategia como la campaña "paraguas", nos presentó al presidente formal del partido, Jesús Ortega Martínez, acompañado de la niña Mariana, a la que ya muchos llaman con sorna la "chilindrinita del PRD".
Como si fueran magos de mala categoría, a los publicistas contratados por el partido se les notan desde gayola los hilos de sus trucos. Resulta obvia la intensión de superar la pésima imagen del partido a partir del indudable carisma de la protagonista infantil.
La apuesta está reforzada en el nivel discursivo. El "Así sí, gana la gente" no apunta tanto --como a primera vista parece-- a dar la idea de que se está cercano del interés general, sino a una operación psicológica que consiste en inducir la aceptación en la mente del elector, mediante el empleo de una doble afirmación (Así=de este modo=esto es lo correcto; sí= aceptación remarcada).
Los antiguos manuales norteamericanos de persuación recomendaban a sus lectores enfrentar cualquier situación conflictiva haciendo decir al oponente "Sí" varias veces antes de llegar al quid del problema. Estas afirmaciones repetidas operarían un cambio positivo en la mente y en la adrenalina del reclamante, hasta relajarlo subconcientemente.
De acuerdo con semejante concepción, el "Sí" actúa como una llave mágica sobre la sinapsis (comunicación) neuronal que predispone de mejor manera el ánimo de la gente para recibir cualquier mensaje. Esa es la apuesta perredista.
Lo malo es que se queda en eso. Al parecer, al PRD de los chuchos no interesa tanto obtener una nutrida fracción parlamentaria, como ser percibido por la ciudadanía como un instituto político "decente" y bien portadito. En su lógica colaboracionista, acaso su cálculo sea que sirven mejor al gobierno de Calderón no haciendo demasiado bulto en la Cámara, para mejor dedicar su campaña sólo a mejorar la imagen de cara a futuras contiendas.
La exclusión del PRD del próximo debate pactado entre el PRI y el PAN, parece confirmar la hipótesis. Ni los propios contendientes reconocen algún peso al actual perredismo que sólo es tratado como comparsa de campaña. Jesús Ortega reclamó tibiamente su derecho a participar, pero tras consumarse la exclusión quedó desactivado, como resignado al triste papel de administrador de un cascarón.
Se trata, en fin, de una campaña indigna de un partido que se pretende de izquierda. Sus propuestas, más que plantear verdaderos cambios estructurales que modifiquen el estado de cosas prevaleciente, son acomodaticias a lo que ya existe. Véase, al efecto, este ejemplo:
Ante la falta de empleos, Jesús Ortega propone --¡¡hágame usted el desempleado favor!!-- aumentar la cobertura del seguro de desempleo. O sea, en lugar de apuntar al objetivo de trabajar en políticas que permitan generar puestos de trabajo bien remunerados, este lidercillo se limita a proponer paliativos.
Como si el desempleo fuera una fatalidad ante la cual no quedara más que aguantarse y buscarle atenuantes para que la olla del conflicto social no estalle. Ese es el verdadero talante del Presidente del PRD, un hombre políticamente limitadísimo, y del propio partido cooptado desde hace un rato por quienes mandan hoy en el país y reducido casi a nada.
De ahí la pobreza y el anacronismo conceptual de la tal campaña. De ahí tambien su pobre credibilidad.
¡Hasta la próxima!
lunes, 8 de junio de 2009
Cadena de horrores
A Osvaldo, por tus
maravillosos 15
maravillosos 15
Es difícil saber si en esta hora de terrible dolor, los padres de los 43 niños fallecidos a causa del incendio ocurrido el viernes 5 en una guardería de Hermosillo, Sonora, se enteraron y se sintieron más reconfortados al escuchar al salvador de la humanidad (Claro, don Felipe Calderón) instruir para que se investigue la tragedia --sí, adivinó usted-- "hasta sus últimas consecuencias".
Así fuera por un mínimo pudor, nuestros gobernantes ya debieran abandonar esa frase tan desafortunada y ominosa. En este país las autoridades se pasan la mitad del tiempo investigando "hasta sus últimas consecuencias" tragedias que no hubieran ocurrido si invirtieran la otra mitad en simplemente hacer su trabajo.
Independientemente de las historias de corrupción infaltables siempre en casos como éste (el dueño que pagó al inspector para que aprobara el funcionamiento del local sin contar con las especificaciones requeridas, el dinero que el inspector compartió con el supervisor para que firmara el informe, los funcionarios del gobierno local que casualmente obtuvieron la concesión del IMSS, etcétera), lo verdaderamente central es cómo el gobierno ha abdicado de sus responsabilidades respecto de la salud de la población.
Lo mismo si se trata de los fondos de pensión --entregados a las administradoras privadas que con el jineteo de esos recursos obtienen más ganancias que los propios trabajadores-- que de la medicina barata con programas demagógicos como el Seguro Popular, esta administración y las anteriores han dado prioridad a la ganancia por sobre la atención a la persona humana.
Entre 200 y 2007, las administraciones panistas han entregado la operación de guarderías a los particulares en cantidades que dejan ver claramente el desinterés gubernamental por la seguridad social no sólo de los trabajadores sino de sus familias.
En ese periodo el número de guarderías del IMSS a cargo de particulares pasó de 757 a 1, 526 en tanto que las administradas por el propio IMSS siguen siendo 142 desde el principio de esta década.
En ese esquema del retiro del Estado de sus obligaciones asistenciales, para beneficiar el negocio de los particulares es donde se sitúa la actual tragedia y las que vendrán. El sistema de subrogación adoptado por el IMSS para deshacerse de una función que es su responsabilidad, es un sistema que favorece la corrupción y en el que los fines de lucro están muy por encima de la calidad en el servicio.
Con la idea rectora de abatir costos y maximizar las ganancias, los particulares que reciben esa especie de concesión se dedican a prestar un servicio en condiciones inadecuadas --como ha sido documentado en este caso-- con la complacencia, falta de supervisión y corrupción de la autoridad supuestamente encargada de regular estos servicios una vez entregados a los particulaes.
Estamos, qué duda cabe, ante otra manifestación de un Estado fallido por su incapacidad de garantizar la seguridad de la población, especialmente de un sector tan vulnerable, como el infantil.
Así que la cara de circunstancia con la que aparece el señor Calderón en las fotos durante su visita a hospitales donde convalecen aún niños al filo de la muerte por la intoxicación y las quemaduras, no deja de ser una pose. (por cierto, no se sabe que haya visitado a las familias que perdieron a sus hijos).
También resulta una impostura su instrucción de que se investigue "hasta sus últimas consecuencias", como si éstas no llegaran a Los Pinos y a las políticas de desatención social que desde allí se diseñan.
Con nuestras condolencias a las familias de los niños fallecidos
sábado, 6 de junio de 2009
Finsemanario/3
Un homenaje a esta formidable pareja cinematográfica (Bergman-Bogard) en la más acabada de sus interpretaciones: Casablanca
viernes, 5 de junio de 2009
Y...¿dónde está el dinero?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló ayer que el gobierno --o de lo que se trate-- del señor Felipe Calderón no ejerció 120 mil millones de pesos del gasto público correspondientes al presupuesto de 2007, primer año de esa administración.
No se trata de encomiables ahorros, como algún lector pudiera pensar, sino de una violación a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues tales recursos dejaron de invertirse en áreas tan prioritarias como seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.
En vez de eso se desviaron a fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, instrumentos que impiden conocer el destino y uso que se dio a ese dinero y menos exigir su devolución.
El Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 2007 --entregado ayer por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-- documenta 28 transferencias multimillonarías "a distintos fideicomisos que no nos han explicado".
"Esta manera de transferir recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público, señaló el auditor.
Aparte la transgresión legal en que incurre el gobierno, se coloca en una situación sospechosa, puesto que los recursos transferidos a esos fideicomisos quedan fuera de la supervisión y pueden ejercerse con una muy alta discresionalidad. Es decir, pueden gastarse en lo que sea o incluso ir a parar a la cuenta personal de alguien.
Porque ¿con qué propósito se transfieren recursos no gastados a instrumentos que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización?
El "sospechosismo" se incrementa cuando se advierte la forma en que esos recursos se hacen pasar como ya ejercidos. Aquí el mecanismo explicado por la ASF:
"Se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos..."
En esta quincena de junio vence el plazo de 45 días que tuvo el gobierno, a partir de que conoció estas observaciones, para explicar el uso que dio a ese dinero.
Este tipo de transferencias no es nueva. En un artículo anterior (Impuestos), Contadero señaló que en distintos fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene 376 mil millones de pesos, sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son.
Recordábamos entonces (25 de mayo) que con esa cantidad se podía resarcir el "boquete" presupuestal de 300 mil millones de pesos que faltarán este año al gobierno como resultado de lo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como una "caída" en la recaudación.
De modo que en esos fondos y fideicomisos --ahora se sabe que son alimentados con lo que se desvía del presupuesto-- existen suficientes recursos para tapar boquetes sin recurrir al fácil expediente de incrementar los impuestos a los ciudadanos. Veremos.
¡Hasta la próxima!
No se trata de encomiables ahorros, como algún lector pudiera pensar, sino de una violación a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues tales recursos dejaron de invertirse en áreas tan prioritarias como seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.
En vez de eso se desviaron a fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, instrumentos que impiden conocer el destino y uso que se dio a ese dinero y menos exigir su devolución.
El Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 2007 --entregado ayer por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-- documenta 28 transferencias multimillonarías "a distintos fideicomisos que no nos han explicado".
"Esta manera de transferir recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público, señaló el auditor.
Aparte la transgresión legal en que incurre el gobierno, se coloca en una situación sospechosa, puesto que los recursos transferidos a esos fideicomisos quedan fuera de la supervisión y pueden ejercerse con una muy alta discresionalidad. Es decir, pueden gastarse en lo que sea o incluso ir a parar a la cuenta personal de alguien.
Porque ¿con qué propósito se transfieren recursos no gastados a instrumentos que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización?
El "sospechosismo" se incrementa cuando se advierte la forma en que esos recursos se hacen pasar como ya ejercidos. Aquí el mecanismo explicado por la ASF:
"Se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos..."
En esta quincena de junio vence el plazo de 45 días que tuvo el gobierno, a partir de que conoció estas observaciones, para explicar el uso que dio a ese dinero.
Este tipo de transferencias no es nueva. En un artículo anterior (Impuestos), Contadero señaló que en distintos fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene 376 mil millones de pesos, sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son.
Recordábamos entonces (25 de mayo) que con esa cantidad se podía resarcir el "boquete" presupuestal de 300 mil millones de pesos que faltarán este año al gobierno como resultado de lo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como una "caída" en la recaudación.
De modo que en esos fondos y fideicomisos --ahora se sabe que son alimentados con lo que se desvía del presupuesto-- existen suficientes recursos para tapar boquetes sin recurrir al fácil expediente de incrementar los impuestos a los ciudadanos. Veremos.
¡Hasta la próxima!
jueves, 4 de junio de 2009
Campañas: El PAN
Hábilmente --porque sabe que en casi todos los demás frentes sus resultados son deficitarios o francamente regresivos-- el Partido Acción Nacional (PAN) ha centrado su campaña electoral, de cara a los comicios federales del 5 de julio, en destacar el combate al narcotráfico.
A despecho de la economía --donde un pésimo cálculo inicial acerca de las proporciones de la crisis tiene al país sumido en el desempleo y en la parálisis del aparato productivo-- el gobierno panista del señor Felipe Calderón ha hecho de esa guerra su bandera de gobierno. En ese nicho es donde más cómodo parece sentirse. Casi no hay acto público en el que no se refiera a la lucha contra el trasiego de estupefacientes y las bandas que lo organizan.
Ha logrado posicionar el tema del narcotráfico como el principal en el imaginario colectivo, y a ello se juega todas sus cartas, como lo muestra el hecho de haber diseñado la campaña electoral de su partido con ese asunto como eje rector.
No es un mal cálculo. Como se trata de una acción bien valorada socialmente, por la amenaza que representa el narcotráfico en términos de violencia, delincuencia y adicciones, su combate le ha ganado al señor Felipe Calderón la simpatía de vastos sectores de la población que ven en él --no a un salvador de la humanidad, como sin rubor recientemente se autoproclamó-- sino a un político empeñado en luchar contra ese flagelo.
La estrategia tiene dos puntas: posicionar a Calderón como el único que le ha entrado a ese toro y por añadidura acusar y desprestigiar a quienes le precedieron de haber permitido que el problema creciera. Así, la figura de Felipe queda realzada por contraste.
El otro aspecto consiste en acusar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), su principal oponente en la contienda, de haberse coludido con narcotraficantes y hacerlo aparecer ante la opinión pública como renuente a apoyar la cruzada del "presidente". En esa lógica, el tricolor es colocado del lado de los enemigos y opuesto a los deseos y mandato de las mayorías.
Lo insólito fue la incapacidad del PRI para desmarcarse de esas acusaciones. Fue, además, paradójico verlo contra las cuerdas víctima de una operación ideológica que el propio partido aplicó por décadas y que consistía en hacerse pasar como la encarnación de los "más altos intereses de la nación".
Pero vengamos de nuevo a la campaña blanquiazul. En el plano discursivo, el mensaje manipula uno de los valores más preciados de una familia: los hijos. El eslogan: "para que la droga no llegue a tus hijos" conquista de inmediato corazones.
No se trata de una guerra para salvar al país, un ente abstracto y lejano en el corazón de la gente. Tampoco se trata de garantizar tu seguridad ("Al cabo que yo, bien o mal, pues ya viví"). No, aquí lo que tenemos es a alguien --el presidente-- luchando por algo más cercano y sagrado para una familia tradicional: "tus hijos". ¿Se puede regatear el apoyo a alguien así?
Montados en esa manipulación sentimental, los espots del PAN hacen parecer que un voto por sus siglas es un voto de apoyo para que el así llamado presidente siga combatiendo al narcotráfico y "que la droga no llegue a tus hijos".
Pero además, esos mensajes incluyen su necesaria dosis de miedo y de coacción para el desprevenido elector. Y en eso es posible advertir la mano del estratega de cabecera de Calderón, el español Antonio Solá.
Se sugiere en la propaganda panista que si no hay votos por el PAN, el combate al narcotráfico se acabaría y, otra vez, tus hijos quedarían desamparados y a merced de quienes distribuyen drogas "hasta en las escuelas".
El uso de figuras públicas populares para transmitir el mensaje, como la taekwandoín Iridia Salazar (que vino como anillo al dedo en eso de exaltar la protección de los hijos por su condición de mujer embarazada) y del luchador El Místico (la metáfora del combate) es un recurso antiguo, pero aún eficaz para influir en audiencias de bajos ingresos y con poca preparación académica, que aún siguen siendo una mayoría redituable y manipulable a la hora de hacerlos ir a votar.
La estrategia ha sido aderezada con golpes mediáticos sobre el mismo asunto, como los operativos en Michoacán y Nuevo León, que consisten en hacer ver a la población que ahora se atacará la impunidad de quienes desde los gobiernos han sido comprados por el narco.
Se trata de reiterar y hacer creer que en ese tema el gobierno irá a fondo. No se sabe si los detenidos saldrán pasadas las elecciones por falta de pruebas, pero en tal caso lo harán uno a uno y sin los reflectores ni la espectacularidad con que fueron detenidos. Para entonces el efecto buscado --impresionar al respetable-- se habrá cumplido cabalmente.
Saben los estrategas gubernamentales que, como escribió Juan José Arreola, "el público, inocente por naturaleza, no se da cuenta de nada y pierde los pormenores que saltan a la vista del observador destacado...se atiene simplemente a los resultados y, cuando se le da gusto, no escatima su aplauso".
Más aún, ese público, en la metáfora de Arreola, "paga por ver una pulga vestida; y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo".
Lo que llama la atención en la propaganda panista no son los recursos que utiliza para manipular al electorado, sino su focalización. No hay un solo anuncio que aluda a algún compromiso con otros problemas que afronta el país y que lo tienen caracterizado como una sociedad atrasada: economía en recesión, desempleo, corrupción, impunidad, salud, alimentación, campo, ciencia y tecnología, educación, corporativismo, oligarquías y monopolios.
Todo es una y la misma cosa: narcotráfico. Lo demás desapareció del horizonte nacional. La presidencia convertida en barandilla de MP. No hay nada más qué ofrecer.
Es cierto que en una campaña política de lo que se trata es de atraerse los más votos posibles. De inducir en mi favor la preferencia del electorado, mediante el uso de recursos de diversa índole. No es eso lo que se critica aquí. Lo cuestionable es la abierta manipulación que se hace del interés de la gente.
Es decir, en realidad lo que está en juego en estas elecciones no es la continuidad o no de la lucha contra el narcotráfico (por cierto, las demás modalidades del crimen organizado no son importunadas y gozan de cabal salud).
Lo que Calderón necesita es una mayoría en el Congreso que le permita imponer a su modo, las reformas que faltan al proyecto de la derecha: la fiscal y la laboral. Una mayoría que le ayude a emprender todas las modificaciones constitucionales, incluso aquellas que estén contra del interés de las mayorías, todo sin tener que negociar con las otras fuerzas políticas.
Eso es lo que está detrás de una campaña que pone por delante el miedo y la amenaza, como sus principales recursos para llevar a las urnas, como en 2006, a un electorado coaccionado de antemano por el temor.
¡Hasta la próxima!
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