Días festivos

El asunto parece trivial. Pero encierra una complicada operación política e ideológica.

Cambiar los días festivos en que se conmemora una fecha relevante para la historia del país y trasladarlos al lunes de la semana correspondiente en aras de un criterio estrictamente económico es una forma de borrar la memoria histórica.

Desde el advenimiento del neoliberalismo y su correlato, la globalización, de más en más ha ido campeando la idea de que así como no deben existir fronteras para el intercambio de bienes y servicios entre países, tampoco debería haber identidades nacionales. Estorban al libre flujo de mercancías impuesto por los mercados.

Una forma de terminar con las identidades es borrando la historia. En México este ejercicio de tabula rasa inició con reformas al sistema educativo. Con el peregrino argumento que que teníamos una educación enciclopédica (exceso de datos) se simplificaron al extremo, cuando no se suprimieron, importantes pasajes de la historia de México.

Lo que resulta enciclopédica es, lo hemos dicho antes, la ignorancia de nuestra clase política.

Ahora, para evita los llamados "puentes" las conmemoraciones históricas ya no existen. Tampoco su significado. Los jóvenes de hoy desconocen qué ocurrió el 18 de marzo de 1938 y lo que eso significó en términos de la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. En síntesis, el "olvido" inducido de fechas conduce al desconocimiento de los procesos históricos e ideológicos que han estructurado lo que queda de una maltrecha identidad nacional.

Ello tiene efectos políticos prácticos. Mucha gente jamás comprendió el año pasado por qué tanto revuelo con las iniciativas de ley del señor Felipe Calderon para modernizar la industria petrolera, las cuáles enajenaban en favor de extranjeros la riqueza del subsuelo.

Pero ello no se entendía porque se desconocen los fundamentos que condujeron al general Lázaro Cárdenas a expropiar esa industria y lo que significa en términos de la geopolítica mundial actual el dominio y control de esos recursos.

Para muchos de esos jóvenes el 21 de marzo es el día del festival de primavera, no el natalicio de Benito Juárez. Si ya era difícil que la gente relacionara fechas del calendario cívico con la evolución histórica e ideológica de su país, ahora que esas efemérides han sido prácticamente borradas, menos.

La operación política detrás de esa ley no es tan evidente, pero al menos es hipócrita. El calendario de la Secretaria de Educación Pública (SEP), por ejemplo, promueve y autoriza los "puentes". Con ese raro sentido para el humor involuntario o, si se prefiere, con esa habilidad para el eufemismo que disfraza significados e intensiones, la SEP los llama "suspensión de labores por sucesión de días inhábiles".

Agréguese a lo anterior que en muchos estados del país los días de quincena son días inhábiles. En Veracruz, Fidel Herrera suspende clases cada vez que en el puerto amanece nublado. Todo ello pone en evidencia el verdadero carácter ideológico de un decreto como este.

Foto: El pueblo contribuyó hasta con gallinas para
sufragar los gastos de la expropiación

Forbes, once again

En estos días la política nacional ha tenido su dosis de divertimento. Primero, la revista Forbes asestó un golpe mediático al incluir a Joaquín "El chapo" Guzmán en su ya legendaria lista de los hombres más ricos del mundo.

Enseguida el señor Felipe Calderón y sus adláteres (el secretario de Gobernación y el procurador General de la República) reaccionaron muy enojados y serios, ante el evidente buscapiés, diciendo que era una irresponsabilidad, una apología del delito y hasta un insulto para los otros acaudalados.

Los editores de la publicación debieron estar muy complacidos por el efecto alcanzado. Una lista como la que publican cada año corre el riesgo de perder notoriedad, pues resulta difícil que en sólo 12 meses se produzcan cambios sustanciales en, digamos, el Top 10 de esa relación.

De modo que como buenos editores saben que deben introducir de cuando en cuando algún dato que despunte, que sea noticioso y hasta sorprenda al respetable, como un modo de seguir vigentes. Ese fue el caso este año. Y en Los Pinos tragaron el garlito: respondieron y concedieron notoriedad y resonancia a la famosa lista.

Con un pésimo sentido del humor, esos funcionarios empezaron a cuestionar la metodología empleada por la revista para calcular la fortuna del Chapo, cuando debieron descalificarla con alguna buena frase igualmente humorística o ingeniosa, pero certera. Hasta el propio Calderon, en un foro con empresarios estadounidenses de nuevo se puso a reñir con la publicación.

Ya lo había hecho en enero, cuando en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, se entrevistó con el director de Forbes para refutar el reportaje publicado en diciembre que hablaba del desmoronamiento mexicano y catalogaba a nuestro país como un Estado fallido.

Lo ocurrido esta semana mostró a un gobierno abrumado y a un Calderón que parece haber perdido la proporción de los asuntos que le conciernen. Un presidente de un país --así se ostenta, pese a las dudas que persisten sobre la legitimidad de su elección-- no puede ponerse a pelear con una revista, para eso hay otros niveles.

Tampoco puede rebajar su jerarquía respondiendo cada vez que los secretarios, representantes, militares y asesores estadounidenses formulan juicios que ponen en duda la capacidad de su gobierno para enfrentar al narcotráfico, como ocurrió esta semana.

Quienes lo conocen dicen de Calderón que es de mecha corta (se enoja muy rápido), pero no es con bravuconerías o pirotecnia verbal como atajará lo que llamó una campaña contra México. Casi todo el año el señor Calderón ha estado contra las cuerdas, a la defensiva, librando una batalla --esa sí fallida-- por convencer a la opinión pública nacional e internacional que no gobierna un Estado fracasado.

Su estrategia de comunicación ha fallado porque no ha podido posicionar en la percepción o en el imaginario colectivo un mensaje de eficacia a partir de resultados medibles y verificables. Por ejemplo, para refutar a quienes afirman que ha perdido el control sobre vastas zonas del territorio nacional, les responde invitándolos a que vengan a visitarlas. "Yo los llevo", les mandó decir.

¿Y cómo haría ese viaje con sus hipotéticos visitantes? ¿rodeado por militares, con helicópteros sobrevolando la zona previamente acordonada 48 horas antes y con francotiradores apostados en los edificos por donde pasen, como acostumbra en sus recorridos? ¿No sería eso la mejor prueba de que, en efecto, las bandas del crimen organizado son una amenaza real que asolan, cuando no controlan de muy diversos modos esos territorios?

Aparte la amenaza real que significa el narcotráfico la actual administración tiene otro problema: está empeñada en obtener la aprobación externa. Esa es su debilidad. Cuando hay elogios de Washington por su actuación, los blande como un timbre de orgullo, cuando hay críticas y presiones se desquicia totalmente. Eso es lo malo de trabajar para la galería: se está siempre en busca del aplauso fácil.

Como aficionado que es a la fiesta brava, Calderón debe saber que el toreo efectista (como su guerra) puede entusiasmar a los villamelones, pero nunca le ganará la estima de los conocedores. Una figura del toreo, en cambio, lo mismo que un estadista, ganan su sitio y respetabilidad cuando basan su actuación en actos que verdaderamente revolucionan el entorno.

Así, no pueden los gobiernos panistas ni de ningún otro signo pretender combatir el crimen organizado sin al mismo tiempo modificar las estructuras institucionales que alientan la otra delincuencia: la de cuello blanco, la que trafica con influencias al amparo del poder público, la que defiende ferozmente privilegios personales y de grupo en desmedro de los de la sociedad, la que está enquistada en las estructuras del poder político, económico, sindical, laboral, educativo, partidista.

Como esto último no va a ocurrir, la actual es una guerra perdida. Piénsese tan sólo en la creciente capacidad del narcotráfico para ofrecer empleos a la masa de desocupados que el sistema no puede absorber por estar diseñado sólo para el beneficio de unos cuantos. Si las actuales estructuras de dominación no cambian, y al ritmo que van las cosas, en unos años el narcotráfico podría convertirse en el mayor generador de empleos privados en México.

El cinismo de nuestros gobernantes es tal que quizá sólo entonces acepten legalizar los enervantes. Algo similar ocurrió ya con el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos. Constituía un problema que se trataba de evitar, pero en cuanto se vio el efecto favorable que en las finanzas públicas tenían las elevadas remesas de dólares que enviaban los migrantes, lo que se buscó no fue incrementar las oportunidades de empleo aquí para detener su partida, sino abogar demagógicamente para que mejoraran sus condiciones laborales del otro lado de la frontera.

En tal escenario ésta y todas las guerras que se emprendan en semejantes condiciones serán inútiles. Y para colmo, ni siquiera se responde con humor a las gracejadas del Norte.


Foto: Edificio Forbes en la Quinta Avenida
de Nueva York

Florence Cassez

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada aquí a 60 años de cárcel por su participación en tres secuestros, ha desnudado la debilidad que también en el ámbito internacional aqueja al señor Felipe Calderón. Veamos por qué:

Apelando al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas --adoptado en Estrasburgo, Francia en marzo de 1983, y cuya adhesión firmó México el 28 de junio de 2007-- el presidente francés Nicolás Sarkozy solicitó, en su reciente visita, que la mencionada convicta cumpla la condena en aquella nación.

De acuerdo con ese instrumento legal, un país solicita a otro el traslado de un reo y el Estado que recibe la petición determina si la acepta o la denega. El artículo 3 inciso f del Convenio, que prevé las condiciones de transferencia, establece que ambos estados deben estar de acuerdo con el traslado.

Ambos, es decir, si uno de ellos no acepta, el mecanismo no se lleva a cabo. Así de fácil. Para mayor abundamiento, el artículo 5 titulado Peticiones y respuestas señala en el párrafo 4 que "El Estado requerido informará al Estado requiriente...de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado".

De nuevo queda explícito en ese párrafo que el mecanismo está sujeto a la aceptación del país que sentenció a la persona.

En ninguna parte del Convenio se establece que para dilucidar la cuestión de un traslado deba formarse, como lo anunciaron México y Francia, una comisión binacional que "analice los alcances" de ese instrumento, para determinar si se acepta o rechaza una petición.

La aceptación es prerrogativa exclusiva, en este caso de México, pero al acceder a formar esa comisión, el gobierno del señor Calderón tácitamente ha renunciado a ella, con lo que corrobora su condición blandengue, cuando se trata de defender los intereses de sus connacionales, en este caso de las familias afectadas por las acciones punibles de la señora Cassez.

Calderón ya había enseñado antes su debilidad ante gobiernos extranjeros en aquel episodio del primero de marzo de 2008, en el que el ejército colombiano atacó ilegalmente un campamento en Ecuador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que murieron cuatro estudiantes mexicanos y resultó herida Lucía Morett Álvarez.

Su actitud indolente y tibia fue, en aquella ocasión, objeto de varios señalamientos críticos. Ahora es el presidente Sarkozy quien le ha dado un baño, lo ha dejado en ridículo al darle una lección a domicilio de cómo interceder por los suyos.

Todavía está a tiempo de enmendar esa debilidad negando el traslado, pues si lo acepta, habría el riesgo real, ya advertido por varios analistas, de que la condena de 60 años impuesta aquí a Florence Cassez, pueda ser modificada si, como lo prevé el artículo 10 del convenio, la duración de la sanción fuera incompatible con la legislación, en este caso, de Francia.

O podrá adaptarla "a la pena y medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza" (artículo 10, párrafo 2). Ese riesgo es, como apuntamos, real, pues en aquel país la pena máxima por el delito de Cassez es de 20 años.

El Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas da la opción para que en el momento en que un país firme el instrumento de ratificación (sic), aceptación, aprobación o adhesión, indique si rechaza la aplicación de uno de los procedimientos que permitan al país que recibe al reo sustituir la sanción.

No se sabe si México hizo uso de esa reserva o si renunció a ella, lo cual ya sería una imprevisión igualmente condenable.

No habremos de vivir mucho para saberlo, pues según se anunció, la infortunada, por ilegítima (de nuevo esa palabrita en el destino de Calderón) comisión binacional dará su fallo en dos semanas.

Ese lapso es también cuestionable, pues en el Convenio tampoco se especifica un tiempo perentorio para que un país resuelva una petición de traslado.

Veremos.

Transgénicos

Justo cuando acaba de confirmarse que los genes de cultivos genéticamente modificados pueden escaparse al ambiente y contaminar los sembradíos de semillas tradicionales, México autorizó el pasado viernes la siembra de maíz transgénico para fines experimentales, pero con miras a que en unos años pueda comercializarse.

El decreto --emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)-- reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Como era de esperarse, la trasnacional Monsanto --líder en la producción de semillas genéticamente modificadas y cuestionada a escala mundial por el peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana, plantas, animales y sobre el medio ambiente-- se apresuró a aplaudir la medida, pues es la principal beneficiada por el negocio en ciernes.

Con una ignorancia enciclopédica, el ordenamiento que entró en vigor el sábado, prohíbe la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano.

Los niños que en el presente ciclo escolar cursan el tercero de primaria, aprendieron en el tercer bimestre que las aves o el aire transportan el polen de una flor a otra para fecundarla y que ese mecanismo se llama polinización.

El decreto de la Sagarpa prohíbe que tal fenómeno natural se lleve a cabo. De ese tamaño resulta el despropósito con el que supuestamente pretende evitar que los plantíos de las casi 60 razas de maíz criollo que existen en diversas zonas de la república queden contaminadas por el polen del maíz transgénico cuya siembra acaban de autorizar.

En otra parte, el decreto asienta que en los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, adoptarán medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia.

Revisemos ahora la evidencia científica actual:

Un estudio --realizado por investigadores mexicanos y estadounidenses y publicado en febrero de este año en la revista Molecular Ecology-- encontró transgenes en cerca de uno por ciento de unas dos mil muestras de maíz silvestre en Oaxaca.

La investigación confirma los resultados del controvertido estudio publicado en noviembre de 2001 por la revista Nature, en el que los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, encontraron ADN transgénico en el genoma de las especies de maíz criollo de la Sierra norte de Oaxaca.

En aquella ocasión ese trabajo fue cuestionado por supuestos errores en los procedimientos experimentales empleados por los autores, e incluso la propia revista virtualmente descalificó la investigación al reconocer en un editorial posterior que la evidencia disponible no era suficiente para justificar la publicación del informe original.

Ocho años después, la nueva investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de California, Davis, confirma los resultados obtenidos por Chapela y Quist.

En una entrevista que publicó BBC/Ciencia el 26 de febrero pasado, la doctora Elena Álvarez-Buylla, del Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas, de la UNAM, quien dirigió el estudio afirmó que "los ensayos comerciales que se usan de manera tradicional pueden tener falsos negativos, asegurando que no hay transgenes cuando sí los hay".

Aunque este estudio no analiza los efectos de la contaminación transgénica, otras investigaciones sugieren que ésta podría tener consecuencias a largo plazo para la salud y el medio ambiente.

A continuación detalla lo que la Sagarpa ignora o pretende ignorar:

"El maíz es promiscuo -explica la doctora Álvarez- es decir, una mazorca se forma a partir de eventos de polinización de una multitud de donadores de polen. Y una vez que está la semilla formada, sus genes pueden viajar largas distancias tanto a través del polen como de la semilla".

La consecuencia es un "cruzamiento lejano", es decir, el desplazamiento de transgenes a cultivos convencionales o especies silvestres, y la mezcla de cultivos de semillas convencionales con cultivos genéticamente modificados.

Esto, dicen los expertos, podría tener un impacto importante sobre la inocuidad y la seguridad de los alimentos, principalmente en México, que es un centro de origen y diversidad genética del maíz.

Se piensa, por ejemplo, que la introducción de un nuevo gen a una planta puede crear un alergénico que cause una reacción en individuos susceptibles.

También hay temores sobre los riesgos desconocidos hasta ahora de la transferencia genética de alimentos transgénicos a células del organismo o bacterias gastrointestinales, que podrían afectar de forma adversa al ser humano.

Lo cierto, afirma la investigadora es que, como demuestra este estudio, los transgenes no se pueden contener. "Y mucho menos pueden coexistir sin contaminar a otras especies una vez que se siembren a campo abierto en un lugar como México, donde, como lo demuestra este estudio, los transgenes pueden pasar a las razas de maíz criollo".

Estos son maíces mejorados y seleccionados desde hace siglos para que se den bien en ciertas condiciones ambientales y respondan a las necesidades de alimentación de la región.

Por eso, dice la investigadora, la siembra de transgénicos en un centro de origen como México puede tener muchas más consecuencias e incertidumbres que la siembra en otros lugares como Estados Unidos.

"Ésta es una tecnología que puede ser muy virtuosa para la humanidad -dice Elena Álvarez-Buylla- pero necesitamos tener una visión mucho más objetiva de este tema".

Y agrega que "la bioseguridad tiene que ser parte de las políticas del Estado y por eso es necesario que el gobierno de México asuma la responsabilidad de proteger al maíz como un bien común".

¿Así o más claro?

Síndrome

Si no fuera porque resulta trágico, movería a risa ver cómo los funcionarios gubernamentales defienden los intereses de la banca extranjera por encima de los del pueblo al que están obligados a representar.

Este miércoles esos funcionarios ofrecieron en el senado de la república un espectáculo deplorable. Citados para discutir las reformas al sistema financiero --entre las que se incluye que el Congreso fije topes máximos a las elevadísimas tasas de interés que cobran los bancos al usuario-- se opusieron terminantemente a esa posibilidad.

Y lo hicieron, de nuevo, recurriéndo al argumento que calificamos aquí el martes como un síndrome, aun no bautizado. Verán ustedes: participaron en la reunión con senadores el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Conducef), Luis Pazos; el titular de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Zamarripa; así como el presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo Sánchez Mejorada.

De éste último es lógico esperar que se oponga a una medida semejante, pero que lo haga el titular de la Conducef, un organismo creado por el gobierno para supuestamente proteger a los ahorradores y usuarios de los servicios financieros, resulta alarmante. Es lo más parecido a vivir en el mundo al revés.

Así de enrevesado es también el argumento que utilizaron para exigir a los senadores que ni se les ocurra legislar sobre topes máximos, porque tal medida (obsérvese la desfachatez del argumento), podría inhibir el crédito y perjudicar "sobre todo a los más pobres" (!!!!).

O sea, de acuerdo con esa lógica, bajarle el precio a las elevadas tasas de interés anual que usted y yo pagamos por una tarjeta de crédito, por ejemplo, es una medida que nos perjudica!!!!!

Lo anterior demuestra sin ambages, de qué lado están las autoridades de este país. En lugar de procurar las mejores condiciones que permitan a la población ser más productiva para alcanzar un mejor nivel de vida y que ello se traduzca en una nación más próspera, se alinean con quienes esquilman a esa sociedad y, lo que es peor, mediante decretos, leyes, medidas administrativas y hasta omisiones, se encargan de legalizar y tolerar ese robo a la nación.

Véanlo si no. Resulta increíble constatar cómo las autoridades hacendarias y las instancias encargadas de cuidar los intereses de los usuarios de la banca permiten que las instituciones de crédito cobren en México lo que no cobran en otros países.

Algunos ejemplos: El interés de la tarjeta de crédito Banamex-Citigroup es ocho veces superior aquí respecto de Estados Unidos; Scotiabank cobra un interés de 60 por ciento anual en México, pero menos de 16 por ciento en Canadá; en Inglaterra, HSBC cobra alrededor de 18 por ciento de interés anual y en México el cliente paga 71 por ciento.

Con un cinismo apenas disimulado, las autoridades hacendarias justifican esa desproporción diciendo que en nuestro país el cobro es más elevado debido a que los bancos tienen un mayor riesgo financiero. Aunque no lo dicen, ese argumento significa que como aquí la gente es más pobre, los bancos tienen mayor riesgo de que los usuarios de tarjetas no puedan pagar sus deudas.

Lo que ya no responden es a la pregunta de por qué en México la gente es más pobre. Y no lo hacen porque eso los conduciría a cuestionar la eficacia de las políticas gubernamentales que han conducido a esa situación.

Al final de la referida reunión, los representantes gubernamentales todavía se dieron tiempo de advertir a los senadores "que no se les pase la mano" al fijar un tope a las comisiones de los bancos porque a éstos se les puede crear un problema financiero "y eso no es bueno".

Les tiene sin cuidado, en cambio, el "problema financiero" que se le crea a la gente que paga esas altas comisiones. ¿Así o más claro?

Lo malo de todo es que el próximo mes de julio la gente seguirá votando para que esas mismas autoridades sigan en el poder.

¡Qué país!