El grupo en el poder ha debido tomar nota de la repulsa social que concita la figura de Diego Fernández de Cevallos y lo que representa.
El secuestro de Fernández de Cevallos ha sido, a su modo, un termómetro que resume el ánimo social contra quienes se identifica como miembros prominentes de una clase política corrupta, enriquecida al amparo de los cargos públicos y del tráfico de influencias en detrimento del bienestar general.
Los comentarios --burlones, unos; despreciativos, otros-- dejados por internautas en los espacios de opinión de las ediciones de periódicos
on line, reflejan un ánimo de venganza satisfecho.
Se dirá que se trata de reacciones indeseadas, puesto que nadie debería regocijarse con el dolor ajeno. Esos internautas pueden llegar a condolerse de la suerte del político panista, pero en general, muestran beneplácito por su situación actual, la cual es considerada como "un justo castigo" "por todo lo que nos ha robado" o por todo "el sufrimiento que causan al pueblo sus rapacerías".
La mayoría de esos lectores opina que el secuestro es una práctica deleznable y cuyo sufrimiento no se desea a nadie, pero aplicada al llamado
Jefe es un castigo apenas merecido. Se trata de una reacción propia de un sociedad resentida contra una clase política arbitraria acostumbrada a vejar a la ciudadanía y a la que difícilmente se le puede llamar a cuentas por sus despropósitos porque la impunidad es la patente de corzo del sistema.
Se trata, en suma, de una reacción, si se quiere visceral y primitiva, pero explicable en una población que carece de los mecanismos institucionales y legales, propios de una auténtica democracia, que le permitan ejercer sus derechos ante el abuso o el incumplimiento de los gobernantes.
Si deben ocurrir episodios como éste para que el ciudadano sienta que por fin se hace justicia --así sea por medios extralegales-- ello muestra no sólo el resentimiento social acumulado contra la clase dirigente, sino peor, la ínfima calidad de la democracia mexicana , el descrédito y falta de representatividad de esa élite y la deslegitimación de las instituciones..
Allí se encuentra también el origen de los infructuosos llamados de Felipe Calderón para que la población se una, adopte y sienta como suya la guerra contra los cárteles de la droga.. Un hombre cercado por la ineptitud propia y de sus colaboradores, perseguido además por las sospecha de haberse robado la presidencia de la República, jamás concitará el ánimo popular en torno suyo o de sus políticas.
El secuestro de Fernández de Cevallos muestra, así, la dimensión del resentimiento social y, paralelamente, la falta de representatividad y legitimidad que la población percibe en los políticos.
Durante esa otra simulación denominada
Diálogos por la seguridad Calderón reconoció que su grupo no había atinado a comunicar a la sociedad los esfuerzos que se realizan en el combate a la delincuencia. En consecuencia, nombró a Alejandro Poiré como vocero de la Estrategia de Seguridad Nacional.
El problema, sin embargo, está en otra parte. No sólo se trata de un asunto de comunicación. Y el caso Diego ayuda a proporcionar alguna de las claves.
