AMLO, PRD y el 2012

Andrés Manuel López Obrador decidió dar un tirón a la cuerda de su ya de por sí tensa relación con los dirigentes formales del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Este domingo 3 de octubre, en el marco de su Gira por la Lealtad por municipios del sur del Estado de México, AMLO llamó a la militancia del PRD, PT y Convergencia a unirse para derrotar al PRI, PAN y a los dirigentes "alcahuetes y paleros" del PRD que insisten en aliarse con Acción Nacional, en una acción que, dijo, "tiene como verdadera intensión dejarnos fuera de la contienda" de 2012.

Urgió a los dirigentes del PRD a que "se quiten la careta y revelen qué acuerdos tienen con Felipe Calderón" y añadió que ese partido no nació para ser instrumento de la mafia en el poder como ahora pretenden sus dirigentes nacionales al impulsar una alianza con el blanquiazul.

De inmediato, los dirigentes de Nueva Izquierda (NI), la tribu que controla los mandos formales del partido y mejor conocida como los chuchos, acusó recibo del obús.

Jesús Zambrano señaló el lunes siguiente que el ex jefe de gobierno del DF ha caído en un discurso irresponsable, vulgar, maniqueo y mesiánico con el que busca descalificar las alianzas promovidas por el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega.

Añadió: "Lo que Andrés Manuel está haciendo es levantar una campaña de odio, de descalificaciones, estigmatizaciones, de ubicar a quienes no están de acuerdo con él del lado de los anticristos, con una visión mesiánica donde sólo el Dios supremo tiene la razón". (El Universal on line, 4/oct/10, 15:12).

Jesús Ortega, el líder formal del PRD, pidió al tabasqueño serenarse y no andar lanzando anatemas. Casi al mismo tiempo Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF, volvió a defender la estrategia de las alianzas al considerarlas exitosas.

Por la forma en que evolucionan las circunstancias puede afirmarse que, pese a lo que ambos bandos insisten en afirmar, para las presidenciales de 2012 no habrá una candidatura común de todas las izquierdas. En primer lugar porque tanto AMLO como Ebrard tienen su proyecto propio que no necesariamente es coincidente.

Si bien el tema de las alianzas no los ha confrontado directamente, ambos sostienen posiciones públicas encontradas. Además, Ebrard ha dado pasos concretos en busca de una candidatura que desde hace por lo menos un año aceptó que buscaría.

El pasado 30 de septiembre presentó la fundación Equidad y Progreso, la cual constituye su plataforma de lanzamiento, pues con ella busca articular un proyecto político "de avanzada".

La fundación le brindará la coartada perfecta para recorrer el país, como ya anunció que lo haría, en giras de fin de semana que le permitan, según eso, ir recogiendo propuestas, pero que principalmente le servirán para placearse ante los electores de los estados.

López Obrador, por su parte, había anunciado que irá de nuevo por la presidencia, desde el 25 de julio durante la multitudinaria asamblea informativa que organizó su movimiento ciudadano en el zócalo capitalino, en el que mostró la fuerza del apoyo popular que aún conserva.

Es obvio que ni Ebrard ni López Obrador dilucidarán su candidatura a partir de quien se encuentre "mejor posicionado" en las encuestas al momento de elegir al candidato, como insisten en afirmar quienes abogan en la retórica por la unidad de las izquierdas.

La tal unidad no existe, y el rompimiento entre la estructura del PRD y el tabasqueño viene de lejos. Se ha acentuado con el gradual pero constante acercamiento del PRD a las posturas de Felipe Calderón y alcanzó su clímax con la política de alianzas --ideada por el camaleónico Manuel Camacho y apoyada por Ebrard-- que impulsa la dirigencia perredista a despecho de lo que opina el tabasqueño.

Aunque pudiera parecer un dato menor, la forma en que los dirigentes de Nueva Izquierda han pretendido descalificar a AMLO por su oposición a las alianzas con el PAN --acusándolo de emprender una campaña de odio y de adoptar actitudes mesiánicas-- es exactamente el mismo discurso utilizado por la derecha y por la mayoría de los medios de comunicación para tratar de anular al ex jefe de gobierno del DF.

El contenido del discurso antiobrador es el mismo y da idea del grado de asimilación-cooptación que mantienen los actuales usufructuarios de las siglas PRD con la derecha en el poder. Este fenómeno de asimilación recuerda aquella frase de Marx: la clave de la dominación consiste en hacer que los dominados piensen como los dominadores. Y el PRD ya piensa como el PAN.

En ese escenario lo más probable es que la contienda por el 2012 sea entre Enrique Peña Nieto (PRI), Marcelo Ebrard (PRD-Convergencia), AMLO (Partido del Trabajo) y Alonso Lujambio-Ernesto Cordero (PAN). Veremos. 

Licitación 21: el atraco.

El gobierno federal acaba de otorgar casi a hurtadillas el título de concesión para que Televisa-Nextel exploten un bloque de 30 megahercios en las frecuencias de 1.7 (licitación 21) y 1,9 (licitación 20) gigahercios en banda ancha para servicios de telecomunicación móviles.

Con la cesión se cierra uno de los episodios más vergonzosos y escandalosos del entreguismo gubernamental a los intereses del consorcio televisivo, pues se habría consumado a la luz de una licitación que, desde el principio, se diseñó para favorecer sin rubores a la empresa de Emilio Azcárraga.

Primero, la Comisión Federal de Competencia se encargó de excluir de la licitación a otros competidores al fijar como límite de acumulación del espectro 80 megahercios (Mhz), con lo cual quedó el camino libre para que el grupo Televisa-Nextel se quedara solo en la puja por un bloque de 30 Mhz.

Así allanado el camino por sus amigos del gobierno y al carecer de competidores, el grupo hizo lo que cualquiera haría: ofreció en la subasta sólo el precio mínimo de la referencia: 180 millones 300 mil pesos, lo que representa sólo 3.6 por ciento del valor que la misma licitación ha indicado para el bloque nacional en la misma banda.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el precio pagado por Televisa-Nextel (180 millones 300 mil pesos) es 28 veces menor al valor del mercado --calculado en 5 mil millones de pesos-- y beneficiará a un consorcio que ya acapara 56 por ciento de las frecuencias para televisión comercial, con lo que se convertirá en el mayor usufructuario del espectro radioeléctrico del país.

Aunque desde diversos ámbitos se pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que, conforme a lo establecido por la Constitución, declarara desierta la licitación y se convocara de nuevo, ante la falta de competidores, se insistió en llevarla adelante, pues el designio estaba trazado: beneficiar a Televisa-Nextel.

Al hacerlo, la Cofetel --en cuya presidencia había sido impuesto Mony de Swaan, un incondicional del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, acaso con el fin de completar la maniobra-- violó además el artículo 143 de la Constitución que ordena asegurar para el Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, al momento de entregar en concesión un bien de la nación.

Como es obvio, los 180 millones de pesos que pagará Televisa-Nextel representan un quebranto para las finanzas públicas. En su descargo, la SCT ha dicho que ese monto es sólo el enganche y que Televisa pagará 18 mil 134 millones de pesos por el correspondiente pago de derechos, lo cual es más que los 16 mil millones de pesos que erogará Telcel por el mismo concepto.

Lo que no aclara la SCT es que el espectro por el que pagará Televisa es de cobertura nacional y el de los otros operadores es regional y en bloques menores.

La desproporción en favor del consorcio de San Angel puede verse en el renglón de porcentajes: de los 5 mil 248 millones de pesos que el gobierno recibirá como pago del espectro Telcel aportará 71 por ciento, Telefónica, 24 y Televisa-Nextel sólo 3.4 por ciento.

La operación para favorecer a Televisa no descuidó ningún flanco: en noviembre del año pasado el Congreso aprobó en la Ley Federal de Derechos (artículo 244-E) una condonación fiscal para exentar del pago de derechos por dos años a las empresas que obtuvieran la Licitación 21.

De este modo, además de la ganga con que se le asignó el espectro y dadas las "considerables" inversiones que deberá hacer para prestar los servicios, Televisa no pagará al erario público 5 mil 600 millones de pesos durante los próximos dos años.

De allí se desprende que las afirmaciones de Felipe Calderón, formuladas ayer al inaugurar la Conferencia Plenipotenciaria 2010 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), carecen de correspondencia con los hechos.

Expresó que con estas licitaciones se fortalece el mercado y la competencia y que en el proceso no hubo "privilegios".

En realidad debió decir que con la concesión otorgada a Televisa --a despecho de la orden de suspensión girada por el juez 16 del séptimo circuito en materia federal-- se confirma la subordinación o simbiosis del grupo en el poder con los intereses de la televisora.

¡Que no se nos olvide!

Michoacanazo

El arresto de 35 presidentes municipales y funcionarios del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, perpetrado por la Procuraduría General de la República en mayo del año pasado, por los presuntos vínculos de los detenidos con el crimen organizado --específicamente con el cártel de La Familia-- constituye uno de los episodios más reveladores del terrorismo de Estado implantado desde Los Pinos con el pretexto del combate a las bandas del narcotráfico.

El así bautizado popularmente como michoacanazo, ocurrió a unas semanas de las elecciones legislativas intermedias del año pasado y fue desde el principio interpretado como un golpe mediático para favorecer las posibilidades electorales del PAN en la entidad, partido que encabeza allá Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de quien ocupa Los Pinos.

La avieza acción punitiva fue quedando poco a poco al descubierto. Al revés de lo que se dijo en su momento, en cuanto a que había sido resultado de meses de investigación e inteligencia, las acusaciones se basaron en declaraciones "de oídas" de testigos protegidos, en listas encontradas o sembradas --vaya usted a saber-- en algún auto abandonado y hasta en escuchas telefónicas en aparatos intervenidos.

El caso es que a la fecha, salvo Armando Medina Torres, ex alcalde de Múgica, quien permanece arraigado, los otros 34 acusados han sido puestos en libertad por falta de pruebas.

Aparte el daño que se propinó a los acusados y a sus familias --lo que no es un hecho menor-- el episodio mostró la utilización que hace el calderonismo de la supuesta guerra contra la delincuencia organizada para
criminalizar opositores, mediante instituciones como la PGR, cuyo descrédito no sólo proviene de quien la encabeza --Arturo Chávez Chávez-- sino de los procedimientos claramente facciosos a los que recurre para descalificar y perseguir a opositores políticos e ideológicos.

A este respecto recuérdese la controversia constitucional que el calderonismo interpuso, vía la PGR, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la ley que en la ciudad de México permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho de adoptar.

Con un sesgo ideológico inocultable, Calderón y su procurador fundaron su recurso en otra flagrante mentira: que las reformas impugnadas contravenían el "modelo de familia" definido en el artículo 4o. constitucional.

La derrota que la Corte les propinó entonces sólo es comparable con el ridículo del michoacanazo.

En una suerte de tardío e ineficaz intento de control de daños --pues sabe que la primera damnificada por el papelón de la PGR podría ser su propia hermana, cuya candidatura al gobierno de la entidad se impulsa desde Los Pinos-- Calderón insistió ayer en Morelia, durante la celebración por el natalicio de José María Morelos y Pavón, en que sí existen elementos para incriminar a los ex funcionarios liberados.

No sólo eso. En una entrevista telefónica con una televisora local, insistió en raspar la imagen del gobierno estatal, al asegurar que Michoacán es uno de los estados donde se registra mayor índice de criminalidad y donde más rápidamente se ha visto deteriorada la seguridad de sus ciudadanos.

El insidioso estilo de Calderón --sembrar acusaciones sin que lo parezcan-- le llevó a decir que en Michoacán se requiere "una operación completa de depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la policía estatal concretamente, de la procuraduría de justicia y sus ministerios públicos...para que se realice un cambio fundamental en la manera en que se provee al ciudadano del servicio elemental de seguridad, del cual carece por desgracia".

Ya sólo le faltó añadir, que su hermana sería la única capaz de semejante recomposición y que por tanto se vote por ella para gobernadora.

¡Que no se nos olvide!

Mitos

Dice nuestro ínclito secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, que es un mito afirmar que las exenciones fiscales, subsidios, deducciones y créditos con que el gobierno beneficia a los grandes contribuyentes constituya una sangría de recursos en contra del país.

Y añade, en defensa de esos privilegios, que se otorgan porque de otro modo las empresas mexicanas perderían competitividad en los mercados mundiales.

La dizque argumentación sorprende porque proviene de un gobierno que, como sus predecesores priistas, tienen al mercado como el gran gurú autoregulador de los agentes económicos.

La justificación que esgrime Cordero Arroyo implica una nada encubierta forma de proteccionismo, ese que dicen abominar los estrategas económicos del régimen, pero que aplican sin rubor cuando se trata de favorecer el "capitalismo de amigos", como denunció en octubre del año pasado el Premio Nobel de Economía 2000, James J. Heckman.


Que no paguen impuestos las empresas favoritas del régimen costará al país sólo este año una sangría de recursos por 201 mil 247.2 millones de pesos, según el Presupuesto de Gastos Fiscales integrado por la propia Secretaría (La Jornada 29/09710).

Esta "renuncia recaudatoria" incluye disminuciones, diferimientos y exenciones en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), en la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), la devolución de los peajes pagados en la red carretera, entre otros.

De acuerdo con el diagnóstico de Heckman, son este tipo de favores lo que permite en México la formación de monopolios y lo que verdaderamente resta competitividad al país.

La argumentación de Cordero es tan falaz que sólo basta con voltear a ver el más reciente Índice de Competitividad Mundial elaborado por el Foro Económico Mundial. En efecto, apenas el pasado 8 de septiembre se difundió que en esa medición México siguió perdiendo lugares.

En un radar de 139 países, el nuestro ocupa el puesto 66 por debajo de naciones como Vietnam (59), Azerbayán (57), Omán (34), Túnez (32), Puerto Rico (41) y Barbados (43). Todavía más: México perdió seis niveles en competitividad, pues pasó del lugar 60 en 2009-2010 al 66 en 2010-2011.

De modo que los beneficios fiscales a las grandes corporaciones no mejoran la competitividad del país y sí perjudican la disponibilidad de recursos para, por ejemplo, mejorar la infraestructura de salud, educativa y carretera, así como la reactivación del mercado interno y la generación de nuevos puestos de trabajo.

¡Que no se nos olvide!

Machote

La oficina encargada de la papelería en Los Pinos ha ordenado la impresión del siguiente formato, según trascendió:



El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, condena de la manera más enérgica la artera acción criminal en la que perdió la vida ____________________________ (Anótese aquí el nombre del próximo alcalde, mando medio, soldado o civil, muerto o asesinado por el crimen organizado o por militares) y expresa sus condolencias a la familia por tan lamentable pérdida.

El Gobierno Federal reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad de todos los ciudadanos y no dar tregua a las bandas criminales.