Guarderías: el Informe SCJN

Es difícil encontrar un documento tan contundente por la pertinencia de su metodología, lo inequívoco de las pruebas y por la claridad de sus conclusiones como el Informe preeliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y otros 75 resultaron dañados.

Y sin embargo, los principales responsables de la tragedia, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas y el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castello, siguen ahí, impunes y defendiéndose, en el caso del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, con las justificaciones más insólitas.

En cualquier democracia que lo fuera realmente, Molinar sería a esta hora un secretario cesado fulminantemente primero, por la responsabilidad política que le corresponde en las omisiones e irregularidades que condujeron a aquella tragedia y, segundo, para enfrentar la acción penal correspondiente.

Pero estamos en México, donde es seguro que ninguno de las dos consecuencias mencionadas ocurran. Como tampoco ocurrió nada en otros casos igualmente documentados. En efecto, con ser una investigación rigurosa la que ha presentado la Corte en relación con las guarderías, no ha sido la única.

Similares textos se produjeron tras la investigación de los hechos en los casos de Lydia Cacho, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y en el caso de las violaciones de derechos en Atenco, en el que se mencionó expresamente la responsabilidad del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Y sin embargo nada pasó entonces ni ocurrirá ahora, entre otras razones por lo que dijo Miguel De la Madrid a Carmen Aristegui en aquella entrevista ya legendaria: la impunidad es el aceite que alimenta nuestro sistema político.

Este episodio, sin embargo, añadirá a Felipe Calderón otra descalificación política. A su impugnado origen ha ido sumando la ilegitimidad que deviene de un quehacer político desaseado, mentiroso e ineficaz. Su bandera de la transparencia y rendición de cuentas quedará también hecha jirones al cabo de este episodio.

En todo caso sigue perdiendo oportunidades para legitimarse en función de un compromiso con la legalidad. En vez de eso, cada día se forma en las filas de la ilegalidad y la impunidad. El suyo será, desde ya puede afirmarse, no sólo un gobierno ilegítimo y fallido, también uno de los más corruptos de que se tenga memoria.

¡Hasta la próxima! 

Todos somos Juárez: maniobra para el olvido

El programa gubernamental "Todos somos Juárez" instituido para "reconstruir el tejido social" --como eufemísticamente se denomina al hecho de haber perdido el gobierno el control de la plaza, ahora en poder del crimen organizado-- está condenado al fracaso.

Primero, porque está en manos de un gobierno de incapaces. Segundo, porque deja intacta la raíz del problema: el modelo económico neoliberal que ha cancelado la capilaridad social vía la educación, que es incapaz de generar empleos y que lanza a la informalidad a millones de jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa (actualmente 18 millones de trabajadores no tienen prestaciones y 13 millomes más laboran sin contrato).

El programa --cuya denominación es una lamentable adaptación del grito de guerra de los zapatistas que hasta en eso deja ver la falta de imaginación gubernamental-- incluye inversiones millonarias en nuevos espacios educativos.

O sea ¿alguien cree que los jóvenes ya embaucados por el narco o por las adicciones las abandonarán sólo porque ya habrá lugares disponibles en los nuevos espacios educativos? ¿o que quienes están por incorporarse al crimen organizado desistirán ante semejante oferta educativa?

¿Y después? Suponiendo sin conceder que se logre arrancar a los jóvenes de las manos de las adicciones o de los empleos que les ofrece el narcotráfico para mejor regresar a las aulas ¿qué harán cuando terminen sus estudios y encuentren un mercado laboral deprimido que no tiene plazas para ellos y un mercado interno sin poder adquisitivo, merced al modelo económico que aplica el gobierno que ahora se dice interesado en reconstruir el "tejido social" en la entidad?

Las medidas de corte económico del programa resultan risibles e insuficientes, encaminadas sólo a cumplir con la escenografía de los primeros 100 días, que ya después la atención de la gente estará en otra cosa.

Véanse lo endeble de las propuestas:  financiamiento para empresarios mediante créditos preferenciales; información y financiamiento a quienes quieran autoemplearse; incremento en las becas de capacitación y generación de más de cuatro mil empleos temporales (¿por uno o dos meses y después?). ¿Los salarios que percibirían quienes se capaciten para el trabajo serán lo suficientemente remuneradores como para no ser tentados a volverse parte de la delincuencia organizada?

Se trata, así, de un programa coyuntural, cosmético y demagógico, encaminado sólo a atemperar el malestar de la dolida sociedad juarense, y para que con el transcurso del tiempo se olvide el asunto y se desmovilice la sociedad, tal como se pretende con el caso de los bebés quemados en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

¡Hasta la próxima!

Alcoholímetros y corrupción

El alcoholímetro es otro ejemplo de cómo una buena idea deviene corrupción. Pensados para evitar accidentes provocados por la excesiva ingesta de alcohol, lo cual en un segundo puede causar una tragedia sólo por la infausta circunstancia de coincidir un conductor sobrio con otro que no lo esté, se han convertido, sin embargo en otra fuente de corrupción y extorsión policiaca.

Y demuestran, además, el carácter represivo del gobierno con la ciudadanía, el cual contrasta con el ánimo paquidérmico con que la autoridad enfrenta a los verdaderos delincuentes.

Se ha dicho ya que el arresto inconmutable por 36 horas de un conductor pillado en falta es excesivo y que México es la única capital mundial en la que el castigo se produce a la primera infracción.

Ciudadanos hay que han propuesto detener al conductor hasta que un familiar acuda por él al retén para pagar una multa y conducir al infractor a casa. Y sólo en caso de que nadie acudiera en un tiempo perentorio entonces sí proceder al arresto.

Ni esa ni otras propuestas igualmente atendibles han sido consideradas por el Gobierno de la Ciudad, porque de lo que se trata en realidad es de castigar y extorsionar al ciudadano. Hay otras faltas igualmente peligrosas que sin embargo la autoridad tolera y que producen accidentes tan graves como los que puede provocar un conductor ebrio.

Taxistas y peseros que se detienen inopinadamente enmedio del arroyo vehicular; peseros, camiones urbanos y foráneos de pasajeros que no sólo circulan por carriles de alta velocidad en avenidas prohibidas para ellos, sino que incluso se detienen a subir y bajar pasaje poniéndo en grave riesgo la vida de los demás conductores, ante la mirada complaciente de patrulleros.

Si a los propietarios de esas unidades se les revocara la concesión a la primera falta, siguiendo el esquema de cero tolerancia que se aplica a los particulares, mucho se aliviaría el desorden vial que padecemos. Pero allí el gobierno de Marcelo Ebrard, a través de la policía capitalina aplica una doble vara.

Ahora se anuncia que en los puntos de revisión del programa Conduce sin alcohol se instalarán juzgados cívicos móviles que agilizarán el proceso de sanción, contra aquellos conductores que resulten positivos en la prueba.

Lo dicho, se trata de castigar, no de servir a la ciudadanía. Si tal fuera la idea, también se habilitarían permanentemente ministerios públicos móviles junto a las patrullas de policía. De este modo, se facilitaría al ciudadano levantar de inmediato el acta correspondiente, cuando fuera objeto de un robo en la vía pública o en algún establecimiento, como las gasolineras, donde es frecuente el contubernio de los despachadores con bandas de asaltantes.

De ese modo se agilizaría todo el proceso penal. Pues en las condiciones actuales encontrar una patrulla después de un asalto sólo sirve para que le sugieran a uno acudir a una oficina del MP que no siempre están a la mano y en la que seguramente se perderán varias horas. La mayoría no hará esa gestión y así se pierden pistas vitales sobre la actuación de los delincuentes.

Con MP móviles, las denuncias serían inmediatas, el ciudadano no perdería el tiempo, la policía judicial podría investigar cualquier ilícito casi en tiempo real y se tendrían indicios más aproximados del mapa delincuencial de la ciudad.

Pero no. Cuando se trata de perseguir delincuentes, la policía no repara en trámites burocráticos; en cambio, para castigar a los ciudadanos de inmediato se adoptan medidas expeditas, como los juzgados móviles que ahora se anuncian.

Romo Trujano

Por cierto, acaban de liberar a José Luis Romo Trujano, el joven que en marzo de 2009 quiso evadir el alcoholímetro y al hacerlo atropelló y mató a un policía y derrumbó la estatua de Juan Pablo II.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal decidieron reclasificar el delito de homicidio calificado por el de homicidio culposo agravado, el cual no es considerado grave y permite al inculpado quedar libre bajo fianza.

El razonamiento de los juzgadores resulta inadmisible: sostienen que si bien el joven asesinó a un policía, su intención original no era el homicidio sino escapar del alcoholímetro. Puede ser que así hubiera sido originalmente, pero el uniformado se colocó delante del automóvil y le indicó que se detuviera, el conductor tuvo tiempo de mirarlo y decidió arrollarlo.

Lo único que faltó a la tal resolución fue achacar al policía fallecido la culpa de su muerte y hacer pagar a su familia una indemnización a Romo Trujano por los meses que permaneció en la cárcel a causa de la imprudencia del uniformado.

¡Hasta la próxima!