La "justicia" de Calderón

Resulta ya inocultable el manejo político-electoral que quienes ejercen el poder desde Los Pinos han decidido darle al caso de la Guardería ABC de Hermosillo, en cuyo incendio perdieron la vida, hasta ahora, 48 niños.

La tardía atracción de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), las maniobras para que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, comparezca ante diputados hasta después de las elecciones (para no generar más ruido por los datos y denuncias que de esa presentación puedan derivarse), el incumplimiento del ofrecimiento que el propio Karam formuló hace casi tres semanas de dar a conocer las listas con los nombres de los beneficiarios con las concesiones de guarderías en todo el país.

Y, en fin, el anuncio hecho ayer de que la PGR solicitó hace tres días órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del señor Felipe Calderón, Margarita Zavala.

Éste último anuncio ocurre sólo dos días después de que Calderón ofreciera desde Panamá que los responsables de la tragedia serían llevados ante la justicia "caiga quien caiga, tope donde tope", sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas.

En el críptico lenguaje a que está acostumbrada nuestra clase política (que tiene todo, menos clase, como alguien ha dicho con tino), Calderón aludía sin duda a la prima de su esposa. Como para "demostrar" a una ciudadanía que está a punto de acudir a las urnas que la palabra presidencial tiene inmediato reflejo en los hechos, se hace este anuncio a cuatro días de esas elecciones.

Calderón podrá así decir que cumplió su palabra de llevar a los implicados ante los tribunales. Formalmente eso habrá sido cierto, pero habrá faltado a su compromiso de hacer justicia. Veamos por qué:

Sus abogados encontraron una salida jurídica muy conveniente, pues las órdenes de aprehención hablan del delito por homicidio culposo, es decir, un delito considerado no grave por la legislación penal federal, lo que permitirá a los acusados (léase a su prima política) librar la cárcel con una fianza o mediante un amparo y, al cabo de un juicio seguramente a modo, quedar libre de responsabilidad por no contar en su guardería con puertas principal y de emergencia de dimensiones adecuadas, ni con los extintores suficientes.

Aunque más que el propio incendio, esos incumplimientos habrían sido la causa de que tantos niños perecieran quemados en el lugar, no fueron considerados para hacer a los implicados una imputación por homicidio doloso.

Se manipula de ese modo la justicia, pese a que, según expuso ayer el procurador Eduardo Medina Mora, la Procuraduría encontró que

El dictamen pericial de referencia concluye que las instalaciones de la Guardería ABC...no cumplían con las condiciones de seguridad industrial de la normatividad de la materia, tanto federal, como local y municipal, así como en materia de protección civil, conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil y su Reglamento para el estado de Sonora y la normatividad municipal aplicable.

Ninguna de esas consideraciones habrían servido para investigar por qué o de qué manera los dueños de la guardería consiguieron que su negocio funcionara con tantas irregularidades. ¿o no es doloso realizar maniobras fraudulentas destinadas a engañar, en este caso para transgredir la normatividad vigente?

Pero Calderón, ya podrá decir que hizo justicia, pues "haiga sido como haiga sido" la prima de su esposa, dirán, fue juzgada y encontrada inocente de la muerte de esos sí, 48 inocentes.

¡Hasta la próxima!

Televisa, tras su propia reforma electoral

Aun antes de pasar su primera prueba --los comicios del próximo domingo 5 de julio-- la reforma electoral acordada en 2007 parece estar condenada a desaparecer. El asedio a que la han sometido los poderes fácticos encabezados por el duopolio televisivo está a punto de conseguir que se rinda la plaza.

En efecto, el senado de la República inició sesiones de análisis con miras a explorar puntos de vista que permitan emprender oootra enmienda para regular los futuros procesos electorales.

El proceso de descalificación de la actual reforma empezó antes de su aprobación. El 10 de septiembre de 2007 Televisa fijo su postura mediante un comunicado en que comenzaba haciendo profesión de fe democrática y respaldando la iniciativa "de eliminar la contratación de spots para propaganda política".

No obstante, expresaba su "preocupación" por el riesgo en que estaría "la libertad de expresión" ante la prohibición, introducida en el nuevo ordenamiento, de difundir mensajes susceptibles de influir en las preferencias electorales, pues eso "podría dar paso a la censura periodística" (lo decía una empresa que diariamente obliga a sus reporteros a incurrir en esa práctica).

Y de ahí se agarraron. El quid de su disputa es la disposición --incorporada al artículo 41 de la Constitución-- que prohibe a toda persona física o moral contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En 2006 cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares aportados por los contribuyentes y que los partidos políticos gastaron en propaganda electoral fue a parar a los bolsillos de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca.

Una tercera parte de esa publicidad no se supo quien la contrató ni quien la pagó. De ahí que la reforma de 2007 haya regulado eso. El espíritu de la disposición impugnada era dotar de equidad a las contiendas por el voto, pues, aunque formalmente tienen la "libertad" de hacerlo, no cualquier mexicano cuenta con recursos para contratar los paquetes de publicidad.

Los millones de pesos que este año no ingresaron al duopolio por concepto de campañas electorales motivaron el feroz ataque contra la reforma, disfrazado --claro está-- de una "preocupación" por la libertad de expresión.

Tan ese ha sido el motivo de la principal impugnación que apenas en la segunda sesión del actual ciclo de análisis inaugurado por el Senado, el señor Héctor Aguilar Camín --vinculado con los intereses de Carlos Salinas de Gortari y de Televisa-- volvió a argumentar en contra de esa prohibición.

Dijo a los senadores que se equivocaron en las normas sobre medios electrónicos (incluidas en la actual reforma) y se requiere otra cirujía (un nuevo ordenamiento) a fin de permitir la difusión de campañas sucias y que terceros contraten propaganda en radio y televisión porque de lo contrario se viola la libertad de expresión.

Añadió que esa disposición "no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados" porque al prohibir la compra de promocionales se creó un mercado negro de propaganda electoral.

En la sesión del pasado martes, el ensayista y escritor consideró que restringir el derecho de los ciudadanos a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales "igualó hacia abajo" derechos con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.

Resulta por lo menos curiosa la lógica argumentativa de Aguilar Camín y la de los grupos que, digamos, coinciden con él, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado.

No es que se haya creado un mercado negro de propaganda electoral. Lo que hay y hemos visto en estas últimas semanas, es la porfiada intensión de Televisa y TV Azteca por violar y poner en entredicho la actual reforma electoral.

Lo que hay son una diversidad de trampas imaginadas por esas empresas para burlarse de los mexicanos y de la débil autoridad electoral. Lo que hay son las inescrupulosas prácticas monopólicas de un duopolio empeñado en participar ilegalmente en la política, mediante la compra de partidos políticos (el partido Verde) y la construcción de candidaturas presidenciales a modo (Enrique Peña Nieto).

En la lógica del señor Aguilar Camín, este país no tendría delitos con el simple hecho de no tipificar como tales las conductas anómalas. Es decir, aquí tenemos robos porque la ley considera como tales la sustracción por medios violentos o subrepticios de las pertenencias de una persona sin su consentimiento.

Así, en vez de exigir el castigo correspondiente a Televisa y TV Azteca, lo que pide es que se derogue la ley que prohibe esas conductas. Si no hay ley, pues tampoco hay delito.

Se le hace injusto que se "igualen derechos hacia abajo". Aguilar Camín cree --junto con Milton Friedman, el padre del neoliberalismo-- aquella ficción metodológica según la cual todos hemos iniciado en la vida desde el mismo punto de partida. Si con los años, unos logran ser ricos y prósperos y otros se quedan en la indigencia, el problema es de esos marginados, no del sistema que brinda las oportunidades para todos. (Oportunidades como el ser amigo de presidentes de la república que luego inviertan millones en publicidad para una revista que uno tenga).

Si 110 millones de mexicanos son incapaces de pagar un spot de televisión, es porque no han trabajado lo suficiente para poder hacerlo. Así que peor para ellos.

Ese es el curso que están tomando las discusiones sobre la próxima reforma electoral y el modo tan insustancial en que argumentan los personeros de los poderes fácticos. Lo que llama la atención es que impugnaciones tan evidentemente frívolas, hayan, sin embargo, motivado que ya se esté discutiendo una nueva reforma.

¿Será que algún senador de apellido Beltrones anda queriendo congraciarse con las televisoras de cara al 2012? Es, desde luego, una pregunta.

¡Hasta la próxima!

Televisa y TV Azteca, el asalto al poder

La derecha en el poder está empeñada en ganar las próximas elecciones. Lo hace desde varios frentes, cuyo común denominador es la manipulación y las trampas a la ley electoral vigente.

Tales medios son el duopolio de la televisión (Televisa-TV Azteca), la organización SOS (Alejandro Martí), partidos políticos (PAN-PVEM-PRI), comunicadores embozados tras el movimiento del voto nulo (Jaime Sánchez Susarrey) y con revistas como Vértigo y Cambio.

El punto central de su campaña es la inquina contra la reforma electoral que aprobó el Congreso en 2007 y que, entre otras cosas, prohíbe a los partidos políticos e incluso a los particulares la contratación de anuncios en medios electrónicos para promover candidatos en tiempos de elecciones.

Con un oportunismo eficaz, la estrategia elegida ha sido montarse en el hartazgo ciudadano con los políticos y los gobiernos de todos los partidos por la falta de resultados en la conducción del país.

Con esa bandera al frente, sus propuestas están encaminadas, en realidad, a vengarse de esa clase política que con la citada reforma los marginó del jugoso negocio de las campañas electorales, pues ahora éstas se difunden utilizando el tiempo gratuito que los concesionarios están obligados a cederle al Estado.

Aprovechando y alimentando el desencanto ciudadano, las televisoras han emparentado sus afanes vengativos con las aspiraciones de la gente. Así, han articulado propuestas para afectar a los partidos, pero atractivas para el elector que siente que aquellos no representan sus intereses.

En ese contexto, llama la atención la coincidencia entre las propuestas de Alejandro Martí ("Mi voto por tu compromiso") y las del movimiento (Basta10) que encabeza el periodista Jaime Sánchez Susarrey.

Ambos plantean reducir el financiamiento público a los partidos, disminuir el número de diputados de representación proporcional, derogar el párrafo del artículo 41 constitucional que, según ellos, limita la libertad de expresión de los ciudadanos), reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, permitir candidaturas independientes y activar mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

"¿Qué bonito, no?" podríamos decir parafraseando al insulso Carlos Loret de Mola. Da la casualidad que el artículo 41 es el que precisamente prohíbe la contratación de espacios publicitarios (lo que más duele a las televisoras).

Le llaman a eso coartar la libertad de expresión, como si no se supiera que los ciudadanos comunes nunca van a contratar esos costosos espacios. Lo harán quienes tienen el dinero para hacerlo, o sea, los empresarios, y la oligarquía financiera ligada a los intereses del consorcio y de los grupos de la derecha empresarial.

Resulta notable que entre esas propuestas o compromisos que firman los candidatos (PAN, PRI, pero principalmente del partido Verde cooptado ya por las televisoras, como hemos documentado en posts anteriores) no figuren, por ejemplo, el compromiso de no gravar con el IVA los alimentos y medicinas; no regresar al esquema de los gasolinazos semanales, no endeudar más al país, no privatizar Pemex, el de votar una reforma fiscal que grave a los grandes contribuyentes o el compromiso de instaurar la figura de la revocación del mandato, ese sí un auténtico poder ciudadano para destituir a los malos gobernantes.

Los compromisos a que llaman esas organizaciones resultan cosméticos, pues no apuntan a resolver problemas estructurales del país ni a devolver, como supuestamente se pretende, el poder a los ciudadanos.

En su cruzada contra la reforma electoral de 2007, las televisoras no pierden oportunidad para denostarla. Lo hacen permanentemente a través de sus noticiarios y de sus publicaciones, como la revista Vértigo, perteneciente a la televisora del Ajusco.

En un artículo de esta semana ("Extraviada, la legitimidad de la democracia"), señala que los tres principales partidos políticos "no encuentran dentro de su propia reforma electoral aprobada en 2007 la fórmula para detener la creciente ola ciudadada (del voto en blanco)".

En el ejemplar del 14 de junio el texto "Del abstencionismo al voto en blanco" vuelve a la carga: "La inconsistencia de la reforma electoral aprobada en 2007 ha vuelto un caos los próximos comicios y motiva el creciente rechazo de los ciudadanos a los partidos políticos..."

Como se ve, endosan a los ciudadanos el rechazo a los partidos, no al hecho de que aquellos no se sientan representados por éstos, sino al hecho de la reforma, que es en realidad el pleito de las televisoras. Esa es la manipulación que llevan a cabo.

Al modo de la propaganda encubierta de TV y Novelas, en favor del Partido Verde, la revista Vértigo promueve al PAN desde su portada. Más que informativo, el encabezado de esta semana resulta un promocional: "El presidente le cumple a México".

El presidente es del PAN, así que la asociación mental inducida consiste en que ese partido es el único que le cumple al país. Resulta muy sugerente que ese encabezado se publique justamente en la semana previa a los comicios.

La revista Cambio hace otro tanto, pero en favor del Partido Verde al que dedica su portada con el titular: "Crece el verde". Citando diversas "encuestas" lo coloca en un supuesto tercer lugar de las preferencias, lo que significa que habría desplazado al PRD hasta el cuarto sitio.

Los recursos descritos aquí constituyen el modo encubierto y opaco en que la derecha está utilizando, incluso ilegalmente, a los llamados poderes fácticos --las empresas televisoras y sus medios de comunicación-- para asaltar el congreso y desde ahí preparar el otro gran asalto: el de la presidencia de la República en 2012, que les permita acrecentar el poder político y mantenerlo al servicio de sus intereses económicos.

¡Hasta la próxima!

Guarderías: impunidad y simulación

La tragedia de Hermosillo, que ya cobró la vida de 47 infantes, refleja crudamente el desmoronamiento del sistema político mexicano.

Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.

Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.

El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.

De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.

Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.

El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.

Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.

Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.

En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.

A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?

Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.

Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?

De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.

En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.

Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.

Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.

Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.

Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.

¡Hasta la próxima!

Televisa: la política como casting

En una rotunda confirmación de cómo Televisa utiliza al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para obtener posiciones en la próxima legislatura federal, el actor Raúl Araiza --quien junto con Maité Perroni es la cara visible de la campaña electoral de esa agrupación-- ha revelado en una entrevista radiofónica la verdadera razón de su inclusión en los promocionales.

Dijo Araiza a la periodista Manilú Torrado --del programa Tal cual que se transmite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por las frecuencias de MVS-- que a él lo eligieron en un casting.

"Dentro de un grupo de actores nos escogieron como nos hubiera escogido Coca-Cola o Marinela, por imagen, no tanto porque yo sea político".

La declaración desnuda sin ambages la forma en que Televisa ha puesto al servicio del Verde el arrastre de sus estrellas jóvenes, pues juventud es el distintivo de que se ufana ese partido. Y como esa empresa utiliza a sus actores como guiñapos obligándolos a mentir públicamente para ganarse su paga.

En efecto, en sendos reportajes masivamente publicitados por Televisa, una de las revistas del consorcio --TV y novelas-- presentó a Araiza y a Perroni, como dos actores cuyas fuertes convicciones políticas los condujeron a participar en el PVEM y mediante entrevistas a modo, explican sus "razones" para apoyar las propuestas del Verde.

Involuntaria y descuidadamente, Araiza ha revelado ahora que en realidad las tales convicciones no existen, que son un montaje más de su empresa, que fueron elegidos en un casting y que a él la política ni le interesa. ¿Así o más claro?

Seguramente la empresa hará pagar a Araiza muy caro su traspié declarativo. Por lo pronto ha quedado claro como Televisa está tratando de construir su propia bancada embozándose tras la fachada de un partido que casi casi resulta un membrete.

El episodio de los anuncios de la citada revista sirvió de paso al monopolio para transgredir una vez más la norma que impide a los partidos contratar pautas publicitarias en radio y televisión.

Tardíamente, cuando ya el mal estaba hecho, el Instituto Federal Electoral pidió retirar tales espots.

¡Hasta la próxima!