Por qué los pobres de Calderón no son un fracaso

Criticar a Felipe Calderón porque durante su "gobierno" los mexicanos nos volvimos más pobres es pecar de ingenuidad. Indudablemente que los datos difundidos este viernes 29 de julio  por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), justificarían que proclamáramos el fracaso total de su administración, la ineficacia e ineptitud de las políticas aplicadas y hasta el mediocre desempeño profesional del michoacano.

Este tipo de descalificaciones vendrían al caso si el empeño y el proyecto del grupo gobernante fueran la justicia social con base en un desarrollo económico soberano, sustentable y de largo plazo. Pero como no es así, en realidad, el aumento de la pobreza en México es un resultado buscado y trabajado, derivado naturalmente del modelo económico aplicado conscientemente por lo cual no puede considerarse un fracaso. Veamos:

A mediados de la séptima década del siglo pasado (1975) se produjo un retroceso en la rentabilidad del capital. La necesidad de garantizar la recuperación de las ganancias capitalistas que se habían obtenido durante la posguerra condujo a lo que conocemos como neoliberalismo globalizador, la fase actual del sistema capitalista.

Recuperar y mantener los márgenes de rentabilidad para el gran capital era vital pues, como se sabe,  sin un régimen de acumulación que garantice una masa suficiente de ganancia el capitalismo se desplomaría. Eso era lo que estaba en juego en aquellos años. Para superar la emergencia y recuperar los niveles de ganancia o rentabilidad el neoliberalismo recurrió a una constante reducción de los salarios, se desmontó el andamiaje de la seguridad social, se privatizaron los servicios a cargo del Estado para reducir su tamaño y su costo.

Ello se tradujo en políticas de contensión salarial, la privatización de pensiones, el abandono de la seguridad social que en México se expresó en las reformas a las leyes del IMSS e ISSSTE, desregulación y reducción de impuestos a las grandes empresas locales y trasnacionales. Además, se adoptaron modificaciones tecnológicas para incrementar la productividad laboral o el grado de explotación técnica de los asalariados.

Exactamente lo que hemos vivido desde principios de los años 80. Así, Calderón y sus antecesores han seguido puntualmente las políticas dictadas por el capital financiero internacional, encaminadas a que existan las condiciones apropiadas para que los grandes capitales recuperen e incrementen su tasa de ganancia.

Ese es el gran diseño, el único proyecto al que han estado abocados nuestros gobiernos (PRI-PAN) en los últimos 30 años. Toda la verborrea oficial plasmada en los cientos de páginas de los llamados planes nacionales de desarrollo no ha tenido otro objetivo que encubrir el gran engaño.

Si el modelo económico que se aplica conscientemente está diseñado para aumentar las ganancias del capital y depauperar a la población ¿Cómo puede ser un fracaso una estrategia que arroja los resultados esperados?

Entre 2008 y 2010 --informa el Coneval-- se volvieron pobres 3.2 millones de personas. En total, en el país hay ahora 52 millones de pobres que equivalen a 46.2% de la población.

Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Coneval formuló una consideración clave: Este aumento de 3.2 millones de pobres --dijo-- indica que el efecto de la reducción del ingreso fue mayor que el impacto de la reducción de las carencias del país.

Esto significa que usted puede repartir dádivas mediante programas sociales como Solidaridad (Carlos Salinas de Gortari), Progresa (Ernesto Zedillo) y Oportunidades (Felipe Calderón), puede echarle cemento a todas las casas con piso de tierra que haya en el país, puede introducir drenaje y agua potable, pero mientras no aumente los salarios de los trabajadores, todo lo demás es demagogia, porque no tiene ningún efecto en el desarrolo económico ni del país ni de las personas.

El capitalismo y el alacrán

Ahí es precisamente donde se inserta la crítica al modelo neoliberal del capitalismo rampante, pues el dogma, seguido por nuestros gobernantes, es reducir el ingreso de las personas para maximizar las ganancias ¿Se dan ustedes cuenta cuál es el verdadero origen de nuestros males?

Por ello, denostar a Calderón y centrarse en su figura es desentenderse de la causa primigenia. No digo que el panista sea una víctima inocente del malvado sistema capitalista, pues él, como antes De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, se adscribieron gustosos a ese proyecto desnacionalizador que quebró al país, pero que a ellos y a sus cómplices les redituó millonarias ganancias.

Lo que digo es que para que la crítica resulte eficaz debemos situar la actuación de estos hombres dentro de la estructura capitalista a la que sirven.

En México la izquierda electoral se desentiende de estos fenómenos producidos por el capitalismo mundial y por eso no los denuncia. En vez de eso se empeña en moverse en la lógica de que la sociedad capitalista es modificable o puede funcionar mediante reformas que aminoren la desigualdad, pero sin cambiar el régimen de acumulación que produce esa desigualdad y que fabrica tanto pobre.

Ese reformismo no la ha conducido ni la conducirá a ninguna parte. La razón es sencilla: detrás del glamour y las comodidades con que nos seduce, el capitalismo es esencialmente una relación de poder entre dominantes y dominados; es explotación del hombre y depredación de la ecología del planeta.

Y si se le preguntara por qué lo hace, respondería como el alacrán de la fábula: porque es mi naturaleza.

Semar: desapariciones forzadas

La declaración formulada este martes por el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, respecto de que los criminales se valen de los defensores de derechos humanos para manchar el prestigio de la institución, obedece a una doble estrategia gubernamental:

a) debilitar la actuación de esos "incómodos" defensores en momentos en que más riesgos corren en virtud de los atropellos que cada vez con mayor frecuencia cometen las fuerzas armadas dentro del Estado policiaco-militar que se ha instaurado en el país; y, a la vez,

b) camuflajear esos atropellos haciéndolos pasar por acciones de los criminales que de ese modo pretenderían inculpar a las fuerzas armadas para desprestigiarlas e inhibir su acción.

En ambos casos, se trata de un discurso ominoso que, en realidad, lo que pretende es exculpar a los militares y marinos de los probados atropellos en que han incurrido y, de ese modo, cubrirlos con un inadmisible manto de impunidad.

La maniobra no es nueva. Ya el año pasado el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no convertirse en la "tonta útil" del crimen organizado.

El discurso del secretario de Marina se produce en momentos en que sobre esa corporación pesan graves acusaciones, como la desaparición de 15 personas, ocurrida entre el primero y el 23 de junio pasados, en Nuevo Laredo Tamaulipas.

Mediante un ilegal modus operandi --pues se realizó sin que mediaran órdenes de cateo o de aprehensión, los marinos irrumpieron con violencia el cinco de junio en por lo menos seis domicilios, de los que se llevaron a otras tantas personas, ante la angustia y el terror de esposas e hijos.

Desde entonces, los desgarrados familiares de José Fortino Martínez, José Cruz Días Camarillo, Diego Omar Guillén Martín, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García y Usiel Gómez Rivera, no han vuelto a saber de ellos. Están desaparecidos.

Además de ellos también se ha denunciado la desaparición, a manos del personal de la Armada, de Joel Díaz Espinosa, Alejandro Gil Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (padre e hijo). Los nombres que faltan para completar los 15 desaparecidos no fueron dados a conocer públicamente por el temos de sus familiares a sufrir represalias.

Quien sí las padeció fue Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, esposa de José Fortino Martínez, cuya casa fue baleada con unos 40 balazos de grueso calibre, luego de que denunció su caso en periódicos de circulación nacional.

La respuesta de la Secretaría de Marina (Semar) ha sido la típica de un culpable pillado en falta. Primero negó haber participado en tales aprehensiones, aduciendo que pudo tratarse de falsos marinos portando uniformes apócrifos de la Armada.

Luego, en un comunicado del 1 de julio reconoció que el pasado 5 de junio, en Nuevo Laredo Tamaulipas, su personal "tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas". Véase lo que dice la Semar:

"Al operar información de inteligencia que apuntaba a que en varios domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la delincuencia organizada y al reconocer dichos lugares el día 5 del actual, se reconoce que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas".

Del texto se desprende que:

1. La Marina reconoce que ese 5 de junio sí realizó un operativo en "varios domicilios". Es decir, no se trató de criminales vestidos de marinos, como se adujo en un principio  tratando de ocultar el hecho finalmente reconocido, y como pretende que ocurre siempre el secretario Saynez.

2. Reconoce que "tuvo contacto" con los hoy desaparecidos. Es decir, que entró en sus domicilios --en rigor se trató de un allanamiento-- pues explícitamente admite que ese contacto se produjo "al reconocer dichos lugares", es decir, los "varios domicilios" en los que, según su "información de inteligencia" (?)  había delincuentes.

3. Aunque no especifica que significa "tener contacto" con las víctimas, se entiendo que registraron sus nombres, los tuvieron frente a sí, pues de otro modo la Semar no sabría que se trata de las mismas personas cuyo paradero hoy se desconoce.

Ningún testimonio indica que los marinos "tuvieron contacto" con los desaparecidos, los dejaron en sus casas y después volvieron por ellos. En tal caso podría suponerse que tras el operativo oficial, criminales vestidos como marinos realizaron los secuestros para incriminar a aquellos. No fue así. Aquella noche sólo hubo un operativo y los marinos se llevaron sin más a las víctimas.

No obstante esas evidencias, en el comunicado de la Semar se afirma que: "Hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado y, menos aún,  privado ilícitamente de su libertad a estas personas".

Los familiares de algunos de los secuestrados siguieron al convoy de marinos y tienen fotos y videos que demuestran como, tras capturarlos, los mantuvieron por horas en el Hotel Santa Mónica. Y que luego los condujeron a un lienzo charro, ubicado a 50 kms de Nuevo Laredo, donde la Marina instaló un campamento en Hidalgo, Coahuila.

Otro dato que resulta llamativo es que en ese mismo comunicado del 1 de julio, la Semar dice respecto de los seis ciudadanos desaparecidos con los que "se tuvo contacto", que "debe señalarse que no se encontraron elementos que permitieran establecer su pertenencia a alguna célula criminal". ¿Y entonces? ¿No afirmaron que realizaron el operativo porque contaban con información de inteligencia? ¿Qué tipo de "información de inteligencia" utiliza la Marina que irrumpe ilegalmente en domicilios de quienes la propia dependencia reconoce después que son inocentes? ¿Esa es la seguridad que dicen brindar a los ciudadanos?

Como se ve, el secretario de Marina, Francisco Saynez, tiene mucho que explicar acerca de posibles crímenes cometidos por sus subordinados. En vez de hacerlo, y en un claro intento autoexculpatorio, pretende acusar a los defensores de derechos humanos, poniéndolos con ello en una riesgosa situación.

El tono y el contenido del discurso de Saynez envía un ominoso mensaje a la sociedad: el de la impunidad que cubre y cubrirá a los militares y marinos. Eso ya lo sabíamos, pero cada vez resulta más explícito. Y con todo eso, la Secretaría de Gobernación rechazó la petición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para que se forme una Comisión de la Verdad.

¿Para qué? dijo la dependencia, si no estamos en los años sesenta ni tenemos una dictadura. ¿No?

   

PGR: víctimas legalmente inexistentes

 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y periodista Javier Sicilia, así como el resto de la sociedad debimos tomar nota del informe que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Comisión Permanente del Congreso sobre "Avances y resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo diciembre 2006-2011".

En ese documento, la procuradora Marisela Morales sostiene, más allá de discursos y palabrería, la postura oficial del gobierno: "Se estima que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011".

Semejanten afirmación equivale a negar legalmente las más de 40 mil muertes producidas hasta ahora por esa "estrategia". Se trata de una actitud negacionista que equipara al "gobierno" de Calderón con aquellos que aun hoy sostienen que el genocidio perpetrado por la Alemania nazi nunca ocurrió, no obstante los testimonios fehacientes de quienes sobrevivieron al holocausto.

La afirmación de la procuradora Morales --quien durante el diálogo en Chapultepec pudo mirar la cara, el dolor y la indignación de familiares de víctimas realmente existentes-- ilustra con meridiana claridad la perversidad y mala fe de un gobierno que hace como que dialoga y reconforta a familiares de víctimas a las que en realidad no reconoce legalmente. Y como tampoco hay daños materiales ni pérdidas económicas, nadie está en condiciones de demandar legalmente al gobierno indemnización de ningún tipo. Ese es el alcance último de esa negación.

Si políticamente  todos esos muertos, las desapariciones forzadas y los "levantados" eran considerados por Calderón "daños colaterales", ahora venimos a saber, por voz de la PGR, que para efectos legales ni siquiera existen.

Si nos atenemos al concepto de víctima (persona que ha sufrido el menoscabo de sus derechos esenciales, o sus familiares y descendientes, cuando la víctima directa no sea capaz de reclamar sus derechos por haber sido muerta), entonces lo que la PGR intenta decirnos al negar legalmente el estatus de víctimas a los caídos, es que todos ellos son miembros del crimen organizado, pues no habrían muerto injustamente ni se habrían violado sus derechos, pues habrían fallecido en el ejercicio de su actividad ilegal, lo cual, en los hechos, equivale, otra vez, a criminalizarlos.

¿Qué acuerdos vinculantes (legalmente obligatorios) puede establecer el Movimiento por la Paz o cualquier otro con un gobierno que, por principio de cuentas, no reconoce la existencia jurídica de aquellos por los que se exige justicia? Es pregunta.

Gatopardismo y biotecnología

La conclusión lampedusiana, "cambiar para que todo siga igual", alude a que toda modificación será cosmética, aparente, mientras no cambie la estructura sobre la que esté construida una determinada forma de vida, pues la estructura es la organización y operación que determina esa forma de vida, por lo cual ésta no puede nunca ser diferente ni distinta ni, por ende, producir resultados diferentes.

Un ejemplo biológico: si usted siembra granos de maíz invariablemente tendrá una planta de esa clase. Los granos pueden ser modificados mediante técnicas de biotecnología introduciendo en su estructura biológica  (aquello que lo hace ser maíz) genes que hagan el cultivo, por ejemplo, más resistentes a plagas, o que aceleren el proceso de maduración o para que las mazorcas resulten más grandes.

Al final del día --o de la cosecha-- estos cambios genéticos no alteran el hecho de que usted obtendrá siempre una planta de maíz y no una de aguacate, a menos que introduzca un cambio,  éste sí radical: que sustituya unas semillas por otras.

En la sociedad ocurre otro tanto. Es lugar común afirmar que México ya transitó a la democracia. Y sin embargo, persisten el autoritarismo gubernamental, la exclusión de los ciudadanos de las desiciones fundamentales, la desigualdad, la injusticia y la corrupción institucional, incluidas las prácticas que desvirtúan  eso que --dicen-- es el acto primigenio de la democracia: el derecho al voto.

Esto es así porque sólo cambiaron los contenidos, pero no la estructura; es decir, no cambió el patrón en el que los contenidos se insertan. Así, el cambio del PAN por el PRI en la presidencia de México, tras 70 años de hegemonía tricolor, fue una modificación de contenido.

El patrón en el que ese nuevo contenido (el gobierno de un partido diferente) se insertó, no varió un ápice. ¿Y cuál es ese patrón o estructura que permaneció intocada? En un sentido general, fue el sistema social mediante el que se organiza en el país el proceso de producción, distribución  y consumo de la riqueza material.

Ese sistema social es la madre que se desdobla en superestrcucturas conocidas, como el corporativismo y charrismo sindical, el caciquismo regenteado por los poderes locales (gobernadores), los acuerdos entre las élites políticas y las cúpulas empresariales, las políticas económicas y las estructuras simbólicas (imágenes, textos, palabras, relaciones de poder) que sirven para establecer y mantener las relaciones de dominación en la sociedad.

Mientras no se modifique esa estructura, digamos biológica, que hace que nuestra forma de vida y nuestra sociedad sean lo que son y no otra cosa, la alternancia de los partidos políticos en el gobierno, la "ciudadanización" de los organismos electorales --federales y estatales-- así como todo el entramado legal que no alcanza para impartir justicia, serán como los genes introducidos en nuestra planta de maíz.

Tendremos una nueva presentación, un nuevo contenido, pero el cuento seguirá siendo el mismo: pobreza, desempleo desigualdad, injusticia, depredación ambiental, pues nuestras estructuras no pueden generar sino eso, porque su esencia es el intercambio mercantil de la fuerza de trabajo, como condición de posibilidad de la apropiación del trabajo no pagado.

El otro camino es aquel acto sencillo, pero radical: sustituir nuestro maíz al que sólo le hacemos mejoras, por una semilla distinta, aquella que luego de ponernos de acuerdo en lo que queremos cosechar, nos conduzca efectivamente a ello.

Mientras no lo hagamos, continuaremos cosechando la misma planta, con nuevo envoltorio y presentación mejorada, pero igualmente deforme y decrépita.

Absurdos electorales

A ver: un servidor público en un puesto de elección popular ¿pierde su condición los fines de semana? El asunto viene a cuento por aquello de que los funcionarios gubernamentales sólo pueden acudir a actos proselitistas en días inhábiles, para evitar que incurran en el uso indebido de recursos públicos y violen los principios de imparcialidad y equidad.

El criterio es a todas luces disparatado y hasta risible porque asume que gobernantes como Marcelo Ebrard o Enrique Peña Nieto, se pueden desprender de su condición los fines de semana y acudir en apoyo, como lo han hecho, de sus correligionarios en otros estados.

¿Fueron electos para trabajar sólo de lunes a viernes? Ello implicaría que, como cualquier otro trabajador, podrían pasarse los fines de semana desentendidos de su oficina y sin emitir ninguna órden a nadie. Lo que a su vez supondría que en esos días habría un vacío de autoridad tanto en la ciudad de México como en el estado de México, donde ambos gobiernan.

Pero si los señores Ebrard y Peña Nieto utilizan celulares y otros medios que se les proveen para el desempeño de sus cargos para mantenerse en contacto o ser consultados, digamos por sus jefes policiacos, entonces implica que aun los fines de semana siguen siendo servidores públicos.

Imagine el lector que hubiera ocurrido una desgracia en en DF que requiriera la presencia del jefe de Gobierno, uno de esos domingos en que Ebrard se encontraba en Guerrero --despojado de su condición de gobernante, según este ridículo criterio-- apoyando la campaña al gobierno de la entidad de Ángel Aguirre Rivero.

Podrían ocurrir dos escenarios:

a) Notificado del hecho, Ebrard se desentiende de la emergencia y sigue en los mítines del guerrerense aduciendo que, puesto que se trata de un día inhábil, él no es en ese momento el gobernante capitalino.

b) Enterado del problema corre a una caseta telefónica, se despoja de su atuendo de ciudadano y vuela de regreso a la ciudad de México para, en su calidad de jefe de Gobierno dominical, atender el problema.

¿Se dan ustedes cuenta? En una interpretación que cabe, podría ser sancionado porque si elige regresar significa que acudía al mítin como jefe de Gobierno y no como ciudadano. Estaríamos como aquella paradoja del gato de Schroedinger, con que se ilustra la superposición de estados en la física cuántica.

Como se sabe, la materia y la energía pueden manifestarse, a la vez, como corpúsculos y como ondas, pues existen en una superposición de estados. Que se manifieste como uno o como otro depende de lo que sea en el momento en que es observada.

Así Ebrard. Si recibiera la llamada cuando en su superposición de estados, el momento corresponde al del ciudadano, entonces no regresa. Si la recibe cuando en su fluctuación se encuentra como jefe de Gobierno, entonces regresa y, en tal caso, podría ser sancionado por acudir como tal a un mitín de campaña. Ridículo ¿no creen?

Nadie sugiere que los gobernantes no tengan derecho a días o a horas de azueto. Pero eso es diferente a pretender que los fines de semana pueden desprenderse de su condición o a pensar ingenuamente que en esos días no utilizan recursos públicos.

Otro disparate semejante de nuestro sistema electoral se produce al pretender que los funcionarios o gobernantes pueden influir en las preferencias electorales cuando acuden a un mítin en días hábiles (de ahí la prohibición que se los impide) y no hacerlo cuando asisten en días inhábiles.

Véase la resolución que en 2009 emitió nuestro ínclito Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: "La condición de funcionarios públicos, en sí misma, no es suficiente para estimar que la simple asistencia de éstos en días inhábiles a eventos proselitistas, genera la inducción al voto del electorado en determinado sentido". Barroco, ¿no?

El problema que da lugar a estos subterfugios disparatados es la corrupción de nuestra clase política que a la menor provocación incurre en trampas de toda laya. Todos esos galimatías e interpretaciones que increpan a toda lógica se evitarían si simplemente nuestros actores políticos tuvieran educación, principios y auténtica vocación democrática. Punto.